Salud y Fármacos is an international non-profit organization that promotes access and the appropriate use of pharmaceuticals among the Spanish-speaking population.
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En la carrera por encontrar nuevas vacunas y terapias para responder a la expansiva pandemia de COVID-19, las economías más grandes del mundo están adoptando políticas nacionalistas, compitiendo por establecer acuerdos favorables para tener acceso preferencial a los productos de salud que salvan vidas a cambio de contribuir al financiamiento de su investigación y desarrollo. Estos mismos países (y otros) también han impuesto controles egoístas e innecesarios a la exportación, que limitan el suministro de insumos necesarios para la salud a otros países [1]. Este nacionalismo desenfrenado, inmerso en un sistema farmacéutico con ánimo de lucro que no funciona, podría impedir que el resto del mundo accediera a medicamentos que salvan vidas. Este contexto debería convertirse en una oportunidad para generar un cambio transformador y sistémico, pero en lugar de una respuesta innovadora, que de muestre que hay verdadera solidaridad global, estamos viendo que todo sigue como siempre.
El gobierno de Trump, de forma consistente e incluso con orgullo, ha promovido y practicado el lema “América Primero” (“America First”) y ha tratado de robar a Europa su capacidad para fabricar vacunas [2], ha dictado normas que impiden que los receptores de ayuda externa compren equipos y dispositivos de protección personal fabricados en EE UU [3], a través de la Autoridad de Investigación y Desarrollo Avanzado Biomédico (BARDA) ha negociado acuerdos de financiación de vacunas a cambio de recibir suministros preferenciales [4], y a través de Operation Warp Speed ha acaparado la capacidad de manufactura [5]. EE UU no solo quiere ganar el premio a la primacía científica, sino que también quiere ubicar la capacidad de fabricación de vacunas en EE UU y garantizar que obtiene las primeras dosis de las vacunas [6]. Según ha confirmado el Washington Post, a China le interesa lo mismo que a EE UU: fanfarronear de su capacidad para hacer de investigación y, con el mismo nivel de importancia, garantizar el acceso seguro a las dosis iniciales de vacuna para reiniciar su economía [7]. Aunque China ha hecho vagas promesas de gestionar su vacuna como un bien público global, y compartirla especialmente con los países “Belt and Road” (los 100 países de Asia, África, Europa y Oceanía con los que ha establecido acuerdos comerciales) probablemente solo lo hará después de satisfacer las necesidades internas [8].
Europa también participa en la carrera por asegurar su capacidad de fabricación y obtener los primeros suministros de vacunas. Alemania, Francia, los Países Bajos e Italia ya han anunciado una nueva “alianza por las vacunas”. Del mismo modo, la Comisión Europea ha pedido a sus 27 miembros que financien a los fabricantes de vacunas y simultáneamente negocien compras anticipadas para mantener las reservas necesarias para satisfacer las necesidades de la UE [9].
El giro de Europa hacia la adopción de políticas nacionalistas y regionales muestra su falta de honestidad, ya que en la resolución adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud el 18 de mayo [10] y en el lanzamiento quince días antes de las Estrategias para Acelerar el Acceso a COVID -19 (Act Accelerator) Europa respaldó el acceso global equitativo a los productos de salud relacionados con el COVID-19, y se comprometió explícitamente con “el objetivo compartido del promover el acceso global equitativo a productos innovadores para el COVID-19 para todos” [11].
Los países ricos están invirtiendo en investigación, desarrollo y fabricación de COVID-19 para: (a) reducir el riesgo de la I + D para Pharma (es decir, es una capitulación frente a la amenaza de Big Pharma de que para ellos invertir en una enfermedad pandémica, especialmente en una vacuna, no tiene interés comercial); (b) estimular inversiones adicionales para ampliar la fabricación y ubicarla en el país; (c) asegurar el acceso preferencial a vacunas y terapias a través de acuerdos anticipados de compra; y (d) obtener beneficios políticos al aparentar estar haciendo algo, cualquier cosa para enfrentarse a la pandemia, sobre todo si se tienen en cuenta los fracasos en las políticas de preparación para la pandemia, las pruebas de detección del virus y el confinamiento. En esencia, los países ricos han hecho un pacto con el diablo: “acelere la investigación y permítanos acaparar los primeros suministros, y a cambio puede mantener sus monopolios, poner los precios que quiera y entregar al resto del mundo las migajas rancias”.
