Esta semana, se celebra en Sudáfrica una conferencia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) titulada “Respeto a la propiedad intelectual – Crecer desde el extremo de África (Tip of Africa)”. Entre otras cosas, esta conferencia discutirá “cómo las autoridades policiales pueden dar mayor prioridad a los delitos contra la propiedad intelectual para garantizar la seguridad de los ciudadanos”.

Estamos preocupados por la insensibilidad y la sordera estúpida de organizar este tipo de reunión en Sudáfrica, un país en el que el respeto excesivo por la propiedad intelectual (PI) significó que los medicamentos contra el VIH continuaron teniendo precios excesivos y un número grande de personas murieron porque muy pocos podían pagarlos. En 1999, 39 compañías farmacéuticas internacionales vergonzosamente demandaron a Sudáfrica por intentar mejorar el acceso a medicamentos no asequibles.

Existe amplia evidencia de que el marco legal vigente de Sudáfrica otorga demasiado respeto a la propiedad intelectual. Un documento de la Universidad de Pretoria de 2011 encontró que hasta el 80% de las patentes otorgadas en Sudáfrica no cumplen con los criterios legales del país para la patentabilidad. Un informe de investigación de 2012 encontró que, al evaluar el mismo conjunto de solicitudes de patentes, Sudáfrica generalmente otorga alrededor del 66% más de patentes que EE UU o la UE.

Tenemos tanto respeto por la propiedad intelectual en Sudáfrica que actualmente estamos otorgando patentes sin examinar si son patentes merecidas. El gobierno finalmente ha iniciado un proceso para instituir un sistema de análisis de patentes, pero tardará en despegar. Por ahora, seguimos regalando patentes sin ningún escrutinio.

Un informe reciente publicado por la campaña Fix the Patent Laws y la Alianza contra el Cáncer expuso el exceso de patentes para los medicamentos contra el cáncer. En Sudáfrica se encontraron 92 patentes secundarias para solo 24 medicamentos oncologicos, 39 de las cuales fueron rechazadas o retiradas en al menos otro país. Esto afecta tanto a la asequibilidad como a la disponibilidad en el país. Se encontró que 15 de los 24 medicamentos estaban disponibles en India a mitad del precio que en Sudáfrica, y en otros países aun eran más baratos. En el caso más extremo, el suministro de un año de tratamiento con lenalidomida tiene un precio de ZAR882.000 (1US$=ZAR13,9) en Sudáfrica, pero en India vale menos de ZAR32.000. Estos precios altos significan que, de los 24 medicamentos, solo 7 están disponibles en el sector público. Este respeto excesivo por la propiedad intelectual tiene consecuencias en el mundo real para personas normales como Sue Johnson y Tobeka Daki, líderes en nuestra campaña que fallecieron en su lucha contra el cáncer por no tener acceso a ciertos medicamentos.

Sudáfrica no ha emitido nunca una licencia obligatoria para un medicamento, ni siquiera en el punto culminante de la epidemia de SIDA a mediados de la década de 2000, a pesar de que legalmente podríamos haberlo hecho bajo las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Con la reciente adopción por parte del Gabinete de la Fase I de la Política Nacional de Propiedad Intelectual, finalmente hay razones para esperar que el gobierno encuentre un mejor equilibrio entre el respeto por la vida humana y los intereses privados de las compañías farmacéuticas. Encontrar un mejor equilibrio que sea más humano en el marco de las normas actuales de la OMC es posible, como se ha demostrado en países como India y Argentina. En términos prácticos, este mejor equilibrio implica: introducir un sistema de examen de patentes, elevar el nivel de lo que es una patente para garantizar que solo se recompensen los verdaderos inventos, introducir procedimientos de licencias obligatorias más viables y proporcionar procedimientos simples para que cualquier parte interesada impugne la concesión de una patente. Sudáfrica necesita urgentemente reformar su Ley de Patentes para introducir estos cambios.

Instamos al gobierno sudafricano, y a todos los demás gobiernos, a imponer el respeto por la vida humana y el derecho a los servicios de salud por encima de la agenda de la OMPI que prioriza la aplicación de la PI en manos de empresas multinacionales. Esto está en línea con los derechos y obligaciones consagrados en nuestra Constitución, que requiere que el estado respete, proteja, promueva y cumpla la Declaración de Derechos. También está en línea con una decencia humana básica.