Litigación y Multas

15 Estados dan su conformidad al plan de quiebra de la compañía, que se compromete a pagar US$4.500 millones

El macrocaso judicial contra Purdue Pharma, el gigante farmacéutico responsable de la crisis de los opiáceos por la epidemia de adicciones que originó su analgésico OxyContin, va camino de resolverse. Quince Estados que bloqueaban el plan de bancarrota de la empresa -presentado en 2019 para evitar un torrente de demandas milmillonarias- han desistido de su empeño, según los datos hechos públicos esta medianoche del procedimiento federal de quiebra que se instruye en White Plains (Nueva York). (Ver https://elpais.com/sociedad/2019/09/16/actualidad/1568625737_505615.html)

Entre los Estados que más se oponían a la declaración de quiebra -considerada por algunos analistas como un intento de reestructuración al estilo del de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, https://www.republica.com/2021/01/16/la-asociacion-del-rifle-se-declara-en-bancarrota-para-poder-mudarse-a-texas/)- están los de Nueva York y Massachusetts, cuyos fiscales generales habían manifestado una férrea oposición legal al pacto. Ahora, de los 24 Estados contrarios, junto con el distrito de Columbia, sólo nueve persisten en el rechazo.

El nombramiento en mayo de un nuevo juez para convencer a los Estados más reticentes ha propiciado el consenso, resultado de “negociaciones difíciles y reñidas, con resultado incierto” hasta última hora, según fuentes cercanas al proceso citadas por NPR, la radio pública. El plan de conciliación, que previsiblemente concluirá el próximo mes, ofrece garantías a los miembros de la familia Sackler, propietaria de la farmacéutica, y a muchos de sus socios frente a futuras demandas por comercialización de opioides. La compañía afrontaba 3.000 demandas por parte de Estados, ayuntamientos, tribus y particulares en todo el país por el devastador reguero de adicciones que dejó el OxyContin, su fármaco estrella. En conjunto, la crisis ha provocado más de medio millón de muertos en dos décadas en EE UU.

A cambio de ese blindaje ante demandas adicionales, los Sackler han acordado ceder la propiedad de la compañía. También pagarán unos US$4.500 millones durante la próxima década. El acuerdo también incluye una “ampliación material” del fondo de más de 13 millones de documentos previsto en el plan de liquidación para aclarar el papel de Purdue Pharma en la epidemia de opioides, el nombre que reciben los derivados sintéticos del opio como OxyContin. Purdue Pharma se declaró culpable en 2007 y el año pasado de cargos penales federales relacionados con la comercialización del fármaco, como ocultar su dependencia y pagar incentivos a médicos para favorecer su prescripción (Ver https://elpais.com/sociedad/2020-10-21/purdue-pharma-se-declara-culpable-de-engano-por-vender-un-opiaceo-que-fomento-una-epidemia-de-adicciones.html).

Purdue Pharma no es la única compañía responsable de la peor crisis de salud pública vivida en EE UU entre la del sida y la pandemia de coronavirus. Recientemente, la farmacéutica Johnson & Johnson evitó el juicio con el pago de 230 millones al Estado de Nueva York, mediante un acuerdo con la fiscalía que implica también dejar de producir y vender sus analgésicos en el país (Ver en https://elpais.com/sociedad/2021-06-26/johnson-johnson-evita-el-juicio-por-la-crisis-de-los-opiaceos-con-el-pago-de-230-millones-de-dolares-al-estado-de-nueva-york.html).

No obstante, el protagonismo ha recaído en Purdue Pharma (https://elpais.com/elpais/2018/11/26/eps/1543230675_648804.html). La introducción en el mercado del potente analgésico OxyContin a finales de la década de los noventa multiplicó exponencialmente la prevalencia y la gravedad del fenómeno. Más del 70% de las muertes por sobredosis registradas en el país en 2019 se produjeron por consumo de opioides, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en sus siglas inglesas), la agencia federal de salud (Ver https://www.cdc.gov/drugoverdose/deaths/index.html).

