ÉTICA Y DERECHO

Investigaciones

La preocupante historia de cómo la industria medicalizó a los niños en casas de adopción
(Big Pharma’s troubling history of pushing drugs on foster kids)
Michael Barajas
Current, Abril 10, 2013
http://sacurrent.com/news/big-pharma-39-s-troubling-history-of-pushing-drugs-on-foster-kids-1.1469827
Traducido por Salud y Fármacos

Trabajadores de la agencia de protección infantil encontraron a Jo Angel Rodríguez y a sus hermanos viviendo en una casa infestada de cucarachas, que olía a orina y comida estropeada. Según los informes de archivo de una corte local, los niños, con frecuencia llenos de piojos, dormían en colchones sucios y delgados.  La madre de Rodríguez perdió la custodia de los niños en el 2006 cuando surgieron denuncias de que ella y sus novios se inyectaban heroína frente a los niños. Los trabajadores de la oficina de protección infantil descubrieron que Rodríguez había sido víctima de abuso sexual por parte de un familiar.

Durante los dos años siguientes, el sistema llevó a Rodríguez y a sus cinco hermanos de una casa de adopción a otra, pero en el 2009 las cosas empezaron a mejorar. La niña de 11 años terminó una estadía en un centro de consejería del norte de Texas donde los médicos le habían enseñado a manejar la carga emocional a consecuencia del abuso y a los años de negligencia. En otoño de ese año se reunió con un hermano y una hermana en una casa de adopción de San Antonio (Texas).

Al poco tiempo, los padres adoptivos de Rodríguez se quejaron de que tenían muchas dificultades para manejarla. En septiembre de 2009 intentaron internarla en un centro de tratamiento (Laurel Ridge Treatment Center). Según un informe, el personal de la agencia de protección de menores estaba receloso, sospechaban que los padres adoptivos tendían a enviar a los niños a centros de atención psiquiátrica cuando se portaban mal. Rodríguez había recibido varias evaluaciones psiquiátricas sin que hasta ahora tuviera un diagnóstico claro; los médicos estaban de acuerdo en que padecía una mezcla de trastornos incluyendo ansiedad, depresión y síndrome de estrés post-traumático.

Una semana después, los padres adoptivos de Rodríguez volvieron a insistir diciendo que había sido agresiva en la casa y un día, durante el recreo, había dicho que podría autolesionarse. Esta vez Laurel Ridge se movilizó, ingresaron a la niña y la diagnosticaron con trastorno bipolar.

El personal del centro evaluó muy positivamente el comportamiento de Rodríguez, alabándola por su participación en los grupos de terapia y por ser bien educada. El informe de una de las enfermeras dice que Rodríguez empezó a proteger a las niñas más jóvenes de su sala.

Dos días después del ingreso, los médicos empezaron a tratar a Rodríguez con dosis nocturnas de Abilify (aripiprazol), un antipsicótico. Ella empezó a dormir durante el día, se retrajo y rechazó la comida. Con frecuencia tenía vómitos y diarrea.

El 26 de septiembre de 2009 las enfermeras se quejaron de que Rodríguez reaccionaba agresivamente cuando intentaban bañarla.

La Dra. Lindy Bankes, residente del Centro Médico de la Universidad de Texas que estaba de guardia durante el fin de semana, prescribió a Rodríguez un miligramo de Risperdal (risperidona), otro antipsicótico. Cuando Rodríguez no quiso ingerir la píldora, cambió la receta por una inyección de 20 miligramos de Geodon (ziprasidona).

A las tres horas, las enfermeras encontraron a Rodríguez en su cama, incapaz de hablar o de moverse, con una respiración superficial y laboriosa. Según los informes del centro que se presentaron en la corte, hubo un problema de comunicación y la ambulancia tardó dos horas en llegar. Cuando llegaron los paramédicos, Rodríguez no se podía mover y sus extremidades estaban frías y la piel pegajosa. Luchaba por inhalar un poco de aire. Sus labios estaban pálidos y su presión arterial era tan baja que los paramédicos no pudieron medirla.

Los médicos de emergencia dijeron que Rodríguez tenía una arritmia cardiaca que había desencadenado un infarto de miocardio masivo. Entró en coma y murió al día siguiente.

