La industria farmacéutica ha anunciado que tendrá que devolver, por primera vez, dinero al Estado -entre 140 y 150 millones- por el incremento del gasto farmacéutico, y lo ha hecho el mismo día que organizaciones sanitarias han registrado una iniciativa legislativa popular para que los medicamentos tengan “un precio justo”

Según el acuerdo firmado en 2016 entre Farmaindustria y el Estado, la patronal está obligada a devolver dinero a las arcas públicas cuando el incremento del gasto farmacéutico sea superior al del PIB, lo que sucedió el pasado año.

En un encuentro con medios, el presidente de Farmaindustria, Martín Sellés, ha explicado que el crecimiento del gasto farmacéutico fue el pasado año de entre 1,4 y 1,5 puntos por encima del crecimiento del PIB y, por lo tanto, la cantidad a devolver estará entre los 140 y 150 millones de euros.

El convenio firmado en 2016 entre ambas partes, que se ha ido prorrogando desde entonces cada año, tiene como objetivo compatibilizar el acceso a los fármacos innovadores y la sostenibilidad del sistema sanitario público.

Sellés ha señalado, no obstante, que aún están a la espera de una reunión con los ministerios de Hacienda y Sanidad para conocer exactamente cuál ha sido el incremento del gasto farmacéutico en 2018 y cuánto ha superado al crecimiento del PIB real.

“Es una cifra muy importante y quiero que se entienda el esfuerzo que esto supone para la industria farmacéutica donde los crecimientos han sido raquíticos”, ha subrayado Sellés, quien ha reconocido que 2018 ha sido el primer año en el que el crecimiento ha sido “relativamente generoso”.

El presidente de la patronal ha puesto en valor el papel de la industria y ha pedido “abandonar la demagogia” en un asunto “tan serio” como el de la innovación farmacéutica.

Sellés ha asegurado que el coste de desarrollar un nuevo medicamento supone unos 2.500 millones de euros, lo que implica que algunos fármacos tengan un precio “tan elevado”, pero también ha recordado que hay millones de pacientes con enfermedades importantes que se tratan con medicamentos que cuestan 50 euros al año.

“Si queremos tener una aproximación seria a este asunto tenemos que hablar de los medicamentos de alto precio pero también de los de bajo precio. Se pueden pagar los de alto precio porque el sistema ahorra mucho con los de bajo precio”, ha argumentado.

Precisamente este martes, diecinueve entidades sanitarias han registrado en el Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa popular (ILP) que persigue cambiar el sistema de fijación de precios de los fármacos para que estos tengan un “precio justo”, así como lograr mayor transparencia en este proceso.

En una rueda de prensa, han asegurado que el gasto farmacéutico sube año tras año por “la falta de ética” de la industria a la hora de establecer los precios de los medicamentos que sufren “subidas indiscriminadas”.

En este sentido, plantean en la ILP una serie de modificaciones en el real decreto por el que se aprobó el texto refundido de la ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios con el fin de que las Administraciones tengan más capacidad para deliberar y fijar los precios justos de los fármacos con “la máxima transparencia posible”.

“No sabemos cuándo hay reuniones de las farmacéuticas con el Ministerio, no tenemos nociones de cómo se desarrollan esas negociaciones, qué se plantean, qué elementos ponen encima de la mesa la industria y cuáles son los puntos que contraponen los responsable del Gobierno”, ha explicado Damián Caballero, presidente de la Plataforma de Afectados por la hepatitis C y miembro del comité promotor de la ILP.

La iniciativa, que incluye la creación de un fondo para impulsar la investigación pública de medicamentos y la formación independiente de los profesionales, establece también lo que las organizaciones consideran más adecuado para conseguir precios más justos, así como reconocer las inversiones de los diferentes actores y que éstos tengan incentivos suficientes para que sigan teniendo interés en ello.

“Pero hacerlo a un beneficio razonable para las compañías y a un precio asequible para el Sistema Nacional de Salud”, ha apostillado Vanessa López, de Salud Por Derecho, también miembro del comité promotor.