Salud y Fármacos is an international non-profit organization that promotes access and the appropriate use of pharmaceuticals among the Spanish-speaking population.
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COLOMBIA: DECLARACIÓN DEL SECTOR SALUD ANTE EL TLC – ¡LA SALUD NO ES NEGOCIABLE!
Foro Nacional TLC y la Salud, Bogotá (Colombia), 10 de noviembre de 2005
COLOMBIA: CARTA ABIERTA DE RENUNCIA DE LUIS GUILLERMO RESTREPO VÉLEZ, NEGOCIADOR DEL TLC EN ASUNTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Copiada de Diálogos Farmacéuticos
TLC ANDINO: CARTAS DE CONGRESISTAS AL REPRESENTANTE COMERCIAL DE LOS EE.UU.
Traducciones copiadas de: Movimiento Boliviano de Lucha contra el TLA y el ALCA (www.boliviasoberana.org)
DECLARACIÓN CONJUNTA DE ONGS ACERCA DE LA NECESIDAD DE UNA MORATORIA DE LA OMC SOBRE ACUERDOS BILATERALES Y REGIONALES, Y POLÍTICAS QUE SOCAVAN EL ACCESO A LA SALUD (Joint NGO Statement on need for WTO moratorium on regional and bilateral trade agreements and policies undermining access to health)
17 de diciembre de 2005
Traducido por Víctor Arellano (Angelav Traducciones)
MITOS SOBRE LOS MEDICAMENTOS EN ARGENTINA: UNA MIRADA ECONÓMICA
Federico Tobar
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COLOMBIA: DECLARACIÓN DEL SECTOR SALUD ANTE EL TLC – ¡LA SALUD NO ES NEGOCIABLE!
Foro Nacional TLC y la Salud, Bogotá (Colombia), 10 de noviembre de 2005
Las organizaciones signatarias, ante el estado actual de las negociaciones del TLC y profundamente preocupadas por el impacto que las mismas puedan tener sobre la salud pública y el acceso a los medicamentos, en apoyo a los comunicados de la Conferencia Episcopal de Colombia, la Academia Nacional de Medicina, la Federación Médica Colombiana, el Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos, la Sociedad Colombiana de Ortopedia y otras importantes organizaciones, con el ánimo de que dicha negociación no resulte en detrimento de la salud de los colombianos, se permiten invitar al Gobierno Nacional a:
1. No ceder ante las pretensiones del equipo negociador de los EE.UU., dirigidas a fortalecer la propiedad intelectual más allá de las normativas de la OMC (Organización Mundial de Comercio y la CAN (Comunidad Andina de Naciones), las cuales Colombia cumple plenamente.
2. Asumir la defensa del derecho fundamental a la salud y a la vida, por encima de intereses comerciales.
3. No aceptar las patentes de segundos usos, las de métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos, las de material genético, las de la biodiversidad, las de los conocimientos tradicionales y, en general, la ampliación del espectro patentable. Asimismo, negar rotundamente la posibilidad de importar prótesis articulares y material de osteosíntesis usados o remanufacturados.
4. Atender las recomendaciones acerca de los impactos económicos y sanitarios presentados en los estudios realizados por la Universidad Nacional de Colombia sobre Bogotá, el Ministerio de Salud del Perú sobre dicho país, la OMS/OPS (2004) sobre Colombia, y el más reciente de la OPS (2005) también sobre Colombia, el cual concluye que un TLC tipo CAFTA ocasionaría para el año 2020, un impacto económico de US$940 millones anuales, lo que podría dejar sin acceso a medicamentos a más de 6 millones de usuarios en sólo el sistema de salud.
En la medida en que se atiendan estas respetuosas solicitudes la comunidad científica y académica nacional, las instancias formales del sector salud y las diferentes organizaciones sociales, estaremos dispuestos a prestar el apoyo para la defensa del acceso a medicamentos y la salud pública.
Invitamos a la ciudadanía a conformar un frente común para evitar que se suscriba un TLC en contra de los derechos fundamentales de los colombianos: ¡La Salud no es negociable!
Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (ASCOFAME), Academia Nacional de Medicina, Asociación de Profesionales de la Salud (ASSOSALUD), Confederación de Organizaciones de Profesionales del Área de la Salud (COPSA), Federación Médica Colombiana, Asociación Médica Sindical (ASMEDAS), Asociación Colombiana de Facultades de Farmacia y Química Farmacéutica, Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia y su Unidad Regional Cundinamarca, Colegio Médico Colombiano, Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia (ANEC), Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander UIS, Facultad de Química Farmacéutica de la Universidad de Antioquia, Acción Internacional por la Salud (AIS), Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería (ACOFAEN), Red Colombiana de Pacientes Viviendo con VIH (RECOLVIH), Asociación Colombiana de Droguistas detallistas (ASOCOLDRO), Asociación Colombiana de Programas de Tecnología en Regencia de Farmacia (ACOPTERFAR), Asociación de Estudiantes y Tecnólogos Regentes de Farmacia (ASERFAR), Fundación Instituto para la Investigación del Medicamento (IFARMA), Misión Salud, Proyecto de Políticas Públicas y Salud Universidad de Antioquia, Mesa de Medicamentos Antioquia…. (Siguen más firmas)
COLOMBIA: CARTA ABIERTA DE RENUNCIA DE LUIS GUILLERMO RESTREPO VÉLEZ, NEGOCIADOR DEL TLC EN ASUNTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Copiada de Diálogos Farmacéuticos
Bogota, 2 de diciembre de 2005
Desde enero de 2004 hasta el día de hoy desempeñé el cargo de asesor del Sr. Director del Instituto de Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), Dr. Julio Cesar Aldana, hacia quien durante este tiempo he desarrollado sentimientos de respeto y admiración que hacen difícil la decisión que hoy tomo, de dejar de servirle al Gobierno desde esta posición.
En virtud de mi cargo, durante estos dos años he sido testigo y participe privilegiado de los esfuerzos que el INVIMA y el Ministerio de la Protección Social han realizado para velar porque los medicamentos sean una herramienta al servicio de la salud de las personas.
El Ministerio de la Protección Social publicó y está liderando el desarrollo de la Política Farmacéutica Nacional, que ha servido para orientar al país en el propósito de optimizar la utilización de los medicamentos, reducir las inequidades en el acceso y asegurar la calidad de los mismos en el marco del sistema general de seguridad social en salud; y el INVIMA no solo logró sobrevivir, sino que ha ejecutado una buena parte de su plan estratégico para el cuatrienio, orientado a mejorar su capacidad para cumplir con la misión de trabajar para la protección de la salud individual y colectiva de los colombianos mediante la aplicación de las normas sanitarias relacionadas con los productos de su competencia.
Pero también en cumplimiento de mis funciones, se me asignó la responsabilidad de conformar el grupo técnico que representó al sector salud en la mesa de derechos de propiedad intelectual en el marco de la negociación del tratado de libre comercio con EE.UU., bajo el liderazgo del Ministro de la Protección Social y siguiendo instrucciones precisas del Señor Presidente de la República. Así lo hice desde mayo de 2004 hasta septiembre de 2005, cuando al final de la XIII ronda de negociación en Cartagena, suscribí una carta que fue conocida ampliamente por la opinión pública, en la que se informaba sobre el estado del proceso, que en ese momento contradecía abiertamente los principios sobre los que se fundamento la propuesta de negociación construida de manera conjunta por los andinos.
Hoy, después de cerca de dos meses de haber seguido acompañando el proceso por decisión del Dr. Diego Palacio en conjunto con los asesores internos y con los internacionales del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y de la Organización Mundial de la Salud, pero apartado de la mesa de negociación y del grupo institucional que nutre su trabajo por solicitud del jefe negociador del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, quiero hacer publica mi decisión de apartarme del Gobierno, en virtud de mi total desacuerdo con las ultimas decisiones que en materia de derechos de propiedad intelectual se han tomado en la negociación y de la forma como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha conducido el proceso.
Mi decisión obedece, al que constituye a mi juicio, el más grave incidente de la negociación, ocurrido en la última ronda llevada a cabo en Washington, donde el coordinador de la mesa de propiedad intelectual por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, abandonó la propuesta de negociación concertada con los andinos y, de manera unilateral, presentó una propuesta de protección de datos de prueba basada en el texto estadounidense, que contiene disposiciones con niveles de protección mayores que los acordados por ese país con Chile y con los países centroamericanos (CAFTA), donde se ignoran todos los compromisos con el sector salud, como ya había ocurrido hace unos meses con otro funcionario del mismo Ministerio, no se sabe si por cuenta propia o siguiendo instrucciones superiores. Algo similar ocurrió con otros asuntos críticos de la negociación.
En materia de salud pública no es un buen negocio que para que existan nuevos medicamentos se incentive a las empresas farmacéuticas mediante mecanismos como los propuestos por la Oficina del Representante Comercial de EE.UU., ya que contribuyen a que los costos de las medicinas sean prohibitivos para sectores cada vez más amplios de la población y para los sistemas de seguridad social, cuya propia supervivencia financiera se ve ya seriamente amenazada.
Es evidente que aceptar normas de propiedad intelectual más restrictivas que lo acordado por la comunidad internacional en el sistema multilateral, hará subir significativamente el gasto en medicamentos limitando el acceso de las personas, e incluso poniendo en vilo la supervivencia del sistema general de seguridad social en salud, como lo han sostenido durante toda la negociación los asesores nacionales e internacionales que han acompañado el proceso.