Según un juicio contra Laurel Ridge, Bankes y la compañía de ambulancias que los abogados nombrados por la corte interpusieron en nombre de Rodríguez, una serie de errores la mataron. También pusieron juicio contra Pfizer, el productor de Geodon, alegando que el medicamento había desencadenado una serie de eventos mortales.

A pesar de que la FDA ha denegado múltiples solicitudes de Pfizer para comercializar Geodon para uso pediátrico, lo que permitiría a Pfizer promover legalmente el medicamento para niños, Rodríguez fue tratada con Geodon esa noche.

No fue por accidente. El juicio del condado de Bexar y varios otros que se presentaron en las cortes federales con el apoyo de la oficina del Abogado General de Texas muestran que Pfizer buscó formas de promover Geodon entre los psiquiatras infantiles durante años. En el proceso, según los documentos de la corte, Pfizer manipuló la información sobre los efectos adversos del medicamento, pagó a médicos para que defendieran su uso en pediatría, y compró estudios escritos por “autores fantasmas” que no eran más que propaganda pagada y disfrazada de ciencia.

Geodon es un antipsicótico de nueva generación que puede producir arritmias cardiacas peligrosas, y si bien la FDA lo aprobó para un espectro limitado de condiciones, se ha convertido en un ejemplo de los beneficios que la industria (Big Pharma) puede llegar a acumular a través de sus ventas para usos no aprobados.  La FDA aprobó el Geodon para el tratamiento de la esquizofrenia y el trastorno bipolar en adultos, pero Pfizer trabajó durante años para ampliar sus usos, según indican los documentos presentados durante el juicio.

Pfizer no está sola. Esta compañía y sus competidoras son las que con mayor frecuencia han sido llevadas a juicio por violar la ley federal de reclamos falsos (False Claims Act) y recientemente han tenido que pagar millones en acuerdos extrajudiciales por haber hecho propaganda indebida de sus productos, muchos de ellos antipsicóticos atípicos.

“Desafortunadamente, este caso es un ejemplo perfecto de lo que puede pasar” con la propaganda de medicamentos para usos no aprobados dice Brant Mittler, un cardiólogo que se ha convertido en abogado para casos de malapráctica y que llevó el caso de Jo Angel Rodríguez.

“Esta niña no tenía por qué morir”.

Los 1990s eran los años de grandes éxitos para los productores de medicamentos, y Texas era uno de los consumidores prometedores. Los neurolépticos se descubrieron hace más de medio siglo, ahora se reconocen como antipsicóticos, e inicialmente se consideraban poco más que sedantes potentes, y se utilizaban escasamente en pacientes diagnosticados con esquizofrenia o problemas psicóticos graves. Los pacientes con frecuencia dejaban de tomar el medicamento como la Thorazina (chlorpromazina) y el Haldol (haloperidol), porque ocasionaban tics involuntarios, movimientos e inquietud.

En los 1990s, sin embargo, las compañías empezaron a desarrollar antipsicóticos de segunda generación, que con frecuencia se reconocen como atípicos, y dijeron a los reguladores que eran más seguros que los más antiguos, algo que desmienten investigadores independientes, es decir no pagados por la industria.

La FDA aprobó estos medicamentos para tratar la esquizofrenia, pero las ambiciosas compañías presionaron para que se utilizaran para tratar cualquier cosa, desde el trastorno bipolar a la demencia, los trastornos de atención, e incluso el tartamudeo; y pretendían que se utilizasen en pacientes de todas las edades, incluyendo niños y adolescentes.

Texas resultó ser un buen lugar para probar estos medicamentos. Johnson & Johnson fue la primera compañía en lograr que la FDA aprobase su medicamento atípico Risperdal, y con ello abrió un camino que muchos de sus competidores siguieron. A través de su subsidiaria, Janssen Pharmaceuticals, buscó a expertos deseosos de enriquecerse y que pudiera controlar. Los documentos que surgieron el año pasado durante un juicio iniciado por un chivato y que terminó en un acuerdo extra-judicial entre Janssen y el estado de Texas revelaron que la compañía había pagado a prominentes psiquiatras de las universidades de Duke, Cornell y Columbia medio millón de dólares para producir el borrador de las guías de tratamiento de la esquizofrenia; informes borrador que fueron posteriormente modificados por Janssen.

