Investigaciones

Puntos Clave

Conforme a lo comunicado por algunos abogados a CNBC, en caso de experimentar un efecto secundario grave luego de recibir la vacuna contra la COVID-19 [1], no hay nadie a quien responsabilizar frente al tribunal de justicia de los Estados Unidos.

El Gobierno federal otorgó la exención de responsabilidad civil a empresas como Pfizer y Moderna ante cualquier infortunio inintencionado como consecuencia de sus vacunas.

Rogge Dunn, abogado laboral de Dallas, sostiene: «Resulta extraño que se apruebe una ley que otorga completa inmunidad. La ley no suele proteger mucho a las empresas farmacéuticas contra responsabilidad civil».

Tampoco es posible demandar a la FDA por autorizar una vacuna para uso en emergencia, ni responsabilizar a la empresa que exigió que el empleado se vacunara como requisito obligatorio para el empleo.

El Congreso creó un fondo [2] dedicado específicamente a cubrir los salarios no percibidos y los gastos médicos de bolsillo de aquellos que hayan sufrido daños irreparables a causa de «contramedidas cubiertas», por ejemplo, una vacuna. Pero no es fácil utilizarlo y pocas veces realmente pagan. Los abogados afirman que en los últimos diez años este fondo ha indemnizado a menos del 6 % de las solicitudes.

Inmune a las demandas
En febrero, Alex Azar, secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos [Deaprtment of Health Human Services DHHS], recurrió a la Ley de Preparación Pública ante Emergencias (en inglés la Ley PREP Public Readiness and Emergency Preparedness Act) [3]. Esta ley, aprobada en 2005, autoriza al secretario a brindar protección legal a las empresas que fabrican o distribuyen suministros médicos esenciales, como vacunas y tratamientos, a menos que se descubran conductas dolosas por parte de las empresas. La protección perdura hasta 2024.

Esto implica que, durante los próximos cuatro años, «no se podrá reclamar a través de las cortes una indemnización monetaria a las empresas» [4] por los daños y perjuicios relacionados con la administración o el consumo de productos destinados al tratamiento o protección contra la COVID-19.

El DSSH se negó a hablar con CNBC.

Dunn cree que el verdadero motivo de esta protección inaudita radica en la urgencia de la situación.

El abogado de Dallas sostuvo que cuando el Estado exige que algo se elabore cuatro o cinco veces más rápidamente de lo habitual, es muy probable que los fabricantes exijan protección estatal frente a demandas multimillonarias [Nota de Salud y Fármacos: en realidad el Estado no exigió nada a ninguna empresa farmacéutica, ni puso condiciones de tiempo cuando les donó miles de millones para desarrollar la vacuna para la COVID-19].

La vacuna que más rápido se desarrolló fue la vacuna contra las paperas. Tardó cuatros años y se autorizó en 1967. La vacuna contra la COVID-19 de Pfizer se elaboró y se aprobó para uso en emergencia en ocho meses, lo cual causó desconfianza por parte de la población.

Según un estudio reciente de Pew Research Center [5], a grandes rasgos, cuatro de cada diez estadounidenses sostienen que es «seguro» o «probable» que no se vacunará. Aunque este número es menor que hace dos meses, todavía demuestra que hay una gran desconfianza.

Sin embargo, las farmacéuticas como Pfizer continúan asegurando que no se saltaron ningún paso. El lunes pasado, en una entrevista en Squawk Box [6] en CNBC, el doctor Albert Bourla, Director Ejecutivo de Pfizer, afirmó: «Esta es una vacuna que se elaboró sin tomar atajos. Esta es una vacuna que están aprobando todas las autoridades del mundo. Eso debería decirnos algo».

La inmunidad legal otorgada a las empresas farmacéuticas no solo las protege contra las demandas, sino que, según Dunn, ayuda a reducir el costo de sus vacunas.

Dunn explicó: «El Estado no quiere que las personas demanden a las empresas a cargo de fabricar las vacunas contra la COVID-19, porque, sino, estas probablemente le cobrarían al Estado más dinero por cada dosis».

Tanto Pfizer como Moderna no respondieron a la solicitud de CNBC para hablar de su protección legal.

