Conducta de la Industria

La compañía farmacéutica se opone a una propuesta que se está discutiendo en la Organización Mundial del Comercio para ampliar el acceso de los países pobres a las vacunas.

Pfizer, cuya vacuna Covid-19 producida con su socio alemán BioNTech fue aprobada el 11 de diciembre para uso de emergencia en EE UU, se ha convertido en un opositor vocal a un esfuerzo global por garantizar que los países pobres puedan acceder a la vacuna. En octubre, India y Sudáfrica presentaron una propuesta para que la Organización Mundial del Comercio (OMC) eximiera a los tratamientos Covid-19 de la aplicación de las patentes, en virtud del acuerdo de propiedad intelectual de la organización, “Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio o ADPIC”. Ahora esta propuesta está respaldada por casi 100 países, y permitiría una producción más asequible de tratamientos genéricos durante la duración de la pandemia. A medida que los países ricos acumulan existencias de vacunas, un estudio advierte que una cuarta parte de la población mundial no recibirá la vacuna hasta 2022, la propuesta, si se aprueba, podría salvar innumerables vidas en el Sur Global.

Pero hasta ahora, EE UU, la Unión Europea, Gran Bretaña, Noruega, Suiza, Japón y Canadá han bloqueado con éxito esta propuesta, en un contexto en el que la demora casi con certeza traerá más muertes. La industria farmacéutica, preocupada por proteger sus ganancias, es un socio poderoso en esta oposición, con Pfizer entre sus líderes. Albert Bourla, director ejecutivo de Pfizer, la semana pasada dijo “La (propiedad intelectual), que es vital para el sector privado, es lo que aportó una solución a esta pandemia y en este momento no es una barrera”. Y en un artículo del 5 de diciembre en The Lancet [1], Pfizer registró su oposición a la propuesta, diciendo que “un modelo único para todos ignora las circunstancias específicas de cada situación, cada producto y cada país”.

Las declaraciones de Pfizer parecen decir que el marco de las normas de propiedad intelectual y los monopolios farmacéuticos constituyen parte un orden global que obedece al sentido común y cuyos beneficios para la sociedad humana son evidentes. Pero, en realidad, estas normas internacionales son relativamente recientes y fueron moldeadas, en parte, por la propia Pfizer. Desde mediados de la década de 1980 hasta principios de la de 1990, la empresa desempeñó un papel fundamental en el establecimiento de las normas de propiedad intelectual de la OMC que ahora invoca para argumentar en contra de la liberación de suministros de vacunas para los países pobres. La “importancia vital que tienen para el sector privado” a que apela Bourla no es una situación natural, sino que refleja una estructura comercial global que la compañía ayudó a crear, en detrimento de las personas pobres de todo el mundo que buscan acceso a medicamentos que salvan vidas.

Una campaña corporativa
A mediados de la década de 1980, Edmund Pratt, entonces presidente de Pfizer, tenía una misión: quería garantizar que se incluyeran protecciones sólidas de la propiedad intelectual (PI) en las negociaciones de la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT): negociaciones comerciales multinacionales que resultarían en el establecimiento de la OMC en 1995. Su cálculo era simple: tales protecciones eran vitales para proteger la “competitividad” global – o las ganancias – de su empresa y otras industrias estadounidenses.

Pratt tenía la ventaja de tener un poder institucional considerable, más allá del que le otorgaba su rango corporativo. Como señalan los autores Charan Devereaux, Robert Z. Lawrence y Michael D. Watkins en su libro, Case Studies in U.S. Trade Negotiation, Pratt formó parte del Comité Asesor sobre Negociaciones Comerciales en las administraciones de Carter y Reagan. En 1986, cofundó el Comité de Propiedad Intelectual (IPC), que luego establecería relaciones con industrias en Europa y Japón, se reuniría con funcionarios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de las Naciones Unidas y cabildearía agresivamente, todo con el objetivo de asegurar la inclusión de la propiedad intelectual en las negociaciones comerciales.