En 1997, estas guías se convirtieron en el algoritmo de tratamiento de Texas (Texas Medication Algorithm Project o TMAP), que describía los medicamentos psiquiátricos que los médicos debían utilizar para tratar a los beneficiarios del sistema de salud financiado por el estado.  Al mismo tiempo, los mismos expertos sacaron un proyecto similar donde se describían las guías para tratar a los niños en el sistema de adopción.

Los documentos presentados en el juicio revelan que TMAP recibió mucho dinero de la industria. Big Pharma pagó US$1,3 millones en subsidios a TMAP, y más de la mitad procedían de Johnson & Johnson y Pfizer. Los que conceptualizaron TMAP – los líderes de opinión fueron el Dr. Steven Shon, quién en ese momento dirigía el departamento de salud y retraso mental de Texas, la Dra. Lynn Crismon de la escuela de farmacia de la Universidad de Texas, y los Dres. Alexander Miller y John Chiles del Centro Médico de la Universidad de Texas en San Antonio – recibieron pagos por hacer presentaciones en público, viajes y honorarios. Shon recibió más de US$30.000, Miller US$80.000, y Chiles US$151.000 durante los días de TMAP, según el informe de un experto presentado en el juicio del programa de Medicaid de Texas contra Janssen.

Antes de las guías, los médicos del estado primero prescribían los antipsicóticos convencionales, y solo recurrían a los atípicos cuando el paciente no respondía a dos o tres de los convencionales. Con el programa TMAP, los antipsicóticos atípicos se convirtieron en la primera opción, mientas que los convencionales pasaron a segundo plano. En el 2002, los expertos de Texas añadieron Geodon como medicamento de primera línea.

En el 2004, al menos 16 estados habían incorporado estas guías, y fue entonces cuando Allen Jones, un investigador de la oficina del inspector general de Pensilvania dio el chivatazo y dijo que TMAP “era el caballo de Troya que llevaba incrustados los medicamentos más nuevos y más caros que se utilizan en salud mental”.

Estas acusaciones detonaron una investigación por la oficina del controlador de Texas (Texas Comptroller’s Office), quién emitió un informe mordaz en donde explicaba el sobreuso de antipsicóticos en el sistema estatal de adopciones. El controlador hizo hincapié en casos increíbles, como el niño de tres años que es llevado a emergencias por intoxicación con psicotrópicos, o el niño de seis años que recibe 60 recetas, incluyendo estabilizadores del humor y antipsicóticos.

En el 2004, los niños en el sistema de adopción de Texas recibieron 23.812 prescripciones de Risperdal, que todavía no había sido aprobado por la FDA para niños, según el informe del controlador. Ese mismo año los médicos escribieron 3.330 recetas de Geodon para niños.

En respuesta al juicio iniciado por un chivatazo, Texas escribió un borrador de los parámetros para utilizar psicotrópicos en niños en adopción (Psychotropic Medication Utilization Parameters for Foster Children), y los autores de estas guías eran los mismos médicos que colaboraban con la industria y que habían quedado marginados a partir del juicio iniciado por el abogado del estado de Texas. Estas guías se actualizaron por última vez en el 2010.  Los parámetros vigentes citan un artículo que fue publicado en el 2007 en European Journal of Child and Adolescent Psychiatry que alababa el perfil de los atípicos, y que según documentos revelados durante el juicio había sido escrito por “autores fantasmas” de Excerpta Médica (aunque no figuraba entre los autores) y había sido supervisado por Janssen. El informe muestra una letanía de correos electrónicos que demuestran que Janssen contribuyó a la redacción del artículo.

El Dr. Howard Brody, que dirige el Instituto de Humanidades Médicas de la Universidad de Texas en Galveston, afirma que recientemente los escritores fantasmas han envenenado la literatura médica, especialmente en el caso de los antipsicóticos atípicos.

Según Brody, los gobiernos federal y estatales han llevado a juicio a Pfizer más de una docena veces durante la última década y Pfizer ha pagado millones de dólares en acuerdos extra-judiciales para acallar las acusaciones de marketing ilegal de medicamentos, incluyendo Geodon.

Pfizer no quiso hacer comentarios sobre las acusaciones que ocasionaron los juicios contra la compañía, solo dijeron a través de un vocero que “Pfizer sigue comprometido en manejar su empresa con el nivel más alto de ética e integridad, y en proveer a los pacientes, médicos y el público en general, información sobre sus medicamentos precisa y basada en la ciencia”.

