Ética, Derecho y Ensayos Clínicos

Conducta de la Industria

España. El debate sobre la hepatitis C reabre la brecha entre la Organización Médica Colegial (OMC) y la industria
Gaceta Médica, 23 de enero de 2014
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Los médicos reclaman al Gobierno el establecimiento de un fondo específico para pagar los fármacos

Las relaciones entre el colectivo médico y la industria farmacéutica no pasan por su mejor momento. Las diferencias quedaron una vez más en evidencia cuando a comienzos de la semana pasada la Organización Médica Colegial denunció la imposición de “precios abusivos” y “codiciosos” en los nuevos antivirales para el tratamiento de la hepatitis C.

Ya a finales de octubre el organismo que preside Juan José Rodríguez Sendín lanzó su ‘Informe sobre el sector farmacéutico’ en el que solicitaba desde la revisión del actual modelo de farmacia a un cambio del sistema de “fijación de precios de los medicamentos en razón al óptimo social deseable en un marco de restricción presupuestaria”. En esta ocasión, la OMC ha lanzado un documento de apenas seis páginas en los que incide en esta tesis.

Los médicos argumentan que si el coste de producción del medicamento ronda los €100, resulta excesivo que países como Estados Unidos estén pagando €69.000 por tratamiento. Tampoco entienden el criterio en países como India o Egipto donde el coste asciende a €750, diferencias que consideran “abrumadoras e irracionales”. En plena negociación con la industria, el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso prefirió no entrar en conflictos. Según sus palabras, hablar de precio “abusivo” es “relativo”. “La innovación hay que financiarla y hay otras fórmulas de financiación como el techo de gasto, riesgo compartido, etc.”, aseguró durante el desayuno informativo de Fórum Europa.

El fondo, un debate abierto
En este contexto, los médicos entraron de lleno en el debate sobre la financiación de los nuevos medicamentos. Rodríguez Sendín solicitó la creación de un “fondo específico finalista” para costear estos fármacos de manera provisional hasta que se definan las líneas estratégicas del plan específico. La petición coincide con la que viene realizando el PSOE. Ya los consejeros de Andalucía y Asturias demandaron en el Interterritorial la puesta en marcha de un mecanismo de estas características, propuesta en la que insistió el portavoz de sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, José Martínez Olmos, durante la última Comisión de Sanidad en el Congreso de los Diputados.

De momento, Alonso no parece interesado en esta posibilidad, aunque ha conseguido acercar posturas con la oposición. En sus últimas intervenciones se decanta por un modelo de compra centralizada. Además de dialogar con todas las comunidades autónomas, el Gobierno ha establecido contactos con otros países de la Unión Europea para estudiar la adquisición conjunta de fármacos, aunque admitió que hay que avanzar mucho todavía en este tipo de negociaciones. “La agencia europea permite la entrada de los medicamentos, pero luego son los países los que marcan su uso estableciendo las guías terapéuticas”, expuso el ministro.

Precisamente, Rodríguez Sendín había lamentado la falta de iniciativa de las instituciones europeas a la hora de negociar el establecimiento de un precio conjunto para estos fármacos. “La Unión Europea ha sido incapaz de dar una respuesta ajustada a la codicia y al ánimo de lucro”, expresó.

Revisión del sistema de patentes
El titular de Sanidad también salió al paso de las propuestas de algunas formaciones políticas sobre la posibilidad de producir genéricos de sofosbuvir. “Las patentes —expuso— están reguladas por una legislación comunitaria que no sé si se puede revisar, aunque está bien hacer ese debate”. El presidente de la OMC también puso en duda el actual modelo y denunció que la protección de la molécula “no puede estar por encima del derecho a la salud de los pacientes”.

El ministro añadió que en otros países la preocupación no es tanto del sistema sanitario público como de las aseguradoras, que tienen que asumir este tipo de costes, poniendo en valor la cobertura sanitaria pública en nuestro país.

Alonso insistió en que la situación generada por los nuevos tratamientos de la hepatitis C no debe verse como un problema, sino como una oportunidad. “Hay tratamientos que curan la enfermedad que nos sitúan en un horizonte en el que ojalá que en unos años la hepatitis llegue a ser una enfermedad rara en España. Para eso, no hay que trabajar solo en un fármaco, sino en estrategias más amplias que incluyan la prevención, etc.”, puntualizó.

En la misma línea, destacó que si hay un uso más eficiente en farmacia, nuestro país tendrá capacidad para acoger las innovaciones que abren puertas de esperanza a pacientes con opciones de curación. Si no se gestiona bien, advirtió, “seremos incapaces de afrontar este reto”.

Por último, recordó que con las guías aprobadas actualmente, en referencia a los informes de posicionamiento terapéutico y la estrategia de priorización, las comunidades autónomas tienen la obligación de garantizar que los fármacos llegan a los pacientes que se determinan en estas pautas de actuación. “El sistema tiene capacidad para financiar el tratamiento en estos términos”, insistió, haciendo hincapié en que su obligación es “trabajar las dificultades”.

Riesgo para el SNS
El presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín, advirtió de una serie de riesgos ante el elevado coste de los tratamiento de la hepatitis C. Sendín avisó de que el precio actual “abre la senda” a la industria para la fijación de importes “abusivos” cada vez que introduzca un nuevo medicamento. Durante su intervención, avisó de que esta situación llevaría al “colapso financiero del Sistema Nacional de Salud”.

En este contexto, el responsable de la OMC insistió una vez más en la necesidad de un pacto por la sanidad que integre al Gobierno, grupos parlamentarios y comunidades autónomas “para dar una mejor respuesta”. Sendín expresó su temor a que la fijación de precios demasiados elevados “provoque una asistencia dual”, en la que sólo la gente con dinero pueda pagar el tratamiento.

En este sentido, urgió al Gobierno a finalizar el plan estratégico, previsto para marzo según desveló el ministro. Sobre el establecimiento de criterios para la administración de estos fármacos, afirmó que “esa priorización somete a los médicos a una tensión ética”.