Después del último escándalo de vacunas en China, que terminó con más de una docena de arrestos y una multa de US$1.300 millones para un fabricante nacional, las autoridades del país presentaron propuestas para acabar con futuras violaciones durante la producción de vacunas.

La Administración Estatal para la Regulación del Mercado de China publicó un aviso de un proyecto de ley para regular la producción, distribución y uso de vacunas. China ha solicitado comentarios a la propuesta hasta el 25 de noviembre.

Las multas se aplicarían cuando las compañías envíen resultados de prueba falsos, no retiren los lotes que no pasaron la prueba o por otras violaciones. Los funcionarios proponen que el valor de las multas sea escalonado, en función de la gravedad de la infracción. Es el primer acercamiento regulatorio en China que es específico para las vacunas, y surge después de una serie de escándalos que durante los últimos años han erosionado la confianza en las vacunas en el país.

De acuerdo con la propuesta, las multas podrían ser hasta 10 veces superiores al valor de de venta del producto en el mercado.

Este verano, los reguladores chinos encontraron problemas en la integridad de los datos durante una inspección por sorpresa en Changchun Changsheng Life Sciences, desencadenando una controversia a nivel nacional sobre las vacunas contra la rabia que provocaron arrestos de ejecutivos de la empresa, además de renuncias, degradaciones y despidos de funcionarios gubernamentales. Durante el escándalo, los ciudadanos acudieron a las redes sociales para expresar desconfianza en la industria farmacéutica nacional de China, lo que provocó que el presidente Xi Jinping y el primer ministro Li Keqiang respondieran.

Los funcionarios finalmente multaron a la compañía con US$1.300 millones y volvieron a inspeccionar a todos los demás fabricantes de vacunas en el país, para luego absolverlos.

El episodio de Changsheng siguió a otro escándalo en China en 2016, cuando los funcionarios descubrieron que un grupo que producía vacunas ilegales había estado distribuyendo vacunas potencialmente peligrosas en la provincia de Shandong durante años. El líder del plan, Pang Hongwei, recibió una sentencia de 19 años de prisión. Como reacción al escándalo, las autoridades chinas arrestaron a 324 personas y removieron o degradaron a 357 funcionarios gubernamentales. La situación expuso lagunas en el sistema de distribución de vacunas del país, y luego los abogados solicitaron al país que refuerce sus leyes para apoyar la seguridad de la vacuna.