Casi 100 organizaciones de la sociedad civil están pidiendo una reforma urgente al Protocolo de Harare de la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO) para garantizar que los consumidores tengan acceso a medicamentos más asequibles [1]. Las organizaciones exigen que los ministros que representan a los Estados miembros de la ARIPO, que se reúnen en Liberia, en los Consejos Administrativos y Ministeriales de la ARIPO entre el 18 y 21 de noviembre, cambien la forma en que otorgan patentes sobre medicamentos, a fin de promover la competencia genérica para reducir los costos.

ARIPO es un mecanismo regional que administra la presentación, el análisis y la concesión de patentes farmacéuticas para 18 países de la región que son partes contratantes del Protocolo de Harare. Este Protocolo es el marco legal que establece las reglas para la administración de patentes, los modelos de utilidad y los diseños industriales para los países que forman parte del Protocolo.

Lotti Rutter de Health GAP, una organización global de defensa del VIH que trabaja en varios países de la región explicó que: “Para combatir las crecientes epidemias como las de la tuberculosis multidrogorresistente, la diabetes y el cáncer, donde un solo medicamento puede costar cientos o miles de dólares para tratar a una sola persona, hay que cambiar las reglas de ARIPO para otorgar patentes que se establecieron en el ‘Protocolo de Harare’ y facilitar el acceso a genéricos más asequibles, en lugar de otorgar monopolios de patentes inmerecidas a las compañías farmacéuticas multinacionales. Los Estados miembros de ARIPO tienen una de las mayores cargas de enfermedad del mundo. El precio de los medicamentos determina si los gobiernos de estos países pueden proporcionar los tratamientos para estas enfermedades a sus ciudadanos. Cuando los medicamentos no son asequibles, las personas pagan con sus vidas”.

Hasta la fecha, ARIPO no ha utilizado muchas de las salvaguardas clave de salud pública que permite el derecho internacional y que defienden los organismos nacionales y regionales de toda África. En cambio, ARIPO continúa otorgando múltiples patentes farmacéuticas indignas que hacen que los medicamentos sean inaccesibles para los pacientes y los gobiernos. Las patentes excesivas e innecesarias no solo tienen un impacto directo sobre si los países tienen acceso a medicamentos asequibles, sino también sobre si se puede llegar a cumplir con la ambición de tener una industria genérica sólida en la región.

Moses Mulumba, del Centro de Salud, Derechos Humanos y Desarrollo (CEHURD) en Uganda, comentó: “Estamos muy preocupados porque los gobiernos que establecen las normas de ARIPO no promueven la salud pública y priorizan el cobro de las tasas por las patentes. Si bien las leyes mundiales de patentes reconocen y eximen a los países menos desarrollados de otorgar patentes farmacéuticas, ARIPO continúa socavando este derecho cuando otorga patentes a nivel regional, a pesar de que la mayoría de los estados miembros de ARIPO son países menos desarrollados. La concesión de patentes para productos farmacéuticos por parte de ARIPO también es incompatible con las leyes nacionales de patentes, como las de Uganda, Ruanda y Liberia, que han implementado la exención farmacéutica a nivel nacional”.

Además, la aplicación laxa de las normas de patentabilidad y la falta de un análisis riguroso por parte de ARIPO ha permitido a las compañías farmacéuticas continuar con su notoria práctica de “perennización de las patentes”. Al obtener patentes sobre cambios menores en compuestos conocidos, las compañías farmacéuticas extienden su monopolio en el mercado más allá de los 20 años que otorga el plazo inicial de la patente. Este tipo de patentes excesivas, incluida la concesión de múltiples patentes sobre nuevas formas, nuevos usos y nuevas formulaciones de un compuesto conocido, bloquea la competencia de versiones genéricas más asequibles y mantiene precios artificialmente altos durante períodos prolongados de tiempo. Esto es muy problemático para la salud pública.

La situación es aún peor, porque otras garantías clave para proteger la salud pública que se han implementado en muchos otros países, como los procedimientos administrativos para permitir que terceros se opongan a la concesión de patentes farmacéuticas, no se incluyeron en el Protocolo de Harare.

En 2017, el Consejo de Ministros ordenó a la Secretaría de ARIPO que “explore y formule propuestas concretas destinadas a abordar las incoherencias políticas y jurídicas que afectan el acceso a las tecnologías sanitarias, adoptar las medidas necesarias en los Estados miembros de la ARIPO, e informar a los órganos rectores de la Organización”. Sin embargo, hasta la fecha, no se han tomado medidas para reformar el Protocolo de Harare y mejorar las prácticas y procedimientos de ARIPO para rectificar esta situación.

Allan Malleche, de la Red de Asuntos Legales y Éticos sobre VIH y SIDA de Kenia (KELIN), dice: “La sociedad civil ha presentado propuestas concretas a la Secretaría de ARIPO sobre qué reformas deben llevarse a cabo. Sin embargo, nos decepciona que hasta la fecha no se han tomado medidas para discutir estas propuestas. En repetidas ocasiones hemos intentado participar de manera constructiva en el proceso y hemos presentado múltiples solicitudes de participación, pero las han ignorado, a pesar de que inicialmente prometieron que ARIPO colaboraría con las partes interesadas y los expertos de la sociedad civil”.

“Ahora es el momento de tomar medidas urgentes. No se trata solo de tecnicismos legales: las decisiones de ARIPO afectan la vida de muchas personas que viven en toda la región. En particular, hacemos un llamado a los ministros y jefes de las Oficinas de Patentes que asisten a las reuniones del Consejo de Administración de la ARIPO en Liberia para garantizar que ARIPO establezca un grupo de trabajo creíble y transparente sobre las “flexibilidades de los ADPIC” para discutir y desarrollar propuestas para implementar salvaguardas de salud pública en el Protocolo de Harare, incluyendo las recomendadas por la sociedad civil. Además, deben garantizar que la sociedad civil, así como expertos en salud pública y desarrollo de PNUD, OMS, ONUSIDA y UNCTAD, puedan participar y estar suficientemente representados, con acceso oportuno a información sobre reuniones y documentos.