Investigaciones

La cooperación mundial y la responsabilidad como aspectos clave.

Los gobiernos deben ofrecerles a las personas de todo el mundo el máximo acceso a una vacuna contra el Covid-19, que sea lo más asequible posible, y quienes financien vacunas con fondos públicos deben hacerlo de acuerdo con términos y condiciones transparentes, señaló Human Rights Watch en un informe divulgado hoy. Los gobiernos deberían apoyar una propuesta que presentaron la India y Sudáfrica [1] para que se dispense de algunos aspectos de las normas globales sobre propiedad intelectual (PI), a fin de que las vacunas puedan fabricarse a gran escala y ofrecerse a un precio al que todos puedan acceder.

En el informe de 77 páginas, ‘Whoever Finds the Vaccine Must Share It’: Strengthening Human Rights and Transparency around Covid-19 Vaccines (Quien encuentre la vacuna debe compartirla: Fortalecimiento de los derechos humanos y la transparencia con respecto a las vacunas contra el Covid-19) [2], se analizan tres elementos importantes que obstaculizan el acceso universal y equitativo a cualquier vacuna que se compruebe que es segura y efectiva: la transparencia, el abastecimiento y el precio. Human Rights Watch especifica que los gobiernos tienen la obligación de derechos humanos de asegurar que los beneficios científicos de la investigación que financian con fondos públicos se distribuyan tan ampliamente como sea posible, a fin de proteger la vida, la salud y los medios de vida de las personas. Human Rights Watch también afirma que utilizar fondos públicos sin informar en qué términos y condiciones se hace vulnera los principios de derechos humanos de transparencia y rendición de cuentas. Los gobiernos deberían tomar medidas para ofrecer la mayor cantidad de vacunas seguras y efectivas que sean lo más asequibles posible, y para reducir el endeudamiento de países de ingresos bajos y medios.

“Es imperioso que los gobiernos trabajen en conjunto, actúen con transparencia y cooperen para compartir los beneficios de las investigaciones científicas que financian para ayudar a la humanidad”, manifestó Aruna Kashyap, asesora sénior sobre empresas y derechos humanos de Human Rights Watch y coautora del informe. “Ya han fallecido más de un millón de personas, y se prevé que otro millón habrá muerto para fin de año. Los gobiernos deben utilizar sus fondos y facultades reglamentarias para garantizar que el lucro corporativo no sea el factor determinante para decidir quiénes pueden recibir las vacunas”.

Es fundamental que todos puedan acceder de manera equitativa a una vacuna segura y efectiva contra el Covid-19 a fin de evitar períodos graves de la enfermedad y la muerte y para, al mismo tiempo, proteger los medios de vida y lograr que los niños y niñas puedan volver a la escuela y que la economía pueda recuperarse. Como en el caso de otras enfermedades infecciosas, este nuevo coronavirus puede propagarse rápidamente en forma trasnacional. Es probable que las futuras vacunas no proporcionen una inmunidad duradera, por lo que los países podrían quedar vulnerables ante los ciclos climáticos o las olas de infección. El Fondo Monetario Internacional ha manifestado que una sólida cooperación internacional en lo relativo a las vacunas contra el Covid-19 podría acelerar la recuperación económica global y engrosar en US$9.000 billones los ingresos mundiales para 2025 [3]. Un movimiento creciente de activistas, que incluyen sobrevivientes de Covid-19 y seres queridos de personas que fallecieron, exigen una “vacuna para el pueblo”.

Human Rights Watch entrevistó a expertos en acceso a medicamentos, PI y derechos humanos, y analizó normas internacionales de derechos humanos, leyes y políticas nacionales, así como una amplia variedad de documentos y fuentes secundarias de dominio público. El informe se basa en información recopilada durante más de seis meses sobre los efectos de la pandemia en distintos grupos poblacionales, entre ellos, los trabajadores de la salud.

“No quiero ni pensar cuándo las personas que están en la pobreza reciban la vacuna”, le dijo a Human Rights Watch una enfermera que trabaja en un pabellón para pacientes con Covid-19 en un hospital estatal de Karachi, Pakistán. “Primero se aplicará a los encargados de la administración de los hospitales, a los médicos, a los políticos, y a todo el resto después, si es que queda algo”.

Los gobiernos están utilizando fondos públicos para financiar vacunas contra el Covid-19 a una escala sin precedentes. A mediados de septiembre, el centro de estudios australiano Policy Cures Research (PCR) calculaba que los gobiernos habían destinado más de USD 19.000 millones a la investigación, al desarrollo, a la fabricación y a la distribución de vacunas contra el Covid-19. Los principales organismos gubernamentales que financiaban vacunas eran de Estados Unidos, de Alemania, del Reino Unido, de Noruega y de la Comisión Europea. El 13 de octubre, el Banco Mundial aprobó un financiamiento por USD 12.000 millones para pruebas de Covid-19, tratamientos para esa enfermedad y vacunas para combatirla [4].

