Salud y Fármacos is an international non-profit organization that promotes access and the appropriate use of pharmaceuticals among the Spanish-speaking population.
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Políticas
Las declaraciones de las organizaciones de la sociedad civil y otros observadores que participaron en la 73a Asamblea Mundial de la Salud (AMS) incluyeron fuertes reclamos de acceso a productos y tecnologías médicas relacionadas con Covid-19.
Sus solicitudes incluyeron el uso de las flexibilidades del Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) para frenar los efectos adversos de la protección de la propiedad intelectual, promover de la innovación abierta y la producción local, la transparencia en los ensayos clínicos y sistemas de gobernanza para acceder a productos médicos, tecnología e información.
La AMS se reunió virtualmente del 18 al 19 de mayo de 2020, y durante las reuniones de más alto nivel hubo varias declaraciones de jefes de gobierno (https://twn.my/title2/intellectual_property/info.service/2020/ip200507.htm.
Se adoptó una resolución que se refiere tres veces a las flexibilidades de los ADPIC.
Primero, el Párrafo Operacional (PO) 4 exige el acceso universal, oportuno y equitativo, la distribución justa de productos y tecnologías médicas, y la eliminación de cualquier obstáculo injustificable, lo que es consistente con las disposiciones de los tratados internacionales, incluido el acuerdo ADPIC y sus flexibilidades, tal como quedaron confirmadas en la Declaración de Doha sobre el mismo acuerdo y la salud pública.
Idealmente, esto debería haber sido un subpárrafo bajo el PO que incluye solicitudes específicas o llama a los Estados miembros a la acción. No obstante, EL PO 4 afirma un principio general importante.
En segundo lugar, el PO 8.2 solicita que las organizaciones internacionales y a otras partes interesadas relevantes colaboren en el desarrollo, las pruebas y la expansión de la producción, y los anima a “utilizar los mecanismos existentes para compartir voluntariamente las patentes y conceder las licencias de las patentes, para facilitar el acceso oportuno, equitativo y asequible a los mismos, de manera consistente con las disposiciones de los tratados internacionales pertinentes, incluyendo las disposiciones del acuerdo sobre los ADPIC y sus flexibilidades, tal como fueron confirmadas en la Declaración de Doha sobre el mismo acuerdo y la salud pública”.
En tercer lugar, el PO 9.8 solicita al Director General de la OMS que “identifique y ofrezca opciones que respeten las disposiciones de los tratados internacionales pertinentes, incluyendo las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC y sus flexibilidades confirmadas en la Declaración de Doha sobre el mismo Acuerdo y la Salud Pública, para facilitar la ampliación de la capacidad de desarrollo, fabricación y distribución de los productos para la salud que se necesita para que haya un acceso transparente, equitativo y oportuno”. Estas deben prepararse en consulta con los Estados Miembros y con los aportes de organizaciones internacionales relevantes, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado.
El borrador inicial de resolución propuesto por la Unión Europea (UE) no hacía ninguna referencia a las flexibilidades de los ADPIC. Sin embargo, la insistencia de los países en desarrollo logró la inclusión de estos derechos, que son cruciales para los Miembros de la OMC.
Según algunos delegados involucrados en las negociaciones de la resolución, la Misión Permanente de Camerún para la ONU y la OMC, en nombre del Grupo Africano, había escrito a la Misión Permanente de la UE en Ginebra para que incluyera cinco puntos en la resolución. Uno de los puntos fue la inclusión del uso de las flexibilidades de los ADPIC.
La carta decía: “Es importante resaltar y subrayar la necesidad de utilizar plenamente el Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública. Para actualizar estas flexibilidades, es igualmente importante que este borrador de Resolución inste a los Estados y al sector privado a colaborar, para facilitar la transferencia de la tecnología y el conocimiento sobre los medicamentos, vacunas, pruebas diagnósticas y otros, lo que garantizará que podamos satisfacer la demanda global. Por lo tanto, el Grupo de África quisiera apoyar la propuesta del presidente sobre los ADPIC reflejada en el PO 4 o el PO 7.2, que es coherente con las Disposiciones y flexibilidades de los ADPIC”.
[El borrador de la UE decía “de conformidad con las disposiciones de los tratados internacionales pertinentes” sin hacer referencia a los ADPIC. La redacción consensuada dice: “siendo coherente con las disposiciones de los tratados internacionales pertinentes, incluyendo las disposiciones del acuerdo sobre los ADPIC y sus flexibilidades, tal como fueron confirmadas por la Declaración de Doha sobre el Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública”.]
A continuación, se describen los aspectos más destacados de las declaraciones de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y de otros observadores que participaron en la 73a AMS.
Ciencia abierta
La declaración conjunta de la Iniciativa Medicamentos para Enfermedades Olvidadas (Drugs for Neglected Diseases initiative DNDi) y Médicos Sin Fronteras (MSF) hizo un llamado a la OMS y a los Estados Miembros a “comprometerse a compartir abiertamente el conocimiento y los datos de investigación, para mejorar la eficiencia y acelerar el progreso científico. La financiación de I + D debe estar condicionada a que los resultados, los datos, los productos prometedores, los protocolos de los ensayos clínicos y los resultados sean de dominio público”.
