De la movilización de los farmacéuticos contra Farmacity al nuevo convenio del PAMI, este año será recordado como uno de los peores para la profesión. Repaso de momentos claves de un 2018 que deja huellas.

Los números no mienten, suelen decir los matemáticos, y aunque detrás de ellos puedan verse realidades muy distintas, en parte es real. La economía del país exhibe una serie de datos irrefutables que hacen que este 2018 sea uno de los más problemáticos de los últimos años. La devaluación de mediados de año terminó de desacomodar una situación compleja, y llevó a la inflación a niveles muy superiores a las proyecciones iniciales. A esto se le sumó la recesión, la caída abrupta del consumo, el aumento del desempleo, y así se podría seguir varios renglones. Para la farmacia, estos datos no fueron ajenos, y pegaron muy fuerte en el sector independiente. A la hora de hacer un balance, el sector minorista no escapa a las generales de la ley y a esto se le suman situaciones sectoriales que no hacen más que poner en alerta a los farmacéuticos. La suba de los costos, la caída de las ventas, la presión impositiva y el desprecio por el rol sanitario que muestra este gobierno hacer del año uno de los peores. En muchas provincias el cierre de mostradores, agobiados por las condiciones financieras, que incluye una demora en el pago de la seguridad social que muchas veces hace inviable el sistema.

El 2018 será recordado también por las muchas movilizaciones de las farmacias contra el gigante Farmacity, en el año que el lobby empresarial logró reabrir una discusión cerrada en la provincia de Buenos Aires. Hubo atrasos sistemáticos en el PAMI, y un convenio que puso a las entidades farmacéuticas como firmantes del contrato, tal vez uno de los pocos datos positivos que se recordarán. En materia de salud pública, tampoco hay demasiado para brindar. La degradación del Ministerio de Salud nacional trajo consigo una serie de ajustes y recortes que complicaron el complimiento de programas y planes. Por primera vez en años se dejó de aplicar una vacuna del Calendario Nacional, y faltaron medicamentos varias veces en el año, tanto de programas oncológicos como otros. La discusión puso al misoprostol en la mira de la población. Mirada Profesional eligió los eventos más destacados de este 2018 que cierra con muchas dudas respecto al futuro, y sin señales de mejora.

Farmacity: se define la puja
Durante el 2018, la pelea de los farmacéuticos contra la llegada de la cadena Farmacity a la provincia de Buenos Aires marcó el pulso de la actividad gremial. Los profesionales bonaerenses se movilizaron luego ue la Corte Suprema de Justicia aceptó revisar el caso, que ya tuvo sentencia en contra en la justicia provincial. En este camino, hubo dos grandes movilizaciones en noviembre, cuando se realizaron las audiencias públicas, donde el tribunal escuchó los argumentos. Antes, los farmacéuticos de toda la Provincia se involucraron en la lucha, y lograron que más de 100 distritos aprobaran ordenanzas que defienden la ley 10.606 y rechazan el modelo de negocios de la cadenera, que desde que llegó el macrismo al gobierno potenció su ofensiva, de la mano de la labor de su ex CEO Mario Quintana, que fue parte del gabinete hasta septiembre de este año. Además de la movilización, hubo un cierre histórico cuando se dieron las audiencias, y un abrazo simbólico a los tribunales, para que la justicia nacional respete el federalismo, y la salud pública en la provincia de Buenos Aires.

Este año, además, quedaron en evidencia los lazos de Farmacity con el poder. En abril fue procesado Raúl Alejandro Ramos, ex secretario de Políticas, Regulación e Institutos del Ministerio de Salud por “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” al haber “cajoneado” un expediente administrativo contra Farmacity. Luego de esto, la titular de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) María Isabel Reinoso fue entrevista por la cadena de noticias CNN, donde ratificó la denuncia “por encubrimiento”, ya que “era muy notoria la protección de este funcionario a Farmacity”. “Era vox populi que a Farmacity no se la tocaba”, destacó la farmacéutica. Durante la audiencia, los amicus de la farmacia comunitaria dieron sólidos argumentos sanitarios para respetar la constitucionalidad de los artículos cuestionados. La interna de la Corte Suprema de Justicia no ayuda, menos la posibilidad que Quintana vuelva a ungirse con poder en el oficialismo, como posible candidato a senador nacional. Pero en 209 se dará el fallo final, que definirá el futuro del sistema de dispensa de medicamentos del país, si es regido por una mirada sanitaria o por el lucro y el deseo de ganancias.

Convenio PAMI: cambio de paradigma
En abril de este año se firmó un polémico convenio entre la industria farmacéutica y el PAMI, muy cuestionado por las farmacias, ya que entre otras cuestiones fijaba precios por debajo de la inflación real. Fue una larga negociación que termino con un contrato que no duró muchos meses: la brutal devaluación hizo que las cámaras farmacéuticas rompieran el convenio. Primero fueron la que agrupa a los nacionales, CILFA, y los laboratorios Pymes y cooperativas, COOPERALA, mientras que CAEME se mantuvo alineada a la conducción del PAMI. La puja derivó en un nuevo contrato que por primera vez le paga directamente a las entidades que representan a las farmacias. Además, fue el fin del sistema Farmalink, la empresa creada por la industria para validar recetas. Sobre las condiciones obtenidas por estos sectores, las condiciones son mejores a las actuales -a priori- en cuanto a días de cancelación de las facturas. Fuentes del sector le confirmaron en la previa a la firma a MIRADA PROFESIONAL que entre las características del acuerdo se destaca que “las farmacias de estas entidades no entrarán al calce financiero”, y que tendrán “diversos plazos” de pago.