En cuanto a la forma como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha conducido el proceso, sería mucho más transparente decirle al país que el trabajo de 18 meses en las cuestiones relacionadas con propiedad intelectual y salud fracasó, que realmente nunca existió negociación y que para poder firmar un tratado de libre comercio con EE.UU., es necesario abandonar la estrategia de "negociación por intereses", traspasar las "líneas rojas" y aceptar unas disposiciones que elevan la protección a niveles similares o superiores a los de los tratados firmados por ese país con Chile y con los países centroamericanos (CAFTA). Eso tal vez nos hubiera ahorrado conflictos, tiempo y recursos. Que no se diga esto con claridad, me produce vergüenza ajena y dolor de patria.
He sido igualmente testigo de la forma como el Ministerio de la Protección Social y múltiples instituciones del sector de la salud y de otros sectores del gobierno, han hecho un enorme esfuerzo por defender los principios de salud pública, como lo manda la Constitución Nacional, a pesar de haber sido objeto de descalificaciones que no es necesario recordar, y me queda la satisfacción de haber podido conocer excelentes seres humanos comprometidos con sus compatriotas, pero a la vez tengo que deplorar la forma desleal y engañosa con la que los negociadores de comercio trataron hasta ahora al sector, no solo en Colombia, sino en los tres países.
Me queda la certeza de que desde el inicio de la negociación, sabían de la rígida postura de los negociadores estadounidenses, que no aceptarían un texto que no fuera igual o superior al CAFTA y emplearon sus mejores capacidades no para negociar con ellos, sino para obtener paso a paso, gradualmente, con estrategias de todo tipo algunas de las cuales el país conoció por su gravedad y trascendencia, concesiones del sector salud que los acercaran a su meta. Aceptaron vetos, impusieron vetos, invitaron un experto internacional de conocida tendencia pro industria, desacreditaron estudios, tergiversaron resultados de otros, teniendo siempre como espada de Damocles la amenaza de convertir al sector, al Ministerio y al Ministro en el obstáculo del tratado.
Admiro y respeto los esfuerzos del Ministro de la Protección Social por conservar la unidad de Gobierno y lograr una buena negociación, pero por razones éticas no quiero ser parte del mismo, porque no estoy dispuesto a defender algo con lo que no estoy de acuerdo y que es inminente que generará un alto impacto negativo en el campo de la salud pública.
Seguiré trabajando en pro de la salud y apoyando cuanto se haga por mejorar las condiciones de las personas en la vía en que el Ministerio lo ha venido haciendo en materia farmacéutica, pero me llevo un sabor amargo, porque una sociedad siempre esta expuesta a tomar buenas o malas decisiones, cuyas repercusiones tendrá que disfrutar o sufrir, pero cuando la verdad es la ausente, la historia es un juez implacable.
Luis Guillermo Restrepo Vélez
C.C. 71.392.657 de Caldas, Antioquia
TLC ANDINO: CARTAS DE CONGRESISTAS AL REPRESENTANTE COMERCIAL DE LOS EE.UU.
Traducciones copiadas de: Movimiento Boliviano de Lucha contra el TLA y el ALCA (www.boliviasoberana.org)
Congreso de los Estados Unidos
Washington, DC 20515
7 de noviembre de 2005
Embajador Robert Portman
Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR)
600 17th Street, NW
Washington, DC 20508
Estimado Embajador Portman,
Aprovechamos esta oportunidad para plantearle algunas preocupaciones en relación a las actuales negociaciones entre EE.UU. y Colombia, Ecuador y Perú para un Tratado de Libre Comercio Andino (TLC Andino). Después de once rondas, las negociaciones parecen estar en, o cerca de, un impasse en varios puntos, incluyendo agricultura y propiedad intelectual. En efecto, los actuales planteamientos del USTR en agricultura podrían poner en peligro la viabilidad de un próspero y estable sector rural en la región, llevando a la posibilidad real del incremento de la producción de coca y, consecuentemente, del crimen trasnacional. Un resultado como este estaría en completa contradicción con la actual política antidroga y de desarrollo alternativo de EE.UU. Igualmente, las propuestas en propiedad intelectual han sido criticadas por poner en peligro el acceso a medicinas asequibles para los más pobres en la región andina, lo cual incrementaría los niveles de enfermedad y muerte prematura. Al mismo tiempo, serias preocupaciones con relación a las leyes laborales y su cumplimiento en la región andina, incluyendo los frecuentes asesinatos a sindicalistas en Colombia, no han sido adecuadamente tratadas.