Brody dijo “Cada vez  juran sobre una pila de biblias ‘no lo vamos a volver a hacer’ y simplemente siguen haciéndolo una y más veces… la industria trata estos eventos como los costos de estar en el negocio”.

La FDA rechazó Geodon en 1998, cinco meses después de que naciera Jo Angel Rodríguez, temiendo que la tendencia a causar arritmias cardiacas fuera demasiado grave. Si bien muchos antipsicóticos acarrean este efecto secundario – conocido como una prolongación del espacio QT- la carta de la FDA indicaba que en el caso de Geodon el impacto era peor que el de otros antipsicóticos existentes en el mercado.

Pfizer se apresuró para realizar más ensayos clínicos. Los productores querían asegurarse de que obtendrían buenos resultados, dijeron los federales, y además de comparar el medicamento con otros antipsicóticos atípicos, Pfizer también comparó Geodon con tioridazina (Meleril), un antipsicótico potente que se utiliza pocas veces porque conlleva un riesgo elevado de complicaciones cardiacas; la FDA ya había considerado la tioridazina como tratamiento de segunda línea por este problema.

Parte de la información sobre los ensayos clínicos de Pfizer procedía de personas de comportamiento cuestionable, según informes de la corte federal. Entre los primeros participantes estaban el Dr. Richard Borison y Bruce Diamons, expsiquiatras de la facultad  de medicina de Georgia que fueron declarados culpables y enviados a prisión por robar más de US$10 millones de fondos de investigación de su facultad. Otro participante en los ensayos clínicos fue Louis Fabre, fundador de la Clínica de Investigación Fabre de Houston, que según la FDA en 2002 fue culpable de la muerte de un paciente durante un ensayo clínico con otro antipsicótico.

Contra las objeciones de miembros del staff, en el 2001 la FDA aprobó Geodon para tratar a pacientes adultos con esquizofrenia y trastorno bipolar. Pero juicios federales iniciados a partir de chivatazos, donde Texas figuraba entre los demandantes, tanto antes como después de la muerte de Jo Angel Rodríguez, indican que para potenciar las ventas de Geodon, Pfizer siguió el ejemplo de Johnson & Johnson y lanzó una campaña para promover el uso de Geodon fuera de etiqueta, especialmente en niños y adolescentes.

La FDA regañó a Pfizer por proveer información engañosa a los médicos al menos en dos ocasiones. Una carta enviada en septiembre de 2002 criticaba a la compañía por tergiversar los estudios clínicos y de seguridad del medicamento, y por promover Geodon en forma engañosa y desequilibrada” minimizando el riesgo de problemas cardiacos. La FDA volvió a enviar una advertencia a Pfizer por problemas parecidos en el 2007.

Mientras tanto, Pfizer se propuso llenar la literatura médica con estudios que promovían el uso de Geodon fuera de etiqueta, algunos de los cuales fueron descritos por el gobierno federal en los documentos del juicio como poco más que un truco de marketing.

Según otro juicio iniciado por un chivato, Pfizer contrató con el Dr. Neil Kaye, un psiquiatra famoso de la escuela Jefferson de medicina en Filadelfia, para promover Geodon fuera de etiqueta en las revistas médicas, en charlas y en seminarios de formación continuada para psiquiatras.

Según documentos de la corte, Pfizer pagó al Dr Kaye hasta US$4.000 diarios más gastos, e incluso le proporcionaron su helicóptero privado para viajar por el país.

Durante las presentaciones en la corte, los federales se refirieron a esta práctica como “lavado de información”. Aparentemente valió la pena. Según documentos de la corte, en el 2003 los médicos estadounidenses escribieron 89.000 recetas de Geodon para niños. En el 2005, llegaron a prescribir 251.000 recetas a población pediátrica.

Tres semanas antes de la muerte de Jo Angel Rodríguez en Laurel Ridge, Pfizer pagó US$2.300 millones en un acuerdo extrajudicial por haber promovido en forma fraudulenta Geodon y otros dos medicamentos. Es el acuerdo extrajudicial de mayor monto que el Departamento de Justicia jamás haya gestionado, y como parte de este arreglo Pfizer se comprometió a adherirse a un plan de comportamiento corporativo más riguroso.  Pero según otro juicio iniciado por un chivato un año después de la muerte de Rodríguez, las prácticas ilegales de marketing continuaron.

