Salud y Fármacos is an international non-profit organization that promotes access and the appropriate use of pharmaceuticals among the Spanish-speaking population.
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CHILE: EL GOBIERNO RECOMIENDA A EE.UU. Y SUIZA USAR SISTEMA DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Editado de: Eduardo Olivares, Patentes, el gobierno recomienda a EE.UU. y Suiza usar sistema de solución de controversias, La Tercera (Chile), 11 de noviembre de 2005; Mariano Cubillos, Multinacionales arremeten contra el gobierno por respeto a patentes de medicamentos, La Tercera (Chile), 7 de noviembre de 2005; Eduardo Olivares y Mariano Cubillos, Recalcine acusa a Novartis de atentar contra libre competencia, La Tercera (Chile), 2 de noviembre de 2005
LA OMC RATIFICA LA “DECISIÓN DEL 30 DE AGOSTO” SOBRE LICENCIAS OBLIGATORIAS
Editado por Jimena Orchuela
DECLARACIÓN CONJUNTA DE ONGS ACERCA DE LA NECESIDAD DE UNA MORATORIA DE LA OMC SOBRE ACUERDOS BILATERALES Y REGIONALES, Y POLÍTICAS QUE SOCAVAN EL ACCESO A LA SALUD (Joint NGO Statement on need for WTO moratorium on regional and bilateral trade agreements and policies undermining access to health)
17 de diciembre de 2005
Traducido por Víctor Arellano (Angelav Traducciones)
TLC ANDINO: PERÚ FIRMÓ. COLOMBIA Y ECUADOR CONTINÚAN NEGOCIANDO
Editado por Jimena Orchuela
TLC ANDINO: CARTAS DE CONGRESISTAS AL REPRESENTANTE COMERCIAL DE LOS EE.UU.
Traducciones copiadas de: Movimiento Boliviano de Lucha contra el TLA y el ALCA (www.boliviasoberana.org)
COLOMBIA: DECLARACIÓN DEL SECTOR SALUD ANTE EL TLC – ¡LA SALUD NO ES NEGOCIABLE!
Foro Nacional TLC y la Salud, Bogotá (Colombia), 10 de noviembre de 2005
EE.UU. POSTERGA LA ENTRADA EN VIGOR DEL CAFTA Y EL SALVADOR MODIFICA LA LEGISLACIÓN PARA APLICAR EL ACUERDO
Editado por Jimena Orchuela
TAILANDIA / EE.UU.: MSF AFIRMA QUE LA PROPUESTA SOBRE PATENTES DE EE.UU. PONE EN PELIGRO EL PROGRAMA TAILANDÉS CONTRA EL SIDA
Europa Press, 11 de enero de 2006
ADPIC, LA DECLARACIÓN DE DOHA Y AUMENTANDO EL ACCESO A LOS MEDICAMENTOS: OPCIONES PARA GANA (TRIPS, the Doha Declaration and increasing access to medicines: policy options for Ghana)
Cohen JC et al.
Globalization and Health 2005;1:17
Texto completo disponible en: www.globalizationandhealth.com/content/pdf/1744-8603-1-17.pdf (35 pág. en inglés)
Resumen traducido por Nuria Homedes
EL IMPACTO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE AUSTRALIA Y EE.UU. EN LA POLÍTICA AUSTRALIANA DE MEDICAMENTOS (Assessing the impact of the Australia-United States Free Trade Agreement on Australian and global medicines policy)
Faunce T et al.
Globalization and Health 2005;1:15
Texto completo disponible en: www.globalizationandhealth.com/content/pdf/1744-8603-1-15.pdf (10 pág. en inglés)
Resumen traducido por Nuria Homedes
CHILE: EL GOBIERNO RECOMIENDA A EE.UU. Y SUIZA USAR SISTEMA DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Editado de: Eduardo Olivares, Patentes, el gobierno recomienda a EE.UU. y Suiza usar sistema de solución de controversias, La Tercera (Chile), 11 de noviembre de 2005; Mariano Cubillos, Multinacionales arremeten contra el gobierno por respeto a patentes de medicamentos, La Tercera (Chile), 7 de noviembre de 2005; Eduardo Olivares y Mariano Cubillos, Recalcine acusa a Novartis de atentar contra libre competencia, La Tercera (Chile), 2 de noviembre de 2005
El gobierno chileno les indicó el camino a EE.UU. y Suiza, “si creen que Chile no respeta los capítulos de propiedad intelectual incluidos en los Tratados de Libre Comercio (TLC) respectivos, deben reclamar ante los mecanismos de solución de controversias que los mismos acuerdos establecen”.
El Director económico de la Cancillería, Carlos Furche, dijo, “si una parte no está acuerdo con la aplicación del TLC, tiene opciones”. “Para eso están los comités de administración de los tratados. Para conflictos privados están los tribunales. Y están los mecanismos de solución de controversias, si se aplican al caso”, agregó Furche.
Conflicto múltiple
El conflicto que encendió el debate surgió tras la ofensiva legal de la suiza Novartis por proteger su producto Glivec (imatinib mesilato) y evitar que el laboratorio chileno Recalcine comercializara el producto Zeite, que usa la misma molécula. Luego que Novartis perdió los recursos judiciales, Recalcine la demandó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia acusándola de ejercer acciones administrativas y judiciales en forma abusiva sólo para sacar a Zeite del mercado.
Según el abogado del laboratorio chileno, Gabriel Zaliasnik, “cuando ingrese el producto de Recalcine al mercado, los precios de esos medicamentos bajarían entre 25% y 30%”. Novartis no ha sido notificada de la demanda y no quiso entregar su versión.
