La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual se ha decantado por Sandton en un intento por impulsar su programa de maximización de patentes entre los políticos, los funcionarios gubernamentales y los jueces de toda África. El hecho de que Sudáfrica sea el anfitrión de una conferencia titulada Respeto a la PI es una afrenta para los millones de personas que han muerto y quienes siguen sufriendo sin acceso a los medicamentos que necesitan, gracias a la codicia de las corporaciones farmacéuticas. El sistema de propiedad intelectual que la organización quiere que respete el continente africano desempeña un papel muy importante para ayudar a Big Pharma a mantener a los pacientes y gobiernos como rehenes para robar y para ganar más.

Las reglas de patentes globales se rigen por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)). Según el ADPIC, los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) deben otorgar patentes de 20 años a los nuevos inventos, incluyendo los medicamentos.

El problema es que las corporaciones dueñas de patentes utilizan este período de 20 años para evitar la competencia y cobrar el precio que quieren por los medicamentos.

Para las empresas farmacéuticas que buscan ganancias, esto significa establecer precios injustificadamente altos para obtener grandes ganancias. Solo después de que la patente termina y más competidores ingresan al mercado, los precios eventualmente bajan. Se pierden innumerables vidas esperando a que esto suceda.

Si bien el ADPIC garantiza patentes por 20 años, también contiene una serie de salvaguardas para la salud pública que los países pueden utilizar libre y legalmente para prevenir el abuso de las patentes.

Usar estas salvaguardas de salud pública no es nada nuevo o controvertido. En 2001, después del caso infame en el que 39 compañías farmacéuticas llevaron a Nelson Mandela a los tribunales por tratar de aplicar algunas de estas salvaguardas, se firmó la Declaración de Doha [capital de Qatar] sobre ADPIC y la Salud Pública de la OMC.

Esta declaración recordó al mundo que existen las llamadas “flexibilidades del ADPIC” y que los países tienen el poder legal y pueden usarlas legítimamente cuando haga falta.

Sin embargo, la industria y sus defensores, como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) [y los países en los que tienen sus sedes las grandes farmacéuticas EE UU, UE y Japón], continúan minando su poder y causando confusión sobre estas flexibilidades.

Caracterizan incorrectamente las flexibilidades del ADPIC como si fueran intervenciones radicales e innecesarias que ponen en riesgo la innovación futura y la inversión extranjera directa, afirmaciones que han sido siempre desmentidas.

Por ejemplo, la realidad en Sudáfrica es que 35 compañías farmacéuticas multinacionales cerraron después de que en 1997 el país adoptara el ADPIC, en lugar de recibir más inversión extranjera directa como se había prometido, las empresas abandonaron el país en tropel.

En contraste, en India, un país famoso por el uso de flexibilidades del ADPIC, la inversión extranjera directa está floreciendo. A pesar de amenazar con abandonar India en 2012 si no otorgaba una patente secundaria sobre una versión de un medicamento existente, la compañía farmacéutica Novartis en realidad amplió sus operaciones en el país después de que la Corte Suprema dictaminara en su contra. El mito simplemente no se sostiene.

Lo mismo es cierto para la innovación. Nos dicen repetidamente que las patentes son la única manera de asegurar futuros esfuerzos de investigación y desarrollo. Sin embargo, dondequiera que se hayan analizado los costos de la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos (en los casos en que los investigadores han podido acceder a esta información que no es nada transparente), encontramos que los costos son mínimos en comparación con los beneficios.

Novartis, por ejemplo, en 2012 estaba recuperando su retorno de la inversión en el mesilato de imatinib (un medicamento contra el cáncer también conocido por su nombre comercial, Gleevec) cada 13 días, mientras demandaba a India por no otorgar una patente secundaria sobre este medicamento.

Además, si los sistemas de patentes débiles otorgan patentes fáciles sobre medicamentos ligeramente modificados [esto es lo que se llama evergreening], y obtienen ganancias con esto, entonces ¿por qué las empresas invertirían en investigación más arriesgada para desarrollar medicamentos para enfermedades raras?

Además, si las empresas están motivadas por las altas ganancias, ¿por qué fabricarían medicamentos para enfermedades que afectan a personas pobres [olvidadas] o a pocas personas [raras], o medicamentos que deberían usarse de manera restringida? Para las personas con TB, para las que solo se han desarrollado dos medicamentos nuevos en 60 años, y cuando nos estamos acercando a una aterradora era post-antibiótica y el sistema de patentes no sirve.

Estas realidades confirman los límites de las patentes para estimular la innovación terapéutica que salve y mejore vidas, y acentua la necesidad de explorar otras alternativas para recompensar a los investigadores, tales como premios y la financiación conjunta de varias fuentes.

