El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la acción popular presentada por la Procuraduría General para exigir el control de precios de todos los medicamentos que se venden en Colombia, porque según el delegado del ministerio público, Hellman Rodríguez, hay abusos tan graves como facturar por más de quince millones de pesos una medicina que vale 180 pesos.

En Colombia se comercializan más de 74 mil medicamentos, de los cuales solamente 1.900 tienen control directo de precios y se están identificando casos tan aberrantes como estos:

El medicamento anticancerígeno Kaxel, que tiene precio máximo de venta de 5.493 pesos, se factura en 646.500 pesos con un sobreprecio de más de 11 mil por ciento.

Pero para el procurador Hellman Rodríguez, lo emblemático de la grave violación al régimen de libertad vigilada, se presenta con Isentress, un medicamento para el tratamiento del VIH que tiene un precio de venta de 180 pesos y se lo recobran al sistema de salud por más de 15 millones de pesos.

Sin embargo, Ana María Vesga, directora de la Cámara de la Industria Farmacéutica de la Andi, explica que 180 pesos es el valor de cada miligramo del medicamento, que multiplicado por los 400 miligramos de cada una de las 60 tabletas de la caja tiene un valor de más de 4 millones de pesos, de todas maneras lejano a los 15 millones de pesos.

Por lo tanto, pide que se investigue el caso, porque aparentemente hay un abuso.

La Procuraduría General considera que no se está respetando el control de precios y por eso pide al Tribunal de Cundinamarca que la cadena desde el fabricante hasta el expendio final sea controlada.

La industria farmacéutica está de acuerdo con el control de precios, pero le pide al Gobierno que fije reglas claras, una base de datos sólida y que se sienten en una mesa de concertación todos los sectores vinculados a la cadena del sector.

“La industria farmacéutica está bajo control de precios, pero de ahí en adelante, con los operadores logísticos, las EPS y las IPS, no está clara la reglamentación para controlar los precios”, dijo Vesga.

Hasta los minoristas de las droguerías aplauden el control de precios, pues en concepto de un propietario de uno de esos establecimientos, Orlando Orjuela, será de beneficio para las clases más pobres que no pueden comprar medicamentos excesivamente costosos.

En su acción popular, la Procuraduría pide que reintegren al Estado los recursos públicos que fueron ilegalmente apropiados como resultado de los sobrecostos por la venta de medicamentos.

En el informe que entregó a CM& la Procuraduría afirma que entre los años 2015 y 2018, los recobros por no Plan Básico de Salud (antiguo no POS), sumaron un total de 15 billones 620 mil millones de pesos.

“De esos el 83 por ciento, es decir 13 billones de pesos, correspondieron a medicamentos”, dijo el procurador Rodríguez.

Además, la acción popular de la Procuraduría pide que la Superintendencia Nacional de Salud investigue a quienes compren medicamentos con recursos públicos de la seguridad social violando el régimen de control de precios.