Son datos de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). En total, se presentaron más de 2.800 pedidos ante la justicia. Sólo se rechazaron el 0,4%. Las obras sociales esperan que la puesta en funcionamiento de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (AGNET) frene esta ola.

Además de la Cobertura Universal de Salud (CUS), uno de los proyectos que más esfuerzos concentra en el oficialismo es la puesta en marcha de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (AGNET), un nuevo instrumento para el manejo de los medicamentos y los insumos médicos. Su tarea principal será evaluar cuáles nuevos avances son seguros, y por ende deben ingresar a la seguridad social. Es que en los últimos años aumentó notablemente la cantidad de personas que acude a la justicia para pedir la cobertura de tratamientos experimentales, de alto costo, que en muchos casos no tienen probada eficacia científica. Los datos oficiales hablan por sí solos: en 2017, estas presentaciones subieron un 30%. Si se toman los datos de 2015, los pedidos se duplicaron.

Los datos oficiales pertenecen a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS9, y fueron difundidos por el diario El Cronista Comercial. Según los mismos, entre enero y el 18 de octubre de este año “se presentaron ante la justicia 2.802 amparos que reclamaron a obras sociales y prepagas cubrir procedimientos, medicamentos o instrumentos médicos no incluidos en el Programa Médicos Obligatorio (PMO)”. De las presentaciones, agregó la SSS, 1.668 casos correspondieron a reclamos por motivos generales como medicamentos (335), afiliación (527), cirugías (190), prótesis (71) y problemática prestacional (423), en tanto que los restantes 1134 estuvieron motivados por planteos en materia de discapacidad (prestaciones, transporte, seguridad, afiliación, etc). El dato que más preocupa a los prestadores es que de esos amparos, solo fueron rechazados por los jueces 11 amparos, es decir apenas el 0,4%.

Los amparos, alegan obras sociales y prepagas, representan “importantes erogaciones para las cuentas de esas prestadoras”. Según estiman, los amparos representan cerca del 15% de sus costos totales, una proporción en ascenso por el incremento de las demandas en la Justicia. Solo en los primeros 10 meses de este año la cantidad de amparos registró una suba de 30,5% respecto de los 2.146 amparos presentados en 2016 y un incremento de 52% si se compara con los 1.853 iniciados en 2015, destacó el matutino porteño en su nota.

Este fenómeno podría frenarse cuando se apruebe la AGNET, que determinará qué tratamientos y estudios tienen la suficiente validez para ser cubiertos. Si la agencia decide que un medicamento, por ejemplo, no cuenta con el aval científico necesario, le entregará un informe al juez que reciba el amparo, recomendando que lo rechace. Se estima que sus aportes serán vinculantes, es decir, que deberán cumplirse. El proyecto de la nueva agencia figura en el último apartado de la propuesta que el Gobierno prevé enviar en las próximas semanas al Congreso. “Ya no se trata de casos de vida o muerte, lo que se está dando es un abuso que pone en riesgo la supervivencia de todo el sistema de salud”, advierten en el Gobierno.