El Departamento de Estado de Estados Unidos está siendo acusado de interferir indebidamente con los esfuerzos de las Naciones Unidas y de dos países por garantizar el acceso de los pobres a medicamentos asequibles.

En una carta contundente enviada el 20 de julio, docenas de grupos de defensa de pacientes acusaron a funcionarios del Departamento de Estado por cuestionar la premisa de un panel de la ONU encargado de explorar formas de ampliar el acceso a los medicamentos, presionar al gobierno colombiano para no romper la patente de un medicamento contra el cáncer de Novartis, y presionar a la India a adoptar políticas que podrían resultar en precios más elevados de los medicamentos y eliminar la producción de genéricos de menor costo.

Y también solicitaron que el Secretario de Estado, John Kerry explique “si el Departamento de Estado considera que estos incidentes son coherentes con la política del gobierno estadounidense y (aclarar) los compromisos del Departamento de Estado y su posición en relación al derecho de los gobiernos a utilizar (los tratados de la Organización Mundial del Comercio) para proteger la salud pública y el acceso a los medicamentos”.

Hemos pedido al Departamento de Estado que haga comentarios y cuando los recibamos actualizaremos la noticia.

La medida se produce en medio de una creciente tensión sobre el costo de los medicamentos de venta con receta en todo el mundo. Más allá de Estados Unidos, donde el tema se ha convertido en un tema de conversación en las elecciones presidenciales, grupos de defensa del paciente se quejan regularmente de que la industria farmacéutica confía en Washington para persuadir a otros países a defender indebidamente los derechos de patente y las políticas comerciales que contribuyen a disminuir el acceso.

La carta, sin embargo, es un intento de estimular la crítica a la política de Estados Unidos. En general, las quejas sobre las acciones de Washington se han limitado en gran medida a incidentes específicos relacionados con agencias gubernamentales específicas, por lo general la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. Los grupos de defensa de los consumidores ahora están tratando de captar mayor atención dirigiendo su ira hacia altos funcionarios del gobierno.

[ACTUALIZACIÓN: Un funcionario del Departamento de Estado posteriormente nos envió esto: “El acceso a los medicamentos es un desafío complejo y tiene múltiples facetas. Entre los factores fundamentales que limitan el acceso a los medicamentos figuran la corrupción, la infraestructura y los sistemas de distribución inadecuados, la insuficiencia de centros y proveedores de servicios de salud, la falta de educación, y los regímenes fiscales y arancelarios desfavorables”.]

En su carta, los grupos dicen que este enfoque de mano dura se manifestó durante la primavera pasada, cuando el ministro de salud de Colombia dio a entender que planeaba eludir la patente de Glivec, un medicamento contra el cáncer de Novartis, debido a que la empresa se negó a bajar su precio. Los defensores de los pacientes dicen que el costo por paciente de este medicamento en Colombia es aproximadamente el doble del ingreso nacional bruto per cápita de Colombia.

Los memorandos filtrados muestran que funcionarios, tanto de la Comisión de Finanzas del Senado de Estados Unidos como de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos se reunieron con funcionarios de la embajada de Colombia en Washington DC, y sugirieron que la administración Obama podría dejar de apoyar a Colombia en el acuerdo de libre comercio y negar los US$450 millones que había prometido para apoyar la iniciativa de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla izquierdista.

Y después de que el ministro de Salud de Colombia indicara el mes pasado que seguiría adelante con sus planes, la prensa colombiana divulgó los comentarios emitidos por el embajador estadounidense en Colombia Kevin Whittaker, quien dijo a la prensa que es “muy importante” que el gobierno de Colombia consulte con los EE UU sobre esta decisión.

“Nos quedamos sorprendidos y consternados por las palabras del Embajador de Whittaker, que fueron interpretadas, en Colombia y en otros lugares, como una interferencia no deseada en una disputa doméstica sobre el precio de un medicamento” comercializado por Novartis, los grupos escribieron. Entre los grupos firmantes de la carta estaban Public Citizen, Oxfam, la Alianza Nacional de Médicos, y la AFL-CIO.

“El Departamento de Estado de Estados Unidos no debe interferir con los esfuerzos del gobierno de Colombia para aumentar el acceso a medicamentos asequibles. Colombia no tiene la obligación de consultar a los Estados Unidos en su decisión de utilizar su legislación nacional, cuando sus acciones son consistentes con los acuerdos comerciales vinculantes tanto para Estados Unidos como para Colombia “, según la carta.

Del mismo modo, los grupos están molestos por la reacción del Departamento de Estado a la creación el pasado otoño del grupo de alto nivel de las Naciones Unidas sobre el acceso a medicamentos. Ann Blackwood, funcionaria del Departamento de Estado, en una declaración que hizo en febrero pasado, argumentó que la revisión del panel será “limitada” y cuestionó “la premisa de que los derechos de los inventores, los derechos humanos aceptados internacionalmente, las normas comerciales, y la salud pública están enfrentados”.

“Tal sentimiento ignora la realidad que todos los días enfrentan los pacientes en los países en desarrollo de todo el mundo y de aquí en los Estados Unidos, donde cada día son más altos los precios de los medicamentos y hay un déficit de innovación para resolver necesidades médicas críticas, tales como la resistencia a los antibióticos y el Zika”, escribieron los grupos a Kerry.

“Las políticas que contribuyen a aumentar los precios crean barreras al acceso. Si los gobiernos confían en los precios altos para financiar la innovación, tendrán que aceptar que el acceso a los nuevos medicamentos se limitado y desigual, así como la falta de innovación cuando los elevados precios de venta no permiten recuperar los costos de investigación y desarrollo. ¿En base a qué puede el Departamento de Estado percibir que esta política es coherente y buena? “

Los grupos de defensa del consumidor también se quejaron de que el gobierno de Estados Unidos está poniendo mucha presión a la India para que cambie sus leyes y políticas, que según la industria farmacéutica no protegen suficientemente la propiedad intelectual. Citan como ejemplo el debate sobre licencias obligatorias, que son coherentes con un tratado de la OMC que permite que los países anulen las patentes para poder producir genéricos de menor costo.

La idea detrás de las licencias obligatorias es permitir a los países mitigar la crisis de salud, a pesar de que los tratados de la OMC proporcionan a los gobiernos amplia libertad para decidir cuándo emitir una licencia. No obstante, los productores de medicamentos de marca argumentan que las licencias obligatorias puede ser una herramienta para los gobiernos que desean promover su industria farmacéutica nacional a expensas de la global.

Las cartas señalan, en cualquier caso, que la Embajada de Estados Unidos en Nueva Delhi “proporciona regularmente un foro” para que funcionarios de la industria se dirijan a los políticos de la India y a otras partes interesadas y trabaja con la Oficina de Patentes y Marcas de EEUU para “coordinar la presión sobre funcionarios clave, y pronunciar discursos diseñados para ejercer presión pública sobre el gobierno de India para tomar medidas restrictivas”.

“Cualquier política o práctica que la India adopte para ampliar los derechos de patente de los medicamentos, restringir el uso de las licencias obligatorias u otras excepciones a los derechos de patente, o introducir nuevas formas de mantener la exclusividad de datos tendrá consecuencias dramáticas y negativas para las personas de todo el mundo que necesitan desesperadamente acceder a medicamentos asequibles que salvan vidas”, escribieron los grupos.

Y en el caso de que Kerry pudiera no haber captado la magnitud del problema, la carta señaló que tales acciones pueden también afectar a los pacientes de Estados Unidos. Se estima que un 88% de todas las recetas que se dispensan en los EE UU ahora son de genéricos, según el Instituto IMS para Healthcare Informatics.