Según expertos en salud pública y defensores de los derechos LGBT +, miles de mexicanos que viven con el VIH o están en riesgo de infectarse podrían quedarse sin los servicios médicos que requieren para vivir porque el gobierno ha cambiado la forma de financiar el tratamiento.

Para ellos, las reformas anunciadas el mes pasado que centralizan la compra de medicamentos conllevan el riesgo de provocar una escasez, aunque el gobierno responde que tiene suficientes suministros y espera que sus cambios ahorren dinero y reduzcan la corrupción que existe a lo largo de la cadena de medicamentos.

“Hay una crisis. De repente todo ha sucedido al mismo tiempo”, dijo Ricardo Baruch, experto en salud pública y defensor de los derechos LGBT+.

En febrero, el gobierno también dijo que ya no financiaría a las organizaciones de la sociedad civil, dejando a más de 200 grupos que luchan contra la enfermedad sin recursos para actividades básicas, como la prueba del VIH.

Baruch explicó que el gran número de cambios había creado una tormenta perfecta y que los más perjudicados serían las comunidades marginadas VIH +. Añadió: “Mucha gente se quedará sin servicios básicos para la prevención y detección, por ejemplo, los trabajadores sexuales, los drogadictos y los homosexuales. En México no hay muchas otras fuentes de financiación”.

Jorge Díaz es un buen ejemplo.

Un viernes reciente, Díaz, de 33 años, llegó antes del amanecer a una clínica de salud pública en el barrio Condesa de la Ciudad de México para renovar su receta mensual de medicamentos antirretrovirales.

Las instalaciones de Condesa, una de las pocas clínicas gubernamentales que atiende específicamente a las personas que viven con VIH en una ciudad de unos 21 millones de personas, están llenas de usuarios. Díaz, que es VIH +, sabe que tiene que llegar antes de las 6:00 a.m. para ver a un médico.

“Acceder a medicamentos para personas con enfermedades crónicas en México es … un proceso emocional y físico”, dijo a la Fundación Thomson Reuters.

En esa mañana de marzo en particular, la experiencia fue aún peor a causa de un conflicto laboral por el que muchos de los empleados no habían ido a trabajar. A pesar de esperar casi dos horas, le dijeron que no lo podían atender y que regresara al mes siguiente.

“Es el problema de siempre con esta enfermedad crónica”, dijo. “Lo que te mata es el proceso. Lo que te enferma es la burocracia”.

Díaz tenía suficiente medicamento hasta su próxima cita, y unos días después, la clínica estaba funcionando nuevamente.

Pero para él, y para muchos otros que viven con VIH en la Ciudad de México, la lucha es emblemática de un problema de salud pública mucho más serio que ha surgido después de las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Déficit de financiación
López Obrador asumió el cargo en diciembre y anunció una serie de reformas, algunas de las cuales podrían tener un impacto grave en los pacientes que viven con VIH.

Además de dejar de financiar a algunas ONGs, la administración cambió la forma de comprar medicamentos al por mayor.

Antes, el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH / SIDA (Censida) compraba todos los medicamentos para los pacientes con VIH que dependen del Seguro Popular. La agencia provee acceso universal a la terapia antirretroviral vía el sistema público, y actualmente trata a más de 95.000 personas que viven con el VIH.

Pero en marzo, el gobierno dijo que el Ministerio de Finanzas estaría a cargo de supervisar su compra de medicamentos.

En un comunicado enviado a las clínicas gubernamentales de VIH la semana pasada, al que ha tenido acceso la Fundación Thomson Reuters, Censida dijo que, debido a estos cambios, “los procesos de compra han sufrido demoras”.

Censida aconsejó a los trabajadores sanitarios que hasta que se repongan las existencias “solo den medicamentos para un mes”, en lugar de los tres meses habituales.

Los expertos en sida dicen que las clínicas gubernamentales podrían quedarse sin ciertos antirretrovirales, lo que dejaría a miles de personas que dependen del programa de salud pública sin tratamiento durante semanas o incluso meses.

