ECONOMÍA Y ACCESO

Precios

Colombia. Por presión de la sociedad civil, Control de precios para Kaletra® en Colombia
Comunicado de prensa a la opinión pública
Fundación Ifarma, diciembre 1 de 2013
http://www.mision-salud.org/kaletra-a-control-de-precios-en-colombia-bogota-diciembre-de-2013/

En el día mundial del VIH-Sida, las organizaciones de la sociedad civil que participan de la solicitud de una licencia obligatoria para Kaletra® (lopinavir + Ritonavir de Abbott – Abbvie) celebran la decisión judicial que ordenó aplicar control de precios al producto.

Kaletra® costaba alrededor de US$ 4.000 por persona y por año (PPA) cuando en 2008, IFARMA, Misión Salud, la Mesa de Organizaciones con Trabajo en VIH/Sida y RECOLVIH, solicitaron una Licencia Obligatoria por razones de interés público.

La solicitud de una licencia obligatoria para el Kaletra®, se hizo llegar al Presidente de la República, al Ministro de Protección Social y al Superintendente de Industria y Comercio, por razones de interés público argumentando que el elevado precio del medicamento –derivado del privilegio de la patente- afectaba el acceso de los pacientes que lo requerían y el equilibrio financiero del sistema de salud. En 2009, el Ministerio de la Protección Social negó la declaratoria de interés público, cerrando el paso a la licencia obligatoria. No obstante y como consecuencia de la solicitud, el precio se redujo a cerca de US$1.100.

A pesar de que la reducción del precio era substancial, el costo más bajo de competidores genéricos es de US$268 PPA por lo que las mismas organizaciones presentaron en 2009 una acción popular para la defensa del derecho ciudadano a la Moralidad Pública y el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública.

En 2011, el juez 37 administrativo, considerando que efectivamente se había vulnerado el derecho colectivo, ordenó controlar el precio del producto, autorizar importaciones paralelas del mismo y verificar si se habían presentado abusos en el precio por parte de Abbott- Abbvie. Ante una apelación de Abbott, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ratificó la sentencia y ordenó nuevamente someter el producto a control de precios en septiembre de 2012.

Sin embargo fue necesario esperar hasta el pasado 3 de octubre de 2013, más de un año después, para que la sentencia del tribunal fuera finalmente ejecutada. Ese día se publicó la Circular 06 de 2013 de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos, que sometió el Kaletra® a control directo de precios, fijando su precio máximo en el equivalente a US$670 PPA.

Colombia ha tenido y tiene un Gobierno mucho más cercano a las conveniencias de las grandes corporaciones que a los ciudadanos, lo que en este caso en particular se refleja muy bien en la enorme lentitud para responder a las órdenes del sistema judicial que ha conseguido que el proceso complete ya más de cinco años, y que la ejecución de una sentencia se tarde más de un año, lo que motivó al Juez 37 a presentar un incidente de desacato por parte del Ministerio de Salud.

Abbott-Abbvie se ha burlado del Estado pues en 2012 ofreció una reducción de precio que posteriormente no cumplió (según pudieron comprobarlo las autoridades competentes) y ha recurrido a diversas medidas de presión como amenazas de desabastecimiento. Ante la sentencia del tribunal y su posterior cumplimiento, presentó una tutela temeraria contra el Juez de primera instancia. Felizmente el sector judicial parece haber asumido un papel de corregir las falencias del ejecutivo para defender los derechos de los ciudadanos, y el juez 37 de manera valiente ha ratificado la orden de someter el Kaletra® a control directo de precios.

Si la licencia hubiera sido otorgada en 2008, cuando fue solicitada, el ahorro al sistema de salud habría podido llegar a ser de Pco200.000 millones (1US$=1933,6), algo más de US$100 millones que constituye ni más ni menos el costo “extra” de la patente del Kaletra® que los Colombianos hemos pagado para contribuir a los buenos resultados comerciales de Abbott a nivel global.

Para celebrar el 1 de diciembre, las Organizaciones de la Sociedad Civil presentarán al Ministerio de Salud una petición para que se revoque la resolución que negó que el acceso al producto y su exagerado precio fueran un asunto de interés público y declare que de acuerdo con la sentencia, si lo era y aún lo sigue siendo.