La gente se está muriendo porque no pueden pagar los medicamentos necesarios, pero los fabricantes de medicamentos dicen que tienen que cobrar altos precios para financiar la investigación y el desarrollo (I+D) de futuros medicamentos.

En junio de 2017, Alec Raeshawn Smith, de 26 años, murió en su apartamento por cetoacidosis diabética, una problema que surge por la falta de insulina, la sangre se vuelve ácida y causa insuficiencia orgánica. Su madre, Nicole Smith-Holt, encontró su cuerpo junto a un frasco de insulina vacío. Apenas dos meses antes, Antroinette Worsham encontró a su hija de 22 años, Antavia, en circunstancias similares, muerta y sin insulina.

Al dispararse los precios, 1 de cada 4 individuos dependientes de la insulina tienen que racionar este medicamento esencial, sin la supervisión o aprobación de un médico, a menudo con complicaciones graves y, a veces, fatales. En respuesta, la FDA, celebrará una audiencia pública el 13 de mayo para hablar de la producción de insulinas biosimilares, el último intento del gobierno federal para explorar formas de reducir los precios de la insulina.

Los legisladores han hablado de otras medidas para reducir el costo de estos medicamentos para los consumidores, como poner un precio de lista máximo que sea similar al precio medio en otras naciones de altos ingresos, autorizar a Medicare a negociar directamente los precios de los medicamentos y permitir la importación personal de medicamentos prescritos desde Canadá. La industria farmacéutica ha respondido a estas propuestas culpando por los altos costos a los “intermediarios” que no pasan los reembolsos a los pacientes, e insistiendo en el mito de la “innovación”, la afirmación no probada de que se requieren precios de lista altos para financiar la I+D de futuros medicamentos.

Así, en abril, en una audiencia del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes sobre los precios de la insulina, una representante de Sanofi comenzó su testimonio con una anécdota sobre cómo Praluent, un inhibidor de PCSK9 de la empresa (la última generación de medicamentos contra el colesterol) salvó la vida de su esposo y su hijo de 7 años, ambos con un trastorno genético llamado hipercolesterolemia familiar (HF). Al hacerlo, ella infirió que el alto precio de la insulina y otros medicamentos es necesario para hacer avanzar la medicina y proteger a las generaciones futuras.

El problema es que Sanofi no identificó el gen PCSK9, ni vinculó este gen regulador de la proteína a la HF. La compañía tampoco tuvo la idea de desarrollar inhibidores de la PCSK9 para reducir el riesgo de eventos cardíacos en las personas con esta afección. Investigadores de hospitales y universidades públicas de todo el mundo colaboraron en estas tareas. Al darse cuenta del potencial de ganancias, Sanofi realizó los ensayos clínicos y obtuvo el permiso de comercialización de la FDA. Hasta hace muy poco, el inhibidor PCSK9 de Sanofi, Praluent, se vendía a US$14.000 por año y no siempre estaba cubierto por el seguro. Al igual que la insulina, el precio del medicamento era inasequible para muchos pacientes.

Es frecuente que los representantes de la industria cuenten historias de personas que se han salvado gracias a las nuevas innovaciones farmacéuticas o de personas que están esperando desesperadamente un avance. Recurrir a las emocionaes no debe distraer la atención de los hechos: las grandes empresas innovadoras no emplean los ingresos de las ventas de medicamentos caros en la I + D, no impulsan la innovación; y no invierten significativamente en tratamientos para enfermedades raras y enfermedades olvidadas. Como los representantes de la industria volverán a incluir la “innovación” en la próxima audiencia, y en otras discusiones de alto nivel sobre los precios de los medicamentos, es importante entender el papel real de la industria en el desarrollo de los medicamentos que salvan vidas.

El gasto de la industria en I+D es una fracción de lo que gasta en marketing y cabildeo, y como muchos académicos y periodistas han dicho, también palidece en comparación con las afirmaciones de los fabricantes de medicamentos. Citando un informe de 2014 del Centro Tufts para el Estudio del Desarrollo de Medicamentos, financiado por la industria, los fabricantes han postulado que el costo promedio de sacar un medicamento nuevo es de unos US$2.600 millones. Según Public Citizen un grupo de defensa de la ciudadanía el costo es más cercano a los US$161 millones, una cantidad que los fabricantes pueden generar en un tiempo corto cuando se comercializa el medicamento. Por ejemplo, Novartis probablemente recuperó los gastos en I+D de Gleevec, el medicamento para la leucemia, en menos de dos semanas. Y las contribuciones de las compañías farmacéuticas a la I + D son incluso inferiores cuando se consideran los créditos fiscales que el gobierno otorga por estos gastos, que pueden reducir los costos corporativos en casi un 50%.