Por otro lado, el laboratorio estadounidense Eli Lilly también está en plena ofensiva judicial, aunque en contra del Instituto de Salud Pública (ISP). Eli Lilly presentó una demanda por el registro sanitario de olanzapina, con la que fabrica Zyprexa.
Los diplomáticos de Suiza y EE.UU. han abogado en todo momento por sus farmacéuticas, visitando diversos ministerios. Y alegan que, “según ambos TLC, por cinco años no se debe permitir que los datos del fármaco original sean usados por otros fabricantes para adquirir permisos, pero Chile aplica solamente un año”.
La Cámara de la Industria Farmacéutica (CIF), que aglutina a 22 firmas de EE.UU. y Europa, plantea que el ISP “ha aprobado registros sanitarios de productos valiéndose de la información científica no divulgada, que es de uso exclusivo del laboratorio que ha desarrollado el producto original”.
Asimismo, norteamericanos y suizos piden que los registros del ISP tengan un “link” con el Departamento de Propiedad Industrial (DPI), de modo de relacionar registro, la patente y autorización para comerciar.
Por su parte, María Angélica Sánchez, Vicepresidenta ejecutiva de la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (Asilfa) dice, “nos parece grave la forma en que las multinaciones y las embajadas de Suiza y EE.UU. están presionando de modo indebido al gobierno”. Agrega que tanto la información no divulgada como la imposibilidad de un vínculo entre ISP y DPI “quedaron zanjados en las leyes aprobadas tras los TLC”.
[N.E.: ver también la nota “Chile: EE.UU. y Suiza lo acusan de vulnerar respeto a patentes incluido en los Tratados de Libre Comercio” en la Sección Noticas sobre Acuerdos Comerciales del Boletín Fármacos 8(5)]
LA OMC RATIFICA LA “DECISIÓN DEL 30 DE AGOSTO” SOBRE LICENCIAS OBLIGATORIAS
Editado por Jimena Orchuela
El 6 de diciembre el Consejo General de la Organización Mundial del Comercio (OMC) elevó a rango de norma duradera la cláusula de 2003, también conocida como “decisión del 30 de agosto”. Esta cláusula permite que los países en desarrollo que carecen de capacidad de producción de medicamentos y se encuentran en emergencia sanitaria puedan otorgar a laboratorios de otra nación una licencia obligatoria para la elaboración de un fármaco determinado, que luego importará. Las licencias obligatorias son excepciones contempladas en el acuerdo ADPIC (TRIPS en inglés), que permiten el uso de la patente sin autorización de su dueño en casos de extrema urgencia, si bien pagando por esos derechos [1,2].
La Unión Europea ya dio un paso en esta dirección el 1º de diciembre con el acuerdo del Parlamento europeo y el Consejo de Europa. [N.E.: ver “Unión Europea: El pleno del Parlamento Europeo ha votado una propuesta de reglamento que permitiría la exportación de medicamentos genéricos a los países más pobres”, en la Sección Regulación y Políticas de esta edición del Boletín Fármacos]. La OMC tomó la decisión una semana antes del inicio de la VI Conferencia ministerial de OMC, realizada en Hong Kong del 13 al 18 de diciembre de 2005, y no es más que otra secuela de la polémica sustentada en la década de 1990 por los países en desarrollo, en particular los africanos, necesitados de acceso a fármacos de bajo precio [1,3].
Este cambio, que tendrá que ser ratificado por dos tercios de los países miembros de la OMC con el 1 de diciembre de 2007 como fecha límite, obligará a introducir cambios en las legislaciones nacionales para permitir la producción de genéricos de productos bajo patente. El Director General de la OMC, Pascal Lamy, y el Director de la Federación Internacional de Manufacturadores Farmacéuticos (Ifpma), Harvey Bale, anunciaron el acuerdo como un éxito que mostraba la contribución de la OMC en materia humanitaria y de desarrollo, sin embargo los activistas critican la decisión [1,2,3].
La “decisión del 30 de agosto”
Una declaración aprobada por la cuarta conferencia ministerial de la OMC, celebrada en Doha, la capital de Qatar, en noviembre de 2001, estableció claramente que las normas del acuerdo ADPIC no podían impedir que los países miembros adoptaran disposiciones para proteger la salud pública. Sin embargo, la declaración no contenía especificaciones acerca de la forma en que los países podían acceder a los genéricos cuando carecían de capacidad suficiente para fabricarlos. Para colmar ese vacío, la OMC estableció el 30 de agosto de 2003 un mecanismo provisional autorizando la producción y exportación de medicinas genéricas entre países en desarrollo. Muchas de sus disposiciones procuran impedir que versiones genéricas importadas se desvíen hacia los países ricos, donde competirían con los fármacos originales [2,4].
Este mecanismo se acompañó de una declaración de la presidencia del consejo general, reclamada por los países industriales, en la que se descartaba la posibilidad de que el nuevo método amenazara con socavar el régimen de protección de las patentes farmacéuticas. Otra novedad del mecanismo es que un grupo de 33 países de altos ingresos declaró formalmente su decisión de optar por la renuncia del beneficio de emplear las licencias obligatorias aun en casos de emergencias sanitarias [1]. Por el momento, sólo cuatro países han adoptado la “decisión del 30 de agosto” dentro en sus legislaciones nacionales: Canadá, Noruega, India y recientemente China [5].
Las críticas de las organizaciones no gubernamentales
Con la decisión de convertirla en norma permanente se renuevan las críticas de las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la salud que desde un principio juzgaron el mecanismo como “restrictivo, complejo y proteccionista” [1].