¿Hay algún responsable?
No olvidemos que los fabricantes de vacunas no son quienes aprueban sus productos para la distribución masiva. Eso es responsabilidad de la FDA.

Lo cual suscita la siguiente pregunta: ¿se puede demandar al Estado en caso de presentar una reacción adversa realmente grave a la vacuna?

Otra vez, la respuesta es no.

De acuerdo con Dorit Reiss, profesor de Hastings College of Law en la Universidad de California: «No se puede demandar a la FDA por autorizar o desautorizar un medicamento. Eso se debe a que tiene inmunidad soberana».

Dunn explicó que la inmunidad soberana provino del rey, en referencia al Derecho británico antes de la Revolución de los Estados Unidos. «No se podía demandar al rey. Por lo tanto, los Estados Unidos tienen inmunidad soberana, e incluso cada estado la tiene».

Existen pocas excepciones, pero Dunn no considera que haya una ruta legal viable para responsabilizar al Estado por los daños producidos por la vacuna contra la COVID-19.

En un mundo pos-COVID, el miedo de los empleadores a ser demandados por intentar retomar el trabajo presencial en las oficinas es aún mayor. Varios abogados de diferentes partes del país afirman que sus clientes corporativos les consultan si es posible decretar que sus empleados deben vacunarse.

Lo que más interesa a los clientes de Dunn cuyas empresas funcionan de manera presencial es exigir la vacunación contra la COVID-19 del personal.

«Lo consideran un atractivo comercial», afirmó Dunn. «Es especialmente importante para los restaurantes, bares, gimnasios y peluquerías. A mis clientes corporativos dedicados a esta clase de servicios les interesa que la vacunación sea obligatoria, ya que lo consideran un punto de interés para sus clientes».

Mientras que esto es, en parte, una táctica de relaciones públicas, los empleadores tienen derecho a dictar tal requisito.

«Exigir la vacunación es una norma de salud y seguridad en el ámbito laboral, y los empleadores pueden hacerlo», agregó Reiss.

Existen algunas excepciones importantes: si los trabajadores forman un sindicato, es posible que el contrato colectivo de los trabajadores requiera una negociación con el sindicato antes de exigir la vacunación.

Las leyes contra la discriminación también ofrecen ciertas protecciones. Conforme a la Ley de Estadounidenses Discapacitados (Americans with Disabilities Act), los trabajadores que no quieran vacunarse por motivos médicos tienen derecho a solicitar una exención. En caso de que vacunarse atente contra creencias religiosas «verdaderas», el artículo VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 podría ofrecer una manera de negarse.

En el supuesto de no cumplir con los requisitos para estas exenciones, los empleados podrían tener algunos recursos legales si experimentan efectos secundarios invalidantes luego de haber recibido la vacuna contra la COVID-19 recomendada en el trabajo.

Ciertos abogados sostienen que es muy probable que las demandas se deriven hacía los programas de indemnización de los trabajadores (worker’s compensation programs) y se traten como lesiones en el lugar de trabajo.

«Sin embargo, la indemnización que puede cobrar un empleado posee límites significativos», afirmó Dunn. Además, agregó que sería difícil probarlo.

No obstante, quizás los protocolos de la vacunación obligatoria no se implementen hasta que la FDA apruebe oficialmente la vacuna y otorgue una licencia a Pfizer y BioNTech o a Moderna para comercializarla. Esto llevará varios meses más de recolección de datos para demostrar su seguridad y eficacia.

Según Reiss, «La autorización para uso en emergencia no es una licencia. Legalmente se cuestiona si se puede exigir una observación de emergencia. Lo estipulado en la ley no lo deja claro».

US$50 000 al año
El Estado ideó una manera para que las personas puedan recibir indemnización por los daños y perjuicios ante cualquier infortunio relacionado con la vacunación.

Además de la inmunidad legal, la Ley PREP estableció [7] el Programa de Indemnización por Daños Causados por Contramedidas [7] [Countermeasures Injury Compensation Program o CICP por sus siglas en inglés], que ofrece beneficios [8] a las personas que sufran daños graves por parte de una de las compañías protegidas.