Los fabricantes de medicamentos también nos harían creer que sus científicos realizan la investigación básica para la mayoría de los medicamentos nuevos. Sus anuncios presentan a investigadores de la empresa usando microscopios y estudiando escáneres cerebrales. En realidad, el gobierno federal financia el 84% de la investigación básica, y las organizaciones benéficas también contribuyen. Un estudio reciente mostró que los 210 medicamentos nuevos aprobados por la FDA entre 2010 y 2016 recibieron financiamiento de los Institutos Nacionales de Salud. Esta agencia financiada por los contribuyentes aportó al desarrollo de Sovaldi, para la hepatitis C; Gleevec para la leucemia mieloide crónica; y las vacunas para el VPH Cervarix. Gardasil, y Gardasil 9.

Fueron los científicos de la Universidad de Pennsylvania quienes desarrollaron recientemente la terapia con células CAR T, un tratamiento contra el cáncer que se ha vuelto muy popular. Novartis consiguió la aprobación de la FDA y después lo comercializó a US$475.000. Los investigadores de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos, encontraron que se puede usar un medicamento más antiguo, Truvada, para prevenir la infección por el VIH. Desde que Gilead adquirió el medicamento, los contribuyentes no han recuperado ni un solo centavo por los costos de investigación, a pesar de que el gobierno posee la patente [Nota de Salud y Fármacos: Ver en Salud y Fármacos: Economía y Acceso 2019; 22 (3) más información sobre este tema]. Ejemplos como estos han llevado a muchos defensores de la salud a afirmar que los estadounidenses pagan dos veces por sus medicamentos, primero como contribuyentes y luego como consumidores [Nota de Salud y Fármacos, y también hay quienes añaden una tercera forma: a través del pago de medicamentos para los programas públicos].

Y mientras la industria farmacéutica pretende centrarse en curar el Alzheimer, los cánceres raros, y otras enfermedades desatendidas, en realidad prioriza los medicamentos “yo también” (modificaciones de los medicamentos de la competencia para arrebatarles una cuota de mercado), y medicamentos para enfermedades creadas, como la calvicie. El 78% de los productos recientemente aprobados por la FDA tratan condiciones que ya cuentan con un tratamiento en el mercado; y entre 2000 y 2011 solo el 1% del gasto en I + D se asignó a enfermedades raras y olvidadas.

Sin embargo, podemos asumir que en las audiencias públicas no se hablará de la difícil situación de los más ricos de mediana edad. En cambio, es probable que nos enteremos de que en un futuro las personas se morirán por la falta de incentivos comerciales para producir medicamentos sin patentes. ¿No hay precios altos? Entonces no hay innovación para ti.

Estas tácticas que instilan miedo son infundadas. Varios medicamentos de gran éxito, como la vacuna contra la polio, se desarrollaron con dinero de los contribuyentes y no se patentaron. Y con demasiada frecuencia, las patentes dificultan la innovación al desalentar los genéricos, restringir el acceso a los resultados de la investigación y limitar el libre intercambio de información. Esta es la razón de fondo para organizar una audiencia sobre los biosimilares de la insulina. Desde que el investigador de la Universidad de Toronto, Frederick Banting, desarrolló la primera formulación de insulina hace casi 100 años, los fabricantes han apostado por un sistema que va extendiendo las patentes “perennidad” (evergreening), confabulan para fijar los precios y buscan esquemas de “pago por retraso” (pagar a los fabricantes de genéricos para que retrasen su salida al mercado). Los fabricantes de insulina se han salido con la suya de la misma manera que Calgene lo ha hecho abusando de la patente de Revlimid, un tratamiento para el cáncer cuyo precio anual es US$125.000, y AbbVie con Humira, su medicamento para la artritis por US$60.000 al año, y GlaxoSmithKline con su medicamento para el asma, Advair Diskus a US$9.600 al año: todos apelando a la “innovación”.

El imaginario plan de los laboratorios farmacéuticos de producir nuevos y mejores medicamentos ha obstaculizado la toma de medidas para que los medicamentos existentes estén al alcance de los pacientes. Al reclamar el crédito por su trabajo para beneficio de la sociedad, las farmacéuticas innovadoras han insistido en recibir un tratamiento especial (como exenciones fiscales y supervisión mínima). La consecuencia es que un número creciente de personas con enfermedades crónicas están sufriendo y muriendo sin los medicamentos necesarios.

Los diabéticos sufren complicaciones como la cetoacidosis diabética, infecciones, pérdida visual, insuficiencia orgánica y muerte. Miles de pacientes con cáncer se saltan o reducen la dosis de medicamentos como Revlimid. Casi un tercio de los pacientes con artritis no se adhieren a los regímenes de tratamiento, a pesar de sufrir dolores fuertes y tener problemas de movilidad. Algunos con asma tienen problemas por falta de inhaladores. Las personas simplemente no pueden pagar para metabolizar la glucosa para poder vivir, caminar o respirar.

Ya es hora de que los responsables de políticas analicen las afirmaciones que las farmacéuticas innovadoras hacen sobre su contribución científica. Destruir el mito de la innovación es un paso para proteger a los cientos de miles que dependen de la medicación, a quienes la industria despoja de sus bienes para generar beneficios e impide que accedan a los medicamentos, cuyo descubrimiento muy posiblemente ellos ayudaron a financiar.

Audrey Farley es profesora del departamento de historia de la Universidad de Mount St. Mary.