La industria farmacéutica y la administración Obama sembraron temor sobre la seguridad de los medicamentos más baratos provenientes de fuentes extranjeras.

Millones de estadounidenses afectados por los altos precios de los medicamentos recurren a farmacias de Internet extranjeras. Una serie de grupos financiados por la industria farmacéutica buscan evitar que las personas usen esta opción para ahorrar dinero, citando preocupaciones de seguridad que los defensores dicen que son en gran parte infundadas.

Durante años, las compañías farmacéuticas se han opuesto al esfuerzo por facilitar que los estadounidenses importen medicamentos de venta con receta más baratos para uso personal. Hacerlo es, de hecho, ilegal, aunque el gobierno de EE UU no enjuicia a los compradores individuales que usan los medicamentos para uso personal. La FDA sostiene que los medicamentos de fuentes extranjeras pueden ser peligrosos.

Lo que llama la atención es la medida en que la industria está ganando la batalla para limitar el mercado en línea, incluyendo en las farmacias internacionales legítimas, bajo el pretexto de promover la seguridad y, como ha descubierto Tarbell, con la ayuda del gobierno.

Según documentos obtenidos a través de la Ley de Libertad de Información y entregados a Tarbell, gran parte de la actual constelación de vigilantes de farmacias en línea fue creada en 2009 y 2010 por la industria farmacéutica y avanzó, en parte, gracias a la Casa Blanca.

La organización aglutinante se llama Alliance for Safe Online Pharmacies, o ASOP. Cuando el gobierno de Obama lanzó una iniciativa para proteger la propiedad intelectual estadounidense en 2010, el grupo vio la oportunidad de usar la batalla contra los productos falsificados e imitadores, no solo para desalentar falsificadores e infractores de patentes, sino para restringir la importación de medicamentos, incluyendo los fabricados adecuadamente, procedentes de farmacias reguladas fuera de EE UU.

Aunque en ese momento la organización parece que solo estaba organizada semi-formalmente, pudo ofrecer un plan detallado para restringir todas las ventas extranjeras de medicamentos en línea. Y fue un funcionario del gigante Eli Lilly quién logró una audiencia entre el grupo y funcionarios de la Oficina de la Casa Blanca del Coordinador de la Aplicación de la Propiedad Intelectual de EE UU, que ayuda a defender los derechos de patente.

Siguiendo la pista de los correos electrónicos
En un correo electrónico del 3 de mayo de 2010 en el que se solicitaba una reunión introductoria con la oficina, un miembro de la oficina de asuntos gubernamentales de Lilly llamado Jeannie Salo explicó claramente el papel del grupo: ir contra las farmacias en línea en nombre de las empresas farmacéuticas y su organización de cabildeo, la Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA, Investigación farmacéutica y fabricantes de América).

“Como recordatorio, ASOP es la forma en que Lilly (y PhRMA como observadora) y otros grupos interesados trabajan para recopilar información y abordar el problema de los vendedores / falsificadores de medicamentos en línea, ya que no podemos hacer esto como una sola empresa, o como solo PhRMA”, escribió Salo, quien ahora es el director senior de asuntos corporativos internacionales de la compañía.

La oficina de prensa de Lilly no respondió las solicitudes por correo electrónico y telefónicas de Tarbell preguntando sobre su papel. PhRMA tampoco respondió a las solicitudes de comentarios para esta historia.

Otros patrocinadores del esfuerzo incluyeron LegitScript, la Asociación Nacional de Examinadores de Farmacia, y la Asociación Nacional de Farmacias de Cadena, entre otros. Las organizaciones miembro que financian ASOP ahora incluyen a los fabricantes de medicamentos más grandes del mundo, como Johnson & Johnson, Gilead Sciences y Merck & Co.

Libby Baney es la directora de ASOP, es abogada de Faegre Baker Daniels en Washington, DC, donde también dirige la división de consultoría. La dirección de ASOP es la misma que la de Faegre, en la calle K. ASOP ha pagado a la firma consultora US$675.000 desde 2011, según las declaraciones de cabildeo, la mayoría para oponerse al proyecto de ley más reciente del senador Bernie Sanders (I-Vt.) para legalizar las importaciones de prescripciones para uso personal.