Para Médicos sin Fronteras (MSF) se trata de un mecanismo “ineficaz y muy complicado de aplicar, ya que ignora la realidad económica de la producción de medicamentos. La decisión del 30 de Agosto se adoptó en 2003 para permitir las copias genéricas producidas bajo licencias obligatorias para exportarlas a países que carecen de capacidad de producción, sólo si se contemplan ciertas condiciones y procedimientos. El procedimiento que propone esta enmienda supone negociar país a país y medicamento a medicamento, un proceso desalentador para las economías de escala y que retrasa la reducción de precios” [5].
MSF y otros grupos aseguran que “hasta la fecha no existen experiencias de utilización de este mecanismo”, además de que algunos nuevos medicamentos de todos modos “tienen precios que están fuera del alcance de los pacientes pobres.” Por ejemplo, MSF señala que paga “de 5 a 30 veces más por los medicamentos de segunda línea para el sida” [4].
La organización humanitaria sostuvo que retrasar la modificación habría sido una mejor opción, ya que hubiera asegurado la posibilidad de probar y mejorar el mecanismo actualmente en práctica [4].
“No existe una evidencia clara de que las medidas propuestas por la OMC puedan resolver las dificultades a las que nos enfrentamos. Ni un solo paciente se ha beneficiado de su uso. Desde el año 2003 hemos intentado conseguir medicamentos con “la decisión del 30 de agosto”, dice Ellen’t Hoen, Directora de Abogacia de la Campaña para el Acceso a Medicamentos Esenciales (CAME). “Pero parece que la OMC ha decidido sacrificar el acceso a medicamentos antes de la reunión de Hong-Kong, utilizando medidas inadecuadas como simplemente dejar el tema fuera de la agenda”, concluye [5].
Hay muchos obstáculos en el proceso, y MSF llamó a la OMC a “mostrar evidencias para fines del año próximo, demostrando que el mecanismo que está poniendo en práctica puede poner un fin a los efectos negativos que ha tenido la implementación del ADPIC en el acceso a los medicamentos” [4].
El director de política tecnológica de Consumidores Internacional, el estadounidense James Love, opinó que se trata de “una decisión horrible”. “Es contraria a los consumidores, a la competencia y al comercio libre”, sostuvo. Los países en desarrollo fueron intimidados y presionados por las grandes compañías farmacéuticas y por la Unión Europea para aceptar el acuerdo, aseguró Love [1].
Referencias:
1. Gustavo Capdevila, La OMC sin salud ni remedio, IPS, 6 de diciembre de 2005.
2. Jason Nardo, Propiedad intelectual, debate vital, IPS, 19 de diciembre de 2005.
3. Las licencias de exportación de EFG serán permanentes, Correo Fármacéutico (España), 12 de diciembre de 2005.
4. Acto “de buena fe”: la OMC acuerda patentes más baratas para países del Tercer Mundo, Weblog, 7 de diciembre de 2005.
5. La OMC sacrifica la oportunidad de facilitar el acceso a medicamentos antes de la cumbre de Hong Kong, MSF, 12 de diciembre de 2005.
DECLARACIÓN CONJUNTA DE ONGS ACERCA DE LA NECESIDAD DE UNA MORATORIA DE LA OMC SOBRE ACUERDOS BILATERALES Y REGIONALES, Y POLÍTICAS QUE SOCAVAN EL ACCESO A LA SALUD (Joint NGO Statement on need for WTO moratorium on regional and bilateral trade agreements and policies undermining access to health)
17 de diciembre de 2005
Traducido por Víctor Arellano (Angelav Traducciones)
[N.E.: se puede consultar el contenido de esta nota en la Sección Comunicaciones de esta edición del Boletín Fármacos]
TLC ANDINO: PERÚ FIRMÓ. COLOMBIA Y ECUADOR CONTINÚAN NEGOCIANDO
Editado por Jimena Orchuela
La XIV Ronda de negociaciones llevada a cabo en Washington para alcanzar un tratado comercial entre Ecuador, Colombia y Perú con EE.UU. (TLC Andino) terminó el 23 de noviembre de 2005 sin haber llegado a acuerdo alguno en los temas sensibles (agricultura, la propiedad intelectual, las medidas sanitarias y fitosanitarias) [1].
La jefa del equipo negociador de EE.UU., Regina Vargo, culpó públicamente a los países andinos por su aparente “inflexibilidad” para poder avanzar y así culminar las negociaciones del TLC, cuando para el representante de Washington Office on Latin America (Wola), Jeff Voght, la situación sería la inversa: es entendible que los países andinos no cedan en los capítulos de propiedad intelectual y agricultura debido al gran costo que les acarreará. Además consideró poco probable que un texto con elevados niveles de protección a la industria farmacéutica y que permita el quiebre del sector agropecuario, sea aprobado en el Congreso de EE.UU. Las preocupaciones ya se explicaron en dos cartas de los legisladores enviadas al representante comercial de EE.UU., Robert Portman, refirió [N.E.: el contenido de estas cartas, en castellano, se puede consultar en la Sección Comunicaciones de esta edición del Boletín Fármacos]. Un tercer punto, manifestó, es el de las pocas probabilidades de que el texto llegue al capitolio en el 2006 [2].
Perú reanudó las negociaciones el 5 de diciembre y dos días después, luego de 19 meses de negociaciones, los miembros de los equipos del Perú y de EE.UU. dieron por cerradas las discusiones para un TLC [1].
