El Gobierno ha publicado este miércoles el real decreto de prescripción enfermera (oficialmente, “por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros”). Con ello zanja a favor de los médicos la disputa que estos han mantenido médicos y enfermeros sobre quién puede “recomendar” (la palabra prescribir o recetar está reservada a los facultativos) fármacos a los pacientes.

El artículo 3 del decreto establece que los enfermeros “podrán indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica”. Pero el Gobierno añadió una condición: que para ello “será necesario que el correspondiente profesional prescriptor [el médico]haya determinado previamente el diagnóstico, la prescripción y el protocolo o guía de práctica clínica y asistencial a seguir”. Es decir, no podrán actuar autónomamente, que era lo que pedían.

Para los médicos esta es la decisión lógica, ya que ellos son los encargados de velar por el proceso asistencial integral del paciente. Su postura ha sido siempre la misma. Por ejemplo, en octubre el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC) declaró que “la prescripción enfermera no existe”. “Otra cosa es que juguemos con las palabras y nos hemos hecho expertos en manipular las palabras a todos los niveles”, dijo entonces. El secretario general del Consejo Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) le apoyó: “La prescripción corresponde a quien diagnostica que es el médico”.

Para los enfermeros se trata de “una traición”. El texto del real decreto que avaló el Consejo de Estado no incluía la condición del artículo 3 que establece la participación “del prescriptor”. Según el Consejo General de Enfermería, esta se incluyó “a última hora”. El decreto fue aprobado el 23 de octubre, y el retraso en su publicación hizo pensar a los enfermeros que el ministerio podía dar marcha atrás.

El consejo afirma que, con la publicación el día antes de Nochebuena del real decreto, que se aprobó en octubre, el Gobierno “busca silenciar las negativas consecuencias que esta norma va a suponer para los pacientes y para la sanidad: grave colapso y parálisis asistencial”. “Los enfermeros ya no podrán realizar sus actuaciones habituales en las campañas de vacunación, el seguimiento de crónicos o la cura de heridas, por ejemplo, sin que el paciente haya sido diagnosticado previamente por el médico en todo momento, incluyendo el más mínimo cambio en su evolución. Esto conllevará más esperas, más gestiones y más burocracia”, añaden.

El sindicato de enfermería SATSE también se ha unido a las críticas y ha dicho que “la evidencia de este grave perjuicio sanitario se pone de manifiesto en que el hecho de que el Partido Popular se ha quedado solo en la defensa de la modificación antienfermera del artículo 3 del decreto. En tan solo dos meses de campaña de información de la Mesa de la Profesión Enfermera, ya han mostrado su rechazo radical todos los principales partidos en bloque (PSOE, Ciudadanos, Podemos, PNV, Izquierda Unida y UPyD), así como un total de 12 comunidades autónomas. Algunas les han prometido que lo recurrirán.