Utilización

Una investigación dirigida por expertos de instituciones mexicanas y estadunidenses encontró que durante los últimos 15 años en México se duplicaron las tasas de sobredosis fatales por el uso de drogas, situaciones que típicamente involucran sustancias psicoactivas y en mayor medida las de tipo opiáceo, con frecuencia debido a la falta de intervención para revertir sus efectos.

El estudio, en el que participaron expertos de la Drexel University y la Temple University, ambas en EE UU, así como del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y los Servicios de Atención Psiquiátrica de la Secretaría de Salud de México, analizó las tendencias de mortalidad por sobredosis en el país con datos que van de 2005 a 2021. Los resultados, publicados en American Journal of Public Health, revelaron que la tasa a nivel nacional fue de 0,53 muertes por esta causa por cada 100.000 habitantes.[1]

Aunque diversos indicadores muestran que las tasas de sobredosis fatales han aumentado en diversos países durante las últimas décadas, las tendencias no han sido claramente descritas en algunos de ellos, incluido México, por lo cual estos datos aportan estimaciones valiosas en este sentido.

Las ciudades en la frontera con Estados Unidos las más afectadas
En el análisis desglosado por año se encontró que de 2005 a 2014 la tasa de mortalidad se mantuvo estable, pero posteriormente mostró un crecimiento significativo, al pasar de 0,44 en 2014 hasta llegar a un pico de 0,79 en 2021, es decir, un incremento de 79% en un lapso de ocho años. Adicionalmente, se encontró una tasa casi del doble en zonas urbanas (0,60 por 100.000) que en las no urbanas (0,37 por 100.000).

Entre 2014 y 2021, los aumentos se registraron en ambos tipos de zonas (84% en urbanas, 65% en no urbanas), aunque a lo largo de todo el periodo examinado (2005 a 2021) estos fueron más pronunciados en las primeras, ya que las tasas eran similares hacia el 2000, pero comenzaron a diferenciarse hacia principios de la siguiente década.

El equipo de investigación observó una tendencia geográfica hacia mayores tasas de mortalidad por sobredosis en las ciudades del noroeste, que decrece de manera progresiva al desplazarse hacia las regiones del sureste del país. De las 15 urbes con las más altas tasas registradas durante el estudio, 11 se ubican en los cuatro estados localizados más al oeste en la frontera con Estados Unidos: Sonora, Chihuahua, Coahuila y Baja California.

Estos hallazgos son consistentes con las tasas históricas del uso de opioides reportadas en otros estudios y el uso reciente de drogas adulteradas con fentanilo a lo largo de la frontera norte. Tal variación también se alinea con los puntos donde ha habido incautaciones de drogas entre 2018 y 2023 en estados del noroeste: Baja California, Sonora y Sinaloa. “Esas tendencias sugieren que la proximidad geográfica con los Estados Unidos durante la crisis por sobredosis de opioides es un factor de riesgo para la ocurrencia de sobredosis fatales en México”, señaló el grupo de autores en su reporte.[2]

“En los últimos años, el fentanilo ha sido parte de la agenda regional de México, Estados Unidos y Canadá, pero me parece que el tema se ha centrado en la perspectiva de la seguridad nacional de cada país y necesitamos abordarlo desde el ámbito de la salud pública, de las necesidades que enfrentan las comunidades de usuarios de esta y otras drogas”, comentó al respecto Clara Fleiz Bautista, doctora en psicología, investigadora en ciencias médicas del Instituto Nacional de Psiquiatría (INP).

En Estados Unidos, un estudio reporta que las tasas de sobredosis fatales permanecieron relativamente estables entre 2005 y 2013, pero a partir de este último año aumentaron de 13,8 muertes por 100.000 habitantes hasta llegar a 32,4 en 2021, esto es, un crecimiento de 134% durante dicho periodo.[3]

Por su parte la Dra. Adriana Villafuerte García, médica cirujana, maestra y doctora en Salud Pública de la Facultad de Medicina-UNAM, reconoció que es muy complejo lograr estimaciones certeras sobre el número de sobredosis fatales, ya que intervienen múltiples factores y además es común que en muchos casos se asienten en las actas de defunción problemas como paro cardiorrespiratorio que en realidad fueron ocasionados por un consumo excesivo de sustancias.

“La forma de consumir fentanilo ahora es muy diferente y sabemos que este tiene un riesgo 30% más alto de provocar sobredosis. Con todo, creo que es muy positivo que haya más estudios que estén tratando de estimar esta cifra (de sobredosis fatales), en la medida que se va corrigiendo el registro en nuestros sistemas de información”, agregó la Dra. Villafuerte, especialista en VIH/SIDA, coinfección de VIH/tuberculosis, evaluación de programas de salud y opioides.

Crece también la demanda de atención por consumo de opioides
Clara Fleiz explicó que, si bien el consumo de opioides en México y Estados Unidos ha mostrado tendencias similares en fechas recientes, en el vecino del norte la crisis tiene una larga historia que se remonta décadas atrás: “El problema comenzó con la prescripción de opioides para cualquier tipo de dolor y de manera indiscriminada. Después, los usuarios transitaron al consumo de heroína y finalmente llegó el fentanilo. En cambio, en nuestro país, cuando detectamos por primera vez esta sustancia en 2019 como adulterante de otras drogas, nos dimos cuenta de que las personas lo consumían sin saberlo”, subrayó.[4]

A consecuencia de esto, abundó la especialista en adicciones del Instituto Nacional de Psiquiatría, estas poblaciones usuarias de drogas en México quedaron mucho más expuestas a los efectos no deseados por sobredosis. “El problema nos llegó después, pero ha crecido de manera muy acelerada y no tenemos una respuesta suficiente de las instituciones de salud hasta este momento”, lamentó Clara Fleiz.