En un Boletín informativo de la Unidad de Comunicaciones para el TLC Perú – EE.UU. (nº 277, disponible en: www.tlcperu-eeuu.gob.pe/downloads/documento/np_277_Cierre%20de%20negociaciones.doc) el gobierno peruano afirma que “en el caso del Capítulo de Propiedad Intelectual, por primera vez en un acuerdo comercial que EE.UU. suscribe con otro país, se reconoció la importancia de la biodiversidad y los conocimientos tradicionales. Adicionalmente, se consiguió la inclusión de excepciones en el régimen de protección de datos de prueba en casos de importancia para la salud pública. Otro tema importante que se logró en el Capítulo fue la exclusión de patentes de segundo uso, así como de métodos terapéuticos y las patentes de animales”. Asimismo, el gobierno de Perú ha publicado unos resúmenes explicativos por Capítulos que se pueden consultar en: www.tlcperu-eeuu.gob.pe/index.php?ncategoria1=209&ncategoria2=210. EE.UU. también ha publicado un resumen de lo acordado, que puede conocerse en: www.perufrentealtlc.com/files/Peru-TPA-Facts.pdf
Antes del cierre de las negociaciones ya se sabía que para destrabar la mesa de propiedad intelectual, el equipo aceptaría los cinco años para los datos de prueba. Las líneas rojas que la Ministra de Salud de Perú, Pilar Mazzetti, pidió no traspasar fueron: patentes de segundos usos, patentes a métodos terapéuticos, así como de animales y plantas [2].
La Ministra a su vez admitió que lo más probable es que el TLC con EE.UU. ocasione un incremento en el precio de las medicinas. Para compensar este incremento que “podría ser de 10%, 15% o más”, su despacho esta diseñanado, con el Ministerio de Economía y Finanzas, un fondo que garantice que se podrán seguir comprando las medicinas que se encarezcan [3].
El Presidente de Acción Internacional por la Salud (AIS), Roberto López, afirmó que contra la versión oficial, Perú perdió en el capítulo de medicinas y que los negociadores no lograron más que los países de Centroamérica y Chile en su momento. La mayor parte de las iniciativas planteadas por el Ministerio de Salud en la mesa de propiedad intelectual, no pudieron cumplirse, señaló [4].
Uno de los hechos alegados por López es que EE.UU. no modificará su Ley de Propiedad Intelectual, sino que será Perú el que deberá acercar su legislación a la norteamericana. También, que el acuerdo no define el lapso durante el cual podrán protegerse los datos de prueba al usar la ambigua frase “por lo menos cinco años” [4].
Criticó asimismo la validez práctica de las llamadas cartas adjuntas al TLC, entre estas las referidas a situaciones de emergencia de salud y al reconocimiento a la biodiversidad. El Ministerio de Comercio Exterior puede decir que las cartas adjuntas son parte del TLC, pero los expertos coinciden en que a lo mucho pueden servir como instrumentos de interpretación de cláusulas del tratado, apuntó [4].
Como otros líderes de opinión, López opinó que el TLC no debiera someterse a la aprobación del actual congreso, sino del que sea elegido en abril del próximo año porque el de ahora “no asumirá las implicaciones de su decisión [4].
La revista norteamericana Inside US Trade (IUST, “Dentro del comercio exterior de EE.UU.”) publicó información sobre los tramos finales de la negociación del TLC. Dice IUST que el TLC incluye el lenguaje estándar para protección de datos de prueba por cinco años para los medicamentos con patente, lo mismo que con América Central (CAFTA). Recordemos que Perú había planteado una protección de solo tres años, por lo tanto, aquí cedió. Pero, dice IUST, “nuestra fuente dice que Perú había planteado una referencia explícita que dijera que nada en el acuerdo firmado impediría su derecho, como miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC), de recurrir a las licencias obligatorias para la producción de medicamentos genéricos. De manera específica, planteó la inserción de una cláusula que le permita dejar de lado (“waiver”) los cinco años de protección en caso de emergencia nacional” [5].
Además, “Perú también planteó una referencia específica a la Declaración de Doha de la OMC sobre Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Esta Declaración pone énfasis en los derechos de los países en desarrollo para dejar de lado las reglas de la OMC sobre protección de propiedad intelectual en casos de emergencia de salud y otras situaciones urgentes, de manera que se puedan importar medicamentos genéricos producidos en cualquier país”. Agrega IUST: “Las partes discutieron sobre la posibilidad de formular una carta paralela sobre el tema, igual que en el TLC entre EE.UU. y Marruecos. Pero, al final, Perú accedió a poner una mención general en el preámbulo del TLC, la que dice que nada en el acuerdo firmado elimina los derechos que las partes han adquirido en acuerdos multilaterales. Según nuestra fuente, Perú consideró que esto era suficiente para proteger los derechos que le da la Declaración de Doha sobre propiedad intelectual” [5].
En otro tema de propiedad intelectual, dice IUST: “Según un alto negociador de EE.UU., el acuerdo incluye una mención sobre la importancia de los conocimientos tradicionales y la biodiversidad. Sin embargo, esta se queda corta con respecto a la propuesta inicial peruana, apoyada por Colombia y Ecuador. Los tres países plantearon una cláusula para que, quienes apliquen a una patente, estén obligados a revelar la fuente y el origen de los recursos genéticos y el conocimiento tradicional usado en sus inventos, así como a compartir las ganancias con la fuente del conocimiento tradicional, en el caso que estos recursos sean explotados comercialmente” [5].
