Casi un tercio de los miembros de un comité del gobierno que se hizo famoso por afirmar que el intento de reducir la prescripción excesiva de OxyContin y otros analgésicos era una idea “horrible”, tiene lazos con las empresas farmacéuticas.

El Comité de Coordinación Interinstitucional de Investigación del Dolor (Interagency Pain Research Coordinating Committee) es un comité de científicos federales, académicos y representantes de pacientes. De los 18 miembros del comité que en una reciente reunión discutieron el manejo por parte del gobierno de los tratamientos contra el dolor, al menos cinco tenían conexiones financieras con los fabricantes de analgésicos.

Uno de ellos, un especialista en dolor de la Universidad de Duke, ha recibido miles de dólares de los fabricantes de medicamentos, incluyendo de Purdue Pharma el fabricante de OxyContin y de Teva Pharmaceuticals, que vende analgésicos genéricos. Otro, un defensor de pacientes, tiene una posición en una asociación sin fines de lucro que se creó con una donación de US$1.5 millones de Purdue.

La revelación se produce después de que el mes pasado, el comité coordinador echara abajo un plan federal que recomendaba a los médicos reducir las prescripciones de analgésicos para el dolor crónico. Las directrices de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) tienen por objetivo frenar las sobredosis mortales de los fármacos opioides altamente adictivos, incluyendo Percocet y Vicodin.

En ese momento, varios miembros del comité calificaron la propuesta de “ridícula”, ”horrible” y “miope”. Una semana más tarde, el CDC dijo que buscará más opiniones públicas sobre sus guías, que se escribieron en una buena parte a puerta cerrada.

Los aparentes conflictos de interés en el comité coordinador ponen de relieve el alcance generalizado de los dólares de la industria farmacéutica, incluso entre los asesores federales quienes se supone que deben ser examinados cuidadosamente sobre este tipo de conexiones antes de participar en el comité. Se ha demostrado que los pagos de dinero de los fabricantes de medicamentos influyen en las decisiones clínicas de los médicos y en las conclusiones de los investigadores. Las preocupaciones sobre esta influencia fueron las que llevaron al gobierno federal a empezar a publicar en 2014 los pagos que los médicos reciben de las farmacéuticas.

Los críticos de la industria dicen que los miembros del comité coordinador deberían haber revelado sus lazos financieros públicamente en la reunión del 3 de diciembre, y en algunos casos, deberían haber declinado participar durante la discusión.

El Dr. Michael Carome de Public Citizen, un grupo de defensa del consumidor que no tiene ninguna relación con el comité coordinador, dijo que los conflictos “reflejan deficiencias del personal federal” que examinó a los panelistas. “Se corrompió el proceso, o da la idea de que se corrompió el proceso”, dijo.

Una portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos, dijo en un comunicado que todos los miembros actuales del comité coordinador “cumplen con los criterios para ser miembros del comité, incluyendo el requisito de revelar los impedimentos y posibles conflictos de interés.”

Los Institutos Nacionales de Salud, donde se reúne el comité, dijeron que no podían dar a conocer las formas en las que los miembros indican sus conflictos de interés, ni siquiera si alguien las solicitara invocando la Ley de Libertad de Información.

“Esta es exactamente la información que debe ponerse a disposición del público”, dijo el Dr. Andrew Kolodny, co-fundador de Médicos por la Prescripción Responsables de Opioides, que aboga por reducir el consumo de analgésicos opioides. El grupo está respaldado por Phoenix House, una red de clínicas de rehabilitación.

Un miembro del comité coordinador que lideró la crítica de las guías de los CDC fue el Dr. Richard Payne, de la Universidad de Duke. En la reunión del 3 de diciembre Payne cuestionó si los expertos que habían ayudado a redactar las directrices de los CDC tenían una posición exageradamente sesgada en contra de la terapia de medicamentos.

“¿Hubo algún conflicto de interés – más allá del simplemente financiero –por ejemplo conflictos de interés en términos de prejuicios, conflictos intelectuales que debían ser revelados?” preguntó Payne.

Pero el propio Payne tiene vínculos financieros con varias compañías farmacéuticas. De acuerdo con los registros federales, entre 2013 y 2014 recibió más de US$8.660 en honorarios por conferencias, comidas, alojamiento durante viajes y otros pagos de los fabricantes de medicamentos para el dolor. Más de la mitad de esa cantidad vino de Purdue Pharma, cuyo analgésico de acción prolongada, OxyContin, tuvo ventas de más de US$2.500 millones en el 2014.

Payne explicó en una entrevista con la Associated Press que como profesor, normalmente no trata a pacientes o prescribe medicamentos.

“He declarado totas las actividades educativas que he hecho y quien las pagó”, dijo.

Payne también tiene una posición en el Center for Practical Bioethics, una asociación sin ánimo de lucro en la ciudad de Kansas que tiene una vinculación de muchos años con Purdue Pharma, Teva, Endo Pharmaceuticals y otros fabricantes de medicamentos. El Center for Practical Bioethics dice que las compañías de medicamentos y dispositivos médicos han contribuido en los últimos años alrededor de un 4 a 5% de sus fondos, aunque el centro no publica las cantidades específicas de las donaciones que recibe.

El centro también cuenta con otro panelista, Myra Christopher, que tomó la delantera en exponer cómo el comité debe responder a las directrices de los CDC, diciendo “estamos suficientemente preocupados por el trabajo que se está haciendo y el impacto negativo en nuestras responsabilidades y misión; nos gustaría pedirles que retrasen su programa [de reducir el uso de los opiodes]”.

Christopher ocupa la cátedra Kathleen M. Foley para el Dolor y Cuidados Paliativos del Centro for Practical Bioethics. Foley era una médico especialista en el dolor muy conocida. La cátedra se creó en 2009 a través de una donación inicial de US$1,5 millones de Purdue Pharma. En ese momento Christopher era CEO del centro. Christopher, cuyo mandato en el comité según el gobierno expiró a finales de 2015, dijo en una entrevista que recibió “una inspección muy completa” antes de ser nombrado como miembro del comité.

No está claro que vínculos financieros como los que existen entre Christopher y Purdue aparezcan en los formularios del gobierno que los candidatos rellenan, que se centran en las finanzas y los pagos individuales que reciben y no en los conflictos de las empresas para quienes trabajan.

Al menos otros tres panelistas que participaron en la reunión del 3 de diciembre también trabajan para organizaciones sin ánimo de lucro que reciben financiación de las farmacéuticas: La U.S. Pain Fundation, the American Chronic Pain Association, y la Chronic Pain Research Alliance. Purdue Pharma da dinero a los tres grupos.

Por el momento, los CDC continúan revisando sus guías de prescripción. Esta semana pedirán a un grupo externo de asesores que revisen los recientes comentarios públicos y hagan recomendaciones sobre la forma de proceder.

En cuanto al Comité de Coordinación Interinstitucional de Investigación del Dolor, al final de la reunión del mes pasado, los miembros acordaron enviar a los CDC una “crítica formal” de las guías. Ese documento, según los panelistas, todavía se está escribiendo.