Como se discute más ampliamente abajo, estas preocupaciones nos llevan a preguntar si el TLC Andino, en realidad, va a promover el desarrollo económico en la región andina y al mismo tiempo la generación de nuevas oportunidades en EE.UU., o si por el contrario el acuerdo traerá más desempleo, mayor inseguridad, y crimen.
1. Comercio en agricultura
En preparación para las negociaciones agrícolas, el Ministerio de Agricultura colombiano dio a conocer un informe titulado “La agricultura colombiana y el TLC con EE.UU.” en julio del 2004. El informe predice que si Colombia elimina su sistema de banda de precios y se compromete a reducir substancialmente sus aranceles en productos sensibles, como EE.UU. insiste en plantear, los agricultores podrían experimentar una reducción total del 57% de sus ingresos y 35% en empleo en los nueve principales sectores agrícolas [1]. En efecto, el informe lanzó una llamativa alerta:
“[Si]… Colombia [no toma] adecuadas medidas en defensa y apoyo de los productores agrícolas, los problemas rurales podrían empeorar y muchos de sus habitantes del sector rural no tendrían más que tres opciones: migrar a las ciudades o a otros países (especialmente EE.UU.), trabajar en las zonas de cultivo de drogas, o afiliarse a grupos armados ilegales. Así el acuerdo, si no es adecuadamente negociado, podría empeorar estos tres problemas que Colombia está tratando de solucionar y que sería de interés de EE.UU. superarlos” [2].
El ex economista en jefe del Banco Mundial, Joseph Stiglitz, concuerda al explicar en una entrevista en octubre del 2004 que “EE.UU. está gastando billones tratando de erradicar el tráfico de cocaína y aquí nosotros estamos dando un incentivo para que cultiven más coca… Si su ingreso por maíz y arroz y otros cultivos legítimos cae, ellos se cambiarán a algo más, y la alternativa más lucrativa es la coca.” [3].
De manera similar, un informe de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal) del 2005, encontró que el sector rural ecuatoriano podría verse afectado negativamente, con 21 de los 36 productos estudiados reduciendo su participación en el mercado interno [4]. Al evaluar al sector agrícola ecuatoriano bajo los términos de un acuerdo comercial con EE.UU., el informe concluyó, “el sector agrícola ecuatoriano pierde en cualquier escenario. Esto incluye el improbable caso en que EE.UU. eliminara subsidios, ayudas y mantuviera sus aranceles en cero. El efecto neto es marginalmente negativo, pero impactará especialmente a los pequeños y medianos productores de arroz, maíz (blanco y duro), carne y algunos productos de consumo diario [5]. En un escenario más probable, en el que los aranceles sean eliminados pero los subsidios y ayudas de EE.UU. se mantengan, el informe anticipa que el sector rural va a ser fuertemente golpeado en términos del valor bruto de su producción, y mucho más en términos de empleo.
2. Propiedad intelectual
Las propuestas de EE.UU. para el TLC Andino incluyen varias disposiciones que socavan el acceso a medicinas asequibles. Estos incluyen la extensión de la protección a patentes de 20 a 25 años para compensar por retrasos en el procesamiento de patentes, una prohibición de 5 años en el uso de datos de prueba para la aprobación de medicamentos genéricos, y el otorgamiento de patentes de “segundo uso” cuando un nuevo uso es descubierto para medicinas existentes. Las reglas propuestas podrían eliminar virtualmente a los laboratorios farmacéuticos locales y dar como resultado un brusco incremento de los precios. Un estudio reciente, llevado a cabo por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Colombia, predice que el impacto económico de estas reglas en Colombia va a exceder los US$ 4.9 billones [6]. De acuerdo con el Dr. Pier Paolo Balladelli, OPS – Colombia, las restricciones incluidas en el acuerdo comercial podrían tener un enorme impacto en los servicios de salud y resultaría en la reducción del acceso a medicinas de calidad en Colombia [7].
Preocupaciones similares fueron planteadas recientemente por el Relator Especial de Naciones Unidas para la Salud, Paul Hunt, quien advirtió que el acuerdo pondría las medicinas fuera del alcance de millones de personas en Perú y urgió a EE.UU. a no presionar al país en el acuerdo comercial. Hunt explicó: “Estoy preocupado porque las negociaciones comerciales entre EE.UU. y Perú podrían crear mayores protecciones para las patentes que aquellas que ya están establecidas bajo las reglas de la OMC. Mayores protecciones a las patentes podrían limitar a los gobiernos a tomar acciones para proteger el derecho a la salud en el futuro” [8]. Del mismo modo, el Ministerio de Salud de Perú hizo público un informe, el 2 de junio del 2005, sobre los potenciales efectos del acuerdo comercial. El estudio indica que entre 700.000 y 900.000 personas podrían ser excluidas del acceso a medicamentos bajo el acuerdo a menos que el presupuesto del Ministerio de Salud se incremente substancialmente [9].
