En octubre de 2020, previendo las consecuencias mortales del apartheid de las vacunas, Sudáfrica e India presentaron una propuesta a la OMC para que renunciara temporalmente a las protecciones de propiedad intelectual consagradas en el Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC para las tecnologías de salud relacionadas con la covid-19, con el fin de apoyar la ampliación de la producción por parte de otros fabricantes y lograr un acceso más rápido, más amplio y más equitativo a las contramedidas médicas que salvan vidas.

Como era de esperar, la industria biofarmacéutica, que mueve un billón de dólares, respondió a la propuesta de exención con indignación, alegando que la propiedad intelectual no era un problema aunque sea esencial; que los nuevos productores interrumpirían y desperdiciarían los suministros; que las vacunas no se podían duplicar; que las empresas no podían dedicar tiempo a la transferencia de tecnología; y que no se podía confiar en que los fabricantes de otros lugares hicieran vacunas de calidad garantizada. A pesar de estas afirmaciones engañosas, los fabricantes de componentes aumentaron rápidamente los suministros, y las empresas construyeron mayor capacidad de manufactura en cuestión de meses, y transfirieron sus tecnologías de vacunas a través de 300 acuerdos, al tiempo que ignoraban la capacidad existente de otras 120 empresas situadas en su mayoría en países en desarrollo.

La industria biofarmacéutica también boicoteó el esfuerzo por establecer un fondo de acceso a la tecnología relacionada con covid-19 en la OMS (COVID-19 Technology Access Pool at the WHO o C-TAP), y los países ricos se apresuraron a comprar por adelantado reservas desproporcionadamente grandes de vacunas contra la covid-19, especialmente vacunas de ARNm de Moderna y Pfizer/BioNTech. Desde entonces ha habido un ciclo interminable de mala fe por parte de la industria y de los gobiernos de los países ricos que lograron bloquear totalmente la discusión del texto de la propuesta de exención integral.

Sin embargo, en mayo de 2021, el gobierno de Biden declaró su apoyo a una exención de la propiedad intelectual centrada únicamente en las vacunas, pero a partir de entonces no hizo nada para negociar activamente un texto efectivo, y mucho menos para ampliar su apoyo al acceso a las pruebas diagnósticas y las terapias que se habían convertido en el núcleo de su propio programa “de prueba para el tratamiento” a principios de 2022 (Nota de Salud y Fármacos: este programa que en inglés se llama “test-to treat” repartió gratuitamente pruebas de diagnóstico para la covid y en caso de que una persona diera positivo, un profesional de la salud podía prescribir tratamiento, ya fuera de forma presencial o telemática https://aspr.hhs.gov/TestToTreat/Pages/default.aspx).

En mayo de 2021, la Comisión Europea (CE) presentó un documento en la OMC en el que proponía una intervención de menos alcance, centrada únicamente en las licencias obligatorias (CL), ignorando todas las demás formas de propiedad intelectual que crean barreras de acceso más allá de las patentes (como los secretos comerciales, los derechos de autor y el diseño industrial). Desde entonces la CE ha estado insistiendo en este enfoque erróneo.

Moderna, a pesar de que en octubre de 2020 prometió que no haría valer sus patentes sobre la vacuna covid-19 de ARNm, se negó firmemente a compartir los conocimientos técnicos relacionados con su manufactura, impidiendo que otros productores pudieran clonar su vacuna a escala comercial.

Y después de casi 20 meses, los países ricos han redoblado su apuesta por la propuesta de la CE a favor de establecer un mecanismo de licencias obligatorias cada vez más reducido e ineficaz, restringido sólo a las vacunas y cargado con tanta burocracia y tantas condicionalidades que es peor que nada.

Este es el último análisis de la sociedad civil, mientras los funcionarios responsables de comercio se reúnen en la Duodécima Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio en Ginebra, con esta crisis como trasfondo, que es una prueba de fuego para la relevancia de la propia OMC.

Después de meses de retrasos, de poner obstáculos y de desinformación por parte de EE UU y la CE, la OMC organizó negociaciones directas entre las cuatro partes: la CE, EE UU, India y Sudáfrica. El resultado fue un texto que pretende aparentar que se ha llegado a un compromiso, y que fue redactado como evidencia de “convergencia” por la Secretaría de la OMC. Este texto, finalmente publicado el 3 de mayo de 2022, contenía lo peor de las posiciones de la CE y de EE UU. No daba acceso a las vacunas porque no incluía el acceso a los secretos comerciales, el componente esencial para la transferencia de tecnología. Y proponía retrasar seis meses cualquier decisión sobre la eventual inclusión de las pruebas diagnósticas y los tratamientos.

