Regulación Internacional

Maryanne Demasi ha publicado un artículo en el BMJ sobre la supuesta independencia de las agencias reguladoras y su dependencia económica de las industrias que deben regular [1]. Este estudio fue financiado por el BMJ, y el Cuadro adjunto ofrece un panorama general de los resultados.

Entre los comentarios más relevantes de este artículo figuran los siguientes:

• El presupuesto de las agencias reguladoras es cada vez más dependiente de los pagos de la industria.
  • La FDA estuvo financiada por los contribuyentes hasta 1992, que es cuando se aprobó la ley de tarifas de usuario (PDUFA), que ahora también se aplican a los dispositivos médicos y a los productos genéricos. En 1993 recibió US$29 millones de la industria y en 2016 US$884 millones. El 65% del presupuesto de la FDA para la evaluación de medicamentos procede de las tasas de usuario que paga la industria.
  • En 1995, la industria financiaba el 20% del presupuesto de la EMA, en 2010 el 75% y ahora el 89%.
• De los seis reguladores, Australia es la agencia con la mayor proporción de presupuesto procedente de las tasas de la industria (96%); y en 2020-2021 aprobó más de nueve de cada diez solicitudes de comercialización de las empresas farmacéuticas. Los expertos han pedido una revisión completa de la estructura y función de la TGA (Australia), porque consideran que la agencia es demasiado cercana a la industria.
• Los académicos llevan décadas planteando dudas sobre la influencia de este tipo de financiación en las decisiones reguladoras, especialmente tras una serie de escándalos relacionados con medicamentos y dispositivos, como los opioides, los fármacos para el Alzheimer, los antivirales para la gripe, las mallas pélvicas, las prótesis articulares, los implantes mamarios y anticonceptivos, los stents cardíacos y los marcapasos. Un análisis realizado en EE UU de las tres décadas de PDUFA ha mostrado cómo la dependencia de los honorarios de la industria está contribuyendo al declive en los estándares de evidencia, perjudicando en última instancia a los pacientes.
• La preocupación por los conflictos de interés afecta a los funcionarios y a los grupos que asesoran a las agencias reguladoras:
  • varios expertos que formaban parte de los comités consultivos sobre la vacuna contra el covid 19 del Reino Unido y de EE UU tenían vínculos financieros con los fabricantes de vacunas, y los reguladores los consideraban aceptables.
  • Hay evidencia de que los asesores con conflictos de interés suelen favorecer al producto de la empresa con la que tienen vínculos financieros.
  • En Australia, el nombre de los miembros del Comité Asesor sobre Vacunas de la TGA se publica en el sitio web de la agencia. Sin embargo, los formularios para registrar los intereses financieros y no financieros pasados y vigentes no se hacen públicos.
• De las seis agencias reguladoras que se incluyeron en el estudio del BMJ, sólo los reguladores de medicamentos de Canadá no solicitan habitualmente el consejo de un comité independiente, y su equipo de evaluación es el único que está completamente libre de conflictos de interés de tipo económico. Los reguladores europeos, japoneses y británicos publican la lista de miembros de los comités asesores con sus declaraciones de conflictos de interés completas en línea, es decir que son de acceso público, mientras que la FDA juzga los COI en cada reunión y puede conceder exenciones, que permiten la participación de miembros con conflictos.
• En la última década se han producido mejoras en la transparencia y accesibilidad a los datos de los ensayos. Tanto la EMA como Health Canada (HC) publican en su sitio web cantidades importantes de información clínica que les entregan los patrocinadores. La PMDA (Japón) publica resúmenes de datos no clínicos.
• La mayoría de las agencias reguladoras no utilizan los datos de cada paciente para hacer su propia evaluación, sino que se basan en los resúmenes preparados por el patrocinador del medicamento. Solo la FDA y la PMDA obtienen habitualmente las bases de datos de los pacientes, pero ninguno de ellos publica esa información de forma proactiva.
• En la actualidad, los seis reguladores ofrecen vías de aprobación acelerada que se utilizan en una proporción significativa de aprobaciones de medicamentos nuevos. En 2020, el 68% de las aprobaciones de medicamentos que se otorgaron en EE UU se procesaron a través de vías aceleradas, el 50% en Europa y el 36% en el Reino Unido. Los medicamentos que se han aprobado a través de esta vía tienen más probabilidades de ser retirados por razones de seguridad, más probabilidades de que se tenga que añadir una advertencia de caja negra, y más probabilidades de que el fabricante suspenda voluntariamente una o más formas de dosificación.
• La evidencia de eficacia que se requiere para las aprobaciones aceleradas es inferior a la que se exige en las aprobaciones regulares. Con frecuencia no se exigen medidas de impacto clínico del medicamentos, sino que basta con que se presenten medidas indirectas de impacto.
• Los críticos sostienen que la captura regulatoria no sólo se está viendo afectada por la forma en que se financian las agencias, sino también por su personal. La “puerta giratoria” ha hecho que muchos funcionarios de las agencias acaben trabajando o siendo consultores de las mismas empresas que regulan. Nueve de los diez ex comisionados de la FDA (2006 y 2019) pasaron a desempeñar funciones vinculadas a empresas farmacéuticas, y su undécimo y más reciente comisionado, Stephen Hahn, trabaja para Flagship Pioneering, una empresa que actúa como incubadora de nuevas empresas biofarmacéuticas.
• Más de una cuarta parte de los empleados de la FDA que aprobaron medicamentos contra el cáncer y hematología entre 2001 y 2010 dejaron la agencia y ahora trabajan o son consultores de empresas farmacéuticas.
• Ian Hudson, director ejecutivo de la MHRA del Reino Unido entre 2013 y 2019, ahora forma parte del consejo de la empresa de biotecnología Sensyne Health y es asesor principal de la Fundación Bill y Melinda Gates. Antes de incorporarse a la MHRA, Hudson ocupó varios puestos de responsabilidad en SmithKline Beecham.
• Los críticos sostienen que hay que hacer pequeños y grandes cambios estructurales para ayudar a restaurar la capacidad de los reguladores para tomar decisiones independientemente, libre de la influencia de la industria.
• Lexchin dice que los miembros de los comités asesores deberían revelar todos los conflictos de interés financiero, incluido el importe de los pagos; y la FDA debería explicar por qué estas personas no pueden ser sustituidas por alguien sin puntos de interés.
• Kesselheim afirma que la FDA debe analizar el proceso de aprobación acelerada. “Tiene que haber más claridad sobre los criterios de valoración y cuál es la base científica para elegir un criterio de valoración”, y hay que asegurar que se completan oportunamente los estudios confirmatorios.
• Light afirma que es imposible que los médicos y los pacientes reciban evaluaciones imparciales y rigurosas de las agencias reguladoras. Sugiere que se creen organizaciones sin ánimo de lucro como el Instituto para la Calidad y la Eficiencia en la Asistencia Sanitaria de Alemania, que se creó para realizar evaluaciones de los medicamentos aprobados, independientes de la industria, rigurosas, imparciales y transparentes.