En lugar de aceptar el impulso narcisista y nacionalista de algunos líderes demagógicos e hipócritas por atesorar bienes públicos globales, condenando al resto del mundo a una larga espera al final de la cola, se deben tomar medidas específicas para garantizar que la equidad en el acceso sea una realidad, no una mentira.
Primero hay que profundizar el esfuerzo por superar o esquivar los monopolios de las grandes empresas innovadoras (Big Pharma) sobre la información, los datos, la propiedad intelectual y los recursos biológicos necesarios para prevenir y tratar el COVID-19 intensificando el uso de medidas voluntarias y obligatorias. Un aspecto positivo es que el 29 de mayo, la OMS y 37 países socios lanzaron el Banco de Acceso a la Tecnología COVID-19, que tiene el mandato expreso de obtener los derechos sobre toda la información, los datos y la propiedad intelectual relacionada con COVID-19 [12]. La utilización de banco facilitaría hacer investigación científica abierta y aceleraría el desarrollo de productos de mayor calidad. Y lo más importante, si las licencias abiertas cubrieran todos los aspectos necesarios para hacer una transferencia completa de la tecnología, se ampliaría mucho la oferta, superando con creces las limitaciones de contar con un solo proveedor. Permitir que los fabricantes con licencia amplíen la producción ayudaría a contrarrestar el impulso por acaparar, y aceleraría la distribución equitativa a nivel mundial.
Aunque, en teoría, el banco de tecnología es una estrategia prometedora, es decepcionante y francamente indignante que ninguna compañía biofarmacéutica haya aportado sus patentes, si bien AbbVie acordó no hacer valer sus derechos de patente sobre un posible tratamiento antiviral, lopinavir / ritonavir, después de que Israel emitiera una licencia obligatoria [13]. Gilead, por el contrario, suscribió licencias voluntarias extremadamente limitadas para el remdesivir con cinco compañías genéricas que excluyen al 48% de la población mundial, incluyendo a los residentes en 30 países de medianos y bajos ingresos [14]. No nos debe sorprender que la industria farmacéutica multinacional se haya unido para enfrentarse al lanzamiento del banco de tecnología e impedir incluso los esfuerzos voluntarios para avanzar hacia el acceso global [15].
Además de presionar para que se adopten medidas voluntarias efectivas, los países pueden y deben usar las flexibilidades legales de los ADPIC, incluyendo las licencias obligatorias y de uso gubernamental. De hecho, los países excluidos de las licencias voluntarias deberían unirse inmediatamente para emitir simultáneamente licencias obligatorias. Los países también deberían utilizar las declaraciones de seguridad nacional para suspender la aplicación de los derechos de monopolio sobre los productos COVID-19 o enmendar su ley para permitir la emisión automática u obligatoria de licencias obligatorias sobre productos médicos críticos para el COVID-19; activistas y académicos ya están presionando a Sudáfrica para que lo haga y así logre enfrentar una de las peores epidemias de COVID-19 en África Subsahariana [16].
