Derecho y Litigación

En las tres últimas décadas, los fabricantes de productos farmacéuticos se han visto obligados a pagar (o se les ha impuesto legalmente) al menos US$62.000 millones en sanciones por prácticas ilegales.

Estos hallazgos provienen de un nuevo informe del Grupo de Investigación en Salud de Public Citizen. El informe muestra que entre 2018 y 2021, las sanciones contra las compañías farmacéuticas por fomentar la epidemia de opioides habían aumentado, mientras que otras acciones legales contra la industria habían disminuido significativamente desde mediados de la década de 2010.

Las enormes multas impuestas a las farmacéuticas se deben poner en perspectiva. Aunque los US$62.000 millones reflejan infracciones sustanciales y la correspondiente restitución que han pagado muchas empresas —incluidas varias reincidentes—, ese importe financiero agregado se ve eclipsado en gran medida por las ganancias netas de las infractoras. La industria farmacéutica obtuvo al menos US$1,9 billones en ganancias durante el período de 19 años que finalizó en 2018.

El informe de Public Citizen detalla las infracciones de las farmacéuticas que los fiscales federales o estatales resolvieron mediante acuerdos negociados o sentencias judiciales. La mayor parte de la información resumida en el informe se obtuvo directamente de los comunicados de prensa que anunciaban la resolución de cada caso. Los casos que han dado lugar a los US$62.000 millones en multas, solo afectan a una parte de las infracciones que ha cometido la industria, la mayoría de las cuales permanecen ocultas o escapan a la aplicación de la ley.

Este informe es el quinto de una serie de informes que ha publicado Public Citizen sobre este tema. El primero se publicó en 2010. El doctor Sidney Wolfe, fundador del Grupo de Investigación en Salud de Public Citizen, fue un autor clave de todos estos informes, aunque una enfermedad que le llevó a la muerte a principios de 2024 le impidió participar plenamente en la redacción de este último informe. Este último informe adelanta el anterior de 27 a 31 años estudiados.

El informe completo contiene un extenso relato, tabulaciones y cifras que resumen los hallazgos por año, estado, tipo de infracción, disposición legal y compañía farmacéutica. El análisis revela que en 2020-2021, la industria farmacéutica fue sancionada con al menos US$16.300 millones en acuerdos financieros estatales y federales —el 81% del total de sanciones durante esos 2 años— para resolver casos relacionados con el rol de las farmacéuticas en la actual crisis de opioides. Entre 2018 y 2021, hubo un total de 70 acuerdos gubernamentales relacionados con la crisis de adicción y sobredosis de opioides, lo que generó US$23.700 millones en sanciones evaluadas. La importancia de los acuerdos sobre opioides forma parte de un patrón continuo de litigios que se remonta por lo menos a 2016.

Entre 2018 y 2021, las tendencias de los acuerdos gubernamentales mostraron montos en dólares relativamente altos por resolución de casos, pero recuentos de casos por año relativamente bajos en comparación con los años pico de 2010-2013, cuando hubo 203 acuerdos totales. También durante este período, la mayoría de los acuerdos farmacéuticos fueron federales en lugar de estatales.

Las acciones contra ejecutivos farmacéuticos, y no contra las empresas que dirigen, han sido y siguen siendo escasas.

Entre 1991 y 2021, las infracciones denunciadas más frecuentes fueron el fraude en la fijación de precios de los medicamentos (210 de 545 infracciones denunciadas, el 39%), aunque los cargos por publicidad ilícita fueron los que más dinero reportaron (US$22.300 millones de US$62.300 millones en acuerdos, el 36%).

A lo largo de los 31 años estudiados, hubo muchos infractores reincidentes; las mismas empresas farmacéuticas a menudo fueron sancionadas múltiples veces en casos separados. Los principales infractores por número de casos resueltos fueron Pfizer (15), Novartis (12), GlaxoSmithKline (9) y Bristol Myers Squibb (9); y por importe en dólares fueron Purdue (US$8.900 millones), Johnson & Johnson (US$8.400 millones), GlaxoSmithKline (US$7.900 millones) y Pfizer (US$4.700 millones).

Un caso notable, presentado por Hawái contra los fabricantes del medicamento para el corazón clopidogrel (Plavix), dio lugar a una sentencia de US$834 millones en 2021. El tribunal dictaminó que la farmacéutica engañó a los consumidores asiáticos y de las islas del Pacífico sobre la eficacia del medicamento en estos grupos étnicos.

El informe concluye que una mayor atención a las actividades delictivas por parte de los estados y el gobierno federal, y un mayor uso de las disposiciones de la ley sobre denuncias falsas por parte de los estados en particular, podrían contribuir a los esfuerzos para que la industria farmacéutica se responsabilice de sus abusos.

Este último informe es un recordatorio contundente de que las empresas farmacéuticas pueden carecer de escrúpulos en su afán de lucro y de que los fiscales generales estatales y federales deberían estar más atentos y ser más agresivos en el procesamiento de sus actos ilícitos.