Los Sackler nunca han enfrentado cargos. Según este acuerdo, no admitirán ninguna irregularidad y seguirán siendo una de las familias más ricas de EE UU (https://elpais.com/sociedad/2019/12/26/actualidad/1577389031_124021.html). Las dos ramas Sackler (Raymond y Mortimer) se felicitaron mediante un comunicado del acuerdo, que permitirá “destinar recursos importantes a las personas y comunidades” afectadas. La fiscal general del Estado de Nueva York, Letitia James, admitió que el arreglo “no es perfecto”, pero subrayó el “importante paso” que supone para las comunidades arrasadas por la crisis. “Seremos capaces de invertir más rápidamente en prevención, educación y en programas de tratamiento, y de poner fin a las demoras y a maniobras legales que podrían eternizarse”, ha dicho en un comunicado.

Nota de Salud y Fármacos
Un artículo de Jan Hoffman titulado 15 States Reach a Deal With Purdue Pharma, Advancing a $4.5 Billion Opioids Settlement y publicado el 8 de julio en el New York Times https://www.nytimes.com/2021/07/08/health/purdue-pharma-opioids-settlement.html añade que hace casi dos años, los Sackler propusieron pagar US$3.000 millones en efectivo para resolver un litigio que aumentaba rápidamente. Tanto la empresa como los miembros de la familia se habían resistido a publicar toda la gigantesca documentación que incluye cientos de miles de correos electrónicos laborales y comunicaciones con abogados, que se remontan a 20 años atrás. Según la presentación del miércoles por la noche, Purdue y los Sackler darán a conocer unos 33 millones de documentos.

El acuerdo final es por US$4.500 millones (US$4.325 millones en efectivo y los US$175 millones que valen sus fidecomisos caritativos y obras de arte) más US$225 millones adicionales en un acuerdo civil con el Departamento de Justicia federal, por el cual no admiten ninguna irregularidad.

Purdue Pharma distribuirá US$500 millones tan pronto como la empresa salga de la quiebra. Los miembros de la familia Sackler solo pagarán US$50 millones. Los activos netos de la familia son de aproximadamente US$11.000 millones, en gran parte gracias a las ganancias de Purdue. Una de las cosas que más se ha criticado es que, ningún miembro de la familia haya enfrentado cargos penales, porque varios miembros de la familia Sackler supuestamente microgestionaron la empresa privada, según los documentos judiciales.

Ni el plan general de quiebras, que tiene unas 350 páginas, ni el acuerdo más reciente impide que los estados presenten juicios criminales contra los Sackler, aunque sería difícil hacerlo.

De acuerdo con la propuesta general de quiebra, Purdue como tal dejará de existir y volverá a emerger como una nueva empresa que produciría cantidades limitadas de OxyContin y de medicamentos para revertir la sobredosis. Será supervisada por una junta y con las ganancias se generarán fondos para compensar a demandantes remotos y principalmente para apoyar programas de prevención y tratamiento de adicción a las drogas.

Los abogados involucrados en las negociaciones subrayaron la importancia del repositorio público de documentos, que es casi incomparable en su amplitud y detalle. Aunque Purdue ya ha proporcionado 13 millones de documentos durante el litigio, ahora agregará 20 millones más. El alcance de los documentos de esta empresa rivaliza con el revelado por toda la industria tabacalera, una consecuencia muy valorada del litigio Big Tobacco de hace unos 20 años.

Los documentos de Purdue incluirán deposiciones, correos electrónicos y cartas que se remontan a dos décadas. Se espera que revelen detalles sobre los contactos de Purdue con investigadores federales y funcionarios de la FDA, ya que la compañía evitó sanciones más severas por instigar las ventas de OxyContin como efectivo y no adictivo. Los expertos anticipan que las reflexiones y los mandatos del Dr. Richard Sackler, ex presidente y director ejecutivo de Purdue, también quedarían al descubierto.

Además de Massachusetts, Nueva York y Minnesota, los otros estados que han firmado incluyen Colorado, Hawai, Idaho, Illinois, Iowa, Maine, Nevada, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Pensilvania, Virginia y Wisconsin. Los que se siguen oponiendo son los estados de California, Connecticut, Delaware, Maryland, New Hampshire, Oregon, Vermont y Washington, y el Distrito de Columbia.

El año pasado, Purdue también se declaró culpable de tres cargos penales por delitos graves y acordó pagar US$8.300 millones para resolver esas cargos con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.