Varios grupos de defensa de los pacientes han presentado una queja ante las autoridades antimonopolio en Brasil, alegando que Gilead cobró precios “abusivos” por un tratamiento contra la hepatitis C, y pidió al gobierno que multe a la compañía y emita una licencia obligatoria para que se puedan comercializar versiones más baratas.

En su presentación, los grupos argumentan que la “conducta ilegal” de Gilead “claramente afecta el interés público”, porque los precios que cobra el fabricante de medicamentos llevaron al gobierno a racionar Sovaldi. Esto supuestamente contribuyó a que, entre 2015 y 2017, se produjeran casi 6.000 muertes por la enfermedad, según los documentos presentados ante el Consejo Administrativo de Defensa Económica, o CADE (en inglés y portugués).

“Tenemos un historial de muertes, distribución racionada y listas de espera para recibir un medicamento que puede curar la enfermedad, y la Organización Mundial de la Salud lo recomienda de manera efectiva para abordar una grave amenaza para la salud mundial”, dijo Eloisa Machado, abogada del Colectivo de Defensa de los Derechos Humanos, uno de los grupos que presentó la queja, en un comunicado.

La autoridad antimonopolio respondió abriendo una investigación.

Una portavoz de Gilead nos escribió para decir que la compañía “refuta las acusaciones de prácticas abusivas de precios y explotación de patentes en Brasil” y ha trabajado con el gobierno desde que se lanzó Sovaldi “ofreciendo descuentos progresivos y permitiendo un mayor acceso por parte de los pacientes”.

Entre 2015 y 2018, Gilead cobró entre US$45 y US$160 por píldora. Según Pedro Villardi de la Asociación Brasileña Interdisciplinaria contra el SIDA, después de que la oficina brasileña de patentes emitiera una opinión preliminar rechazando la solicitud de patente de Sovaldi en 2017, un consorcio de empresas públicas y privadas trató de comercializar la píldora. Pero Gilead ganó contratos gubernamentales al bajar el precio a US$16 a principios de 2019. Y después de obtener una patente, el precio subió en un 1.421%.

Los datos provienen de investigaciones inéditas del Grupo de Derecho y Pobreza de la facultad de derecho de la Universidad de Sao Paulo. El estudio concluyó que, desde el lanzamiento del medicamento en Brasil en 2015, Gilead ha estado abusando sistemáticamente de su posición dominante en el mercado, con graves consecuencias económicas y sociales, según un comunicado de los grupos de defensa.

“El estudio muestra cómo un breve período de competencia fue capaz de bajar los precios significativamente, lo que dejó claro que la empresa tiene la capacidad de poner precios más asequibles y lo hace cuando hay otras opciones en el mercado”, dijo Ana Carolina Navarrete, abogada e investigadora en salud del Instituto Brasileño de Protección al Consumidor en un comunicado.

La portavoz de Gilead, sin embargo, sostuvo que la empresa no ha proporcionado Sovaldi al Ministerio de Salud desde 2017 y está investigando “las discrepancias de precios mencionadas en la queja”.

Agregó que Gilead recibió una licitación oficial a principios de este año para proporcionar al gobierno Harvoni y Epclusa, otros dos medicamentos contra la hepatitis C. “La licitación permitió una amplia competencia, incluyendo de proveedores genéricos y de otras empresas innovadoras, y se seleccionó el costo más bajo por tratamiento. La concesión de la patente que es el tema de este informe no influyó en el precio de nuestros medicamentos”.

Mientras tanto, Médicos sin Fronteras, que se encontraba entre los grupos que presentaron la queja, señaló que ha tratado a personas con hepatitis C en 14 países y utiliza combinaciones de medicamentos que a menudo incluyen versiones genéricas de Sovaldi. Este año, la organización sostuvo que compró tratamientos completos que contienen sofosbuvir, que es el nombre químico, por solo 89 centavos por píldora.

La presentación de la denuncia se produce en medio de crecientes enfrentamientos entre los gobiernos con problemas de liquidez y la industria farmacéutica, que se ha puesto a la defensiva frente al tema del aumento de los precios de los medicamentos. Sin embargo, Gilead ha estado regularmente en la mira desde que hace casi seis años introdujo a Sovaldi con un precio de US$1.000 por píldora, lo que rápidamente generó alboroto en numerosos países.

Aunque el medicamento ofrece una alta tasa de curación, muchos pagadores, públicos y privados, reaccionaron restringiendo el acceso. Desde entonces, se han introducido otras píldoras, generando competencia, lo que ha reducido los precios en EE UU, por ejemplo. Mientras tanto, Gilead, hace cinco años, llegó a acuerdos de licencia con siete fabricantes de medicamentos genéricos con sede en India para vender versiones más baratas en 101 países de bajos y medianos ingresos.

No obstante, varios grupos de defensa han presentado desafíos de patentes en varios países con la esperanza de aflojar el control que Gilead tiene en el mercado de los tratamientos para la hepatitis C, gracias a Sovaldi y otras píldoras que la compañía ha comercializado posteriormente. Algunos países también han explorado las licencias obligatorias, un paso que Malasia dio hace dos años y que enfureció a Gilead.

En general, un país puede otorgar una licencia a una agencia pública o a un fabricante de medicamentos genéricos, lo que le permite copiar un medicamento patentado sin el consentimiento de la compañía de marca que posee la patente. Este derecho ha quedado plasmado en una sección del acuerdo conocido como El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio o ADPIC.

Sin embargo, los fabricantes de medicamentos argumentan que tales licencias eliminan los derechos de patente y han instado al representante comercial de EE UU a castigar a los países que han tomado medidas para emitir licencias. Por su parte, los grupos de defensa de pacientes han respondido que los esfuerzos de la industria por hacer cumplir los derechos de patente podrían ser a expensas de los pacientes que no pueden pagar los medicamentos cada vez más costosos.