Uso de las Flexibilidades de los ADPIC
DNDI-MSF solicitaron que la Asamblea Mundial de la Salud (AMS) “garantice que los insumos para la salud estén libres de restricciones de propiedad intelectual, lo que puede obstruir la investigación y la producción a gran escala de tecnologías de salud asequibles. No se deben solicitar nuevos derechos legales, y los propietarios de tecnología no deberían exigir que se respete la propiedad intelectual IP, o deberían compartirla a nivel mundial a través de licencias no exclusivas. Los países deben utilizar todos los mecanismos legales, incluyendo las flexibilidades de los ADPIC para garantizar el acceso”.
Public Services International pidió a los Estados miembros “que consideren todas las investigaciones, datos, tecnología, tratamientos y vacunas relacionadas con Covid-19 como recursos globales no patentados, y los respalden con licencias obligatorias completas”.
Knowledge Ecology International (KEI) se opuso al monopolio de los productos médicos para combatir el Covid-19 y declaró: “Durante esta pandemia no debería haber monopolios por patentes, exclusividades regulatorias, datos o conocimientos. Toda la tecnología relevante para los productos Covid-19 debe estar disponible de forma gratuita, o a través de licencias abiertas con regalías no discriminatorias, razonables y asequibles”.
Producción local
La declaración de DNDI-MSF solicitó que la AMS “Actúe ahora para garantizar una producción suficiente, una asignación equitativa y un precio asequible. Se debe generar capacidad de producción adicional, incluso a través de la transferencia de tecnología. Las nuevas herramientas de salud deben asignarse equitativamente entre países y dentro de los países. El precio debe ser lo más cercano posible al costo de producción, asequible para los sistemas de salud y gratuito para quienes más lo necesitan”.
KEI también declaró que los gobiernos “tienen mucho poder para garantizar que la tecnología para combatir Covid-19 esté disponible para todos los fabricantes y sea barata”.
Gobernanza de la I + D y acceso
Acción Internacional para la Salud – AIS (Health Action International HAI) esperaba que la propuesta de Costa Rica de establecer un banco de tecnología Covid-19 facilitara la transferencia de los conocimientos y datos que se requieren para desarrollar los productos médicos necesarios para responder a la pandemia. AIS instó a “los gobiernos y actores de todos los sectores a comprometerse con la OMS para establecer una estructura que garantice el acceso sin demora a todos a los bienes públicos mundiales, en todas partes. La ideda de seguir con los “negocios como de costumbre”, con exclusividades del mercado, opacidad en la investigación, y el desarrollo orientado al mercado, no contrarrestará la crisis actual y solo exacerbará las desigualdades en el acceso a los medicamentos. Seguimos, como siempre, dispuestos a ser parte de la solución, como actor global legítimo”.
KEI enfatizó que “Las tecnologías relevantes deberían convertirse en bienes públicos globales. Cuando se necesiten incentivos, hay que desvincularlos de los precios y de los derechos exclusivos”.
Transparencia
La Colaboración Cochrane exigió transparencia en los ensayos clínicos. En su declaración, la red global declaró que “ahora, más que nunca, es vital que se siga la orientación de la OMS sobre la divulgación pública de los resultados de los ensayos clínicos”. Sin acceso a los datos de los ensayos clínicos, y sin una síntesis y evaluación adecuadas, es seguro que se desperdiciará una gran parte de esta inversión en investigación global. Hacemos un llamado a los Estados Miembros de la OMS para que apoyen la toma de decisiones informadas por la evidencia, tomando medidas para salvaguardar la transparencia de los ensayos; y proporcionen financiación adecuada para sintetizar la evidencia y poder enfrentar los desafíos que nos esperan”.
La Santa Sede concluyó su declaración subrayando que “el aumento de investigación motivado por la pandemia de Covid-19” debe hacerse “de manera transparente y desinteresada, para descubrir vacunas y tratamientos, y garantizar el acceso universal a tecnologías esenciales que permitan que cada persona infectada, en cualquier parte del mundo, reciba la atención médica necesaria”.
Antes de la AMS, una carta a los ministros de salud y a la Asamblea firmada por 140 personas (incluidos jefes de gobierno actuales y anteriores, funcionarios públicos internacionales, premios Nobel y otras personas prominentes), solicitaba una “vacuna popular”.
Los firmantes de la carta incluyeron a: Cyril Ramaphosa el presidente de Sudáfrica y de la Unión Africana, el primer ministro Imran Khan de Pakistán, el presidente Macky Sall de la República de Senegal y el presidente Nana Addo Dankwa Akufo-Addo de Gana.
En la lista también estaban la ex presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, el ex primer ministro del Reino Unido, Gordon Brown, el ex presidente de México, Ernesto Zedillo, y la ex administradora del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas y ex primera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark.
Entre los economistas notables y defensores de la salud se encontraban la presidente de los ancianos y ex presidente de Irlanda, Mary Robinson, el premio Nobel Joseph Stiglitz, el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki, el director de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades, Dr. John Nkengasong y el Relator Especial sobre el derecho a la salud, Dainius Puras.