En México, el uso simultáneo de varias sustancias constituye la segunda causa de ingreso hospitalario y fallecimiento después del alcohol. De hecho, en 2023 la principal causa de atención en urgencias por consumo de drogas ilícitas fue precisamente el empleo combinado de diversas de ellas, de acuerdo con el Informe sobre la situación de la salud mental y el consumo de sustancias en México, 2024.[5]

En dicho documento se reconoce que el consumo de fentanilo de producción ilícita (para fines no médicos) ha proliferado en mayor medida en ciertas localidades al norte del país. En el ámbito del tratamiento, se señala que desde 2018 ha habido un crecimiento en la demanda de atención por el consumo de estas sustancias psicoactivas, con solo 10 casos en 2018, 25 en 2019, 72 en 2020, 184 en 2021, 33 en 2022 y 518 en 2023. La mayor parte de los casos de este último año ocurrieron en Baja California, Sinaloa, Sonora y Chihuahua.

Durante ese mismo año 2023, 179.342 personas demandaron un tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas en la Red Nacional de Atención a las Adicciones. Entre estas drogas destacan los estimulantes de tipo anfetamínico (anfetamina, metanfetamina, éxtasis o estimulantes de uso médico), pues su consumo generó la mayor demanda de tratamiento, con 49% de los casos.

Acciones para reducir el consumo y las sobredosis
El equipo autoral del artículo admitió que en México el consumo de opioides había sido reducido, pero a partir de 2015 diversos factores convergentes que se concentran en la frontera norte incrementaron su consumo y el riesgo de sobredosis: mayor disponibilidad de drogas psicoactivas por el tráfico de cocaína y opioides sintéticos a Estados Unidos; producción regional de metanfetaminas; acceso a opioides de uso farmacéutico al otro lado de la frontera, así como fuertes lazos sociales y económicos con ese país vecino.[1]

Ante esto, subrayó la necesidad de invertir en infraestructura de datos para valorar la magnitud real de la mortalidad por sobredosis en México y monitorear las tendencias, utilizando protocolos estandarizados para codificar y reportar los casos fatales asociados al uso de drogas. Asimismo, propuso una estrategia nacional descentralizada de reducción de daños, articulada por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones junto con organizaciones de la sociedad civil.

Para la prevención de decesos por opioides, planteó la distribución comunitaria de insumos para reducir el daño, como tiras para detectar fentanilo, entrenamiento para su uso por parte de personas que acompañen a los consumidores, así como la desclasificación de la naloxona, un antagonista de los receptores opioides que puede usarse contra los efectos de las sobredosis, pero que en la legislación mexicana se clasifica como medicamento psiquiátrico y no está disponible en la mayoría de las farmacias.

Por otro lado, un análisis documental basado en diversas fuentes de información en el que participó la Dra. Villafuerte estimó que en el país cada año podrían ocurrir entre 161 y 1.241 muertes relacionadas con sobredosis de opioides, de las cuales más de 80% podrían evitarse mediante el uso oportuno de naloxona.[6]

Sobre este punto, la especialista destacó que en Estados Unidos la naloxona está disponible como parte de un kit de rescate para las personas que tienen amigos o familiares que consumen opioides, en caso de que sufran una sobredosis, además de algunas aplicaciones de celular que facilitan a los usuarios el monitoreo y control de su consumo.

“En México, la política de reducción de daños tiene sus limitaciones, como lo hemos descrito tanto investigadores como algunas organizaciones de la sociedad civil. Ante ello, es necesario que abordemos temas como el intercambio de jeringas (entre los usuarios de drogas inyectables) o bien la aplicación de terapias sustitutivas con sustancias como la metadona”, afirmó la Dra. Villafuerte.

“Antes existían numerosas clínicas donde se empleaba la metadona, pero estas se fueron cerrando y también se redujo la disponibilidad de este fármaco hace poco más de un año, solo los Centros de Integración Juvenil tenían un poco, así que en estas condiciones no es posible manejar a una persona que consume sustancias para evitar que caiga en la sobredosis”, agregó la especialista.

“El trabajo de prevención que se está llevando a cabo (por las instituciones de salud) está bien, sobre todo con énfasis en las poblaciones jóvenes, pero tiene que complementarse con esa otra parte de la reducción de daños, pues es un problema estructural con determinantes sociales muy complejas que tiene que ser abordado desde diferentes aristas”, concluyó la Dra. Villafuerte.

Esta investigación recibió apoyo de The Wellcome Trust Initiative Our Planet, Our Health (beca No. 205177/Z/16/Z). R. M. Henson obtuvo apoyo parcial del National Institute on Minority Health and Health Disparities (acuerdo T37MD01425). P. H. Mullachery y U. Bilal recibieron apoyo de la oficina del director de los National Institutes of Health (acuerdo DP5OD26429). Clara Fleiz, Ph.D., y la Dra. Adriana Villafuerte, Ph.D., han declarado no tener ningún conflicto de interés económico pertinente.