El Gobierno envió al Senado un proyecto de creación de un organismo que se encargará de evaluar los medicamentos, productos médicos e instrumentos, técnicas y procedimientos clínicos y quirúrgicos que cubrirá el sector público y el Programa Médico Obligatorio (PMO). Es la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (AGNET), que emitirá una recomendación vinculante que luego el Ministerio de Salud deberá evaluar y decidir si ese medicamento o tecnología se incorpora como prestación. La iniciativa genera polémica por quiénes serán los actores que integrarán ese ente.

El proyecto se encuentra actualmente en debate en la comisión de Salud, donde el ministro Adolfo Rubinstein dijo días atrás que el objetivo de esta agencia es ampliar la cobertura efectiva de salud y focalizar “en qué cosas se van a ir incorporando a la cobertura”. “La agencia va a emitir una recomendación vinculante sobre coberturas, a partir de la evaluación que haga un organismo técnico y va a definir en qué circunstancias técnicas se debe dar esa cobertura. El Ministerio de Salud es el que después decide. Pero en la agencia van a participar todos los actores involucrados que harán las evaluaciones y emitirán su recomendación, sobre la que el Ministerio deberá tomar una acción”, dijo a Clarín Rubinstein. “A futuro, la agencia es la que va a redefinir el PMO”, agregó.

La creación de una agencia de Evaluación de Tecnologías en Salud es un compromiso que la Argentina firmó en 2011 ante la Organización Panamericana de la Salud (OPS) junto a otros países de la región. En aquel momento la Argentina creó la RedArets, conformada por 11 nodos provinciales y que se dedica a la evaluación de tecnología de salud, aunque sus decisiones no son vinculantes.

Santiago Hasdeu, coordinador ejecutivo de la RedArets, consideró que uno de los grandes problemas del sistema de salud argentino es “el nivel de fragmentación y segmentación que hay, lo que hace que coexistan cientos de sistemas diferentes (nacionales, provinciales, municipales, públicos y privados) en el mismo territorio con diferentes capacidades de acceso y cobertura”.

A la hora de describir en qué consiste el trabajo de una agencia evaluadora, Hasdeu dice que su función es “preguntarse si vale la pena cada intervención sanitaria y de qué manera debería realizarse. O si lo que se supone que es lo mejor que hay (en el mercado) es efectivamente así o en realidad no sirve, o ver en qué casos sí serviría”. La agencia será la encargada de responder esas pregunta en base a evidencia científica y teniendo en cuenta todos los demás factores, como capacidad de pago, organización del sistema de salud.

Según el proyecto presentado por el senador Federico Pinedo, la agencia estará conformada por un directorio de cinco miembros (un presidente, un vicepresidente y tres directores), cuatro de ellos designados por el Poder Ejecutivo, y uno propuesto por el Consejo Federal de Salud (COFESA). También habrá una Comisión Técnica Consultiva, que tendrá 11 miembros permanentes que ejercerán su función “ad honorem” y estará conformada por: un representante de la Superintendencia de Salud; un representante de las obras sociales provinciales; un representante de PAMI; dos representantes de obras sociales; un representante de la Defensoría del Pueblo de la Nación; un representante de organizaciones de pacientes y usuarios; un representante de las entidades de medicina prepaga; un representante de la ANMAT; un representante de instituciones académicas y científicas y un bioeticista.

Desde la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes (FADEPOF) cuestionan algunos aspectos del proyecto: “Hay algunos puntos contradictorios, como que en la comisión consultiva se crea prácticamente una mayoría automática de los financiadores (con 5 de los 11 votos) y por ejemplo sin presencia de la industria. Se está poniendo mucha presencia de financiadores, que también tienen un conflicto de interés”, señala Luciana Escati Peñalosa, directora de la entidad. Uno de los temores es que surjan nuevos tratamientos o medicamentos que puedan ser “cajoneados” por un tema de costos.

“Nosotros creemos que en la Comisión Técnica Consultiva deben estar todos los actores, pero en igual representatividad, debe haber una equidad de voto. Al ser mayoría, los financiadores van a determinar qué se somete a evaluación y qué no”, agregó Escati Peñalosa.

Desde Fadepof creen que la AGNET es una buena iniciativa “si se hace bien, en forma transparente, participativa, con participación ciudadana. Puede ser muy útil para el ciudadano de a pie que ante una situación de salud no sabe del tema y esta agencia va a decir ‘de todo lo que hay disponible en el mercado, esto es lo mejor. Objetivamente debería ser así”.

Los conflictos de interés, dice por su parte Hasdeu, deberán ser declarados por todos los actores, para lograr la mayor transparencia y credibilidad de la AGNET. “Es fundamental que todos los participantes declaren sus conflictos de interés. Si no está clara la independencia, no va a tener credibilidad. Y en las agrupaciones de pacientes también puede haber conflictos de interés, tal vez por relación con alguna farmacéutica. Eso no quiere decir que no deban participar”.

Sobre la decisión de no incluir a la industria en la Comisión Técnica Consultiva, el ministro Rubinstein es claro: “No se puede estar de los dos lados del mostrador. Los financiadores, en cambio, tienen un interés colectivo. Deben dar cobertura, pero haciendo un uso racional de los recursos, para que se brinde el mejor servicio tomando en cuenta el costo beneficio. No son decisiones triviales”.

Rubén Torres, rector de la Universidad ISalud, cree que para lograr la mayor transparencia y credibilidad en la agencia es necesario que la comisión asesora “tenga el mayor número de actores posible. No está la industria, y creo que debería estar, lo mismo que las obras sociales y prepagas, para darle la mayor transparencia posible. Uno aspira a que lo puedan hacer los mejores, sin conflicto de interés y de forma transparente”, remarcó.

La AGNET debería tener la función de lograr que la tecnología más avanzada llegue a todo el mundo. “Eso hoy no sucede, sólo una porción de gente tiene acceso a la tecnología más avanzada. Y es el señor que tiene una prepaga o una buena obra social. El señor del hospital público no accede. La función de la agencia es que todos accedan a tecnología de primera línea”, agregó Torres.

Sin embargo, el camino para lograr que todos tengan acceso al mejor tratamiento posible no es sencillo. Torres lo pone en un ejemplo: “¿Qué hacer ante un medicamento oncológico que logra una sobrevida de 3 meses y cuesta 90.000 dólares? En general lo que hacen los países de Europa es no cubrirlo. Es un tema de decisión difícil y son los dilemas que deberá enfrentar la agencia”.

Otro de los objetivos de la agencia será lograr una evaluación de tecnología y excelencia técnica. Y ordenar qué procedimiento, para qué cosas se debe indicar y donde y qué profesional la puede practicar. “Hoy se está dando cobertura a muchísimas cosas que no valen la pena”, advierte Torres.

Durante los debates en comisión se habló también de lograr, a partir de la creación de la AGNET, reducir la litigiosidad contra las obras sociales y prepagas. “Esto es un mito. Los datos oficiales dicen que en 2017 hubo 2.800 amparos, que es un 0,02% en relación a la cantidad de personas representadas. Nada”, dijo Escati Peñalosa. Torres coincide: “La idea de que la agencia debe ser creada para disminuir la litigiosidad es absolutamente falsa. Además, la mayoría de los amparos no tienen que ver con cobertura de medicamentos, sino con cuestiones de discapacidad”, señaló.