COLOMBIA: PRIVILEGIOS A MONOPOLIOS FARMACÉUTICOS FORÁNEOS PONEN EN RIESGO A LOS PRODUCTORES NACIONALES
Editado de: Laboratorios locales no podrán producir ocho medicamentos de multinacionales durante cinco años, El Tiempo, 23 de febrero de 2004; Privilegios a monopolios farmacéuticos foráneos ponen en riesgo a los productores nacionales, Jorge E. Robledo, Argenpress (Argentina), 27 de febrero de 2004

Resumido de: El Nuevo Día (Puerto Rico), 11 de febrero de 2004

Resumido de: Jairon Severino, Listin, 23 de febrero de 2004

Editado de: Laboratorios locales no podrán producir ocho medicamentos de multinacionales durante cinco años, El Tiempo, 23 de febrero de 2004; Privilegios a monopolios farmacéuticos foráneos ponen en riesgo a los productores nacionales, Jorge E. Robledo, Argenpress (Argentina), 27 de febrero de 2004

La medida basada en un decreto sobre protección de la propiedad intelectual causa polémica por el alza que puede generar en los precios. Los productos incluidos en esta veda quinquenal para los productores locales sirven para tratar demencia, disfunción eréctil, epilepsia y otros son reductores de lípidos y antipsicóticos.

Estos no recibirán el visto bueno del Invima para su fabricación y además, la veda no se limitará a ellos, pues el Instituto estudia otras cuatro solicitudes con el mismo objetivo relacionadas con tratamiento para las infecciones del tracto urinario, contra el dolor y la inflamación causada por la artritis reumatoide, contra la leucemia y un antihistamínico. A medida que les vayan dando el visto bueno, comienzan a correr los cinco años.

Fuentes no oficiales aseguraron que otras 30 solicitudes están haciendo “cola” en la entidad y pronto comenzará el estudio de las mismas. "Sus precios se dispararán", advirtió Alberto Bravo, Presidente de Asinfar, gremio de los laboratorios nacionales.

De esa manera, comenzó a aplicarse el decreto 2085 expedido en el 2002 por el fallecido Ministro de Salud, Juan Luis Londoño, que le prohíbe al Invima autorizarles a terceros la producción de medicamentos apoyado en la información que le entregan las multinacionales para obtener sus propios permisos.

La medida, conocida como la protección al uso de la información no divulgada, generó controversia por el efecto alcista que, según sus contradictores, tendrá en los precios de los medicamentos.

Los laboratorios internacionales respaldan su aplicación porque, dicen, es una forma de estimular la investigación científica y de permitirles recuperar las inversiones para obtener nuevos medicamentos.

El decreto 2085 fue producto de las exigencias de las multinacionales farmacéuticas y del gobierno de EE.UU., que condicionó la renovación de las preferencias arancelarias (Atpa) a la expedición del decreto.

Aumentar la protección de la propiedad intelectual, posición liderada por EE.UU., es uno de los temas espinosos en las negociaciones del ALCA y punto clave en las que se avecinan entre Colombia y la administración estadounidense para un tratado bilateral.

Para Bravo, el 2085 viola las normas de la OMC y de la CAN por proteger información no susceptible de protección. Esto es tan evidente, agregó, que ya las autoridades andinas le pidieron explicaciones al gobierno colombiano sobre el decreto mencionado. Al proteger esa información, dijo, se priva a los colombianos de tener acceso a nuevos medicamentos para combatir sus dolencias y enfermedades, "pues sus precios estarán por las nubes".

Carlos Olarte, experto en propiedad intelectual de la firma de abogados Olarte Raisbeck & Frieri Ltda., señaló que la OMC obliga a la protección de los datos contra la competencia desleal, que con el 2085 Colombia está en el camino correcto y que el Invima, acatando este decreto, no ha concedido permisos a terceros para producir medicamentos.

Para Emilio Sardi, Vicepresidente de Tecnoquímicas, laboratorio nacional con sede en Cali, el 2085 lo que hace es conceder protecciones arbitrarias a las multinacionales farmacéuticas que, al ver disminuida la competencia, pueden empujar al alza los precios de los medicamentos.

El gobierno no solo les propina un rudo golpe a los productores nacionales, sino también a la población, pues los precios no tardarán en verse incrementados, declaró el Senador del MOIR, Jorge Enrique Robledo. Dijo también: “El Presidente Uribe se doblega otra vez ante las exigencias planteadas por Washington, que ha condicionado el Atpa para Colombia a que la veda se concrete cuanto antes, no solamente para estos ocho fármacos, sino también para otros 34”. “Los inauditos privilegios que les está otorgando el gobierno a los laboratorios foráneos van a poner en grave riesgo a los empresarios del ramo -concluyó el Senador Robledo-. Y esto es apenas un abrebocas de lo que a la industria nacional se le viene encima con el ALCA y el Tratado de Libre Comercio”.