Tampoco se habría conseguido esa cláusula sino solo una mención. IUST agrega: “Una fuente nos dijo que los contenciosos en propiedad intelectual se redactaron con un lenguaje muy ambiguo y especuló afirmando que los peruanos esperarían usar esa ambigüedad a su favor, al momento de redactar las leyes para su implementación. En un caso parecido, EE.UU. está monitoreando cada detalle de la ley de propiedad intelectual que, en el marco del CAFTA, se está implementando en Guatemala” [5].
Ecuador y Colombia continúan negociando
En la última ronda en Washington, los ecuatorianos declararon haber llegado al límite de sus concesiones en la negociación y se negaron a poner en riesgo su seguridad alimentaria. El Ministro de Comercio Exterior, Jorge Illingworth, dejó claro que con la postura de EE.UU. no era posible llegar a convenio alguno, por lo que se optó por fijar la realización de una nueva cita en febrero del 2006 [6,7].
A mediados de enero estaba prevista una reunión entre Colombia y Ecuador, que Illingworth calificó como “crucial, pues sólo sí estamos firmes los dos podremos echar para atrás lo que no nos conviene” [7].
Por su parte Hernando José Gómez, jefe negociador de Colombia, luego de haber consultado con el Presidente Álvaro Uribe y el sector privado, concluyó que “el paquete global de la negociación tal como está hoy, necesita un mayor trabajo conjunto y requiere flexibilidades de EE.UU. en los temas sensibles” [1]. Se tiene previsto una décima quinta ronda, que comienza el 23 de enero en Washington, y en ella se tratarían los temas agrícola, sanitario y fitosanitario [8].
Lo que cabe destacar entre los sucesos de los últimos tiempos de negociación es la renuncia del Dr. Luis Guillermo Restrepo Vélez, representante del INVIMA en el equipo negociador de Colombia, a su cargo en el gobierno (el 2 diciembre de 2005) por sus profundas discrepancias con los acuerdos a los que se estarían llegando en el tema de propiedad intelectual y que ponen en riesgo el acceso a los medicamentos. Su carta, a su vez, es “una revelación de cómo se ha hecho la negociación y el papel inconsecuente de los ministerios de comercio de los tres países en negociación” [9] [N.E.: se puede consultar el contenido de esta carta de renuncia en la Sección de Comunicaciones de esta edición del Boletín Fármacos].
Restrepo ya se había retirado de las negociaciones luego de la XIII Ronda de negociación en Cartagena (septiembre 2005) expresando que las posiciones que se habían alcanzado ahí, “contradecían abiertamente los principios sobre los que se fundamentó la propuesta de negociación construida de manera conjunta por los andinos” [N.E.: ver “TLC Andino: más rondas y renuncias”, en la Sección Noticias sobre Acuerdos Comerciales del Boletín Fármacos 8(5)]. Ahora bien, sin participar en la mesa de negociación, continuó “acompañando” al Ministro de Salud. La última reunión en Washington y la conducta de los negociadores lo llevaron a presentar su renuncia al cargo de gobierno que tenía [9].
El ex funcionario señaló en su carta de renuncia que en la última ronda en Washington, “el coordinador de la mesa de propiedad intelectual por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, abandonó la propuesta de negociación concertada con los andinos y, de manera unilateral, presentó una propuesta de protección de datos de prueba basada en el texto estadounidense, que contiene disposiciones con niveles de protección mayores que los acordados por ese país con Chile y con los países centroamericanos (CAFTA), donde se ignoran todos los compromisos con el sector salud” [9].
Restrepo cuestionó el papel jugado por ese Ministerio afirmando que “sería mucho más transparente decirle al país que el trabajo de 18 meses en las cuestiones relacionadas con propiedad intelectual y salud fracasó, que realmente nunca existió negociación y que para poder firmar un TLC con EE.UU., es necesario abandonar la estrategia de “negociación por intereses”, traspasar las “líneas rojas” y aceptar unas disposiciones que eleven la protección a niveles similares o superiores a los de los tratados firmados por ese país con Chile y con los países centroamericanos (CAFTA)” [9].
Lo que se dio a conocer a mediados de diciembre es que por una sentencia judicial el gobierno colombiano no puede firmar el TLC. La providencia fue proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con fecha 12 de diciembre de 2005 y notificada el 15 del mismo mes, en el curso de una de las acciones populares interpuestas por RECALCA (Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio y el ALCA) y responde al desarrollo de la estrategia jurídica planteada en defensa de los derechos colectivos de los colombianos. La providencia como medida cautelar prohíbe expresamente tanto al Presidente de la República como a la Canciller firmar el TLC tal y como está actualmente planteado y de la forma como se ha venido negociando [10].
La providencia detalla todos aquellos puntos en los cuales se vulneran los derechos colectivos de los colombianos sí se firma el TLC. En el tema de los medicamentos se anota de manera minuciosa y categórica que cualquier concesión que haga el gobierno nacional en materia de protección a la propiedad intelectual referente a medicamentos lesiona el derecho colectivo relacionado con la salud y puede llegar a afectar el patrimonio público por el incremento del gasto en la atención a la salud [10].
El mandato judicial es de cumplimiento obligatorio por parte del Presidente de la República y sus subalternos. El incumplimiento por parte del gobierno sería tan grave como el desconocimiento de un fallo de la Corte Constitucional, acarrearía consecuencia penales, disciplinarias e invalidaría el tratado, ya que se firmaría por fuera del orden constitucional [10].
La medida cautelar está vigente y únicamente puede ser revocada por parte del mismo aparato judicial. Mientras la medida no sea revocada, a pesar de que el gobierno interponga los recursos pertinentes, la misma continua vigente, pues los recursos de reposición y apelación en este caso están previstos en el efecto devolutivo -es decir no suspenden la aplicación de la medida cautelar-. El texto completo del fallo se puede consultar en: www.recalca.org.co/AAtlcandino/texto_completo_fallo.htm [10].