3. Laboral
En Colombia, los trabajadores continúan enfrentando varios obstáculos legales y prácticos para el ejercicio de sus derechos de libre asociación, afiliación a sindicatos y negociación colectiva. Las limitaciones al derecho de negociación colectiva y de huelga en el sector público y privado, y las leyes y prácticas que permiten a los empleadores sortear a los sindicatos y negociar directamente con los empleados o con asociaciones no sindicales, son características de las privaciones que existen en Colombia. Como resultado de estas y otras violaciones laborales, el número de trabajadores cubiertos con acuerdos de negociación colectiva cayó de 409.918 en 1994-95 a 176.774 en 2002, de acuerdo con el más reciente informe de derechos humanos del Departamento de Estado de EE.UU.
Sin embargo, es el alarmante nivel de violencia en contra de sindicalistas lo que hace de Colombia un caso aparte. En la última década, más de 2.000 sindicalistas han sido asesinados en Colombia, haciendo con esto el lugar más peligroso del mundo para ser un sindicalista. Hasta la fecha, el gobierno de Colombia no ha logrado tomar las medidas necesarias para prevenir crímenes en contra de los sindicalistas, y no ha logrado investigar y procesar más que a un puñado del número total de casos. Es dentro de este contexto cercano a la impunidad total que 94 sindicalistas fueron asesinados el 2004, más que los 91 del 2003 [10]. Adicionalmente, las amenazas de muerte se han, cuando menos, duplicado en el mismo período, de 296 a 445, generando un escalofriante efecto en la actividad sindical.
Aunque el informe de mitad de año del 2005 de la Escuela Nacional Sindical (ENS) refleja un descenso en el número de sindicalistas asesinados, 29 (que fue de 54 en el mismo período el año anterior) otras violaciones, como las amenazas de muerte en contra de sindicalistas, continuaron en el mismo ritmo [11]. De acuerdo con la ENS, esto refleja un cambio de tácticas de las partes responsables, principalmente los paramilitares, dada la necesidad de demostrar su deseo de desarme. De esta manera, los paramilitares han optado por amenazar a los sindicalistas y sus familias -un acto que tiene el mismo impacto pero que provoca menos preocupación en la comunidad internacional [12].
En Ecuador, las violaciones de los derechos laborales fueron documentadas en el informe de Human Rights Watch del 2002, titulado “La cosecha mal habida” [13]. El informe pone al descubierto serias deficiencias en el código laboral de Ecuador y detalla numerosas violaciones a los derechos humanos en la industria bananera, incluyendo el extendido uso de trabajo infantil peligroso y de varias tácticas, a veces violentas, para violar el derecho de los trabajadores a la libre asociación. Organizaciones laborales y de derechos humanos, incluyendo el proyecto de EE.UU. “Educación laboral en las Américas”, AFL-CIO y Human Rights Watch, han presentado peticiones contra Ecuador en el marco del Atpdea (Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga) para que el gobierno de EE.UU. investigue estos problemas y que el gobierno ecuatoriano tome acciones para resolverlo. El gobierno de EE.UU, sin embargo, tiene aún que dictaminar estas peticiones, y Ecuador ha fallado mayormente en el cumplimiento de sus promesas de resolver estos problemas, incluyendo las muy necesarias reformas para mejorar su débil código laboral.
Conclusión
Ciertamente, nadie se opone a la expansión de las relaciones económicas con la región andina. Debemos asegurar, sin embargo, que nuestras políticas comerciales con la región andina sean mutuamente beneficiosas y promuevan crecimiento y oportunidades laborales para todos. Creemos que las preocupaciones descritas arriba deben ser tomadas en cuenta para que en el largo plazo el TLC Andino resulte beneficioso para todos.
Sinceramente,
Firman los 24 congresistas (ver lista en carta en inglés, disponible en: www.boliviasoberana.org/_attachments/1439173/Letter_from_the_Congress_to_USTR_7_11_05.pdf)
Referencias
1. Ministerio de Agricultura y Desarrollo, “La agricultura colombiana antes del TLC con EEUU”, julio de 2004.
2. Id. p. 180.
3. Bronstein, Hugh “Colombia debe ser firme en las conversaciones comerciales con EEUU – Stiglitz”, Reuters, oct. 21, 2004, disponible en www.colombiaemb.org/opencms/opencms/extras/news_item.html?id=751
4. Ver CEPAL, “Los impactos diferenciados del TLC Ecuador – EEUU sobre la agricultura de Ecuador” (5 de enero de 2005)
5. Id.
6. Ver OPS, “Modelo prospectivo del impacto de la protección a la propiedad intelectual sobre el acceso a medicamentos en Colombia” (noviembre de 2004), disponible en www.col.ops-oms.org/noticias/2004/09genericos.asp
7. Id.
8. Manrique, Rossanna, “ONU demanda proteger la salud pública en negociaciones del TLC”, La República (Perú), 14 de julio.