Debido a la falta casi total de transparencia con respecto al financiamiento gubernamental y a sus términos, ha sido extremadamente difícil comprender las implicancias relacionadas con el acceso a las vacunas en todo el mundo. Algunos gobiernos están negociando de manera directa acuerdos bilaterales poco claros con compañías farmacéuticas u otras entidades para reservar dosis de las futuras vacunas que produzcan, principalmente para su uso exclusivo. En septiembre de 2020, Oxfam International informó que los países de ingresos altos ya habían reservado el 51% de las dosis de varias de las principales posibles vacunas, aunque esos países solo representan el 13% de la población mundial [5].

Estos acuerdos reducen la posibilidad de que todos puedan acceder de manera equitativa en cualquier parte del mundo a una vacuna que se determine que es segura y efectiva, en especial, para los países de ingresos bajos y medios. Los gobiernos que utilizan fondos públicos para las vacunas contra el Covid-19 son responsables frente al público y deben publicar qué han financiado y en qué términos, señaló Human Rights Watch.

Todavía no se ha dado respuesta al temor por la posible escasez de vacunas. Se prevé [6] que la demanda mundial de una vacuna segura y efectiva será muy superior a la oferta. Al 19 de octubre, 10 posibles vacunas se encontraban en la última etapa de los ensayos clínicos. Las que se comprueben que son seguras y efectivas deberían fabricarse a la mayor escala posible para que estén ampliamente disponibles.

Todos los gobiernos deberían tomar medidas, por ejemplo, utilizar sus fondos y facultades reglamentarias para exigir a quienes desarrollan las vacunas que transfieran tecnología y compartan la PI, los datos y los conocimientos especializados de sus innovaciones mediante licencias abiertas no exclusivas. Esto resulta de particular importancia, dado que la experiencia o los conocimientos especializados en relación con la fabricación de vacunas se concentran en un puñado de países (http://vaxmap.org/).

La mayoría de los gobiernos, en especial, aquellos de países de ingresos altos, han ignorado, rechazado o minimizado los obstáculos de PI asociados con una mayor escala de fabricación, aunque una cantidad creciente de gobiernos de ingresos bajos y medios, abogados de PI y juicios han llamado la atención con respecto a estos obstáculos.

Los gobiernos deberían apoyar la propuesta de la India y Sudáfrica de dispensar de normas clave sobre propiedad intelectual (PI) en virtud del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC). Los gobiernos deberían utilizar sus facultades reglamentarias para exigirles a las compañías que compartan sus derechos de PI mediante licencias abiertas no exclusivas.

En mayo, el gobierno costarricense encabezó un llamado a la acción ante la Organización Mundial de la Salud con el objetivo de crear un Fondo de Acceso a Tecnología contra la Covid-19 (Covid-19 Technology Access Protocol, C-TAP) [7], un conjunto compartido de derechos a tecnologías, datos y conocimientos especializados que podría utilizarse en cualquier parte del mundo para fabricar los productos médicos necesarios contra el Covid-19, incluso vacunas. Todos los gobiernos deberían participar en la iniciativa y tomar medidas urgentes para implementarla. También deberían colaborar con urgencia para planificar en detalle la capacidad de fabricación de vacunas.

El precio de las vacunas también podría constituir un importante obstáculo para el acceso universal y equitativo a ellas. En muchos lugares, las vacunas solo serán accesibles y asequibles para todos si son gratuitas. Los gobiernos también deberían garantizar que los fondos públicos se utilicen para beneficio público y no para lucro privado, y trabajar para minimizar el endeudamiento de los países de ingresos bajos y medios. Según Human Rights Watch, los gobiernos deberían exigirles a las empresas que adopten precios transparentes verificados por auditorías externas.

Algunos gobiernos financian COVAX Facility, un mecanismo mundial de compra de vacunas para ayudar a los países de ingresos bajos y medios a conseguirlas. El mecanismo todavía tiene que publicar los contratos que ha suscripto con las empresas. Los gobiernos participantes deberían asegurarse de que las decisiones del mecanismo estén alineadas con las obligaciones de derechos humanos de los gobiernos y con los principios del C-TAP de la OMS.

“No se puede luchar contra una pandemia mundial permitiendo que las vacunas financiadas con fondos públicos vayan al mejor postor, al precio que dispongan las compañías farmacéuticas”, señaló Margaret Wurth, investigadora sénior sobre Derechos del Niño de Human Rights Watch y coautora del informe. “Cuando se encuentre una vacuna segura y eficaz, esta debería estar disponible y resultar asequible para todos en todo el mundo”.