Un médico que receta un medicamento no porque sea el mejor o el más barato pero efectivo, sino porque un laboratorio le paga por hacerlo. Una droguería que guarda copia de las recetas de los médicos. Una asociación de pacientes que ayuda a sus miembros a conseguir una droga específica, y que financia el laboratorio que la vende. Un embajador que presiona a otros funcionarios para que tomen decisiones favorables a las farmacéuticas.

Todos esos son ejemplos de estrategias de la industria farmacéutica para asegurar sus ventas influyendo en decisiones públicas y que van más allá del lobby en el Congreso, una estrategia obvia pero que ha venido perdiendo fuerza.

Eso se nota en que perdieron las batallas clave en el trámite del Plan de Desarrollo de 2015 o en que el proyecto de ley del representante bolivarense de Cambio Radical Hernando José Padauí para que el sistema de salud no pueda proveer medicamentos genéricos (lo que ayudaría a las grandes empresas que tienen medicamentos de marca) se ha hundido dos veces, la más reciente en mayo de este año cuando sus cinco ponentes, de diferentes partidos, coincidieron en que era inconstitucional, ilegal e inconveniente.

Más allá de la pérdida de capacidad de influir en el Congreso y de la puerta giratoria entre funcionarios que luego se van a trabajar al sector que regulaban, la industria farmacéutica tiene un gran poder del que poco se habla en Colombia pero que está en el corazón del debate mundial.

Es una discusión que oscila entre el legítimo derecho de las farmacéuticas de incrementar las utilidades para sus dueños, y el objetivo de los estados de gastar sus recursos limitados con eficiencia para mejorar la salud pública.

Detrás de esa puja hay varios problemas complejos: las farmacéuticas necesitan maximizar las utilidades de los medicamentos que funcionan para invertir en investigación; hay una demanda cada vez mayor de medicamentos (por varios motivos como la mayor esperanza de vida, una idea cada vez más fuerte de que estar sano es estar perfecto o incluso el fomento de la sensación de tener enfermedades, especialmente mentales); la idea de que el Estado no debe decirle a los médicos qué tratamientos y medicamentos deben recetar.

En medio de esa complejidad, varias empresas farmacéuticas usan su poder para impulsar sus ventas por vías diferentes a la publicidad, que legalmente solo pueden hacer para los medicamentos que se pueden vender en mostrador.

Estas son las caras del poder farmacéutico en Colombia:

La alianza con los pacientes
Uno de los caminos más complejos y debatidos utilizados por las farmacéuticas es el de empoderar a los pacientes para que exijan sus derechos, lo que a la vez lleva a que el Estado esté obligado a comprarle más medicamentos a la industria.

Según un antiguo ejecutivo de un laboratorio grande, esto opera esencialmente por dos caminos: el de los programas de apoyo a pacientes de enfermedades crónicas (las que no tienen cura pero sí tratamiento, con lo que existe una dependencia casi permanente de las personas y un cliente a largo plazo para la industria) que usan sus productos y el de las organizaciones de pacientes más generales.

Entre esos dos grupos, en 2015 las 23 multinacionales afiliadas a Afidro donaron Pco1.893 millones (1US$=Pco2.794,2) a 50 entidades distintas, según reportó ese gremio en desarrollo de su código de ética que obliga a revelar esas donaciones.

Estos programas de apoyo a pacientes crónicos funcionan como una suerte de club de apoyo.

Como esos pacientes utilizan de forma periódica sus productos, algunos laboratorios los tratan como algo semejante a los clientes frecuentes de una aerolínea o un supermercado: pueden darles descuentos después de comprar cierta cantidad de dosis; financiar sedes a las que pueden ir los pacientes para que los ayuden en el manejo de su enfermedad y sus efectos; hacer seminarios o talleres para enseñarles a enfrentar la enfermedad.

“Al principio de mi tratamiento el laboratorio me hacía charlas y me mandaba una fisioterapeuta a mi casa todas las semanas, como complemento al tratamiento de inyecciones mensuales”, explica una paciente de una enfermedad crónica – que, como las demás, pidió que reserváramos su nombre y los datos de la enfermedad y el laboratorio para no tener problemas con el laboratorio que es fundamental para el tratamiento que le ayuda a que la enfermedad no avance o avance más lento.

