Conducta de la industria

¿A qué se deben los precios de las vacunas y medicamentos COVID-19? Usted no tiene necesidad de saberlo, o eso dicen algunos de los principales contendientes.

Dos empresas importantes en la lucha contra la pandemia, Pfizer y Johnson & Johnson, están hablando con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) para evitar las resoluciones de los accionistas que les obligarían a revelar cómo fijan los precios de sus vacunas COVID-19.

Varios grupos de defensores del interés público, sin fines de lucro, están presionando a las dos compañías, así como a las otras empresas farmacéuticas Eli Lilly, Gilead, Merck & Co. y Regeneron, para obtener información sobre la forma en que deciden los precios de los medicamentos y vacunas, y citan las contribuciones del gobierno federal que todos han recibido, ya sea como pago adelantado por las vacunas, para la I + D o para ampliar la capacidad de fabricación. O las tres cosas.

El Centro Interreligioso sobre Responsabilidad Corporativa (The Interfaith Center on Corporate Responsibility ICCR) dijo a principios de diciembre que había presentado propuestas de accionistas a las seis empresas. Según el anuncio (https://www.iccr.org/shareholders-press-pharma-companies-accepting-public-funds-prioritize-access-and-affordability), el objetivo del ICCR es “saber cómo las empresas fijarán el precio de los medicamentos COVID desarrollados con dinero público”.

En cartas parecidas enviadas a la SEC, Pfizer y Johnson & Johnson afirman que no tienen que someter esas resoluciones al voto de los accionistas, porque sus “operaciones comerciales ordinarias” deberían estar exentas de la supervisión de los accionistas.

El gobierno de EE UU ha otorgado contratos por un total de más de US$10.000 millones. Pfizer acordó proporcionar 200 millones de vacunas a US$19,50 por dosis, o US$3.900 millones. Johnson & Johnson firmó por 100 millones de dosis a US$10 cada una.

Hace casi un año, Johnson & Johnson también obtuvo US$465 millones en fondos federales para I + D de vacunas, lo que elevó el total de fondos estadounidenses a casi US$1.500 millones. Regeneron acordó recientemente un acuerdo que podría aportar a la compañía hasta US$2.600 millones, dependiendo de la rapidez con la que pueda producir su cóctel de anticuerpos.

ICCR dice que los argumentos de Pfizer y J&J “no tienen fundamento” y tienen como objetivo evitar un voto de los accionistas sobre las propuestas de información de precios. El acceso a las vacunas COVID “trasciende los negocios ordinarios”, dijo Meg Jones-Monteiro, directora de equidad en salud del ICCR, una coalición de 300 comunidades religiosas y otras organizaciones que utilizan las inversiones como palancas para el cambio social.

“Se ha demostrado en decisiones anteriores de la SEC que la fijación de precios y el acceso es realmente un problema de política social”, dijo Jones-Monteiro en una entrevista. “Y en el contexto del COVID, es aún más problemático que utilicen eso como una razón para que los accionistas no puedan votar sobre esta propuesta”.

Ambas compañías farmacéuticas se refirieron a la propuesta de los accionistas como un intento de “microgestión”, que Johnson & Johnson caracterizó como “indagar demasiado profundamente en asuntos de naturaleza compleja sobre los cuales los accionistas, como grupo, no están en condiciones de ofrecer una opinión informada”.

Pero Jones-Monteiro dice que ICCR no está pidiendo “algoritmos específicos” o detalles sobre cómo las empresas determinan los precios. Dijo que espera una decisión de la SEC a finales de este mes.

“Nuestra pregunta es: ¿Ha tenido en cuenta la inversión pública?” dijo. “¿Ha tenido eso en cuenta y cómo lo ha tenido en cuenta?” Cuando ves lo que publican ambas empresas, no hacen referencia a eso”.

Nicholas Lusiani de Oxfam America, miembro de ICCR, expuso las razones que tiene el grupo de interés público en esta propuesta. El grupo no solo quiere información sobre cómo las empresas justifican sus precios, sino que también quieren saber lo que harán con las ganancias.

“Queremos comprender hasta qué punto las ganancias derivadas de la inversión pública se reinvertirán para promover una agenda científica crítica en lugar de, por ejemplo, pagar dividendos a los accionistas, algo que no promueve los objetivos de salud pública que estas inversiones públicas pretenden facilitar”, dijo Lusiani.

Jones-Monteiro dijo que hay más inversión pública que las cantidades de dólares que ha pagado el gobierno. Considere las vacunas de Pfizer y Moderna, ambas desarrolladas con la tecnología de ARNm proporcionada por los Institutos Nacionales de Salud.

“Cuando se piensa en este concepto de apoyo público, no se trata solo de la inversión inicial en I + D, sino en que la tecnología también se desarrolló con apoyo público, financiación pública y apoyo académico”.

Esta no es la primera vez que ICCR solicita información confidencial a las principales empresas farmacéuticas. Más recientemente, la organización presentó propuestas de accionistas que obligarían a divulgar información sobre la remuneración de los ejecutivos. Las resoluciones, que se sometieron a votación en las reuniones anuales de accionistas, solicitaron que los fabricantes de medicamentos aclararan si utilizan los aumentos de precios para cumplir con sus objetivos de ventas, y si las juntas directivas deben aprobar los aumentos de precios, entre otras cosas.