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Resumido de: El Nuevo Día (Puerto Rico), 11 de febrero de 2004

El Colegio de Médicos de Costa Rica manifestó su oposición al acuerdo alcanzado en el tema de medicamentos genéricos dentro del tratado de libre comercio con EE.UU. "Cinco años de protección de datos de prueba, que prolongan cinco años más de patente en materia de productos, representará millones de dólares para enfermedades como el cáncer, implica vidas, dijo el Presidente del Colegio, Arturo Dobles.

Los expertos consideran que esa situación, contenida en el acuerdo alcanzado con los estadounidenses, traerá dificultades a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), entidad que logra una cobertura del 100% gracias a la adquisición de medicamentos genéricos. "La Caja tendrá que limitarse a comprar el medicamento patentado aunque el genérico sea igual de bueno, ya que el período de protección de prueba bloqueará el levantamiento de la patente", explicó Robles.

Un medicamento patentado puede ser 30 veces más caro que un genérico, especialmente en enfermedades que requieren de tratamientos prolongados como el cáncer o el sida.

Robles mencionó, como ejemplo, que el costo para tratar enfermos de cáncer con Paclitaxel bajó de $160 la dosis a $25 con el genérico, situación que se repitió con el tratamiento al sida, que disminuyó de $6.800 al año a $1.300.  Actualmente, la Caja Costarricense destina un 33% de su presupuesto a la compra de medicamentos de marca y el restante 67% a los genéricos, por lo que el Colegio estima que sin este tipo de productos, la cobertura de la Caja sería de apenas el 18% de la población. Robles afirmó en rueda de prensa que mantiene contactos con colegas de Centroamérica, quienes comparten su preocupación.

Ante los argumentos del Colegio, el Presidente de la Caja, Eliseo Vargas, expresó a la prensa local que la entidad garantizará la universalidad en la adquisición de medicamentos genéricos con precios accesibles.

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Resumido de: Jairon Severino, Listin, 23 de febrero de 2004

Los miembros de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas (Infadomi) están preocupados y escépticos con respecto a los resultados que salgan de la tercera ronda de negociaciones para el Tratado de Libre Comercio con EE.UU. Lo más incómodo, consideran, es que se hará partiendo de las condiciones que el dueño de la casa impondrá, lo que indudablemente imposibilita un ambiente favorable para los negociadores quisqueyanos.

La Directora Ejecutiva de Infadomi, Leila Mejía Roldán, señaló que una de las mayores preocupaciones se origina en que algunas de las disposiciones del acuerdo prevén una extensión del plazo de las patentes y que como está en la Ley, es de 20 años. Una de las observaciones que Mejía hace es el tiempo que podría ser añadido en función de cuánto se tarde la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual (ONAPI) en aprobar el permiso.

”Cuando se comenzó a hablar de TLC jamás pensamos que se agregaría el tema de la propiedad industrial, por lo que no nos preocupamos. Revela que al conocer el texto del Acuerdo de Libre Comercio con Centro América (CAFTA, por sus siglas en inglés) se pudo notar que no existen beneficios para el sector ni para el país en sentido general, sino que hay disposiciones que en la práctica significarán la desaparición de la industria farmacéutica nacional.

Mejía Roldán no deja de expresar la preocupación que arropa a los industriales de ese sector, a pesar de que Jorge Mera ha dicho que el plazo de las patentes es improrrogable y porque los negociadores dominicanos no han dado garantías de que ese punto es innegociable.

Considera que la patente no es lo más dañino o lo más importante que hay en el Acuerdo de Libre Comercio con EE.UU. ”Hay un tema que es vital y que en realidad significaría la desaparición de la industria farmacéutica local. Ellos le llaman “medidas a la protección de la información no divulgada”. Una empresa estadounidense llega al país y quiere comercializar aspirinas, por ejemplo, y trae un estudio hecho con humanos, financiado con recursos del gobierno de EE.UU., para demostrar en Salud Pública para qué sirve la aspirina, la cual te da una aprobación. Una compañía dominicana quiere hacer lo mismo. Se supone que la información ya está y sólo es aprobar lo aprobado. Hasta aquí todo está bien”, explicó Leila Mejía Roldán.

Sin embargo, y sobre lo anterior, asegura que el inconveniente está en que a partir del momento que cualquier empresa de EE.UU. suministra los datos a Salud Pública se establece una prohibición de cinco años, lo que significa que si una entidad local quiere comercializar ese producto no puede hacerlo hasta transcurrido ese plazo. Entiende que esa dificultad, en lo que se refiere al plazo de los cinco años, es más que suficiente para la desaparición de cualquier empresa farmacéutica dominicana.

Sobre la posibilidad de postergar algunas de los capítulos que se negocian con EE.UU., la Directora Ejecutiva de Infadomi cree que ”estamos a tiempo”, ya que si quien está al frente de negociar la propiedad industrial (Orlando Jorge Mera) dice que no y que por lo tanto no será aprobado, sencillamente se ”tranca el juego”. Y si sucede así, dice, habrá que buscarle una salida de solución.

Se queja de que en lo que respecta al otorgamiento de licencias obligatorias de parte de las autoridades dominicanas, estipulado en la ley, nunca se ha otorgado una, a pesar de que la ley otorga 120 días para que la ONAPI se pronuncie sobre una solicitud.

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