Derecho y Litigación

El Departamento de Justicia (DOJ) ha anunciado cargos contra 13 personas en relación con la distribución ilegal de 70 millones de pastillas de opioides y 30 millones de otros medicamentos de venta con receta en al área de Houston, Texas. Nueve de los acusados se han declarado culpables y enfrentan sentencias máximas de hasta 20 años de prisión [1].

Entre los acusados hay cinco ejecutivos de distribuidores farmacéuticos, cinco representantes de ventas y tres gerentes de farmacias del área de Houston [1].

Las farmacias dispensaban medicamentos sin que hubiera una necesidad médica válida para hacerlo. Según el comunicado de prensa del Departamento de Justicia, las pastillas que se distribuyeron tenían un valor en el mercado negro de más de US$1.300 millones e incluían oxicodona, hidrocodona e hidromorfona, así como varios medicamentos recetados que se sabe que potencian el efecto de un opioide [1].

Este caso no se limita a Texas, abarca el Distrito Sur de Texas, el Distrito Sur de Florida, el Distrito Este de Missouri y el Distrito Este de Carolina del Norte [1].

Los distribuidores de medicamentos del área de Houston están acusados de cobrar a los consumidores mucho más de lo que las farmacias normalmente cobrarían y de vender los medicamentos casi en su totalidad en forma de pastillas de liberación inmediata, la forma más lucrativa en el mercado negro [1].

McKesson Corp., Cencora Inc. y Cardinal Health han acordado pagar US$300 millones para saldar una demanda colectiva que presentaron empresas aseguradoras y planes de beneficios en un tribunal federal de Ohio por la contribución de estas empresas a la crisis de los opioides. McKesson pagará aproximadamente el 38% del monto, mientras que Cardinal y Cencora pagarán alrededor del 31% [2].

Según los demandantes, las empresas no tomaron medidas para evitar que los analgésicos se vendieran a través de canales ilegales, por lo que a partir del 1 de enero de 1996 las aseguradoras y los planes de beneficios estuvieron pagando por medicamentos innecesarios, y por el tratamiento de los beneficiarios que sufrieron trastorno por uso de opioides [2].

Hikma Pharmaceuticals acordó pagar US$150 millones por no informar sobre los pedidos sospechosos de opioides que realizaron distribuidores potencialmente ilegales. Un juez federal de California también aprobó recientemente un acuerdo de US$78 millones para saldar las acusaciones contra McKinsey and Co. por haber promocionado engañosamente los opioides de venta con receta [2].

Indivior, el fabricante de Suboxone, ha firmado varios acuerdos por demandas relacionadas con los opioides y su exdirector ejecutivo recibió una pena de prisión de seis meses [3].

El último acuerdo de conciliación, por el que Indivior deberá pagar US$86 millones en cinco años, surge de un esfuerzo conjunto de los fiscales generales de Nueva York, Illinois, Tennessee, Utah y Virginia, más un comité ejecutivo formado por los fiscales generales de California, Colorado, Delaware, Georgia, Idaho, Iowa, Massachusetts, Carolina del Norte, Ohio, Oregón y Vermont. Los estados acusaron a Indivior de no supervisar ni informar adecuadamente sobre los pedidos inapropiados de opioides, lo que “alimentó, en lugar de tratar”, las adicciones a los opioides [3].

El dinero del acuerdo se utilizará para financiar programas de tratamiento, recuperación y prevención de la adicción a los opioides en todos los estados. Además, la empresa supuestamente priorizó la promoción a “prescriptores peligrosos” que prescribían opioides sin que hubiera una justificación médica [3].

En 2020, Indivior cerró la investigación del gobierno federal con una declaración de culpabilidad y un acuerdo de US$600 millones a pagar en siete años [3].

El ex director ejecutivo de la compañía, Shaun Thaxter, se declaró culpable por su papel en un plan para mantener la cobertura del formulario de Medicaid para Suboxone engañando a los funcionarios sobre sus peligros para los niños [3].

La antigua empresa matriz de Indivior, Reckitt Benckiser, firmó un acuerdo de US$1.400 millones con las autoridades federales en 2019 [3].

CVS llegó a un acuerdo por US$45 millones para resolver un litigio interpuesto por la ciudad de Baltimore por su contribución a la epidemia de opioides entre 2006 y 2014. Previamente, la ciudad había llegado a un acuerdo por el mismo monto con Allergan en junio. Cada una de estas empresas controlaba el 0,5% del mercado [4].

Las otras empresas demandadas por la ciudad fueron responsables de más del 80% de los opioides que llegaron a las farmacias de Baltimore: Johnson & Johnson, McKesson, Cardinal Health, AmerisourceBergen (ahora Cencora), Teva Pharmaceuticals, Walgreens y el ex propietario de Insys, John Kapoor [4].

La ciudad demandó a CVS individualmente en lugar de optar por un acuerdo global con el estado de Maryland [4].

Unos días más tarde, la ciudad de Baltimore llegó a un acuerdo de US$152,5 millones con Cardinal Health, por lo que en total la ciudad ha recibido US$242,5 millones, y todavía tiene juicios pendientes contra Johnson & Johnson, McKesson, AmerisourceBergen (ahora Cencora), Teva Pharmaceuticals y Walgreens [5].

Cardinal Health y otras tres empresas (McKesson, AmerisourceBergen y Johnson & Johnson) llegaron a un acuerdo global en 2021, con casi todos los demás estados, condados y ciudades de EE UU. Si se hubiera sumado a ese acuerdo, Baltimore habría recibido menos de US$70 millones repartidos en dos décadas [5]. Es decir, la ciudad ha recibido mucho más dinero al eludir los acuerdos globales y gestionar su propio litigio.

El dinero de estos litigios se utilizará íntegramente para programas de prevención y tratamiento de la adicción a opioides [5].

Según el Departamento de Salud de la ciudad de Baltimore, en 2021 se produjeron 1079 muertes por intoxicación relacionada con drogas y alcohol, 973 de ellas relacionadas con el fentanilo [4].

Hasta septiembre 2024, en EE UU se han alcanzado acuerdos por demandas relacionadas con los opioides por más de US$50.000 millones, la mayoría con estados y gobiernos locales [2].