En el 2009, Pfizer volvió a solicitar permiso para comercializar el medicamento para uso pediátrico, y la FDA rechazó la solicitud a finales de ese mismo año. Es más, la FDA – tras analizar los resultados de los ensayos clínicos en niños y adolescentes-  publicó un informe detallando 24 casos en que los niños experimentaron complicaciones graves, incluyendo arritmia cardiaca. Mientras Pfizer informaba a la FDA de que los problemas cardiacos eran los mismos para niños que para adultos, la FDA hizo su propio análisis demostrando lo contrario. En el 2010, la FDA riñó a tres de los médicos que participaron en los ensayos pediátricos con Geodon, por haber utilizado dosis inadecuadas y algunas veces sobredosis.

Correos electrónicos entre los ejecutivos de Pfizer en Misuri, un distrito que cubre Texas, Oklahoma, Colorado y Louisiana, alertó a los visitadores médicos para que intentaran no hablar del tema y siguieran promoviendo el medicamento entre los psiquiatras infantiles. Uno de esos mensajes decía “No se debe discutir la información sobre la solicitud de comercialización de Geodon para uso pediátrico”.

Mientras tanto, Pfizer siguió pagando a los médicos para que promovieran Geodon más allá de los usos aprobados por la FDA.

Alex Booker, un visitador médico que trabajaba en la oficina de Pfizer ubicada en Misuri, se chivó después de que lo despidieran por quejarse por la propaganda para usos no aprobados.  Según los documentos de la corte, dijo que Pfizer había indicado a sus visitadores médicos que se centraran en psiquiatras con un número elevado de pacientes de Medicaid. Uno de los documentos entregados a la corte muestra “la estrategia de Pfizer para involucrar a Medicaid” e incluye una lista de unas dos docenas de psiquiatras infantiles del área de San Luis que Pfizer esperaba que en algún momento empezasen a escribir recetas de Geodon.

Otro de los documentos presentados en la corte muestran como los visitadores médicos recomendaron a los médicos que tratan pacientes de Medicaid que subieran las dosis de Geodon hasta 360 miligramos diarios. El medicamento solo se había aprobado en dosis de 160 miligramos, por tanto las dosis superiores a este monto contarían como dos recetas, una forma rápida y sencilla para facilitar que los visitadores médicos excedieran sus cuotas y empezaran a cobrar bonos.

Según el juicio, Pfizer incluso infiltraba a los agentes de ventas en los seminarios de formación continuada. “El infiltrado” se aseguraría de que el grupo incluyera a presentadores pagados por Pfizer para promover el uso del medicamento en niños, fuera de las condiciones autorizadas.

En octubre de 2009, Booker se quejó a través de mecanismos internos (la línea de adherencia a las políticas corporativas) de Pfizer porque, entre otras cosas, Pfizer obligaba a los visitadores médicos a manipular u ocultar información de seguridad de Geodon. Al no recibir respuesta, el 5 de enero de 2012 envió un mensaje por correo electrónico a la oficina corporativa de adherencia a las políticas de la transnacional.

Pfizer lo despidió al día siguiente.

Brant Mittler buscó informes similares en el juicio local contra Pfizer. A principios de este año, todos los acusados habían llegado a acuerdos excepto el productor. Durante meses, Pfizer se resistió a entregar esos informes, incluyendo los materiales de promoción y las comunicaciones internas entre los agentes de ventas regionales y locales.

Cuando durante este año la juez Polly Jackson Spencer, del tribunal del condado de Bexar, iba a forzar a Pfizer a presentar los documentos, la compañía empezó a proponer que llegaran a un acuerdo.

El Dr. Joseph Hernández, el médico que ingresó a Jo Angel Rodríguez en Laurel Ridge, dijo que el uso de Geodon se convirtió en una brillante bandera roja tras la muerte de Rodríguez, según su testimonio en la corte.

Hernández dijo que había hablado con el Dr. Benigno Fernández, el director médico de Laurel Ridge, para saber por qué se le había recetado Geodon, por qué nadie lo llamó cuando el estado de la niña empezó a empeorar, y por qué tardaron tanto en transferir a la niña a una sala de emergencias cuando se desplomó.

Cuando habló con la Dra. Lindy Bankes, quién había recetado el medicamento, “estaba visualmente afectada” recordó Hernández. “Estaba haciendo preguntas sobre Geodon”.

