La Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP) realizó la presentación de una iniciativa para frenar los juicios de laboratorios extranjeros contra el país por el pago de patentes que consideran ilegales. Junto a la Fundación Soberanía Sanitaria, reclaman una mirada social sobre los medicamentos.

Como en otros países como Brasil, en Argentina un grupo de laboratorios, todos de bandera multinacional, iniciaron hace un tiempo acciones legales contra el Estado para frenar entre otras cuestiones la fabricación de genéricos, argumentando que tienen patentes vigentes de algunos medicamentos. El juicio puede generar enormes perjuicios a la salud pública, por lo que especialistas y entidades que trabajan en el acceso universal a los tratamientos vienen realizando una campaña para frenar los juicios. Esta semana, una de las entidades lanzó una campaña para presionar y terminar con esta ofensiva, que dicen pondrá en peligro la atención de miles de argentinos. Reclaman que el medicamento se ha visto como “un bien social”.

La campaña “CAEME y otros ¡Abandonen el caso!” es una iniciativa de la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP), que se presentó ayer martes en la Asociación de Empleados de Farmacia. Durante el mismo, especialistas y ex funcionarios pusieron de manifiesto los problemas que traerá al país el juicio que los laboratorios enrolados en esa cámara llevan adelante contra el país, que intenta imponer patentes consideradas abusivas o directamente ilegales. Durante la jornada, además del plan, se presentó el seminario “El medicamento como bien social: la defensa de la Soberanía Sanitaria en el Bicentenario de la Independencia”, organizado en conjunto con la Fundación Soberanía Sanitaria.

El objetivo de la campaña, informó la Fundación GEP, es juntar firmas para exigir el cese del juicio que empresas multinacionales están llevando a cabo contra el Estado argentino por la adopción de medidas que favorecen la salud pública. Formarán parte de la presentación el ex Ministro de Salud Dr. Daniel Gollán, la diputada y presidenta de la Comisión de Salud de esa cámara Carolina Gaillard, el periodista Raúl Dellatorre (Página/12) y otros expertos en derecho a la salud, propiedad intelectual y acceso a medicamentos.

La demanda iniciada por la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME) junto a 26 compañías farmacéuticas extranjeras pide la nulidad de las nuevas guías para el examen de solicitudes de patentes farmacéuticas. “Estas guías resguardan la adecuada administración del sistema de patentes y aseguran la sustentabilidad económica de los programas nacionales de provisión gratuita de medicamentos, tanto públicos como de seguridad social y de medicina prepaga”, informó la fundación. La importancia de las mismas está dada por el hecho de que sus estándares y criterios estrictos para la examinación de patentes en el sector farmacéutico han impedido exitosamente a varias patentes ilegítimas e inmerecidas, asegurando la existencia de genéricos en el mercado y reduciendo precios de medicinas que salvan vidas.

Para la Fundación GEP, “el abuso del sistema de patentes es una práctica muy utilizada por las compañías que buscan generar y extender monopolios indebidos sobre medicamentos esenciales, elevando los precios y afectando las partidas presupuestarias necesarias para garantizar el acceso gratuito a los medicamentos para la población”. En casos como el de sofosbuvir, medicamento que representa la cura para la hepatitis C cuya petición de patente todavía está pendiente de resolución, los precios monopólicos resultantes de estos abusos podrían llegar a representar el 115 mil por ciento del total del presupuesto disponible en el programa encargado de suministrar el medicamento en cuestión. Como contraparte, cuando el Estado ha adquirido partidas de versiones genéricas, se han dado considerables niveles de ahorro para los programas nacionales, favoreciendo la disponibilidad y el acceso.

“Ejemplos destacados son las compras de Atripla, medicamento clave para el tratamiento del VIH, a un costo 19 veces menor al de mercado, y del propio sofosbuvir a cuatro veces más barato del precio de venta ofrecido por la empresa que está solicitando la patente en Argentina”, agregaron.

Una investigación llevada a cabo por los técnicos de GEP arrojó resultados que hablan por sí solos de la efectividad de estas guías: sobre 75 solicitudes de patentes farmacéuticas para medicamentos con alto impacto solicitados antes de la aplicación de las nuevas guías, el 51 por ciento de las mismas no obtuvieron patentes. Desde entonces, el 96 por ciento de las solicitudes resueltas fueron denegadas. Esto ocurre porque prácticas abusivas como el evergreening y otros recursos ilegítimos son impedidos por las guías: por ello la examinación rigurosa de patentes en el sector farmacéutico es vital para proteger a las personas y los sistemas de salud de los monopolios sobre drogas esenciales.

La Fundación GEP se ha presentado como tercero interesado en el juicio de CAEME contra el Estado Argentino y lanzó nacionalmente la campaña en conferencia de prensa con la proyección de testimonios de personas afectadas en su acceso al tratamiento, una muestra de fotos alusiva y la presentación de su página de recolección de firmas en el sitio Change.org para exigir el abandono del caso por parte de CAEME