La carta sugería que en el acuerdo global bajo el marco de la OMS se incluyeran los siguientes elementos:
La declaración de ONUSIDA expresó su apoyo a la carta anterior. Según la Directora Ejecutiva de ONUSIDA, Winnie Byanyima, luchar contra Covid-19 exige luchar contra la desigualdad. Hizo hincapié en que “las pandemias se alimentan de las desigualdades que las amplían. Por eso apoyó la solicitud de más de 100 líderes y expertos mundiales, actuales y previos, a unirnos detrás de la vacuna del pueblo. Juntos, queremos que todos los líderes garanticen que cuando se desarrolle una vacuna segura y efectiva, se produzca rápidamente en cantidades suficientes y se ponga a disposición de todas las personas, en todos los países, de forma gratuita. Tenemos que unirnos detrás de la vacuna del pueblo para proteger a toda la humanidad”.
El South Center declaró que todos los medicamentos, pruebas diagnósticas, vacunas y productos para la salud relacionados con Covid-19, existentes o futuros, deberían considerarse bienes públicos mundiales, como lo expresó claramente el Secretario General de la ONU el 24 de abril.
Hizo hincapié en que esta es la única forma de hacer que estos productos estén disponibles para todos, en todas partes, al mismo tiempo, y agregó que “la innovación farmacéutica debe estar estructuralmente vinculada al acceso. Es necesario repensar el modelo de investigación y desarrollo para que se centre en la salud más que en los intereses comerciales respaldados por patentes y otros derechos de propiedad intelectual. Se debe diseñar un nuevo modelo bajo el auspicio de la OMS e se debe implementar a través de los mecanismos ya previstos en la Estrategia global y el Plan de Acción sobre Salud Pública, Innovación y Propiedad Intelectual”.
Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) reclaman mecanismos de gobernanza y compromisos vinculantes a favor del acceso equitativo
El 18 de mayo, el día que se abrió la AMS, la Coalición Internacional de Preparación para el Tratamiento (International Treatment Preparedness Coalition ITPC), con el respaldo de 86 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y redes globales enviaron una carta abierta al Director General de la OMS y a los Estados Miembros, así como al Director Ejecutivo y a la Junta Directiva de Unitaid.
La carta expresaba preocupación por la falta de mecanismos de gobernanza y de compromisos vinculantes para el acceso equitativo y el intercambio de tecnología, conocimientos y datos, y para la gestión y concesión de licencias de propiedad intelectual sobre las herramientas médicas necesarias para la detección, prevención y tratamiento del Covid-19.
La carta también decía que “La financiación y el carácter voluntario de la concesión de licencias de propiedad intelectual por sí mismas no son suficientes para garantizar que las tecnologías de salud y las herramientas médicas que salvan vidas se entreguen a los ministerios de salud, proveedores de tratamiento y pacientes de todo el mundo… Debe haber una supervisión que garantice la asignación transparente de los recursos limitados existentes, que responda a las necesidades de salud pública y proteja especialmente a los países vulnerables, y hay que aumentar la manufactura de productos médicos Covid-19, incluyendo medicamentos y vacunas para lograr el acceso equitativo”.
También se expresó preocupación por el hecho de que el acelerador del acceso a productos Covid-19 (ACT-Accelerator) de la OMS “fue conceptualizado a través de un proceso a puerta cerrada en base a un Libro Blanco desarrollado en parte por la Fundación Gates”.
La carta pedía transparencia en la gobernanza del acelerador ACT y una participación significativa de las OSC en el diseño de iniciativas globales para el acceso a las herramientas médicas Covid-19, señalando que “las compañías farmacéuticas se han integrado en la gobernanza de ACT- (Accelerator)”.
La carta expresaba incomodidad por la decisión de transferir el control de la gobernanza del acelerador ACT a varias agencias que financian la salud mundial y están patrocinadas por unos pocos gobiernos, lo que significa que no será realmente un mecanismo global.
Lo que se necesita es “una supervisión y gestión adecuadas del acelerador ACT, a través de un acuerdo de los Estados Miembros y bajo la guía general de la OMS”; solo esto puede garantizar que el acelerador ACT actue en nombre de todos los países de ingresos bajos, medios y altos”.
La carta pedía mecanismos vinculantes concretos para la asignación equitativa, así como compromisos obligatorios para el intercambio global, sin trabas de propiedad intelectual, tecnología y conocimientos, así como el establecimiento de plataformas para la innovación abierta y la transferencia de tecnología.
La carta también expresó preocupación porque la OMS siguiera dependiendo de enfoques voluntarios en lugar de utilizar las flexibilidades de los ADPIC, que fueron aprobadas por todos.
Según la carta, “en estos tiempos extraordinarios de extrema necesidad global, los mecanismos voluntarios son insuficientes” hay muchas agencias y fundaciones de salud globales incluidas en el acelerador ACT que son “reacias, están poco dispuestas o son hostiles a apoyar adecuadamente el derecho de los países a usar las flexibilidades [ADPIC] para abordar las barreras de propiedad intelectual que socavan el acceso equitativo y asequible a las tecnologías de salud”.