Sin embargo, el poder arrollador de las grandes empresas y sus defensores, como la OMPI, logran vender tan exitosamente estas narrativas falsas que, a pesar de la gran necesidad, la mayoría de los países no han utilizado las flexibilidades que otorga ADPIC o no lo han hecho de manera efectiva.

Durante años, Sudáfrica ha entregado ciegamente patentes (principalmente a empresas extranjeras) sin controlar si cumplen los requisitos legales y hasta la fecha nunca ha emitido una licencia obligatoria. Por el contrario, irónicamente, EE UU es quizás el que más frecuentemente emite de licencias obligatorias en el mundo. Sin embargo, señala a cualquiera que se atreva a tratar de hacer lo mismo como mal socio comercial y lo incluye en la Lista 301 de Observación Especial de EE UU. Un buen ejemplo de “Haz lo que decimos, pero no lo que hacemos”.

Los países deben recibir apoyo para enmendar las leyes nacionales de patentes e incorporar todas las flexibilidades que otorga el ADPIC. En su lugar, la OMPI proporciona “asistencia” técnica tras bambalinas a los gobiernos para que modifiquen sus leyes para crear patentes que protejan aún más los intereses de la industria. En lugar de adoptar y utilizar las flexibilidades que permite el ADPIC, los países se ven obligados a adoptar medidas más estrictas de protección de patentes conocidas como el ADPIC +.

La OMPI ha presionado repetidamente por una implementación más fuerte de la propiedad intelectual (PI). De hecho, este es su mensaje a los gobiernos de África a través de esta conferencia para “Respetar la PI”. Los efectos desastrosos de promover la implementación de la propiedad intelectual a costa del acceso a medicamentos genéricos se han sentido claramente en África.

En 2008 y 2009, la UE respetó tanto la propiedad intelectual que incautó remesas de medicamentos genéricos que salvan vidas cuando estaban en tránsito en sus puertos y se dirigían a América Latina y África. Uno de esos envíos fue de sulfato de abacavir, un medicamento clave para el VIH cuyo destino era un programa financiado por Unitaid e implementado por la Fundación Clinton en Nigeria.

También fue en 2008 cuando Kenia implementó una legislación contra la falsificación. Algunas secciones de la Ley causaron confusión y dio como resultado la incautación arbitraria de medicamentos genéricos bajo el pretexto de luchar contra los medicamentos falsificados.

La ley fue cuestionada por las personas que viven con el VIH, quienes ganaron el caso en 2012 cuando el Tribunal Superior de Kenia sostuvo que, si bien la propiedad intelectual debería ser protegida, “donde exista la posibilidad, como en este caso, de que su protección ponga en peligro derechos fundamentales tales como el derecho a la vida de otros, determinó que deben primar los derechos fundamentales de los ciudadanos en la posición de los peticionarios”.

Lo que el Tribunal Superior de Kenia vio tan claramente fue la primacía del derecho a la salud. Décadas antes de que comenzara el ataque violento al ADPIC, el derecho a la salud estaba firmemente establecido en el derecho internacional y obligaba a los gobiernos a respetar, proteger y cumplir con facilitar el acceso de las personas a una atención médica de calidad. En realidad, lo que ADPIC consigue es proteger los “derechos” de los innovadores.

Si bien la ley de derechos humanos obliga a los gobiernos a proteger los intereses morales y materiales de los inventores, esto no implica que los “derechos” de patentes sean derechos humanos, ya que las patentes son simplemente una de las muchas formas de recompensar a los inventores.

El Relator Especial sobre los Derechos Culturales afirmó recientemente que no existe el derecho humano a la protección de una patente, afirmando que “donde las patentes y los derechos humanos están en conflicto, los derechos humanos deben prevalecer”. Del mismo modo, el Consejo de Derechos Humanos y el Relator Especial sobre Salud han afirmado que el derecho a la salud está por encima de las patentes.

Nada en la agenda de la gran conferencia de la OMPI indica que cualquiera de estos temas se vaya a tratar en las presentaciones o sesiones. El verdadero impacto negativo que las patentes y su entusiasta protección y aplicación pueden tener en las personas, parece que no tiene un espacio de discusión en este foro.

Los gobiernos africanos deben seguir el ejemplo del Tribunal Supremo de Kenia, que pudo ver las cosas claras a pesar de los intentos de fortalecer la propiedad intelectual creando confusión sobre los temas de seguridad o calidad de los medicamentos.

Y mientras modifican las leyes y políticas de patentes, los gobiernos africanos deben recordar que el mandato de la OMPI es la promoción de patentes y beneficios para los extranjeros, no los derechos humanos.

Los tomadores de decisiones que asisten a esta conferencia, y los gobiernos que representan, deben verificar los hechos.

El sistema de patentes actual no apoya a la industria local, no proporciona incentivos para la inversión extranjera e impide la innovación. Lo más grave, cuestan la vida y la salud de millones.