En segundo lugar, el ACT-Accelerator debe liderar y comprometerse de inmediato a apoyar que sus acuerdos de financiación exijan que sus beneficiarios otorguen las licencias de los nuevos productos médicos COVID-19 para aumentar la capacidad de fabricación y garantizar su distribución equitativa a nivel mundial. Al igual que la OMS, el ACT-Accelerator también debe adoptar un marco global para la distribución equitativa, y los suministros iniciales deben asignarse de acuerdo a las prioridades epidemiológicas y a los grupos poblacionales seleccionados. Aunque estos requisitos y marcos aún no se han desarrollado, hay señales tempranas de que ACT Accelerator tomará las medidas iniciales para garantizar su suministro en algunos países de medianos y bajos ingresos. El 4 de junio de 2020, la Alianza por las Vacunas (Gavi), el Centro para la Iniciativa de Preparación para Epidemias (CEPI) y AstraZeneca anunciaron el compromiso de AstraZeneca de suministrar 300 millones de dosis del candidato a vacuna de la Universidad de Oxford y un acuerdo adicional para otorgar licencias a Serum Institute de la India para que produzca 1.000 millones de dosis para abastecer a los países de bajos y medianos ingresos a precios de costo [17]. Pero, previamente AstraZeneca había prometido una cantidad desproporcionada de 400 millones de vacunas para EE UU y el Reino Unido. Además, el grupo del ACT Acelerador que cubre las vacunas COVID y sus relaciones con los compromisos anticipados de compra de vacunas de Gavi (Gavi Covax AMC) carecen de transparencia y no están especificados [18]. Se están regalando miles de millones de dólares sin transparencia en las condiciones para el acceso, precio y países en los que se van a distribuir, y se sospecha que los países de ingresos medianos-altos serán nuevamente excluidos.
En tercer lugar, debe haber un compromiso mucho mayor con la transparencia y la rendición de cuentas, especialmente con respecto a las grandes sumas de dinero que los gobiernos están pagando para apoyar la I + D de productos COVID y gestionar las compras. Las cifras sobre el financiamiento público y filantrópico se deben entregar al Observatorio Global de la OMS. Los acuerdos de financiación deben ser transparentes. Se debe exigir que las empresas documenten y publiquen los subsidios y donaciones públicas / filantrópicas, sus propias inversiones en I + D, los costos de producción y los precios para todos los compradores. Que se entregue el dinero a las compañías antes y después del desarrollo del producto, y que no tengamos información ni control sobre las decisiones relacionadas con sus precios, es verdaderamente indignante.
Cuarto, debe haber un compromiso firme, que incluya medidas para exigir su cumplimiento, en lograr que el acceso equitativo sea real, en todas partes y para todos, y se debe acompañar con una condena a los controles a la exportación de los productos y componentes médicos COVID-19, y a los acuerdos preferenciales de adquisición y suministro que favorecen el suministro temprano y desproporcionado a algunos países, y los retrasos y el suministro inequitativo para otros. Se cree que la OMS está trabajando en una guía normativa para la asignación de productos que logre que la distribución de las pruebas diagnósticas COVID-19 y, finalmente, las vacunas y terapias sea equitativa. Sin embargo, lamentablemente no hay un organismo global que pueda exigir la implementación de un acuerdo no consensuado que prohíba la acumulación por parte de los países. Sin embargo, hay que establecer rápida y firmemente un marco global para lograr el acceso equitativo apropiado para esta y futuras pandemias. Mientras tanto, los activistas deben denunciar el acaparamiento nacionalista como una violación viciosa de los derechos humanos y un debilitamiento desmesurado de la solidaridad global.
Los políticos afirman apoyar una respuesta a COVID-19 que garantice que las vacunas y los productos terapéuticos sean tratados como “bienes públicos globales”. Pero las primeras medidas políticas indican que hay una complacencia peligrosa. Los países más ricos están demostrando que no desean cambiar el statu quo, aun cuando recaudan cantidades sin precedentes de fondos públicos para el desarrollo de tecnologías médicas contra el COVID-19. Debemos centrarnos en lo que se puede hacer para asegurar las condiciones iniciales que garantizarán que las vacunas y terapias COVID-19 realmente beneficien a todos, sin importar dónde residan. Las lecciones del activismo global para el tratamiento del SIDA muestran que, a menos que el acceso equitativo se establezca temprano, innumerables personas morirán como resultado de un sistema en el que se cobra tanto como los mercados de los países más ricos puedan soportar y la orden del día es darles acceso preferencial. La buena noticia es que el acaparamiento nacionalista no tiene motivos para prevalecer. De hecho, la solidaridad global no es ingenua, es una necesidad.
Referencias