Los correos electrónicos muestran que después de que Salo de Lilly presentara a ASOP a la Casa Blanca y a Andrew Kline, asesor principal de IPEC, Baney agendó una reunión a fines de junio de 2010. Ella y Salo empezaron a intercambiar correos regularmente con Kline, principalmente para discutir formas de luchar contra las farmacias en línea. Kline, quien ahora enseña en American University, no respondió a los correos electrónicos preguntando sobre sus interacciones con grupos industriales para formular la política.

Después de otra reunión en septiembre en la que ASOP lanzó su agenda, la oficina de la Casa Blanca formó parte de un esfuerzo para que empresas de Internet como Google, registradores de nombres de dominio y compañías de tarjetas de crédito hicieran exactamente lo que Big Pharma detalló en marzo: implementar una ofensiva voluntaria contra las farmacias en línea que no tienen licencias en EE UU. En el tráfico de correos electrónicos a veces se calificó a las empresas de “cuellos de botella”, ya que podían cortar los pagos electrónicos y cerrar los sitios web.

“Cada uno de estos vigilantes está potencialmente en posición de ayudar a disuadir la actividad ilegal, y somos partidarios de un enfoque múltiple que los involucre a todos”, dice el documento.

Esa reunión tuvo lugar el 9 de noviembre de 2010. Si bien se centraba en las empresas de Internet y de pagos, una serie de correos electrónicos delatan cuán profundamente la industria farmacéutica impulsaba la agenda. Aunque Visa no asistió a esa reunión, en el período previo a ella, la empresa de tarjetas de crédito aparentemente aceptó apoyar el esfuerzo más amplio. Esa información llegó al IPEC de la Casa Blanca a través de una serie de correos electrónicos enviados a Kline por compañías farmacéuticas con el asunto “Visa acepta unirse a la lucha contra las ventas ilegales de medicamentos en línea”.

En la reunión de noviembre -para la cual Salo, Baney y Kline se prepararon muy bien- las posturas de ASOP se plasmaron en una presentación de PowerPoint al inicio de la reunión con la idea de convencer a las compañías de Internet y de pago de que no estaba en juego la propiedad intelectual, sino la peligrosidad de las farmacias en línea. Baney envió la presentación de PowerPoint y dijo que traería 60 copias en papel para repartir. El documento también pedía legislación federal para abordar el problema.

La agenda especificaba que el propósito de la reunión era simplemente “alentar” los esfuerzos voluntarios del sector privado, y especificaba que “no era necesario que los participantes actuaran como un organismo colectivo para proporcionar consejos, opiniones o recomendaciones a los funcionarios del gobierno (es decir, no se les pide a los participantes que sirvan como comité asesor federal)”. Sin embargo, un correo electrónico de seguimiento muy positivo de uno de los asistentes que habían estado trabajando en ASOP señaló que ” hubo un gran acuerdo sobre el concepto de la entidad sin fines de lucro”.

Nueva organización sin fines de lucro
Al parecer, la administración y los aliados de la industria estaban entusiasmados con la idea de engatusar a las firmas de Internet y de procesadores de pagos para que se sumaran al impulso de Big Pharma contra las farmacias en línea, incluso cuando los participantes pensaban que todavía estaban en la etapa de hablar.

Según un artículo en Politico Magazine, esas mismas compañías se sorprendieron al enterarse, en una conferencia de prensa el 14 de diciembre de 2010 con el Fiscal General Eric Holder, la coordinadora de propiedad intelectual Victoria Espinel y la Secretaria de Seguridad Nacional Janet Napolitano, que habían acordado crear algo llamado el Centro de Farmacias Seguras de Internet (Center for Safe Internet Pharmacies- CSIP).

“Antes de esa conferencia de prensa, los participantes de esas compañías participaron en una conferencia telefónica para hablar de ello, pero nadie entró a esa reunión pensando en aceptar la creación de ese grupo”, dijo Gary Warner, director de investigación en informática forense de la Universidad de Alabama en Birmingham, a Politico. “Las personas con las que hablé y que vieron ese anuncio diciendo que habían aceptado formar ese grupo, al salir dijeron: ‘¿Lo hicimos?’”.

Pasó más de un año y medio antes de que la nueva CSIP se constituyera, pero al final, era lo que quería la industria farmacéutica, que coincidía estrechamente con el modelo que ASOP había ofrecido a principios de año. Los registradores de dominios ayudarían a cerrar los sitios de farmacias fraudulentas. Las compañías de tarjetas de crédito denegarían los pagos a las farmacias en línea que no hubiera verificado LegitScript o que fueran señaladas por los fabricantes.