9. Ministerio de Salud del Perú, “Evaluación de los potenciales efectos sobre acceso a medicamentos del TLC que se negocia con EE.UU.” (abril de 2005)
10. Ver Escuela Nacional Sindical (ENS), “Informe sobre la violación a los DDHH de los sindicalistas colombianos” (marzo de 2005).
11. ENS, “Violaciones a la vida, a la libertad y a la integridad de los trabajadores sindicalizados en Colombia” (1 de enero-1 de junio de 2005).
12. Id. p. 4.
13. Ver Human Rigths Watch, “La cosecha mal habida: trabajo infantil y obstáculos a la libertad sindical en las plantaciones bananeras de Ecuador” (abril de 2002)
Congreso de los Estados Unidos
Cámara de Representantes
Washington, DC 20515
10 de noviembre de 2005
Honorable Robert J. Portman
Representante Comercial de los EE.UU.
600 17th Street, NW
Washington, DC 20506
Estimado Sr. Embajador:
Estando cerca de la conclusión del Tratado de Libre Comercio Andino-EE.UU., tenemos serias preocupaciones respecto a los estándares de propiedad intelectual (PI) para productos farmacéuticos establecidos por éste y otros acuerdos recientes, que podrían socavar seriamente el balance entre la innovación y el acceso a medicamentos y asistencia médica asequible, tanto en los EE.UU. como en el exterior. El TLC Andino será uno de los primeros acuerdos completados bajo su liderazgo. Lo exhortamos a ver esta como una oportunidad para tomar un rumbo que promueva tanto la innovación farmacéutica como la salud de quienes viven en los EE.UU. y en las naciones Andinas.
En 1984, al promulgar la ley Hatch-Waxman, el Congreso reconoció la necesidad de tener un balance entre la protección a la propiedad intelectual de productos farmacéuticos y la promoción del acceso a medicinas asequibles a través de un eficiente proceso de competencia de medicamentos genéricos. Hasta el momento, los recientes TLC descuidan el componente de acceso y promueven únicamente la protección a la innovación.
Por ejemplo, como se reportó en la prensa colombiana en septiembre del 2004, la Administración ha presionado para incluir en el TLC Andino numerosas condiciones dirigidas a proteger la innovación, incluyendo medidas que: (1) expandirían el ámbito de patentabilidad, incluyendo métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de humanos o animales; (2) otorgarían “al menos” cinco años de exclusividad en el mercado para los fabricantes de nuevas medicinas, independientemente de la protección de la patente; (3) otorgarían patentes para nuevos usos de productos patentados; (4) llevarían a las autoridades farmacéuticas nacionales a actuar como fiscalizadores de las patentes de medicamentos, e (5) impondrían condicionar las importaciones paralelas de medicamentos patentados. Algunas de estas condiciones podrían facilitar la adopción de protecciones que van más allá de las otorgadas por la ley estadounidense. Más aún, imponer condiciones de PI como estas en países que no tienen actualmente un marco legal y regulatorio comparable al de los EE.UU., servirá únicamente para socavar el acceso a medicinas asequibles en estos países.
En contraste, la Administración ha fracasado en incluir condiciones que podrían promover un mayor acceso a medicinas asequibles, tales como: (1) una provisión de “tipo Bolar” para asegurar que los países permitan el trabajo de experimentación y prueba requerido para el registro de un medicamento genérico durante el período de la patente del producto original, de forma que los genéricos puedan ingresar al mercado inmediatamente después de la expiración de la patente; (2) un requerimiento para que los titulares de la patente revelen la mejor manera para reproducir un invento, de forma que la sociedad pueda beneficiarse de él luego de que la patente expire; o (3) límites a las extensiones de las patentes por retrasos en la expedición de una patente o en el proceso de aprobación de venta.
Los TLC negociados recientemente por esta Administración también fallaron en tomar en cuenta una realidad aún más básica. La realidad es que las provisiones de PI desarrolladas y adaptadas por el sistema de salud de EE.UU. pueden ser completamente inapropiadas para países pobres donde pocos tienen acceso incluso a hospitales estatales, y mucho menos a clínicas privadas, farmacias o seguros médicos.
Hemos apoyado hasta el momento fuertes condiciones de PI en acuerdos de libre comercio. Sin embargo, tales provisiones, al estar relacionadas con la innovación farmacéutica, también deben fomentar el acceso a medicinas asequibles. Nuestros TLC deben defender, como mínimo, el esencial balance en la ley estadounidense entre la promoción de la innovación y asistencia médica asequible y deben respetar las necesidades básicas de salud pública de nuestros socios comerciales. Le exhortamos a asegurar que el USTR promueve estos principios en las negociaciones comerciales de forma tal que los TLC no pongan en riesgo el acceso a asistencia médica, ni en EE.UU. y ni en el exterior.
