Una forma particularmente corrosiva de corrupción relacionada con los productos farmacéuticos es vender la noción de que los gobiernos y las industrias tienen intereses comunes que justifican bloquear la transparencia y permitir precios excesivos, porque la industria farmacéutica paga salarios altos y es de alta tecnología.

El principio de “proteger los buenos trabajos” se basa en datos o análisis débiles. Generalmente, en gran medida, se presenta para generar interés, para influir en los gobiernos preocupados e inseguros sobre su capacidad para competir en un mundo que cambia rápidamente.

Una vez se “vende” a los gobiernos la idea de que sus intereses están alineados, porque incluyen alguna I & D doméstica o exportaciones, políticamente es difícil hacer un análisis económico real de los costos y beneficios de lo que básicamente son prácticas explotadoras y anticompetitivas.

Como cuando los compradores estén mejor informados, las empresas no serán tan rentables, tanto los gobiernos como las empresas, perciben a la transparencia en los factores económicos o el valor médico real de los bienes y servicios de la industria farmacéutica como una amenaza.

Con el tiempo, las políticas gubernamentales se convierten en dogma. Los funcionarios realmente no pueden justificar muchas políticas, pero no tienen que hacerlo. Al contrario, los empleados del gobierno pueden perder promociones o incluso sus empleos si cuestionan la alianza con la industria.

La puerta giratoria que mueve empleados entre el gobierno y las empresas, y los esfuerzos masivos de relaciones públicas refuerzan la noción de que los gobiernos son socios de las farmacéuticas y no reguladores. Las universidades que reciben financiamiento tanto de la industria como del gobierno, y las organizaciones sin ánimo de lucro, tales como los grupos de ayuda a pacientes y otras muchas que dependen de las donaciones de las farmacéuticas también contribuyen a ese entendimiento.

Una vez que las empresas captan suficiente participación burocrática en países como Alemania, Dinamarca, Suecia, Reino Unido o EE UU se realizan esfuerzos para extender el poder de la industria a terceros países a través de la política exterior / política comercial, instituciones multilaterales como la OMS y la Unión Europea.

El objetivo es neutralizar las posibles amenazas a las regulaciones y políticas que les benefician. Para ello es necesario bloquear estudios que consideren alternativas, como la desvinculación de los incentivos de I + D de los precios. Otra amenaza que debe detenerse son las políticas que, en cualquier parte del mundo, promuevan la transparencia.

Todo esto queda bastante claro en las negociaciones de la Asamblea Mundial de la Salud (# WHA72) sobre la resolución de transparencia. La resolución no le dijo a nadie cómo ponerle precio a los productos o servicios, solo propuso políticas para terminar con las asimetrías en el acceso a la información. Pero las asimetrías son realmente importantes para la industria.