Los motores de búsqueda ya no publicarían anuncios de farmacias en línea, ni siquiera farmacias legítimas en el extranjero. Google, que ya había renunciado a los anuncios de farmacias mientras enfrentaba un juicio por publicar anuncios de sitios de farmacias fraudulentas, fue una parte clave del trato. Todo esto probablemente hubiera sido imposible, como argumentó Salo al principio, si ASOP y las compañías farmacéuticas no hubieran recibido el apoyo del grupo de propiedad intelectual de la Casa Blanca.

El acuerdo CSIP ha tenido un impacto real, dificultando el pago de los farmacéuticos en el extranjero, dijo Gabriel Levitt, vicepresidente y cofundador de PharmacyChecker.com, una empresa con sede en Nueva York que verifica las credenciales y prácticas de las farmacias que venden por Internet.

“Varias de las farmacias verificadas por PharmacyChecker ahora prefieren cheques porque no pueden aceptar tarjetas de crédito”, dijo Levitt. “Y se ven mal porque no pueden ofrecer opciones de Visa y MasterCard para pagar”.

La Asociación Canadiense de Farmacia Internacional (CIPA), que acredita a más de 60 farmacias internacionales, ha tenido un impacto similar.

“Nos consideramos víctimas de daño colateral de una política que han creado y que en general está diseñada para detener la venta de narcóticos, sustancias controladas y medicamentos de venta con receta sin receta, y no estamos involucrados en nada de eso, dijo el gerente general de CIPA, Tim Smith.

Una “pantalla de humo”
Para el economista Roger Bate, afiliado al conservador American Enterprise Institute, los fabricantes farmacéuticos plantean preocupaciones legítimas sobre los medicamentos falsificados; él ha escrito un libro sobre eso. Pero Bate dice que su insistencia en agrupar farmacias reguladas en el extranjero con sitios web deshonestos es más que nada una cortina de humo para proteger sus ganancias.

“La razón principal es económica”, dijo Bate, quien también es autor de varios estudios revisados ​​por pares que evalúan la calidad y la seguridad de los medicamentos de venta con receta comparados con los comprados en línea. Él y sus colegas compraron más de 450 muestras de medicamentos de 75 sitios diferentes de Internet, incluyendo los ilegítimos. Lo que encontraron repetidamente es que los sitios verificados por PharmacyChecker y CIPA proporcionaban medicamentos que eran esencialmente los mismos que los que habían comprado en sitios verificados en EE UU. Los sitios maliciosos no verificados eran menos confiables. En total, Bate recibió nueve lotes falsos, todos de Viagra, todos de operaciones sin credenciales.

La idea de que los medicamentos regulados de farmacias reguladas de otros países son tan seguros como los mismos medicamentos de EE UU parecía tan obvia para el senador Rand Paul (R-Ky.) que, el año pasado durante la audiencia de confirmación de Alex Azar para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos, destrozó al ex ejecutivo de Lilly cuando se negó a decir si esos medicamentos eran seguros o no.

“Lo que quiero que me digas es por qué los medicamentos de la Unión Europea no son seguros y cómo harías para que fueran seguros”, dijo Paul, escogiendo a Europa como un ejemplo y argumentando que no sería difícil crear reglas para garantizar importaciones seguras de esos mismos medicamentos.

“Todo el mundo simplemente dice: ‘No es seguro’, y por eso nunca lo hacemos”, agregó Paul. “Eso es una tontería, y los estadounidenses piensan que no poder comprar medicamentos desde Europa o desde Canadá o México u otros lugares es una tontería”.

Hay proponentes como PharmacyChecker y CIPA que creen tener una respuesta al problema. Su modelo es trabajar solo a través de farmacias internacionales que están estrictamente reguladas en los países en los que operan, tienen ubicaciones físicas reales, emplean farmacéuticos con licencia y requieren una receta médica. Dicen que están conectando a los estadounidenses con los proveedores que obtienen los mismos medicamentos regulados de los mismos fabricantes que las farmacias de EE UU, pero a un costo mucho menor.

“Nuestro negocio es claramente una solución del sector privado a la escasez de información disponible para los pacientes que están comprando medicamentos en línea desde Canadá y otros países”, dijo Levitt de PharmacyChecker.