Una organización internacional sin ánimo de lucro para fomentar el acceso y el uso adecuado de medicamentos entre la población hispano-parlante
Una organización internacional sin ánimo de lucro para fomentar el acceso y el uso adecuado de medicamentos entre la población hispano-parlante
La medida no impactará en una baja de los precios al consumidor y opera como una presión salarial a la baja en salarios que vienen siendo ajustados.
Tras una consulta realizada por la provincia de Mendoza, el gobierno nacional habilitó la importación directa de medicamentos producidos en el exterior para el uso de las jurisdicciones provinciales. Con el argumento de “bajar los costos” el gobierno y las provincias avanzan hacia una liberalización mayor del mercado de la salud, presionando salarios del sector a la baja y privilegiando negocios, sin garantía alguna de beneficio para los consumidores finales y pacientes.
La iniciativa provino del Ejecutivo mendocino a cargo de Alfredo Cornejo para “abaratar” los costos en medicamentos e insumos médicos para los programas y la cobertura de la provincia, importando medicamentos producidos en el exterior, principalmente de la India, considerada la “farmacia del mundo”, donde miles de empresas farmacéuticas gozan de beneficios fiscales y una pobre legislación laboral y bajos salarios que abaratan los costos de producción.
A través de una misiva del ministro “desregulador”, Federico Sturzenegger, las provincias se encuentran habilitadas para realizar estas operaciones sin la intervención de la entidad fiscalizadora y de control nacional, la Anmat, siendo suficientes las agencias locales y el control jurisdiccional de permisos y autorizaciones internacionales. El gobierno aclaró que “queda bajo la exclusiva responsabilidad del importador, el Estado provincial, asegurar la calidad, seguridad y eficacia del producto”.
Esta circunstancia abre interrogantes acerca de la calidad y los controles efectivos sobre medicamentos que son producidos bajo estándares inferiores de control de calidad, en un negocio donde pululan 10.500 laboratorios que facturan US$50.000 millones anuales (La Nación, 3/10) y donde los permisos y regulaciones se adaptan a las “necesidades del mercado”.
La medida, a su vez, es justificada bajo el propósito de producir una caída general en los precios del sector, adelantando que de prosperar en varias jurisdicciones podría avanzarse en una liberalización del mercado privado y la importación directa de farmacéuticas y comercializadoras. Pero se trata de una trampa que no garantiza la caída de los precios locales para el consumidor final, sino un mayor margen de ganancia para los comercializadores.
Desde enero del 2019 hasta agosto de 2024 los medicamentos aumentaron un 4.055%, comparado con una inflación general de 3.537% y subas en las prepagas de 2.922%. Atrás de todos estos valores se encuentran los salarios del sector con un aumento nominal de 2.556%. Una apertura de este tipo seguramente sea utilizada para presionar a una mayor baja de los salarios, con el pretexto de garantizar la “competitividad” con el mercado internacional.
La reventa de medicamentos importados ya es un negocio en crecimiento en el país, sin que esto mejore los precios para los pacientes y usuarios. Según el último informe del Indec, correspondiente al segundo trimestre de 2024, la facturación por reventa de importados creció 398,3% interanualmente, contra la producción local situada en 293,6%. En el ranking de la Facturación de insumos y productos por país de origen del medicamento se impone primero India con 16,5% y segunda la producción local, con 15,9%.
Está claro que estamos ante un negocio con predominancia de capitales privados internacionales y con escasa o nula producción directa del Estado, en sus diversas formas. Esto amplia la dependencia internacional en materia de salud e insumos, expone a la población a situaciones de mayor vulnerabilidad, como lo ocurrido en la pandemia de Covid 19.
A nivel nacional también existe una concentración de laboratorios privados que maneja e impone precios y condiciones de venta que resultan gravosas para los pacientes y usuarios. La lógica mercantil se impone las necesidades de la población, independientemente de que se trate de capitales locales o extranjeros. La “adaptación” de la industria privada local, con salarios a la baja, tampoco es garantías para la caída de los precios.
La producción de medicamentos e insumos de salud no puede estar en manos de un puñado de capitalistas internacionales y nacionales, en los marcos de la lógica de mercado que ponen en riesgo la calidad del producto y los tratamientos de millones de personas. Es necesario contar con una producción nacional bajo control de los trabajadores y científicos, todo lo que este gobierno está desarmando con el desfinanciamiento y el ajuste que impulsan Milei y Sturzenegger.