Tanto a nivel mundial como nacional, Pfizer jugó un papel importante en la promoción de la idea de que el comercio internacional debe depender de normas estrictas de propiedad intelectual, y en considerar que los países que no se adhieren a las reglas de propiedad intelectual de EE UU están cometiendo “piratería”. Como señalan Peter Drahos y John Braithwaite en su libro Information Feudalism (https://thenewpress.com/books/information-feudalism), “Como el latido de un tom-tom, el mensaje sobre la propiedad intelectual se difundió por las redes empresariales a las cámaras de comercio, los consejos empresariales, los comités empresariales, las asociaciones de comercio y los organismos empresariales. Progresivamente, los ejecutivos de Pfizer que ocupaban puestos clave en organizaciones comerciales estratégicas pudieron inscribir su apoyo a un acercamiento a la propiedad intelectual basado en el comercio”.

En ese momento, no se sabía si la propiedad intelectual se incluiría en las negociaciones comerciales. Muchos países del Tercer Mundo se resistieron a su inclusión, con el argumento de que reglas de propiedad intelectual más estrictas protegerían el poder monopólico de las corporaciones y socavarían el control interno de precios, como se explica en Estudios de caso en Negociaciones comerciales de EE UU (Case Studies in US Trade Negotiations https://www.piie.com/bookstore/case-studies-us-trade-negotiation-making-rules). En 1982, la primera ministra de la India, Indira Gandhi, dijo a la Asamblea Mundial de la Salud que “la idea de un mundo mejor ordenado es que los descubrimientos médicos estarán libres de todas las patentes y no habrá enriquecimiento a expensas de la vida o la muerte”. El Christian Science Monitor informó en 1986 [2], “Brasil y Argentina han encabezado un grupo que ha bloqueado los intentos de Estados Unidos de incluir la protección de la propiedad intelectual en la nueva ronda de conversaciones”.

Pero Pratt tenía poderosos aliados, incluyendo el presidente de IBM, John Opel, y sus esfuerzos desempeñaron un papel importante en asegurar la inclusión del Acuerdo sobre los ADPIC, que establece reglas de propiedad intelectual, en las negociaciones del GATT. Pratt, por su parte, se atribuyó el mérito de desarrollarlas. “La actual victoria del GATT, que estableció disposiciones para la propiedad intelectual, resultó en parte del gran esfuerzo del gobierno de EE UU y las empresas estadounidenses, incluida Pfizer, durante las últimas tres décadas. Hemos estado en esto desde el principio, asumiendo un papel de liderazgo”, declaró Pratt, según el libro, Whose Trade Organization? Una guía completa de la OMC (https://thenewpress.com/books/whose-trade-organization).

Durante las negociaciones sobre los ADPIC, el Comité de Propiedad Intelectual jugó un papel activo en la organización de líderes corporativos en EE UU, así como en Europa y Japón, para apoyar reglas sólidas de propiedad intelectual. Cuando se estableció formalmente la OMC y se concluyó el Acuerdo sobre los ADPIC, Pratt ya no era presidente de Pfizer. Pero su contribución y el papel de Pfizer todavía se sentían con fuerza. Como señalan Devereaux, Lawrence y Watkins, un negociador estadounidense dijo que fueron Pratt y Opel quienes, en primer lugar, “básicamente diseñaron, presionaron y engatusaron al gobierno para que incluyera la propiedad intelectual como uno de los temas de negociación”.

El Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC, que entró en vigor en 1995, se convertiría en el “acuerdo sobre propiedad intelectual más importante del siglo XX”, escriben Drahos y Braithwaite. Puso a la mayor parte del mundo bajo estándares mínimos de propiedad intelectual, incluyendo los monopolios de patentes para las empresas farmacéuticas, con algunas salvaguardias y flexibilidades limitadas.

Dean Baker, economista y cofundador del Centro de Investigación Económica y Política (CEPR), un grupo de expertos de izquierda, dice a In These Times: “El Acuerdo sobre los ADPIC requería que los países en desarrollo y los países de todo el mundo adoptaran normas de derechos de autor y patentes similares a las estadounidenses. Anteriormente, ambos habían estado fuera de los acuerdos comerciales, por lo que los países podían tener las reglas que quisieran. India ya tenía una industria farmacéutica bien desarrollada en la década de 1990. Antes del Acuerdo sobre los ADPIC, India no permitía que las empresas farmacéuticas patentaran medicamentos. Podían patentar procesos, pero no medicamentos”.

