DOHA Y EL CAMINO A SEGUIR

Martín Cañas
Fundación Femeba/GAPURMED
Argentina

El mes de Noviembre pasado culminó la cuarta reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Doha, Qatar, dejando casi como único saldo positivo la declaración de que la salud pública de los países, y el derecho al acceso a los medicamentos, están por encima de las patentes. Este saldo se puede explicar por una conjunción de factores que sucedieron a lo largo del año y que involucran tanto a los países ricos como a los países en desarrollo.

Solo hace unos meses todos esperaban un endurecimiento de las posiciones de los países ricos ante la creciente amenaza de los países en desarrollo.

Los países en desarrollo comenzaron el año ganándoles terreno a las grandes compañías farmacéuticas en Sudáfrica, cuando el 18 de abril de 2001, 39 de estas compañías retiraron la demanda contra la ley de medicamentos que impedía que los sudafricanos accedieran a medicamentos para el VIH. Recordemos que solo 4 de estas compañías, miembros de la Asociación de Fabricantes de Productos Farmacéuticos de Sudáfrica (PMASA), fabrican medicamentos contra el SIDA, pero las otras 35 se sumaron al juicio, en una actitud meramente corporativa puesto que suponían que tal actitud podría alentar a que la medida se extendiera a otros campos diferentes del SIDA.

Sudáfrica tiene 4,3 millones de enfermos de SIDA. Según ONUSIDA en 2001 murieron por esta causa 2,3 millones de africanos, el 76% del total de víctimas del SIDA registradas en el mundo. La epidemia de SIDA ha colocado al continente africano a las puertas de la catástrofe.

El 14 de junio el gobierno de Kenia aprobó el Proyecto de Ley sobre la Propiedad Industrial conforme al ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) que incluyó la mayoría de las salvaguardas permitidas en el marco del acuerdo, como son las importaciones paralelas (el derecho a adquirir los fármacos patentados más económicos en cualquier lugar del mundo), licencias obligatorias (otorgando licencias para la producción e importación de medicamentos genéricos más baratos – el nuevo Proyecto de Ley pone el elevado precio de los medicamentos como la razón principal para conceder licencias obligatorias-), y las “disposiciones Bolar” que permiten a los fabricantes de genéricos realizar los ensayos clínicos necesarios, registrar los procesos de fabricación, etc y así estar preparados para poner en marcha la producción de un determinado fármaco en cuanto expire su patente. Kenia tiene 2,3 millones de infectados.

También sobre la base de los acuerdos ADPIC, en 1996, Brasil dictó una ley por la cual el Estado ya produce ocho de los 14 antirretrovirales que se usan contra el HIV, y que autoriza al gobierno, en una emergencia nacional, a expedir licencias para que una firma brasileña pueda hacer un producto si el titular de la patente no ha comenzado a fabricarlo en el país.

Este fue el motivo de que los EE.UU. establecieran una demanda en febrero de 2001 y otra vez, ante las presiones de las ONGs y del público, Estados Unidos aceptara retirar su demanda contra Brasil. También ayudó que en los últimos meses, el programa brasileño contra el SIDA – basado en el suministro gratuito de medicación y en la verificación del cumplimiento de cada terapia- fue reconocido internacionalmente y tomado como modelo para países en desarrollo por ONUSIDA, dependiente de la Organización Mundial de la Salud

Brasil se mantuvo firme defendiendo los intereses de sus habitantes y logró una sustancial rebaja de los precios del nelvinafir. Mostrando una vez más su determinación de presionar a las multinacionales para que reduzcan los precios de los fármacos, el gobierno brasileño hizo pública su decisión de copiar el nelvinafir, desconociendo la patente de Roche, justificando la medida de acogerse a la licencia obligatoria sosteniendo que se deben favorecer las patentes, pero no el abuso de las mismas. Roche accedió a las demandas (y fundamentalmente a la amenaza de desconocer la patente) del gobierno brasileño y propuso una rebaja del 40% en el Viracept (50% menos que en EE.UU.) y la industria sintió alivio, frenando la amenaza de que otros países imiten a Brasil.

En este momento ya se estaba negociando la agenda de la reunión en Doha. Por un lado Suiza, Estados Unidos, Canadá y en menor medida Japón, se oponían en la OMC a que la declaración de la próxima reunión contemplara la reivindicación de los países en desarrollo de poder fijar sus propias políticas en materia sanitaria y de acceso a los medicamentos esenciales. Estos países insistían en una interpretación restrictiva del acuerdo ADPIC, que ofrece veinte años de protección a las patentes de invenciones en todos los campos de la tecnología.

Por el otro, los países en desarrollo exigían la interpretación más flexible posible del artículo que permitiría a los países obviar las leyes de patentes en caso de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia. Se reclamaba el derecho a la producción local de genéricos más baratos o a su importación paralela en tanto y en cuanto los medicamentos esenciales tengan precios prohibitivos para los ciudadanos o los sistemas de salud de los países del Tercer Mundo.