El convenio no logró la baja de las bonificaciones, que se mantienen como hasta el momento (las tres entidades habían pedido la baja de al menos dos puntos en estos descuentos), y que los nuevos plazos “son una mejora”. El nuevo acuerdo introduce pagos a 20, 40 y 70 días, que acortan los plazas anteriores (110 y 120 días). Además, la presentación de recetas será mensual. Este mecanismo de pago se aplicará a medicamentos ambulatorios, clozapina y diabetes. Se harán de manera directa a los colegios o entidades farmacéuticas, de acuerdo a este cronograma.

Misoprostol, el medicamento del año
El debate de la ley de aborto puso en el centro de la escena al misoprostol, el medicamento utilizado a nivel mundial para realizar la interrupción de embarazos de manera domiciliaria. En el país el tratamiento está en el mercado en una combinación con el analgésico diclofenac, para uso gástrico, no ginecológico. Por eso, en agosto el Laboratorio Domínguez pidió a la ANMAT la aprobación de una nueva versión del medicamento, para realizar abortos. A partir de esto, la agencia reguladora volvió a autorizar la venta de misop200 (nombre comercial elegido) en farmacias. Hasta octubre, el medicamento sólo podía encontrarse en hospitales. Tras la aprobación de la ANMAT, el fármaco se puede conseguir a un precio de Par2.895,50 (1US$=Par37,3), valor que incluye los 12 comprimidos necesarios para interrumpir un embarazo. La dispensa debe hacerse bajo receta archivada. A partir de esto, las provincias comenzaron a adaptar su legislación local a la normativa nacional. Al cierre del año, sólo Mendoza y San Juan no permiten la venta de misoprostol en farmacias, mientras que los farmacéuticos misioneros expresaron sus reticencias a la presencia del medicamento, aunque luego aclararon que no pueden negar o cambiar la venta.

Ante las dudas, la ANMAT publicó en su página web un documento que recordó que la entidad “autoriza la fabricación o elaboración y el uso de un medicamento en el marco de la legislación vigente, para una indicación establecida que debe figurar en el prospecto aprobado”. “Particularmente el misoprostol se encuentra sometido a un Plan de Gestión de Riesgo (PGR) dado que se encuentra dentro del listado de sustancias vigiladas (de riesgo), que fuera actualizado en el año 2010 bajo la revisión VIII (disposición 5358/12)”, sostuvo el texto, ANMAT remarcó que “todo misoprostol comercializado en la Argentina o en el exterior debe presentar un PGR y ser monitorearlo constantemente”.

Idas y vueltas con las vacunas
En materia de salud pública, el año trajo la degradación a secretaria el Ministerio de Salud nacional, una medida que generó muchas críticas. La iniciativa fue un símbolo de los problemas que tuvo el sistema sanitario para cumplir con sus obligaciones. Por primera vez en décadas, se dejó de administrar una vacuna del Calendario Obligatorio. Se trata de la dosis para niños de 11 años de la vacuna contra la meningitis. Ante las críticas de los funcionarios provinciales, el secretario de Salud Adolfo Rubinstein prometió que las dosis volverán en febrero. No fueron los únicos faltantes del año: también se cortaron la entrega de medicamentos contra el HIV y oncológicos. Además, en la provincia de Buenos Aires hubo denuncias de problemas en el suministro de la vacuna triple viral y la de uso humano contra la rabia.

En una de las únicas noticias que pueden verse positivas, se aprobó una ley que refuerza la vacunación en el país. El proyecto aprobado establece la obligación incluso para “todas las personas que desarrollen actividades en el campo de la salud que tengan contacto con pacientes” y quienes trabajen en laboratorios. Otro artículo establece que “la constancia de la aplicación de la vacuna, previa autorización del empleador, justifica la inasistencia laboral de la jornada del día de la aplicación”. “En ninguna circunstancia se producirá pérdida o disminución de sueldos, salarios o premios por este concepto”, agrega. El Calendario Nacional de Vacunación será requerido para trámites tales como el ingreso y egreso del ciclo lectivo; la realización de los exámenes médicos por trabajo; la tramitación o renovación del DNI, pasaporte, residencia, certificado prenupcial y licencia de conducir; y la tramitación de asignaciones familiares. La iniciativa contó con el apoyo de todos los bloques políticos. La presidenta de la Comisión de Salud, Carmen Polledo (PRO) refutó los cuestionamientos de sectores “anti vacunas”, y por otra parte indicó que el proyecto “no modifica sustancialmente una realidad, sino que actualiza la normativa vigente, que ya tiene más de 30 años”.