Lograr el acceso a los contratos de compra de las vacunas covid 19 no ha sido fácil. Según informaron Fatima Hassan y el arzobispo Thabo Makgoba [1], en agosto de 2020, cuando apenas habían transcurrido unos meses de la pandemia de covid-19, Sudáfrica se enfrentaba a múltiples denuncias de corrupción por la gestión de los fondos para combatir la pandemia, incluyendo las adquisiciones de productos para la salud. Su presidente, Cyril Ramaphosa, se comprometió a combatir enérgicamente la corrupción, defendió que la contratación pública debía ser “más transparente y abierta al escrutinio público”, y cuando anunció la formación de un equipo ministerial para hacer pública la información sobre los contratos relacionados con la covid-19, lo calificó de posible “momento decisivo” para la transparencia y la rendición de cuentas en la contratación del sector público.

Esta promesa política también es un requisito constitucional. La Constitución exige que los contratos públicos se rijan por los principios de justicia, equidad, transparencia, competitividad y rentabilidad. Sin embargo, a instancias de un puñado de empresas farmacéuticas e intermediarios de las mismas, estos principios se ignoraron al hacer las compras para combatir la covid-19.

Tres años más tarde, en parte para evitar que esto volviera a ocurrir, algunos grupos sudafricanos llevaron al gobierno a los tribunales para lograr la divulgación de los contratos del sector público. El Ministerio de Sanidad había firmado acuerdos de confidencialidad con varias empresas farmacéuticas, a petición de estas últimas.

El gobierno sudafricano había estimado que gastaría 19.300 millones de rands (1US$=18,2 rands) en la adquisición de vacunas covid-19, pero no se sabía quién había firmado los contratos, o si se habían cerrado con las empresas filiales sudafricanas o con sus homólogas internacionales. En cambio, sí se sabía que el gobierno había ofrecido inmunidad contra reclamaciones de responsabilidad civil y penal a los fabricantes de vacunas, posiblemente también contra la negligencia. Al parecer, también se impidió que Sudáfrica impusiera restricciones a la exportación de vacunas envasadas y acabadas en el país.

Según Hassan y Makgoba [1] eso podría explicar, al menos en parte, por qué, cuando Sudáfrica (y el resto de África) enfrentó una grave escasez de suministros en el momento álgido de la tercera oleada de infecciones por covid-19 en 2021, las vacunas que se rellenaban y terminaban en Gqeberha eran enviadas y exportadas a clientes europeos, por Johnson & Johnson.

También preocupaban las cláusulas que pueden haber restringido el uso o la venta posterior por parte de Sudáfrica de dosis de vacunas donadas o adquiridas, y la no inclusión de cláusulas para castigar y penalizar el retraso o la falta de entrega de los suministros.

La Iniciativa por la Justicia en Salud (Health Justice Initiative) solicitó en repetidas ocasiones la divulgación pública de los contratos entre el gobierno, las empresas farmacéuticas y los programas internacionales como Gavi y COVAX. Pero sus solicitudes fueron ignoradas o rechazadas por el ministerio y al menos una de las principales empresas de vacunas (Pfizer), que alegaron “confidencialidad”.

Lo irónico, según esos autores [1], es que en un escrito presentado en 2021 al Parlamento sudafricano sobre una cuestión relacionada con la adquisición de productos sanitarios en el marco del Seguro Nacional de Salud (NHI), Johnson & Johnson declaró que cuando se implantara el NHI, no se debería “establecer un sistema de adquisiciones que contradijera la Constitución”. También recordó a los legisladores sudafricanos que “las adquisiciones realizadas por cualquier órgano del Estado deben ser justas, equitativas, transparentes, competitivas y rentables”. Sin embargo, Johnson & Johnson se ha negado a publicar su contrato con el gobierno sudafricano o a ignorar el amplio acuerdo de confidencialidad en el que insistió.

A pesar de esta desigualdad en el acceso, Pfizer y otras empresas acumularon enormes beneficios, descritos como una “ganancia inesperada única”, al tiempo que exigían secreto a través de acuerdos de confidencialidad.

La Iniciativa por la Justicia en Salud, que llevó al gobierno a juicio para que ordenara al Ministro y al Ministerio de Salud que revelara todos los contratos de adquisición de vacunas covid-19, también solicitó los acuerdos y las actas de todas las reuniones de negociación, argumentando que el gobierno tenía la obligación constitucional de ser transparente y añadiendo que quería evaluar la legalidad y rentabilidad de los contratos.