Sinceramente,
Firman 15 congresistas (ver carta en inglés disponible en: www.boliviasoberana.org/_attachments/1439173/Letter_from_the_Congress_to_USTR_10_11_05.pdf)
DECLARACIÓN CONJUNTA DE ONGS ACERCA DE LA NECESIDAD DE UNA MORATORIA DE LA OMC SOBRE ACUERDOS BILATERALES Y REGIONALES, Y POLÍTICAS QUE SOCAVAN EL ACCESO A LA SALUD (Joint NGO Statement on need for WTO moratorium on regional and bilateral trade agreements and policies undermining access to health)
17 de diciembre de 2005
Traducido por Víctor Arellano (Angelav Traducciones)
Las siguientes ONGs solicitaron a los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y a los que participan en las negociaciones comerciales que protegiesen al público de la explosión de acuerdos comerciales regionales y bilaterales que solo benefician a una de las partes y que son peligrosos. Estos acuerdos imponen condiciones a los países en desarrollo que van más allá de lo que estipulaba ADPIC (TRIPS por sus siglas en inglés), y que limitan el acceso a los medicamentos. Estas condiciones incluyen pero no se limitan a lo siguiente:
1. Restricciones a las circunstancias bajo las cuales se pueden emitir licencias obligatorias.
2. Restricciones al comercio paralelo.
3. Obliga a proteger el acceso a los datos de los ensayos clínicos que se presentan con la solicitud de registro de medicamentos nuevos (derecho a la exclusividad de la información).
4. Extensión de los períodos de patente a más allá de 20 años.
5. Obliga a los reguladores de medicamentos a hacer que se respeten las patentes de dudosa validez o importancia, y
6. Obliga a que se otorguen patentes para segundas indicaciones de medicamentos.
Estos acuerdos regionales y bilaterales son el resultado de relaciones de poder muy desiguales. Representan un esfuerzo deliberado para socavar los tratados multilaterales de comercio, y son contrarios a los valores expresados en la Declaración de Doha de la OMC sobre ADPIC y Salud Pública (WTO Doha Declaration on TRIPS y Public Health).
A menos que la OMC imponga límites a este tipo de negociaciones sobre comercio, los consumidores, incluyendo los más pobres, no estarán protegidos de los efectos de las excesivas e inapropiadas normas de protección de la propiedad intelectual.
Solicitamos a los estados miembros de la OMC que se pongan de acuerdo y establezcan una moratoria en los nuevos tratados de comercio, bilaterales y regionales, que incluyan cláusulas relacionadas con derechos sobre propiedad intelectual y medicamentos, y que decidan no hacer cumplir las disposiciones de esos acuerdos que sean contrarias a lo establecido por la Declaración de Doha sobre ADPIC y salud pública.
Ya no podemos seguir tolerando que funcionarios públicos se den palmaditas en la espalda entre ellos al hacer declaraciones laudatorias sobre acceso a medicamentos que no están respaldadas por acciones, y que no solo se ignoran en la práctica, sino que además están siendo alteradas en los acuerdos regionales y bilaterales de comercio.
Solicitamos que estos temas se traten específicamente en el encuentro de primavera de la OMC que se realizará después de la reunión de ministros de Hong Kong.
Firmado (lista por orden alfabético)
Act Up-Paris
ALCS (Association de Lutte Contre le Sida)
All India Drug Action Network
Consumer Project on Technology
Consumers International
Consumers Union
Diverse Women for Diversity
EATG (European AIDS Treatment Group)
Foundation for Consumers, Thailand
FTA Watch, Thailand
Health y Development Foundation, Thailand
International Peoples Health Council
MSF Access to Essential Medicines Campaign
Navdanya
Oxfam International
People’s Health Movement
Peoples Health Network
Research Foundation for Science, Technology y Ecology
Thai Drug Study Group
The Global Network of People Living with HIV/AIDS (GNP+)
Third World Network
URFIG
MITOS SOBRE LOS MEDICAMENTOS EN ARGENTINA: UNA MIRADA ECONÓMICA
Federico Tobar
El sector de medicamentos reviste una importancia central en Argentina. Por un lado, como actividad económica involucra un mercado que en el 2004 registró un giro del orden de los 9.765 millones de pesos o 3,1% del PIB. Genera y sustenta miles de puestos de trabajo productivos y a la vez es intensivo en el uso de tecnología. En otras palabras se trata del tipo de sectores de actividad que suelen ser protegidos e incentivados en los países que buscan consolidar su industrialización.