Según el testimonio de Bankes, el Comité Médico de Texas (Texas Medical Board) la informó de que alguien había interpuesto una queja contra ella por el incidente – estas quejas son confidenciales y no hay forma de saber quién la puso. A pesar de la opinión de Hernández sobre el manejo del caso, Fernández y uno de los profesores de Bankes del Centro Médico de la Universidad de Texas escribieron una carta al Comité Médico de Texas para que la absolvieran de todos los cargos.

Hernández no se acababa de creer que Rodríguez hubiera tenido un comportamiento agresivo con el personal. “Esto hubiera sido una desviación del comportamiento de la niña. Hernández había hablado por teléfono con el staff antes de que la niña muriera, dijo. “Me dijeron que estaba levantada, activa y riéndose, lo que no coincide con lo que se documentó” en las notas del personal, testificó. “Tengo dificultades para entender lo que sucedió…. No puedo entenderlo a partir de los documentos”.

Bankes trabaja en una consulta privada en San Angelo y no quiso responder a nuestras llamadas. El jefe de operaciones de Laurel Ridge no ofreció comentarios, solo dijo “Laurel Ridge se toma muy en serio la seguridad y privacidad de todos los clientes”.

En sus testimonios, tanto Hernández como Bankes mencionaron un correo electrónico que Fernández mandó meses antes de la muerte de Rodríguez en referencia a Geodon. Por un tema de costo, pedía al staff que utilizaran Geodon en lugar de Zyprexa (olanzapina), un antipsicótico atípico aprobado por la FDA para el tratamiento del trastorno bipolar y la esquizofrenia en adolescentes.

Bankes testificó que “[Geodon] estaba disponible en la unidad de pediatría… y en el correo que recibimos del Dr. Fernández diciendo que utilizáramos Geodon no se mencionaba que no lo utilizáramos en pacientes pediátricos. Quiero decir, estaba ahí, en la unidad de pediatría y los médicos lo utilizaban, yo asumí que estaba aprobado por Laurel Ridge”.

Mientras Bankes negó que las complicaciones de Geodon se relacionaran con la muerte de Rodríguez, Hernández admitió que el Geodon “provocó arritmia cardiaca y el subsecuente paro cardiaco y la muerte”.

Cuando discutía el caso el mes pasado, Brant Mittler dijo “casi todos los sistemas de seguridad fallaron en el caso de Jo Angel”. El juicio culpó de los problemas más importantes a Laurel Ridge.

Tras analizar los informes de la corte se observó que recientemente, no ha habido ningún otro centro psiquiátrico en la ciudad que haya tenido tantos problemas en la corte como Laurel Ridge.

Las notas que tomó una enfermera la noche en que murió Rodríguez dicen que se ordenó el traslado de la niña a una sala de emergencias a las 11 de la noche. Los datos del hospital indican que se volvió a dar la orden media hora más tarde. A las 12:50AM, Rodríguez estaba en su cama, casi sin responder y con problemas para respirar. Los paramédicos aparecieron dos minutos más tarde y pasaron 14 minutos en la escena. La ambulancia no salió de Laurel Ridge hasta la 1:06 AM, llegando al hospital Methodist Stone Oak, que está a unas tres millas, a la 1:25 AM.

José Rebolledo, un cardiólogo pediátrico local presentó testimonio para los demandantes y escribió en su informe de experto “Según sus propios informes, los paramédicos estuvieron 14 minutos en la escena y tardaron 19 minutos en recorrer una distancia de 3,2 millas, durante la noche y en una ambulancia”.

La muerte de Rodríguez ocurrió mientras Laurel Ridge atravesaba un periodo complicado. Dos años antes, investigadores estatales llamaron la atención de los administradores del centro porque la falta de personal ocasionaba que se descuidara a los pacientes. Al poco tiempo, uno de los periódicos más importantes de Dallas, Dallas Morning News, publicó una investigación en la que se presentaron quejas porque los adolescentes se atacaban unos a otros, se cometían errores al administrar la medicación, y las condiciones eran miserables. Los informes del Departamento de Protección de Servicios Familiares de Texas de los dos últimos años incluyen un incidente de finales de 2012 cuando “el staff utilizó demasiada fuerza mientras trasladaban a un niño a una sala de aislamiento provocándole moratones”. En otra ocasión los investigadores encontraron medicamentos no autorizados en la habitación de un niño. Otras deficiencias documentadas en los últimos dos años incluyen: no mantener la razón adecuada de niños por cuidador, y problemas con el mantenimiento de la información.