“Hay una ruptura en la cadena de suministro”, dijo Luis Adrián Quiroz, del grupo de ayuda Derechohabientes Viviendo con VIH del IMSS (DVVIMSS).

“El daño causado… será inconmensurable”.

Pero Carlos Magis, director de atención integral en Censida, dijo que, aunque algunos medicamentos estaban programados para agotarse en mayo, se comprarían a fines de este mes. Y debido a que los pacientes tienen diferentes regímenes de medicamentos, era improbable que hubiera una escasez masiva.

“No es algo apocalíptico, donde de repente no hay nada para nadie”, dijo Magis.

López Obrador ha defendido ambas reformas como parte de su política más amplia para erradicar la corrupción. Su lógica: que, al centralizar el gasto del gobierno, hay menos posibilidades de que el dinero se pierda.

“No se trata de dejar (pacientes) sin protección. Por el contrario, se trata de tratarlos mejor y garantizar que no falten medicamentos”, dijo López Obrador a la Fundación Thomson Reuters. “Lo que queremos es acabar con la corrupción, en general, porque ese es el cáncer que está destruyendo a México”.

Erradicación del VIH
Pero en un país donde el VIH sigue siendo un grave problema de salud pública, los defensores de los pacientes dicen que las reformas podrían tener consecuencias drásticas.

Según el gobierno, aunque la incidencia general del VIH disminuyó en un 15% entre 2005 y 2016, todavía hay 12.000 casos nuevos diagnosticados por año, o 33 infecciones nuevas por día.

Mientras tanto, según las Naciones Unidas, de las 220.000 personas que vivían con la enfermedad en México en 2016, solo el 60% estaban recibiendo medicamentos antirretrovirales. Los datos de la ONU también muestran que los hombres homosexuales y las personas transgénero se encuentran entre los grupos de mayor riesgo, con una prevalencia de VIH superior al 17%, seguidos por los trabajadores sexuales con 7%. Según sus defensores, los tres grupos corren el riesgo de ser discriminados por las agencias gubernamentales, por lo tanto, es más probable que vayan a recibir atención ‘médica en clínicas de ONGs.

“Es por eso por lo que estas organizaciones trabajan en la prevención”, dijo Patricia Mercado, senadora de la oposición. “Pueden acercarse a la población LGBT, a las trabajadoras sexuales… Para el gobierno, eso es imposible”.

Sin embargo, Magis dijo que la interrupción de la financiación a la sociedad civil fue solo temporal, mientras que el gobierno establece un sistema más transparente. “No hay ningún plan, ninguno, para que el estado reemplace el trabajo que puede hacer la sociedad civil”.

Pero mientras tanto las organizaciones se están quedando sin dinero.

Si las personas VIH + no tienen acceso a la medicación, aunque solo sea durante unas pocas semanas, los grupos de ayuda a los pacientes dicen que los enfermos corren graves riesgos de salud y tienen mayor probabilidad de transmitir el virus.

“Es un efecto dominó”, dijo Leonardo Espinosa, presidente de Codise, una organización local que ofrece pruebas de VIH. “La estrategia para el VIH es una estrategia de cura y prevención para evitar la trasmisión.

El Ministerio de Salud de México en un twitter dijo recientemente que sus clínicas tenían “suficiente suministro de tratamiento antirretroviral para las personas que viven con VIH”. Pero los trabajadores de salud, los pacientes y los activistas siguen preocupados.

Yasmin, una doctora que trabaja en una clínica de VIH fuera de la Ciudad de México dijo que recientemente o bien le negaron los medicamentos que había pedido a Censida, o le ofrecieron alternativas.

“No me pueden contar un cuento chino de que están luchando contra la corrupción y “que lamentan las molestias “”, dijo, y pidió que se omitiera su apellido por temor a las consecuencias. “Esto no son inconvenientes; son vidas que se pueden perder”.

Informe de Oscar López @oscarlopezgib; editado por Lyndsay Griffiths. Damos crédito a la Fundación Thomson Reuters, de Thomson Reuters que cubre las noticias humanitarias, los derechos de las mujeres y de los LGBT +, la trata de personas, los derechos de propiedad, y el cambio climático.