Desde su inicio en 1948, la OMS ha revisado información sobre tratamientos y ha publicado guías internacionales de prescripción sin pedir ninguna compensación por el servicio. Pero ¿qué sucede cuando se suelta un zorro en el gallinero, y esas guías han sido adulteradas con dinero privado? Esa es una pregunta que Purdue Pharma puede verse obligada a responder.

Purdue, el fabricante de analgésicos potentes y potencialmente adictivos, financió organizaciones de investigación reconocidas que ayudaron a integrar el texto de dos guías de la OMS sobre opioides, según un informe bipartidista de la Cámara de Representantes de EE UU [1]. El informe liderado por los representantes Katherine Clark, Demócrata de Massachusetts y Hal Rogers, Republicano de Kentucky, afirma que las guías incluyen afirmaciones “peligrosamente engañosas y, en algunos casos, absolutamente falsas”.

Los legisladores vincularon las pautas que parecen subestimar los riesgos de la dependencia de opioides, particularmente en niños, a empleados de la OMS y organizaciones sin fines de lucro con vínculos financieros con Mundipharma, la filial internacional de Purdue. Según el informe, las guías eran parte de un plan para incrementar las ventas de la compañía.

“Estamos muy preocupados de que, después de que iniciara la epidemia de opioides que solo en 2017 costó la vida de 50.000 estadounidenses y anualmente cuesta decenas de miles de millones de dólares, Purdue esté utilizando deliberadamente el mismo manual de estrategias a escala internacional”, señala el informe.

Clark y Rogers describieron una red de financiamiento entre Purdue y ocho organizaciones sin fines de lucro, incluyendo la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, la American Pain Society y el Mayday Fund. Estos grupos jugaron un papel en el desarrollo de las dos guías, que fueron diseñadas para ayudar a los médicos a tratar el dolor de los pacientes, señala el informe.

Según el informe, Purdue también tenía relaciones con un ex empleado de la OMS, William Scholten, un líder del equipo que era en parte responsable de la aprobación de las dos pautas. Scholten más tarde pasó a ser consultor privado y una vez que se aprobaron las guías cobró los honorarios por conferencias que paga Purdue.

Purdue disputó las afirmaciones del informe, diciendo que sus relaciones financieras con las empresas que trabajan con la OMS eran impecables, y minimizó el papel que juegan las guías de la OMS.

“Los apoyos financieros de Purdue o la relación con terceros son transparentes, y cualquier posible conflicto de intereses se revela”, dijo la compañía en un comunicado. “Además, cualquier acusación de que el apoyo financiero de Purdue y las relaciones con terceros hayan violado las normas o directrices que se deben seguir son falsas, y ningún tribunal ni agencia administrativa ha demostrado lo contrario”.

Si las afirmaciones del informe son ciertas, podrían implicar a Purdue en la crisis internacional de dependencia a los opioides, incluso cuando la compañía enfrenta múltiples juicios en los estados de EE UU. Miles de juicios de enfermos estadounidenses vinculan la epidemia de opioides con el marketing agresivo que hizo Purdue de su analgésico OxyContin, y la compañía se enfrenta al escrutinio de los reguladores y fiscales federales.

Mientras tanto, empresas, políticos y organizaciones sin fines de lucro se están distanciando de la compañía y de sus fundadores, la familia Sackler. Según CNBC, el jueves, el banco JPMorgan cortó los lazos comerciales con Purdue, después de que la compañía y su ex CEO Richard Sackler estuvieran directamente implicados en una creciente lista de demandas. El banco le dio a Purdue seis meses para encontrar otro. Los legisladores, incluida la senadora Elizabeth Warren, han devuelto las contribuciones de la familia Sackler a su campaña, y los museos, incluyendo el Metropolitan Museum of Art de Nueva York, también han devuelto las donaciones de la familia.

En la primera demanda estatal por opioides que estaba por llegar al juicio, Purdue, los Sacklers y el estado de Oklahoma alcanzaron en marzo un acuerdo extrajudicial por US$270 millones para resolver la demanda en que se acusaba a la compañía de marketing engañoso de sus medicamentos dirigido a los pacientes. Como parte de ese acuerdo, la compañía y los miembros de la familia Sackler deberán financiar un nuevo centro de tratamiento y cubrir los gastos que el estado incurrió en el litigio.

Incluso con ese caso ya cerrado, Purdue enfrenta juicios en otros 45 estados que podrían terminar en un gigantesco acuerdo conjunto.

La semana pasada, los fiscales generales de Iowa, Kansas, Maryland, West Virginia y Wisconsin presentaron sus propias demandas contra la compañía y los Sacklers, y se unieron a una lista de estados y ciudades que buscan sus propias compensaciones.

Sin embargo, el estado de Dakota del Norte perdió una demanda. El juez decidió que el juicio sobre el etiquetado de OxyContin aprobado por la FDA, que era el objeto de la demanda, debería ser revisado bajo el ámbito de la legislación federal [ya que la FDA es una agencia federal]. El fiscal general de Dakota del Norte, Wayne Stenehjem, prometió que el estado apelaría la decisión.