La Ley de Transparencia establece excepciones para limitar el acceso a la información pública. Una de esas barreras son los intereses económicos y comerciales. Para la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública (el consejo de transparencia de la comunidad autónoma), esos intereses no son los de las administraciones, sino los de las farmacéuticas. El organismo ha decidido negar la información sobre los costes reales que las administraciones públicas vascas abonan por cada tratamiento de Kymriah, una novedosa terapia -del tipo de las CAR-T- contra dos tipos de cáncer. Y pasa por encima del derecho de la ciudadanía a saber cuánto paga lo público por los medicamentos.

Falta de transparencia en los precios de medicamentos
La Organización Mundial de la Salud aprobó en su 72ª Asamblea Mundial una resolución en la que pidió promover la transparencia en los precios efectivos que pagan las administraciones por los medicamentos. La propuesta, impulsada por Italia, contó con el apoyo de la delegación española. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad solo da a conocer los costes máximos que está dispuesto a asumir, pero no publica los números reales que negocia y que paga a los laboratorios farmacéuticos.

La Comisión en materia de transparencia da la razón al Gobierno Vasco, que no había contestado a la petición de Civio para conocer los precios abonados por cada terapia de Kymriah. El Departamento de Salud defendió en sus alegaciones que el conocimiento de estas cifras “supone revelar datos de índole económica afectantes al objeto de negocio de una entidad mercantil que podrían ser utilizados por sus competidores en perjuicio de la misma”. Con una diferencia sustancial: Kymriah sigue protegido por patente, lo que implica que Novartis comercializa la terapia en exclusiva y, por tanto, no tiene competidores.

Pero su razonamiento, así planteado, también podría ser empleado para limitar el acceso a los precios unitarios de cualquier contrato público. Esto es: si conocer el precio de compra de las administraciones daña sus intereses, cualquier empresa podría alegarlo para evitar que se conozca el dinero que abona el sector público, por ejemplo, para adquirir ordenadores o material de oficina.

Además, la Comisión Vasca defiende que los precios que asumen las administraciones públicas encajan dentro del concepto de secreto comercial. Es decir, pone al mismo nivel lo que paga el sector público que desvelar la fórmula secreta de un producto. Este criterio ya fue empleado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en una polémica resolución, donde hacía suyos los argumentos planteados por la industria farmacéutica: que la confidencialidad sirve para que los países más pobres paguen menos por los tratamientos. Sin embargo, esta afirmación es falsa, al menos en el caso de las propias terapias CAR-T, el Sovaldi y varias vacunas, como ha demostrado Civio.

¿El motivo de la opacidad? Un acuerdo de confidencialidad con Novartis
En 2019, el Gobierno Vasco publicó en su plataforma de contratación pública la resolución de adjudicación para adquirir Kymriah, desglosando el presupuesto total sin IVA (cerca de 16 millones de euros), pero sin detallar el coste de cada tratamiento individualizado ni el número de terapias que cubriría dicha adjudicación. Civio realizó entonces una solicitud de acceso a la información pública para conocer el precio individual que el Gobierno Vasco abona por cada terapia. Transcurrido el plazo establecido por ley sin recibir respuesta, presentamos una reclamación ante el silencio de la administración.

En paralelo, investigamos en diferentes plataformas de contratación pública -tanto a nivel estatal como autonómico- para saber el precio real en otras zonas de España. Así, descubrimos que hospitales públicos de otras regiones, que sí dan a conocer estas cifras, pagan 307.200 euros por cada terapia de Kymriah. Ello choca contra uno de los motivos que aduce la Comisión Vasca, que alega que la “divulgación descontextualizada de la información” podría provocar “un serio impacto en la determinación del precio de ese mismo medicamento en otras Comunidades Autónomas e incluso en los Estados miembros de la Unión Europea”.
La Ley del Medicamento obliga a las administraciones sanitarias a garantizar la máxima transparencia en los procesos de adopción de sus decisiones en materia de medicamentos

¿Por qué el Gobierno Vasco decide entonces ocultar las cifras?
Civio preguntó por aquella época al Servicio Corporativo de Farmacia de Euskadi cuál era el precio unitario acordado por Kymriah. En respuesta telefónica a Civio, la administración vasca admitió la existencia de un acuerdo de confidencialidad con Novartis, la farmacéutica que comercializa esta terapia, que impide la divulgación del coste que abona lo público. Y ello pese a que la Ley del Medicamento obliga a las administraciones sanitarias a garantizar “la máxima transparencia en los procesos de adopción de sus decisiones en materia de medicamentos y productos sanitarios, sin perjuicio del derecho de la propiedad industrial”.

La resolución del órgano dedicado a la transparencia en el País Vasco supone que los intereses comerciales de las farmacéuticas priman sobre la posibilidad de que la ciudadanía conozca los precios que paga el sector público por estas terapias. Sin embargo, su argumentación no especifica por qué en este caso concreto se produce un perjuicio específico ni qué daño supondría revelarlo. La opacidad suele ser habitual en las negociaciones entre la industria farmacéutica y las administraciones públicas, pero hoy la falta de transparencia sobre los precios de medicamentos cuenta, gracias a esta resolución, con un nuevo apoyo.