Según los expertos, la controversia que gira en torno a las nuevas normas nacionales para la prescripción de opiáceos podría haberse evitado si Canadá tuviera leyes exigiendo que los médicos divulguen públicamente sus vínculos financieros con la industria farmacéutica.

Las nuevas pautas desarrolladas por la Universidad McMaster responden a una epidemia de adicciones y muertes accidentales producidas por potentes analgésicos narcóticos. Las directrices no se habían actualizado desde 2010, por lo que estaban desactualizadas y con evidencia que demuestra que los riesgos asociados con los opioides recetados son sustanciales y los beneficios inciertos. Canadá se ubica como el segundo mayor consumidor mundial de opiáceos recetados, después de EE UU.

El diario The Globe and Mail informó que un tercio de las personas que redactaron las nuevas pautas tienen vínculos financieros con la industria farmacéutica. Estos conflictos de interés no salieron a la luz hasta que McMaster publicó formularios de declaraciones de conflictos de interés en su página web el 8 de mayo, el mismo día en que se publicaron las pautas en el Canadian Medical Association Journal. La ministra federal de Salud, Jane Philpott, ordenó una revisión independiente para garantizar que la base científica de las directrices no esté “empañada por la influencia de la industria”.

Los expertos académicos y médicos dijeron que la controversia revela la necesidad de una mayor transparencia entorno a los conflictos de interés de la comunidad médica. Exigir a los médicos revelar públicamente la remuneración que han recibido de las compañías farmacéuticas permitiría al público evaluar si esas relaciones financieras podrían haber influido en sus recomendaciones, dijo Matthew Herder, director del Instituto de Derecho Sanitario de la Universidad Dalhousie y profesor asociado en las facultades de derecho y medicina.

“Si no conocemos la existencia de esas relaciones, no podemos incorporar ese factor en el análisis que hacemos de sus investigaciones o recomendaciones”, dijo el profesor Herder. “Desde mi punto de vista, no hay ninguna razón por la cual no quisiéramos tener esa transparencia”.

La divulgación es obligatoria para las compañías farmacéuticas y los médicos de muchos países, dejando a Canadá rezagado internacionalmente. La Physician Payments Sunshine Act en EE UU, aprobada como parte de las reformas de salud del gobierno de Obama, exige que las compañías farmacéuticas y de dispositivos médicos divulguen detalles de los pagos que hacen a médicos y hospitales de enseñanza por conferencias, investigación, viajes y comidas. La información está disponible públicamente en Open Payments, una base de datos federal que cuenta con una herramienta de búsqueda.

La base de datos muestra que un médico recibió pagos por un total de US$694.333 en 2015, incluyendo US$10,20 por alimentos y bebidas de una empresa y US$2.450 por honorarios de consultoría de otra compañía. Según ProPublica, una organización de investigación de noticias, las compañías pagaron alrededor de US$2.000 millones a 618.000 doctores en EE UU cada año entre 2013 y 2015, además de otros US$600 millones al año a hospitales docentes. Estos pagos cubren conferencias promocionales, comidas de consultoría, viajes, regalos y regalías, pero no investigación.

Otros países, como Francia, el Reino Unido, Dinamarca y Portugal, han promulgado leyes similares como parte de un movimiento global hacia una mayor transparencia. En Canadá, por el contrario, el público no tiene idea de cuánto dinero han entregado las compañías farmacéuticas a los médicos. Las revistas médicas en Canadá generalmente dan a conocer si los autores de los artículos de investigación tienen conflictos de interés, pero no la cantidad que las compañías farmacéuticas les han pagado.

Nav Persaud, un médico de familia del Hospital St. Michael’s de Toronto que ayudó a elaborar los nuevos estándares para la prescripción de opiáceos, dijo que no se enteró de que muchos otros en el comité tenían conflictos de intereses financieros hasta después de que se hubieran publicado los estándares.

El Dr. Persaud dijo: “Este problema podría haberse evitado si hubiéramos tenido una ley que obligara a publicar los pagos que los médicos han recibido de las farmacéuticas. Si estos conflictos se declararan públicamente, habría estado claro para todos quienes tenían conflictos”.

Nueve de los 28 expertos médicos, académicos y defensores de pacientes que elaboraron las guías de prescripción habían recibido remuneraciones de las compañías farmacéuticas, incluyendo Purdue Pharma, el gigante farmacéutico cuya píldora para el dolor desencadenó el problema.

La epidemia mortal de opiáceos en Canadá
Sol Stern, un médico de familia en Oakville, Ontario, que votó si se debían aprobar las nuevas las pautas, ha dado conferencias pagadas y ha sido miembro de la junta asesora de cuatro compañías farmacéuticas, incluyendo el fabricante de OxyContin, Purdue.

Los conflictos financieros debieron haber sido revelados al comienzo del proceso, dijo Joel Lexchin, profesor emérito de la facultad de salud de la Universidad de York que ha estudiado la influencia de la industria en las pautas médicas que usan los médicos en Canadá para diagnosticar y prescribir en base a la mejor evidencia clínica posible.

La American Society of Interventional Pain Physicians (Sociedad Americana de Médicos que Tratan el Dolor), que también recientemente publicó nuevas pautas para recetar opiáceos, en la reunión introductoria hizo que los miembros del panel declarasen cualquier conflicto de intereses que hubieran tenido en los cinco años previos, según la revista Pain Physician. Las personas con conflictos potenciales no podrían participar en la discusión o preparación de las pautas, pero podrían permanecer en el panel.

El Centro Nacional de Dolor Michael G. DeGroote de McMaster University recibió Ca$618,248 de Health Canada para revisar las pautas canadienses que había desarrollado originalmente en 2010. La revisión llevó dos años. Los funcionarios de la universidad se comprometieron, en la solicitud de financiamiento a Health Canada, a pedir a los miembros del panel una declaración de los conflictos de interés en los últimos cinco años y a que nadie con vínculos financieros con la industria farmacéutica podría votar sobre las pautas. Sin embargo, McMaster no hizo honor a esa promesa: a los miembros del panel se les pidió que declararan conflictos durante los 24 meses anteriores y el Dr. Stern pudo votar sobre las pautas, a pesar de sus conflictos financieros.