La enfermera Loretta Ramos llevó a Laurel Ridge a juicio en 2008 diciendo que la habían despedido por haberse quejado de numerosas violaciones, incluyendo niveles de personal peligrosos, y “fue testigo de hechos para encubrir el suicidio de una paciente”, refiriéndose a una mujer que estaba en vigilancia por riesgo de suicidio. En otro momento, en 2010, un hombre que estaba siendo vigilado por riesgo de suicidio salió precipitadamente de una sesión de terapia grupal y fue encontrado muerto tres horas más tarde, se había colgado con una sábana. Su médico en Laurel Ridge, Allan Lloyd, perdió su licencia cuando el Comité de Revisión Médica de Texas (Texas Medical Review Board) se la revocó por otros cargos no relacionados con este caso.

Meses antes de que Jo Angel Rodríguez fuera admitida en Laurel Ridge, Lauren Green fue ingresada por un problema emocional, trastorno bipolar, depresión e ideas de suicidio. En ese momento tenía 24 años y según su padre era adicta al Demerol (meperidina, un fármaco opiáceo) desde los 19, cuando los médicos se lo prescribieron para aliviar su celulitis. En el 2009, la familia, que vivía en el área de Dallas-Fort Worth, recorrió el país buscando un centro de tratamiento y se decidió por Laurel Ridge.

Los informes muestran que el día que el Dr Malathi Koli de Laurel Ridge dio de alta a Lauren, Lauren estaba tomando 13 medicamentos de venta con receta, incluyendo analgésicos y antipsicóticos. Koli entregó a Lauren recetas para 10 medicamentos adicionales, según los documentos de la corte. Al día siguiente de haber salido de Laurel Ridge, Lauren se fue a Austin para quedarse con su exnovio, compró los medicamentos y se los tomó esa misma noche. Esa noche mientras hablaba por teléfono “era un zombie, no se daba cuenta de nada”, dijo Tim. La mañana siguiente su exnovio la encontró muerta.

El médico forense de Travis County escribió que Lauren había muerto “por intoxicación aguda con múltiples medicamentos” y dijo específicamente no había evidencia de sobredosis. Lauren se había tomado los medicamentos tal como le habían sido prescritos en Laurel Ridge.

Cuando la familia llevo el caso a juicio, Laurel Rigde llegó a un acuerdo por una cantidad desconocida. El caso de malapráctica contra Koli fue a juicio en una corte del condado de Bexar en diciembre pasado. Los Greens perdieron, y la corte les obligó a pagar US$5.000 a Koli.

La corte nombró a Jason Cruz como abogado y guardián de Jo Angel Rodríguez, y Jason recuerda que cuando le avisaron de que se la estaban llevando a emergencias, corrió al hospital y “Cuando la vi, estaba básicamente en coma”.

El Departamento de adopciones hizo su propia revisión de la muerte y escribió “Preocupa el hecho de que la enfermedad de Jo Angel no se hubiera monitoreado de cerca, tampoco se monitoreó su reacción a la medicación de emergencia”. También criticaron al hospital por tardar tanto en llamar a una ambulancia.

Cruz sigue preocupado por el hecho de que decidieran ingresar a Rodríguez en Laurel Ridge.  Dijo “en el fondo era una de esas situaciones en que los padres adoptivos intentaron librarse de ella… Ya habían intentado que la ingresaran con anterioridad… Yo pasé más tiempo con estos niños que en cualquier otro caso, y este tipo de comportamiento no era un problema en su caso”.

Los largos años de lucha en las cortes terminaron en un pequeño lloriqueo la semana pasada cuando los abogados se reunieron con la juez Spencer para aprobar un acuerdo confidencial con Pfizer. Cruz dijo “Quizás ese era el objetivo de llevar el caso a juicio… tratar de honrar a Jo Angel y conseguir algo de dinero para sus hermanos”.

Para Cruz, el resultado es ambiguo “Como abogados estamos contentos de haber ganado… pero conociendo a esa niña, y lo inteligente que era, uno se queda como vacío”.

 Psicotrópicos recetados a niños adoptivos en Texas en el 2012

Fuente: Texas Health and Human Services Commission. Los medicamentos psicotrópicos incluyen antipsicóticos, antidepresivos, estimulantes y estabilizadores de las emociones.