Según un artículo del NY Times [1], Mallinckrodt Pharmaceuticals, había acordado pagar US$1.700 millones durante ocho años a los gobiernos estatales y locales, y a personas que habían demandado a la empresa por ayudar a alimentar la crisis de opioides. Los fondos servirían para que las víctimas de adicciones reconstruyeran sus vidas, y los gobiernos lucharan contra las adicciones y compraran medicamentos para revertir las sobredosis de opioides.

El 23 de agosto, Mallinckrodt reveló que había acordado un plan para declararse en quiebra por segunda vez en tres años. El plan cancelaría la mayor parte de los US$1.250 millones que la empresa aún debe según el acuerdo de conciliación original, a cambio de un pago final de US$250 millones que se haría antes de que la empresa entre en su segunda quiebra.

Dice el New york Times que este plan se diseñó con los fideicomisos que tomarían control de Mallinckrodt en caso de una segunda quiebra. Estas empresas habían prestado dinero a Mallinckrodt y estaban en condiciones de obligar a la empresa a exigir el reembolso de sus préstamos antes de compensar a las víctimas.

Este nuevo plan tiene que ser aprobado por el tribunal de quiebras.

El acuerdo original, finalizado el año pasado cuando Mallinckrodt salió de su primera quiebra, protegió a la empresa y a sus ex ejecutivos de cualquier futura responsabilidad relacionada con sus ventas de opioides.

Joseph Steinfeld, un abogado que representa a alrededor de la mitad de las aproximadamente 40.000 personas a las que se habían prometido pagos como parte del acuerdo, dijo que el plan revisado reduciría la cantidad destinada a ese grupo en unos US$100 millones. “Lo que se prometió fue una cantidad significativa para muchas de las víctimas que contaban con ello”, dijo Steinfeld. “Están perdiendo alrededor del 70% de lo que se les prometió”.

Los documentos que se hicieron públicos durante la primera declaración de quiebra de la empresa mostraron cómo Mallinckrodt promovió agresivamente sus analgésicos de venta con receta mientras la crisis de opioides se afianzaba en comunidades de todo el país.