“Un día la señorita que venía me dijo que les habían cancelado el contrato y no supe más”, continúa. “Eso sí, todos los meses me llaman a preguntar si la EPS entregó el medicamento y cuándo me lo aplicó la IPS designada para eso, porque llega con mi nombre. Todo lo tienen controlado”

Ese seguimiento personalizado es fundamental para que un tratamiento continuado funcione, pero también para mantener al paciente cerca del laboratorio (y verificar si el médico tratante cambió de medicamento).

También, les ayudan a conseguir sus medicamentos asesorándolos con las tutelas, y por esa vía pueden convertirse en un canal de “impulso a la demanda” (como llaman en la industria) a medicamentos nuevos.

Un paciente de una enfermedad autoinmune (en la que el cuerpo se afecta a sí mismo) le contó a La Silla que en los más de 15 años que lleva con ella, diferentes médicos le han presentado la existencia de terapias nuevas, algunas de las cuales prometen resultados casi mágicos. “Cada pocos años aparece una nueva molécula, o eso me dice algún especialista. Y eso implica presionar a la EPS para poderlo usar”.

Otra cuenta que cuando su médico le prescribió el medicamento base, hace unos 5 años, le dijo que era muy probable que tuviera que acudir a la tutela. “Nos dijo que, en todo caso, tenía el contacto de una ONG que me podía ayudar. Efectivamente lo negaron, tuve que ir y son buenísimos. Se llama Colombia Saludable, son muy pillos y gracias a ellos hoy tengo el tratamiento, que nunca más me volvieron a negar.”

Justamente Colombia Saludable es un ejemplo de cómo la cercanía entre grupos de pacientes y los laboratorios puede ayudar a la industria a hacer presión ante el gobierno en un momento dado.

“La idea es tenerlos cooptados cuando se necesita apoyo desde la sociedad civil”, explica un antiguo directivo de la industria.

En 2015 Colombia Saludable fue la segunda mayor receptora de donaciones de empresas afiliadas a Afidro, con casi Pco201 millones.

Esa ONG se opuso al borrador de decreto que permitió que en Colombia haya medicamentos biosimilares (a los genéricos pero en un grupo de medicinas de punta, llamadas biotecnológicos).

Lo hizo alegando que “representa a más de 80.000 personas que viven con alguna enfermedad de alto costo” a los que el proyecto proponía usar “como conejillos de indias” de medicamentos no probados. Todo porque el borrador incluía un camino sencillo para permitir el ingreso de medicamentos biosimilares al mercado, conocido como ruta abreviada, cuando fueran los “genéricos” de un biológico ya aprobado.

En eso, el gerente de la asociación, Denis Honorio Silva, dijo que retomaba los de Pacientes Colombia, otra ONG. Curiosamente Silva también lidera esa otra entidad de defensa de los derechos de pacientes y, como contó la Silla en su momento, también usó argumentos similares a los de Afidro.

Otra de las principales beneficiadas por las donaciones de los laboratorios multinacionales, la tercera que recibió más plata, más de Pco136 millones, fue es la Fundación Rasa (Red de Apoyo Social de Antioquia) que desarrolló el sitio web SiaMisDerechos en donde los usuarios pueden hacer su tutela en 7 pasos para tener acceso a la salud.

Eso ayuda a que los pacientes defiendan ese derecho, que incluye tener acceso a medicamentos que los médicos dicen que necesitan. Y, por esa vía, también facilita las ventas de los laboratorios, especialmente para medicamentos que no cubre el sistema pero que los jueces en ocasiones sí les conceden.

Esta nota no se habría podido hacer sin la colaboración de los Súper Amigos de La Silla del 2016. La campaña de este año sigue abierta porque varias personas nos pidieron postergar su cierre, porque han tenido problemas para donar o porque recibieron su salario ayer. Si quiere apoyarnos, done acá.

También contó con el valioso apoyo del programa “Salud Visible” de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Los Andes que coordina la profesora Tatiana Andia.