Traducción proporcionada por IP Watch

La Unión Europea (UE) está actualmente negociando un acuerdo de libre comercio (ALC) con los cuatro miembros fundadores del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), que comprende un capítulo sobre derechos de propiedad intelectual (DPI). Una nueva ronda de negociaciones está en marcha del 29 de noviembre al 8 de diciembre en Bruselas. La palabra es que ellos pretenden anunciar el cierre del acuerdo en la próxima Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que se celebrará del 10 al 13 de diciembre en Buenos Aires y el tiempo está corriendo en contra para cerrar todos los capítulos antes de eso. Como de costumbre, las negociaciones están en sigilo, pero la UE ha divulgado una propuesta preliminar del capítulo del DPI en septiembre del año pasado, que ha proporcionado al público en general algún conocimiento sobre lo que se ha negociado.

A lo largo de los muchos años de negociaciones, los países del Mercosur se han opuesto a la adopción de cualquier cláusula que brinde más protección para los DPI de la que ya se exige en el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual ligados al Comercio (ADPIC) de la OMC. Sin embargo, según recientes informes de prensa, la UE todavía está ejerciendo presión por esas medidas. Se sospecha que están retrasando deliberadamente el tema de las patentes y la salud pública para tratar de forzar un acuerdo en el último minuto, cuando las negociaciones sobre otros asuntos ya se habrán alcanzado y la presión sobre Mercosur será alta para que no lo pierdan todo.

Llevamos a cabo un estudio de evaluación de impacto para estimar el impacto que la propuesta de la UE para el capítulo de DPI podría tener en las políticas de salud en Brasil. El estudio tiene como objetivo presentar nuevas pruebas para informar las negociaciones y sigue la recomendación del Grupo de Alto Nivel (GAN) de las Naciones Unidas sobre el Acceso a Medicamentos. Los resultados muestran que la adopción de las medidas propuestas por la UE podría poner en riesgo la sostenibilidad del acceso a las políticas de salud en Brasil, ya que podría aumentar drásticamente el gasto público en medicamentos. El informe fue publicado justo antes de las negociaciones que tuvieron lugar el pasado mes de septiembre en Brasilia, aportando nuevas pruebas para respaldar la posición del Mercosur de rechazar las medidas ADPIC-plus propuestas por la UE.

Si observamos solo lo que se relaciona con los medicamentos utilizados para tratar el VIH y la hepatitis C (que asciende a 30 de los casi 450 suministrados por el sistema de salud público brasileño), los informes revelan que los gastos adicionales podrían ser de casi BRL 2 mil millones por año (¡aproximadamente USD 640 millones)! ¡Eso equivale al gasto público nacional anual en salud de 1.369.256 personas! Si eso se extrapola a todas las compras de medicamentos en Brasil, la carga adicional que traería el ALC podría resultar en un colapso del sistema de salud pública brasileño, uno de los pocos en el mundo que adopta una política de acceso universal a la atención médica.

Otra recomendación del GAN de las Naciones Unidas es que “los gobiernos que participan en tratados bilaterales y regionales de comercio e inversión deben garantizar que estos acuerdos no incluyan disposiciones que interfieran con sus obligaciones de cumplir con el derecho a la salud” (p.9). La propuesta de la UE, sin embargo, contiene tales disposiciones.

Leer más (pdf): https://www.bilaterals.org/IMG/pdf/vieira_mercosur_2017_espanol.pdf