Las asimetrías en el mercado farmacéutico no son una novedad. Desde finales de la década del treinta el Estado argentino intentó, con suerte adversa, regular la actividad (producción, distribución, precios) con el objetivo de proteger a la población de los precios abusivos con los cuales pueden ser castigados. Sin embargo, diversos factores imprimen al mercado de medicamentos particularidades que se reflejan en los precios y, por ende, hacen necesaria la intervención del sector público. Argentina no es un caso aislado. Alemania, Canadá, Francia, Japón e Inglaterra mantienen una firme regulación sobre la actividad.

En el mercado farmacéutico la concentración económica y la estructura oligopólica en algunos componentes de la cadena de valor configuran un verdadero escollo para el bienestar general.

Veamos algunas características del sector. Existen 250 empresas que intervienen en la actividad si se contabilizan productoras e importadoras de medicamentos. En el plano netamente productivo, las plantas industriales de fármacos ascienden a 110, de las cuales el 85% son laboratorios de origen nacional y un15% son de capital extranjero. Como se aprecia, el componente nacional es más que relevante. Esa relación se refleja en la composición de las ventas de la industria. En proporciones significa que un 58% de las ventas son realizadas por laboratorios nacionales y un 42% por laboratorios extranjeros. En cuanto al aporte sobre el valor agregado nacional, se encuentra en tercer lugar ubicándose debajo de actividades como la industria del petróleo y la del hierro/acero.

La facturación total de la industria entre producción propia más reventa de productos importados viene creciendo en el período 2011-2015. En 2011 la facturación (en pesos a precios corrientes a salida de fábrica y sin IVA) fue de Par18.000 millones (1US$=Par15,0), en 2012 ascendió a Par22.600 millones, en 2013 creció a Par27.500 millones, en 2014 escaló a los Par36.000 millones y sólo contabilizando hasta el tercer trimestre de 2015, el monto superó los Par33.000 millones. Esto representa una tasa de crecimiento absoluta entre 2011-2014 de 100% y una tasa de crecimiento promedio anual del 25%.

Si se analiza los grandes agregados de la actividad, la dinámica de los veinte laboratorios más grandes explica el 80% de la facturación de los productos que se consumen en la actualidad. Dentro de estos veinte, ochos son nacionales y el resto extranjero.

¿Quiénes son estos grandes actores de la economía nacional que detentan gran poder de presión? Según el Ministerio de Economía y Finanzas, el ranking de los veinte laboratorios de mayor envergadura y su origen societario son los siguientes: Bayer (Alemania), Roemmers (Argentina), Productos Roche (Argentina), Laboratorios Bagó (Argentina), Laboratorios Abbott (Estados Unidos), Laboratorios Elea (Argentina), Gador (Argentina), Novartis Argentina (Suiza), GlaxoSmithKline Argentina (Reino Unido), Laboratorios Raffo (Argentina), Sanofi Aventis (Francia), Novo Nordisk Pharma Argentina (Dinamarca), Boehringer Ingelheim (Alemania), Janssen Cilag (Estados Unidos), Laboratorios Andrómaco (Argentina), Ivax (Israel), Laboratorios Casasco (Argentina), Biogénesis-Bagó (Argentina), Pfizer (Estados Unidos) y Laboratorios Phoenix (Reino Unido).

El segmento mayorista de la cadena está constituido por distribuidoras y droguerías que, a su vez, se encargan de la distribución en farmacias y centros de salud. El rasgo fundamental de este eslabón es que está altamente concentrado. En la actualidad se encuentran registradas aproximadamente 445 droguerías, pero solo cuatro de ellas (Del Sud, Monroe Americana, Suizo Argentina y Barracas) se reparten el 70% del mercado.

En referencia a las distribuidoras, el grado de concentración es aún más acentuado pues cuatro firmas concentran el 99% de las ventas: Rofina (del laboratorio Roemmers), Disprofarma (vinculada a Bagó), Farmanet (sociedad del laboratorio Gador, Casasco, Bayer, Novartis y Boehringer Ingelheim) y Global Farm (vinculada a los laboratorios estadounidenses). Obviamente estas “asociaciones” tienden a configurar una estructura de mercado que beneficia la colusión de precios y atenta contra la salud pública.

El segmento minorista, en contraposición, se halla atomizado. En la actualidad se calcula que existen alrededor de 13.000 farmacias más clínicas y hospitales. Sin embargo, el mercado minorista se halla cada vez más acaparado por cadenas de farmacias que poseen un plan de negocios diferente al de las clásicas de barrio o mutuales.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, “los laboratorios definen el precio de venta al público”. Marcelo Peretta, secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, declaró que los laboratorios no sólo fijan el precio en toda la cadena, sino que deciden unilateral y arbitrariamente los aumentos de precios convalidando una tasa de ganancia muy superior al promedio. Esta actitud, además de asfixiar al sector minorista, explica la reticencia del sector a ingresar al programa “Precios Cuidados”. Más allá de logros parciales, el sector público nunca logró adecuar o regular satisfactoriamente este sector poderoso de la economía.

La lógica neoliberal del gobierno de Mauricio Macri coliciona con políticas como la de “Precios Cuidados”. Esta iniciativa que catalogan de “estatizante” y “distorsiva” se contrapone al “paraíso” que depara una economía “libre”. Sin embargo, la industria farmacéutica lejos de proponer reglas claras de comercialización, se presenta como un mercado concentrado y oligopolizado donde los precios no se corresponden con los de libre mercado.

El actual momento político para los laboratorios es inmejorable. El gobierno está dispuesto a dar rienda suelta a las fuerzas de mercado. Las mejoras sustanciales a otros sectores concentrados ya se consumaron. Si bien Macri cristaliza una relativa “comunión” entre los diversos estamentos del capital y el Estado, indudablemente es el “garante” de la acumulación privada. En este contexto, la industria farmacéutica tratará de “forzar” mejoras para su sector o, simplemente recurrirá a la suba de precios como mecanismo de apropiación de una mayor porción del excedente económico.