Resumen
La pandemia de covid-19 puso de manifiesto la estrecha relación entre el gobierno canadiense y la industria farmacéutica, que se manifestó tanto al discutir cuestiones nacionales como internacionales. A nivel nacional, el gobierno optó por dar prioridad a los consejos de un panel sobre la adquisición de vacunas que incluía a personas con muchos conflictos de interés; para la adquisición de vacunas firmó contratos por miles de millones de dólares con las empresas, pero el contenido de los contratos se mantuvo en gran parte en secreto. El gobierno también comprometió más de 1.000 millones de dólares canadienses para hacer investigaciones relacionadas con la covid-19, pero sin ningún requisito de que la propiedad intelectual o las pruebas diagnósticas y las futuras terapias tuvieran que ser accesibles y asequibles en los países de ingresos bajos y medios.
En el ámbito internacional, Canadá no apoyó el banco de acceso a la tecnología covid-19 (COVID-19 Technology Access Pool), cuyo objetivo era establecer un repositorio único para que la comunidad mundial compartiera equitativamente los conocimientos científicos, los datos y la propiedad intelectual. Retrasó la donación de vacunas a los países de ingresos bajos y medios y compró vacunas a un mecanismo diseñado principalmente para suministrar vacunas a ese grupo de países. El gobierno no desmanteló los obstáculos que impedían que una empresa canadiense enviara vacunas a Bolivia. Por último, se mostró ambiguo sobre si apoyaba una exención de las patentes para las tecnologías covid-19 en la Organización Mundial del Comercio.