A instancias de la CE, el borrador del texto exigía un listado poco práctico (o imposible) de todas las patentes pendientes y concedidas no sólo para la vacuna terminada, sino para sus componentes y métodos de fabricación, un requisito sin precedentes en la legislación nacional de un país. La CE y EE UU también insistieron en limitar la definición de países elegibles para emitir licencias obligatorias únicamente para los países en desarrollo, con la exigencia adicional de EE UU de excluir a China. Además, los EE UU y la CE exigieron medidas contra la desviación, requisitos de notificación y estrictas limitaciones de duración del acuerdo que lograrían que el uso del procedimiento de autorización fuera económicamente impracticable para los productores de “genéricos”.

La mala fe de EE UU y la CE encapsulada en el borrador de texto se reprodujo en el proceso excluyente que la OMC estableció para recibir comentarios y debatir el borrador. La OMC adoptó procedimientos de negociación de “sala verde”, abiertos sólo a 30 miembros, excluyendo a la gran mayoría de los miembros de la OMC, entre los que había algunos países en desarrollo que estaban deseosos de hacer contrapropuestas. Aunque la OMC aceptó las enmiendas propuestas por Suiza y el Reino Unido que restringían aún más el mecanismo de autorización propuesto, rechazó las propuestas liberalizadoras de la delegación africana por considerarlas fuera de lugar. Al mismo tiempo, la Secretaría, después de que la delegación de EE UU abandonara las negociaciones en señal de protesta, descartó las propuestas del Grupo de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) para negociar separadamente y de forma más amplia un texto de respuesta a la pandemia que incluía una suspensión automática de la propiedad intelectual durante las pandemias.

Las propuestas del Reino Unido y Suiza concederían acceso sólo a las patentes de vacunas acabadas (excluyendo el acceso a las patentes de componentes y procesos de fabricación), limitarían aún más la duración de las licencias obligatorias y eliminarían cualquier intención declarada de aplicar el mecanismo de licencias obligatorias a las pruebas diagnósticas y a los tratamientos.

Mientras tanto, la industria se lamentaba de que el texto propuesto era una cesión de la propiedad intelectual, cuando en realidad se trata simplemente de un aplazamiento, muy condicionado, de una sola obligación de patente relacionada con la cantidad de vacunas, producidas en el marco de una licencia obligatoria, que se podría exportar a otros países. Al mismo tiempo, Pfizer presentó una demanda de derechos humanos contra un esfuerzo para que la República Dominicana emitiera una licencia obligatoria en para permitir el acceso a su antiviral de administración ambulatoria, Paxlovid.

La mala fe colectiva de las grandes farmacéuticas, de los EE UU, la CE (especialmente Alemania), el Reino Unido y Suiza, y de la OMC, es impresionante, aunque difícilmente inesperada. Para la industria farmacéutica, los 15-20 millones de muertes aparentemente no constituyen suficiente evidencia de que la propiedad intelectual sea un problema.

El carácter poco práctico e incompleto de las licencias obligatorias que se relacionan únicamente con las patentes no ha disuadido a la CE y al Reino Unido de seguir defendiendo este enfoque ineficaz durante más de un año. El cinismo de EE UU (y ahora del Reino Unido y Suiza) al negarse a eliminar incluso las barreras de las patentes a los tratamientos que ahora se utilizan ampliamente en los países ricos, pero que son prácticamente inaccesibles en los países pobres, es enloquecedor. Y el esfuerzo colectivo de los países ricos para hacer que la “solución” propuesta sea aún más impracticable debido a las restricciones relacionadas con la elegibilidad, las medidas contra la desviación, los requisitos de notificación y su duración es un cínico obstruccionismo en su máxima expresión, todo ello posibilitado por un proceso corrupto en la OMC.

La decisión final sobre el Proyecto de Decisión del 10 de junio pende de un hilo a puerta cerrada, con manifestantes bloqueados a cuadras de distancia. El mejor resultado de esta reunión ministerial es el rechazo decidido de este texto profundamente defectuoso y de mala fe por parte de Sudáfrica, India y de la multitud de defensores de la “exención real”. A partir de entonces, la batalla por el acceso se debe reanudar en la negociación de una exención de propiedad intelectual significativa para futuras pandemias, en las campañas nacionales y regionales para eludir y anular los monopolios de propiedad intelectual en las tecnologías médicas covid, y en litigios contra los países ricos para que dejen unilateralmente de imponer sanciones comerciales y amenazar a los países que permiten el acceso de sus residentes. Los Estados miembros de la OMC deben decir simplemente no a esta propuesta envenenada.