Por su parte, el Alcalde Mayor de Bogotá, Luis Eduardo Garzón decidió plasmar su posición sobre el TLC y le envió a mediados de enero de este año una carta al Presidente Uribe Vélez, donde le manifiesta su preocupación por la firma del acuerdo. En la carta Garzón señala que es necesario antes de llegar a un pacto final definir puntos álgidos como el tema agrícola y de medicamentos. En cuanto a los medicamentos enfatizó que es necesario definir garantías para que la población pueda acceder a ellos [8].
En Colombia, la discusión sobre el acuerdo tiene como telón de fondo una inédita campaña para elegir Presidente de la República -por la novedosa posibilidad de reelección- y representantes en el Congreso. El TLC será objeto de defensa y ataque en el debate electoral colombiano. En EE.UU. también habrá elección de la tercera parte de los senadores y la totalidad de los representantes, que promueven y defienden intereses particulares de sus electores, algunos de ellos en franca oposición a lo que busca Colombia en el TLC [11].
Si las negociaciones terminan entre enero y febrero, la revisión de los textos podría hacerse antes del 16 de marzo, cuando se reanudan las sesiones del Congreso. Sin embargo, el Ejecutivo decidirá si radicará de una vez el proyecto de ley del TLC o espera a que se posesionen, el 20 de julio, los nuevos senadores y representantes [11].
Esa decisión dependerá de si la bancada de gobierno en uno y otro Congreso le garantiza la aprobación de la ley. Los Representantes a la Cámara tienen origen regional, donde el sector agropecuario, sin un panorama despejado en el TLC, es de extrema sensibilidad. Similar consideración puede hacerse para los senadores, pero en su caso en los grandes centros urbanos, donde la polémica por las consecuencias del acuerdo en el sector salud o el acceso de las confecciones al mercado estadounidense también será encendida [11].
Si la iniciativa se aprueba, como lo espera el Gobierno, esto deberá suceder antes de finalizar septiembre para que la Corte Constitucional haga la revisión pertinente, que se estima durará no menos de tres meses, de manera que al inicio de la vigencia del TLC empate con la expiración del Atpdea. Cualquier atraso en ese cronograma obligará al Gobierno a pedir una prórroga del Atpdea por pocos meses mientras se completa el trámite en el Congreso o en la Corte Constitucional con el fin de que no se afecten algunas exportaciones que gozan de esa gabela [11].
Referencias:
1. Un TLC mal negociado amenazaría la salud de los peruanos, AISLAC Noticias, 28 de noviembre de 2005.
2. Marienella Ortiz, Perú: Flexibilizará su posición en medicinas en negociación del TLC, La República (Perú), 16 de noviembre de 2006.
3. Perú: Mazzetti admite que los medicamentos podrían subir de precio, El Comercio (Perú) 26 de noviembre de 2005.
4. Perú perdió en capítulo medicinas del TLC, afirma experto, Prensa Latina , 15 de diciembre de 2005.
5. Campodónico: TLC: cómo se negoció en propiedad intelectual, Perú frente al TLC.com, 12 de diciembre de 2005.
6. Leovani García, Ecuador 2005: el TLC con EE.UU. sigue pendiente, Prensa Latina, 30 de diciembre de 2005.
7. Rosalba Cubillos F y Carlos Hernández, Ecuador no se favorece con TLC peruano: Mincomercio, La República (Colombia), 17 de enero de 2006.
8. María Gladys Escobar, Garzón solicitó a Uribe no acelerar firma del TLC, La República (Colombia), 16 de enero de 2006.
9. “Los de comercio han sido desleales”, afirma renunciante negociador de Salud en el TLC, AISLAC Noticias, diciembre de 2005.
10. Por sentencia judicial: el gobierno colombiano no puede firmar el TLC, Recalca, diciembre de 2005.
11. Jorge Correa, La aprobación del TLC será una carrera contra el tiempo, El Tiempo (Colombia), 2 de enero de 2006.
TLC ANDINO: CARTAS DE CONGRESISTAS AL REPRESENTANTE COMERCIAL DE LOS EE.UU.
Traducciones copiadas de: Movimiento Boliviano de Lucha contra el TLA y el ALCA (www.boliviasoberana.org)
[N.E.: se puede consultar el contenido de esta nota en la Sección Comunicaciones de esta edición del Boletín Fármacos]
COLOMBIA: DECLARACIÓN DEL SECTOR SALUD ANTE EL TLC – ¡LA SALUD NO ES NEGOCIABLE!
Foro Nacional TLC y la Salud, Bogotá (Colombia), 10 de noviembre de 2005
[N.E.: se puede consultar el contenido de esta nota en la Sección Comunicaciones de esta edición del Boletín Fármacos]
EE.UU. POSTERGA LA ENTRADA EN VIGOR DEL CAFTA Y EL SALVADOR MODIFICA LA LEGISLACIÓN PARA APLICAR EL ACUERDO
Editado por Jimena Orchuela
La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y EE.UU. (CAFTA-RD) fue postergada por Washington para el segundo mes del 2006. Las autoridades estadounidenses determinaron la moratoria en la concreción del acuerdo, prevista para el 1 de enero de 2006, porque consideraron que “los países socios no están preparados para implementarlo”, según el diario digital salvadoreño El Mundo [1].