Impedir el acceso a los medicamentos
ADPIC aportó ganancias a las compañías farmacéuticas y “elevó los costos farmacéuticos en los EE UU y restringió aún más la disponibilidad de medicamentos que salvan vidas en los países en desarrollo de la OMC”, según el grupo de control corporativo Public Citizen. Esta dinámica se desarrolló sin piedad durante la crisis del Sida, que estaba en pleno apogeo cuando se creó la OMC. “Le tomó al gobierno sudafricano casi una década romper los monopolios de las compañías farmacéuticas extranjeras que mantenían al país como rehén y mantenían a la gente muriendo”, escribieron Achal Prabhala, Arjun Jayadev y Dean Baker en un artículo reciente en el New York Times [3].

Es difícil pensar en un caso más claro para suspender las leyes de propiedad intelectual que una pandemia mundial, una posición que ciertamente no es marginal en el contexto político actual. Además de los activistas globales, los principales grupos de defensa de los derechos humanos y los expertos en derechos humanos de la ONU han sumado sus voces a la demanda de una suspensión de las leyes de patentes. Sus llamados siguen el movimiento de justicia global de la década de 1990 y principios de la de 2000, que se centró en el tremendo papel de la OMC, junto con otras instituciones globales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, en la expansión del poder de las corporaciones para socavar las protecciones nacionales, desde la regulación del trabajo y el medio ambiente a la salud pública. El enorme poder de EE UU y las corporaciones estadounidenses en la OMC, que se muestra en el bloqueo de la propuesta de exención de patente, ha sido un punto clave de esta crítica.

Pfizer no es el único que se opone a detener las reglas de propiedad intelectual. Los grupos comerciales de la industria farmacéutica y las empresas individuales, incluida Moderna, que está detrás de otra vacuna líder Covid-19, se han manifestado con toda su fuerza en contra de la propuesta de exención de las estrictas normas de propiedad intelectual.

“La influencia de la industria farmacéutica es enorme”, dice Baker a In These Times. “No hace falta decir que Trump se decantará por la industria farmacéutica. Incluso Biden será contactado por la industria farmacéutica y tendrá dificultades para hacer algo que no les guste. No hay nadie más que la industria farmacéutica que se oponga a esto. Ellos son los que lo están impulsando”.

La industria farmacéutica está luchando por acumular información vital sobre las vacunas y los tratamientos de Covid-19 a pesar del tremendo papel de los fondos públicos para permitir su desarrollo. El socio de Pfizer, BioNTech, por ejemplo, recibió una importante financiación pública de Alemania. Pero a un costo estimado de US$19,50 por dosis para los primeros 100 millones de dosis, es probable que la vacuna sea demasiado costosa para muchos países pobres, particularmente a la luz de sus costosos requisitos de almacenamiento. La compañía farmacéutica AstraZeneca, que produjo una vacuna con Oxford, se ha comprometido a aumentar el acceso a los países pobres y dice que no obtendrá ganancias con la vacuna durante la pandemia. Pero “se ha reservado el derecho a declarar el fin de la pandemia a partir de julio de 2021”, señalan Prabhala, Jayadev y Baker.

De hecho, los datos emergentes indican lo que se podría haber predicho hace meses: se podría hacer un mapa de la pobreza mundial, colocarlo sobre un mapa de acceso a las vacunas y sería una coincidencia virtual uno a uno. “EE UU, Gran Bretaña, Canadá y otros están haciendo sus apuestas, reservando dosis que superan con creces a sus poblaciones”, informa el New York Times [4], “mientras muchas naciones más pobres luchan por asegurarse lo suficiente”. Este es el resultado lógico de un sistema diseñado desde el principio para reforzar las estructuras de poder existentes desde hace mucho tiempo, informadas por un legado arraigado en el colonialismo.

Independientemente de la “intención”, una vez más, se deja que la mayoría de los países donde residen negros y gente de piel oscura, en general, sufran y mueran mientras que los países ricos del Norte global acumulan con creces lo que necesitan (aunque esto no garantiza que tengan una distribución equitativa dentro de los países del Norte global).

Dado el riesgo de que podamos ver un apartheid global en la distribución de vacunas, en el que los países pobres continúan enfrentando pérdidas devastadoras mientras los países ricos persiguen la inmunidad colectiva, las vagas garantías de benevolencia empresarial no son suficientes. Como dice Baker, “¿Por qué no querría que todas las vacunas estuvieran disponibles lo más ampliamente posible?”