El programa estatal, manejado por un organismo [9] que depende del Departamento de Salud y Servicios Humanos, existe desde hace más o menos diez años [10] pero es poco conocido. Este fondo es para vacunas que pocas personas se aplican, por ejemplo, la vacuna contra el carbunco y la vacuna contra la gripe pandémica por A (H1N1) [11].

Si el caso de indemnización mediante el CICP favorece al demandante, el programa le otorga hasta US$50 000 al año [12] por sueldos no percibidos y los gastos médicos de bolsillo. No cubrirá los honorarios de abogados ni nada para compensar el daño y sufrimiento causado.

La indemnización por muerte también tiene un límite de US$370.376, que es lo máximo que recibe un familiar en caso de que la vacuna contra la COVID-19 resulte fatal para el individuo.

Aun así, los especialistas en las leyes de vacunación consideran que es difícil gestionarla. Reiss afirmó: «Es difícil utilizar este programa estatal de indemnización. La vara para recibir la compensación es muy alta».

Además, a algunos abogados especializados en daños y perjuicios por la vacuna les preocupa el hecho de que, desde que comenzó el programa hace 10 años, el CICP ha rechazado la mayoría de las solicitudes de indemnización. De las 499 demandas, solo se indemnizó a 29 [13], con un total de seis millones de dólares.

David Carney, vicepresidente de la Asociación de Abogados de Vacunas, dijo que el CICP puede rechazar una demanda por diferentes motivos. Carney, que trata con frecuencia casos de daños y perjuicios provocados por la vacunación, explicó: «Un motivo puede ser que el historial clínico no corrobore el reclamo. Tenemos que litigar muchos asuntos realmente complejos, y presentar el fundamento médico que explica el daño».

Carney aseguró que demostrar que un perjuicio fue consecuencia directa de la vacuna contra la COVID-19 puede ser difícil. «No basta con decir: “Oye, recibí tratamiento contra la COVID-19, y ahora he sufrido un daño”. Se requiere mucho trabajo para demostrar ese vínculo».

Además, hay un estatuto estricto de un año [12]; en otras palabras, todas las demandas deben presentarse dentro de los 12 meses posteriores a haber recibido la vacuna.

«Las personas que sufrieron daños y perjuicios a causa de la vacuna contra la COVID-19 merecen recibir una indemnización generosa de manera rápida», expresó Reiss. «Eso la Ley PREP no lo garantiza».

Los abogados le comentaron a CNBC que tendría más sentido que los daños y perjuicios causados por la vacuna contra la COVID-19 se derivasen a otro programa dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos conocido como el Programa Nacional de Indemnización de Daños Derivados de Vacunas [14], que se encarga de resolver las demandas relacionadas con 16 vacunas rutinarias [15]. Se conoce con el nombre coloquial «tribunal de vacunación», el programa pagó alrededor del 70% de las demandas [16] resueltas por el tribunal entre 2006 y 2018.

Es más, desde que comenzó a recibir demandas en 1988, el Programa Nacional de Indemnización de Daños Derivados de Vacunas pagó un total de aproximadamente US$4.000 millones en indemnizaciones [16]. Esto eclipsa los casi US$6 millones que el CICP destinó al pago de beneficios durante la vigencia del programa.

El Programa Nacional de Indemnización de Daños Derivados de Vacunas también permite más tiempo para presentar la demanda: tres años [17] desde la fecha en que apareció el primer síntoma.

Michael Maxwell, abogado que se desempeña en el área de litigios comerciales y daños personales, afirmó: «este programa tiene en consideración la recuperación del daño y el sufrimiento causados, los honorarios de los abogados y, en caso de que corresponda, los gastos médicos y los salarios no percibidos». Añadió: «El CICP solo cubre los salarios no percibidos y los gastos médicos de bolsillo. Esto es todo, a menos que haya una muerte».

Sin embargo, las vacunas contra la COVID-19 no figuran en la lista de las vacunas cubiertas por el programa.

Reiss afirmó que la mejor solución sería que el Programa Nacional de Indemnización de Daños Derivados de Vacunas cambiase su reglamento y agregue esta vacuna a la lista. «Esto requerirá una reforma legislativa. Y espero que eso suceda».