Las naciones de la región que firmaron el acuerdo aún no completaron las reformas legislativas exigidas por EE.UU. para la vigencia del convenio. Las transformaciones a las leyes nacionales incluyen temas relacionados a la propiedad intelectual, los derechos de los trabajadores y la protección del medio ambiente, que son parte de los compromisos asumidos por los negociadores del área [1].
Lo que se pretende con esas exigencias legislativas es subordinar la constitucionalidad de los países involucrados en ese tratado a los intereses de los sectores de poder estadounidenses, coincidieron especialistas centroamericanos [1].
Tom Ricker, miembro de la organización Stop CAFTA de EE.UU. (por sus siglas en inglés), señaló que el TLC “va más allá del comercio al requerir cambios drásticos en las leyes nacionales que dan nuevos derechos a las transnacionales a expensas de los trabajadores”. Que las legislaturas de esas naciones luchen para cambiar las leyes sobre propiedad intelectual, servicios e inversiones -a fin de recibir la certificación estadounidense para unirse al acuerdo- demuestra la naturaleza antidemocrática del TLC, agregó [1].
El Dr. Martínez Cuenca, Presidente de la Fundación Internacional para el Desafío Global, recordó que el Presidente Bush se comprometió con el Congreso a verificar el nivel de armonización de las legislaciones de los cinco países del área antes de mandar el documento de ratificación del acuerdo por parte de su país a la Organización de Estados Americanos [2].
Martínez Cuenca manifestó que en ese sentido el gobierno estadounidense envió misiones a cada una de las naciones de América Central para verificar el avance de las legislaciones de la región para poder saber si podría echarse a andar un tratado de libre comercio, sin embargo encontraron que estaban desarmonizadas y sólo El Salvador se había acercado a lo pedido. Asegura el doctor en economía que al adelantarse El Salvador en cumplir con los temas de la revisión de leyes, como propiedad intelectual, leyes laborales, biodiversidad y derechos de autor, entre otras, se crearon los requisitos mínimos para el proceso de armonización legal del acuerdo con EE.UU. [2].
Los técnicos del gobierno norteamericano consideraron en su informe que, a excepción de El Salvador, las legislaciones del resto de países están muy lejos de armonizar la ley con CAFTA y le han dicho al gobierno norteamericano que técnicamente estas naciones no están listas para enfrentar al CAFTA [2].
El Salvador modificó la legislación para aplicar el TLC
Sin un estudio detallado, la Asamblea Legislativa modificó el 14 de diciembre doce cuerpos de ley que permitirán armonizar la legislación salvadoreña con lo previsto en el CAFTA. La ligera discusión ha sido justificada con los compromisos adquiridos con la aprobación del acuerdo comercial con la potencia del norte. “(Las reformas) responden a la necesidad de hacer que la legislación secundaria coincida con todo lo establecido en el TLC”, aseguró el diputado oficialista Roberto D’Aubuisson [3,4].
A principios de diciembre, el Ejecutivo envió a la Asamblea un paquete de modificaciones a leyes secundarias imprescindibles para la entrada en vigencia del acuerdo el 1º de enero. Estas fueron estudiadas por una comisión legislativa en una semana. La esperada oposición de los partidos pequeños y el FMLN no logró detener al bloque conformado por ARENA, PCN y PDC, quienes aprobaron todas las reformas [3].
Durante la plenaria, Hugo Martínez, diputado del FMLN intentó detener la votación denunciando una violación a los procedimientos legislativos: “algunos dictámenes ni se alcanzaron a ver y otros sí se vieron, dijo, pero en los que no se llegó a un acuerdo, se quedó en seguir discutiendo”, finalizó el parlamentario una vez abierta la sesión plenaria. Finalmente el FMLN y la alianza G-14 se retiraron de la plenaria [3].
De esta forma, las votaciones se “agilizaron” y fueron aprobadas las modificaciones a la ley de adquisición y contrataciones públicas, la ley de sociedades y seguros, la ley de marcas y signos, la normativa de aduanas, la de propiedad intelectual, de telecomunicaciones, de sanidad vegetal y animal, y los códigos penal y procesal penal [3].
Guatemala denuncia presiones por las patentes
El Vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein, denunció que existe una “presión” de parte de las empresas farmacéuticas multinacionales para que se modifique la ley de propiedad intelectual adoptada en el país. El funcionario indicó que la ley de propiedad intelectual, que ha sufrido varias modificaciones en los últimos años, cumple con los requerimientos de la Organización Mundial de Comercio (OMC), “pero las transnacionales nunca quedaron contentas” [5].
Stein aseguró que la ley de propiedad intelectual en vigencia ha favorecido la producción de medicamentos genéricos y lamentó que las multinacionales con sus presiones “han dejado ver que buscan aún mayores cambios para beneficiar sus intereses” [5].
Las autoridades de EE.UU. y Guatemala han decidido, luego de una reunión en Washington a mediados de diciembre, retomar las revisiones la segunda semana de enero. Igualmente, cualquier cambio deberá ser aprobado por el Congreso unicameral del país que volverá a reunirse en ese mes [5,6].
Marcio Cuevas, Ministro de Economía, afirmó que la disposición de dejar fuera a Guatemala del TLC es unilateral por parte de EE.UU., pues esas actualizaciones legales podían hacerse paralelamente a la implementación [6].
República Dominicana entra en julio
El Gobierno de República Dominicana anunció que se incorporará el 1 de julio de 2006 al CAFTA. El Secretario de Industria y Comercio, Francisco Javier García, aclaró que su país entregó a EE.UU. la documentación requerida, pero indicó que la Oficina de Representantes de Comercio de ese país no la ha podido revisar [6].