Por otro lado, la utilización de medicamentos por parte de la población constituye el cuidado de salud más frecuente. Las encuestas de utilización y gasto en salud que desarrolla el Ministerio de Salud así lo prueban. Se producen 30,3 millones de actos de compra de medicamentos en farmacia por mes. Casi el 70% declara haber utilizado medicamentos durante el último mes, contra un 40% que dice haber realizado consultas médicas y un 5% que concurrió a un psicólogo. Incluso unos 3,2 millones de argentinos que declaran no percibir ingresos afirman consumir medicamentos.
Pero el problema reside en que “nadie puede servir a dos amos”. Es muy difícil conciliar la lógica que impera para un bien industrial de consumo masivo y la lógica necesaria para la adecuada producción y consumo de un bien social que genera salud. Es por eso que hay muchos mitos y confusiones en relación a los medicamentos, su producción, circulación y utilización.
El primero de estos mitos afirma que se trata de un mercado opaco y muy imperfecto. Bueno, en realidad todos los mercados son imperfectos ya que presentan “fallas”. La competencia perfecta es una imagen simbólica, un ideal que no se concreta en ningún caso. (Los mercados no fallan, quienes fallamos somos nosotros al creer que ellos resuelven de forma equitativa nuestras necesidades de salud). Pero si comparamos al mercado de los medicamentos con otros mercados de salud en Argentina, verificamos que es bastante más competitivo y transparente que el resto. Por ejemplo, se identifican como fallas que existan diferentes precios para el mismo producto (dispersión), que la formación de precios sea arbitraria y haya asimetrías de información en el momento de definir la compra. Estas fallas son mucho mayores en otros mercados como el de la consulta ambulatoria, los tratamientos psicológicos, las internaciones y la tecnología médica. En la mayoría de los casos en estos items ni siquiera puede el comprador conocer el precio antes de realizar la adquisición. No existen listas de precios que permitan hacer comparaciones y el mismo proveedor, cobra valores diferentes a diferentes compradores, por el mismo bien o servicio.
Otro mito afirma que el gasto en medicamentos en el país es muy alto. Los estudios demuestran que el gasto de medicamentos de un país es relativo al tamaño de la economía, a la evolución demográfica y epidemiológica, a los esquemas de financiamiento en salud y, sin duda, a los precios medios vigentes. Cuando se considera todas estas variables se concluye que Argentina no tiene un nivel de gastos sobredimensionado en medicamentos.
Es que “el problema no se ve en la foto sino en la película”. El ritmo con que crece el gasto en medicamentos supera al del gasto en salud. Las curvas de evolución de ambos gastos son diferentes y este es un fenómeno que se da tanto en Argentina como en otros países.
También vinculado con el gasto se debe destacar que más que un problema por el nivel excesivo del mismo tenemos un problema por la composición de su financiamiento. En la actualidad, alrededor del 70% del gasto en medicamentos en el país se financia con recursos de las familias (gasto de bolsillo) y esta es la forma más regresiva e injusta de financiarlo.
Otro mito frecuente es que durante los noventa el país no tuvo una política de medicamentos. En realidad si la tuvo solo que no fue centrada en promover el acceso. De la misma manera, se ha afirmado que la actual Política Nacional de Medicamentos por privilegiar el acceso descuida la calidad de los productos cuando nunca antes se tomaron tantos recaudos para garantizar lo que está dentro del frasquito o blister.
Hay otros mitos relacionados con el impacto de la actual política. Esto es con cuanto se utilizan los medicamentos por su nombre genérico. Ya que hay diferentes dimensiones de dicha utilización. Así, una cosa es que el prescriptor incluya el nombre genérico del producto, otra es que el farmacéutico sugiera al comprador alternativas de marca y precio del mismo medicamento. La tercera es que realmente se concrete la substitución. Los estudios realizados demuestran que mientras la proporción de recetas que incluye el nombre genérico aumenta, la frecuencia de substitución en farmacia disminuye. Por otro lado, hay aún un 22% de recetas ilegales en el país que se concretan en actos de compra y utilización, y no son objeto de ninguna fiscalización ni sanción en ninguna jurisdicción.
Por último, se pueden identificar mitos relativos con el futuro del sector. Por un lado están quienes afirman que la actual política durará poco. Por otro lado los que vaticinan que, de forma similar a lo sucedido en otros países, marchamos rumbo a un mercado de dos segmentos: uno de innovadores con protección por patente y otro de genéricos. Sin embargo, cuando se despliegan análisis de escenarios una tercera alternativa aparece como más robusta. Es que se consoliden tres mercados con sus propias clientelas cautivas. A los dos anteriores se agrega el mercado de similares de marca nacional que puede continuar manteniendo su hegemonía en el segmento de beneficiarios de la seguridad social.