Durante todo el fin de semana, los medios se hicieron eco del polémico fallo que abre la puerta a la llegada de Farmacity a la provincia de Buenos Aires.

Las críticas a la decisión de la Procuraduría General de la Nación apuntan a los intereses económicos y políticos que permitieron este ataque directo al modelo sanitario de farmacias, y todas las miradas se posaron sobre Mario Quintana, ex CEO de la cadenera y uno de los funcionarios más influyentes del gobierno nacional. Pero detrás de la figura del vicejefe de gabinete hay un entramado financiero que posibilita esta ofensiva, que seguro tendrá réplicas en todo el país, en especial en las provincias donde se mantienen leyes que van contra la expansión de los grandes capitales donde se encontrarían Fondos de Inversión de nacionalidad inglesa.

Quién es Alejandro Quentin Caraballo, figura clave para entender cómo la firma logró derrotar una ley de la Democracia, con más de 30 años de vigencia.

El rechazo a la llegada de Farmacity a la provincia de Buenos Aires fue uno de los temas en los medios de comunicación durante el fin de semana. Las críticas le apuntaron a Quintana, quien unos días antes del fallo de la procuraduría había anunciado que vendería en menos de un año toda su participación en la empresa. Con esta medida, el valor de la cadenera se multiplicará, lo que ya muestra que hay conflicto de intereses en todo este proceso. Pero detrás del funcionario, que forma el tridente de decisiones en lo más alto del gobierno, hay una serie de intereses económicos, políticos y financieros que se comenzaron a ver en las últimas horas. Uno de los personajes claves es Alejandro Quentin Caraballo, el hombre fuerte de Pegasus, que heredó la conducción del grupo y hoy es uno de los que más trabaja para que la cadena se quede con el negocio de la dispensa de medicamentos, que incluye su ingreso a la seguridad social.

Figura clave del sector agropecuario, el actual directivo de Pegasus comenzó a ganar poder con la compra de campos a partir de la década del 2000, y fue clave en la ofensiva del sector en la llamada crisis del campo en 2008, cuando el sector se levantó contra las retenciones agropecuarias impuestas por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Además, como explica una nota de la agencia Nova, “a través de un pool de negocios Quentin estuvo vinculado directamente con George Soros, hasta su salida del grupo en 2005, cuando uno de los referentes del magnate húngaro asumió la presidencia del directorio de la compañía”. “A partir de allí el socio de Mario Quintana se enfocó en el negocio de la carne de cerdo hasta que llegó a adquirir la empresa Campo Austral a través del grupo Pampita Capital, y volvió a aplicar una política de expansión agresiva, con la que intentó desplazar a los grandes jugadores del rubro como Blaquier y Paladini, agregó la misma nota. Como del grupo Pegasus, trabaja desde las sombras hace años por lograr que Farmacity llegue a la provincia de Buenos Aires, en especial gracias a su amistad personal con el ex gobernador Daniel Scioli. Pese a esta cercanía, recién logró que se aprobara por el Procurador designado por Quintana la semana pasada, primer paso para el ataque directo al sistema de farmacias provincial.

Además del poder empresario, detrás de la iniciativa se esconde el poder político. En realidad, lo que más sorprende es la falta de definición de la gobernadora María Eugenia Vidal, que funciona como un “anti poder”. Es que la jefa de Estado decidió no opinar de lo que sucede es su propio territorio, un silencio cómplice que indigna. “Vidal no va a dar la cara con el tema Farmacity”, dijo la titular del Colegio de Farmacéuticos bonaerense Isabel Reinoso. Por su parte, el senador provincial y ex intendente de Lanús Darío Díaz Pérez cargó contra la gobernadora, ya que recordó que se había pronunciado positivamente sobre la ley de Farmacias, aunque en este año “se llamó al silencio”. Díaz Pérez enfatizó su rechazo a la empresa, describiendo las consecuencias que podría traer para la propia salud de los bonaerenses. “Farmacity es como un kiosco al cual le ponen medicamentos”, sintetizó el senador.

Pero esta postura no será gratuita para el oficialismo. La semana pasada, concejales del radicalismo de Zárate que integran el bloque Cambiemos votaron un proyecto de declaración impulsado por los farmacéuticos, que rechazaba el desembarco de Farmacity en la Provincia. La importancia de esta disidencia es que ese es el distrito del vicegobernador Daniel Salvador, y el voto de sus ediles no puede estar separado de sus opiniones. Por eso, se impone la idea que hay diferencias en el propio oficialismo. Esto va de la mano, según le portal La Política Online, de la idea del vicegobernador de Vidal “de empezar a levantar su perfil para asegurarse la reelección como vicegobernador, en línea con el creciente malestar del radicalismo por la poca participación en las decisiones del gobierno”. Según el proyecto, la llegada de la empresa del Fondo Pegasus “podría impactar negativamente en comercios locales del mismo rubro, con la consecuente pérdida de fuentes laborales”. Además, el texto instaba a la Legislatura bonaerense a mantener la vigencia de la ley 10606, justamente la norma que el procurador interino, Eduardo Casal, consideró como “inconstitucional” en una resolución que allana la posibilidad de que Farmacity se instale en la provincia.

Por último, a medida que avanza el poder de lobby a favor de la cadenera se potencian las quejas y los rechazos a esta política agresiva de la empresa. En este sentido, el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, se sumó a los rechazos, y volverá a pedir mediante un escrito ante la Corte Suprema ser parte en la causa en la que Farmacity solicitó la inconstitucionalidad de un artículo de la Ley de Farmacias. En declaraciones a la agencia de noticias Télam, Lorenzino, explicó que ese organismo presentará una solicitud al máximo tribunal para que resuelva un pedido ya formulado en noviembre para actuar como “amicus curiae” considerando “el interés” que el tema tiene para los habitantes del pueblo de la provincia. “Pediremos ser parte en la causa para esgrimir argumentos en contra de lo que la cadena planteó para requerir la inconstitucionalidad de la Ley 10.606”, dijo Lorenzino a esta agencia y consideró que “la empresa Farmacity debe cumplir con la norma provincial de farmacias. Nosotros estamos en contra del mercado monopólico que ellos plantean”, añadió.