Referencias:
1. EE.UU. posterga la entrada en vigor del TLC con Centroamérica, BolPress, 30 de diciembre de 2005.
2. Ervin Filemón Sánchez, CAFTA ya no entra en vigencia en enero, El Nuevo Diario (Nicaragua), 7 de diciembre de 2005.
3. Karla Argueta, El Salvador reformó 12 leyes para iniciar a tiempo el TLC con EE.UU., El Faro (El Salvador), 19 de diciembre de 2005.
4. Leonel Herrera, El Salvador: Asamblea aprobará hoy reformas legales para aplicar TLC, Diario Co Latino (El Salvador), 14 de diciembre de 2005.
5. Guatemala: El vicepresidente denuncia presiones de las empresas farmacéuticas por las patentes, Programa Infosalud (Argentina), 15 de diciembre de 2005.
6. Eduardo Smith , TLC iniciará en febrero, Prensa Libre, 22 de diciembre de 2005.
TAILANDIA / EE.UU.: MSF AFIRMA QUE LA PROPUESTA SOBRE PATENTES DE EE.UU. PONE EN PELIGRO EL PROGRAMA TAILANDÉS CONTRA EL SIDA
Europa Press, 11 de enero de 2006
[N.E.: se puede consultar el contenido de esta nota en la Sección Noticias sobre Sida de esta edición del Boletín Fármacos]
ADPIC, LA DECLARACIÓN DE DOHA Y AUMENTANDO EL ACCESO A LOS MEDICAMENTOS: OPCIONES PARA GANA (TRIPS, the Doha Declaration and increasing access to medicines: policy options for Ghana)
Cohen JC et al.
Globalization and Health 2005;1:17
Texto completo disponible en: www.globalizationandhealth.com/content/pdf/1744-8603-1-17.pdf (35 pág. en inglés)
Resumen traducido por Nuria Homedes
Sigue habiendo una gran diferencia entre los niveles de acceso a medicamentos que alcanzan los países desarrollados y el acceso que tienen los países que están en vías de desarrollo. El 80% de la población reside en países en desarrollo pero sólo consumen el 20% de las ventas de medicamentos. Una de las barreras de acceso es el Acuerdo ADPIC. Muchos países en desarrollo han modificado su legislación para adaptarla a los estándares ADPIC, ya que la fecha límite para hacerlo era el 2005. El Acuerdo ADPIC incluye provisiones para proteger la salud pública de los ciudadanos, pero en la práctica los gobiernos han sido renuentes a ejercer ese derecho por miedo a las ramificaciones que eso pudiera tener en el nivel internacional. La Declaración de Doha y la decisión más reciente de implementar al párrafo 6 de la Declaración de Doha sobre ADPIC puede facilitar que los países en desarrollo se beneficien de las provisiones incluidas en ADPIC para salvaguardar la salud pública. Este artículo se centra en Gana, un país en desarrollo que acaba de modificar su legislación para cumplir con los estándares de ADPIC. Estudiamos los cambios en las leyes de patente de Gana y analizamos el impacto que podrían tener en el acceso a los medicamentos. Se discuten las barreras de acceso existentes y las que podrían surgir a partir de este cambio, y se proponen medidas para superarlas. Es objetivo es difundir, principalmente para los que toman decisiones sobre las políticas de medicamentos, lo que aporta la experiencia de Gana.
EL IMPACTO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE AUSTRALIA Y EE.UU. EN LA POLÍTICA AUSTRALIANA DE MEDICAMENTOS (Assessing the impact of the Australia-United States Free Trade Agreement on Australian and global medicines policy)
Faunce T et al.
Globalization and Health 2005;1:15
Texto completo disponible en: www.globalizationandhealth.com/content/pdf/1744-8603-1-15.pdf (10 pág. en inglés)
Resumen traducido por Nuria Homedes
El Tratado de Libre Comercio entre Australia y EE.UU. entró en vigor el primero de enero de 2005. Aunque las partes involucradas dijeron que la firma del tratado eliminaría barreras al comercio (en una medida que no se podía alcanzar a través de tratados multilaterales), también incluía muchas restricciones al comercio que emanaban de las provisiones de protección de la propiedad intelectual, y otras que iban encaminadas específicamente a modificar las políticas de salud pública y la regulación farmacéutica del gobierno australiano. Los cambios en el sistema regulador parecen haberse concentrado en modificar el proceso de reembolso de medicamentos por el gobierno federal, este sistema goza de reconocimiento mundial, y promueve que los pagos del gobierno se determinen después de un estudio riguroso de la costo-efectividad de un producto. El sistema se reconoce como el PBS (Pharamceutical Benefits Scheme). Todavía se desconoce el detalle de cómo el TLC entre Australia y EE.UU. afectaran al PBS, es decir el impacto que puede tener sobre los precios de referencia, y en el acceso equitativo a medicamentos esenciales a precios asequibles. Este es el objetivo de un estudio de tres años financiado por el Consejo de Investigación Australiano (Australian Research Council ‘ARC’)-que realizarán un equipo de investigadores de la Universidad Nacional Australiana y de fármaco-economistas de la Universidad de Newcastle. El objetivo del estudio es documentar, monitorear y analizar el efecto del TLC Australia-EE.UU en el área de medicamentos para proveer a los legisladores australianos con información y opciones para la toma de decisiones. Este estudio puede ser de interés para tomadores de decisiones de otros países, desde el punto de vista de que el TLC con Australia puede ser un precedente mundial para las estrategias de la industria y las evaluaciones de costo-efectividad de medicamentos.