A mediados de agosto, el Tribunal Superior de Sudáfrica ordenó al Ministerio de Salud que entregara copias de todos sus contratos, actas de negociaciones y acuerdos de adquisición de la vacuna covid-19 a la Iniciativa por la Justicia en Salud y le concedió 10 días para efectuar la orden [2, 3]. La sentencia del juez dice “El [Gobierno está] constitucionalmente obligado a actuar de forma responsable y transparente… En mi opinión, es evidente que existe un interés público en la divulgación de los registros” [3].

Entre los contratos figuran los establecidos con Pfizer, Janssen/Johnson & Johnson, Serum Institute of India, la empresa local de genéricos Aspen, la china Sinovac, así como el African Union Vaccine Access Task Team (AU AVATT) y COVAX.

El juez Anthony Millar declaró que los contratos eran de interés público, ya que en Sudáfrica se habían administrado más de 30 millones de vacunas, con un presupuesto asignado de 10.000 millones de rands (unos US$530 millones) para cubrir este gasto solo en 2021 [2].

La Iniciativa por la Justicia en Salud consideró que la sentencia del juez “Es una gran victoria para la transparencia y la rendición de cuentas” [2].

Ya en 2021, el Ministerio de Salud sudafricano se quejó de los onerosos requisitos de indemnización que Pfizer había intentado obtener a cambio de las vacunas. El ministro de Sanidad de esa época, Zweli Mkhize, declaró en el Parlamento que Pfizer había exigido que se le indemnizara por las demandas civiles de ciudadanos con efectos adversos atribuibles a las vacunas y que el Gobierno pusiera activos soberanos como garantía para resolver esos casos, según informó la Oficina de Periodismo de Investigación. Tras las protestas públicas, Pfizer se retractó, pero mantuvo sus exigencias de inmunidad por los efectos de la vacuna en muchos países [2].

De hecho, la plataforma mundial de acceso a las vacunas, COVAX, estableció un Programa de Indemnización válido para las economías elegibles a participar en los Compromisos Anticipados de Compra (AMC), para garantizar que las personas que experimentaran efectos adversos graves a las vacunas covid-19 en esos países más pobres pudieran recibir una indemnización.

Sudáfrica y otros países de ingresos bajos y medios tuvieron que esperar algunos meses para recibir las vacunas a través de Covax. Covax había encargado vacunas al Serum Institute of India, pero en abril de 2021 el gobierno Indio prohibió la exportación de vacunas durante un alto incremento de la pandemia en ese país, lo que lo que permitió que el gobierno de Sudáfrica adquiriera vacunas directamente de las empresas farmacéuticas indias [2].

Mohga Kamal-Yanni, codirectora de políticas en The People’s Vaccine Alliance, dijo que esperaban ver más casos como éste en todo el mundo. “Las empresas farmacéuticas no deberían poder operar sin el escrutinio público, especialmente en una pandemia. Pero en Sudáfrica y en muchos otros países, los gobiernos se vieron obligados a firmar estrictas cláusulas de confidencialidad para que sus poblaciones pudieran acceder a vacunas y medicamentos que salvan vidas. Esta decisión histórica demuestra que el público puede enfrentarse a las poderosas empresas farmacéuticas y ganar. La transparencia y la equidad deben estar en el centro de la respuesta mundial a las crisis de salud. Los ciudadanos tienen derecho a saber cuánto les cobran las empresas farmacéuticas por vacunas y medicamentos que salvan vidas. Y ese derecho debe quedar consagrado en el Acuerdo sobre Pandemias y en el Reglamento Sanitario Internacional” [4].

Tian Johnson, presidente de The People’s Vaccine Alliance Africa, se mostró de acuerdo: “El núcleo de esta sentencia afirma nuestro derecho no sólo a exigir responsabilidades de los ‘líderes’, sino que también nos recuerda que la labor urgente de prevención, preparación y respuesta ante una pandemia sólo puede llevarse a cabo con apertura, transparencia y un esfuerzo deliberado y consciente por reconocer a la sociedad civil como interlocutores fundamentales para la rendición de cuentas” [4].