El lamentable atentado terrorista del 11 de septiembre en los Estados Unidos y bioterrorista después, produjo un nuevo giro al tema de las patentes. La amenaza del ántrax hizo temblar a la opinión pública y cuando solo había nueve infectados en EE.UU., Canadá encargó a un laboratorio nacional 900.000 unidades de la versión genérica de la ciprofloxacina Cipro, en ese momento único medicamento recomendado contra el ántrax y protegido por patente perteneciente a la multinacional alemana Bayer.

Un legislador estadounidense también propuso que su país comprase un genérico de Ciprofloxacina de un laboratorio hindú. Con esa presión, el Gobierno de EE.UU. y Bayer acordaron una reducción del precio del Cipro, por el cual pagaran 95 centavos de dólar por cada comprimido de Cipro y por las primeras 100 millones de unidades, en vez del precio original de 1,77 dólares por unidad. Bayer se comprometió además a proporcionar hasta 200 millones de comprimidos .

Lo ocurrido en Canadá y EE.UU. demostró que cualquier país, y no sólo los del Tercer Mundo, puede verse frente a un grave problema sanitario y deben tener las manos libres para decidir su política de salud pública, brindando nuevos argumentos para los reclamos.

Tras meses de esfuerzos, la lucha de los países en desarrollo se vio recompensada en la reunión de Doha: la declaración sobre ADPIC y salud publica adoptada el 14 de noviembre de 2001, reconoce claramente los efectos secundarios (posiblemente mortales) del acuerdo ADPIC y fortalece las medidas opuestas en casos necesarios de emergencia sanitaria que los países pueden emplear. Estas medidas incluyen el derecho a conceder licencias obligatorias desconociendo las patentes y el derecho a decidir la base para la concesión de dichas licencias.

Dos son los puntos fundamentales que quedaron establecidos en el acuerdo:

– Por un lado los países podrán decidir libremente la posibilidad de llevar a cabo importaciones paralelas de medicamentos. La declaración concede a los países la libertad para establecer sus propias normas que le permitan buscar el mejor precio de un producto farmacéutico comercializado en el mercado mundial

– Por otra parte, además podrán conceder licencias para la producción o importación de medicamentos genéricos. Según la declaración esta opción no se limitará a las situaciones de emergencia teniendo en cuenta que será competencia de los países el determinar lo que constituye una situación de emergencia.

La mayor decepción ha sido que la declaración no ha resuelto la cuestión de donde se pueden abastecer de medicamentos bajo licencia obligatoria los países que no tienen capacidad o que tienen una capacidad limitada de fabricación de medicamentos. Los países en desarrollo le pidieron a la OMC que autorizase la exportación de medicamentos, al amparo del articulo 30 del acuerdo ADPIC (excepciones limitadas), pero la Conferencia Ministerial delegó el asunto en el Consejo ADPIC, que deberá encontrar una solución antes del final del año 2002.

La declaración ratifica el derecho de los países pobres a conseguir medicamentos sin obstáculos, pero hay que tener en cuenta que es sólo una declaración y no varía las normas de la OMC sobre patentes, al mismo tiempo es una afirmación que tendrán que tener en cuenta los organismos frente a los posibles conflictos y que sin duda hará disminuir las demandas. La salud de las personas esta por encima de los intereses de las grandes empresas farmacéuticas, a quienes ahora, les resultará mucho más difícil intimidar a los países pobres.

La entrada en la OMC de China fue otro hecho importante, considerando que hace poco reconoció la magnitud del problema del SIDA en su país y exigió rebajas del 90% en los medicamentos contra el SIDA a los laboratorios fabricantes de antiretrovirales.

El acceso a los medicamentos no solo depende de obtener medicamentos más baratos o a través de donaciones, es por ello que la victoria ha quedado ensombrecida por el rotundo fracaso del resto de las negociaciones, ya que los países en desarrollo se han visto arrastrados a aceptar una enorme agenda de negociación en áreas del comercio internacional, que generará aun más pobreza y desigualdad para sus poblaciones y complicará aún más el acceso a los medicamentos.

Las nuevas resoluciones ofrecen una buena oportunidad, dependerá de que los gobiernos emprendan las acciones necesarias para incorporar estos términos a sus legislaciones y exijan el cumplimiento del acuerdo, solo así Doha verá cumplida su tarea. Las ONGs y la opinión pública han desempeñado un rol importantísimo en estos logros y deberán ser convocados para accionar en conjunto.

De otra forma quedará el sabor amargo de que 18 casos y cinco muertes por ántrax en el primer mundo son más importantes que millones de infectados y muertos por HIV/ SIDA en países en desarrollo.

macanas@netverk.com.ar