Organismos Internacionales

Excelencias, colegas y amigos,

Han pasado casi dos años desde que los gobiernos y los dirigentes tuvieron que tomar rápidamente decisiones difíciles para hacer frente a crisis múltiples y superpuestas. Y seguimos haciéndolo, ya que la covid19 y sus repercusiones económicas, y la crisis climática, siguen planteando enormes retos que amenazan la vida.

Pero hemos aprendido muchas cosas durante estos meses que pueden ayudarnos a recuperarnos mejor, juntos hacia un mundo más equitativo, sostenible y resistente.

La base de cualquier decisión que se tenga que tomar debe respetar dos requisitos previos.

El primero es tener evidencia científica sólida. Eso es lo que nos ha permitido saber cómo se propaga el virus, qué puede combatirlo y cómo podemos mantenernos a salvo a nosotros y a los demás. El análisis de diversos datos ayudó a seguir y combatir la pandemia, y los datos demográficos ayudaron a los países a entender quiénes de entre sus poblaciones corrían más riesgo.

Y puede que les sorprenda, pero el uso de una ciencia sólida es también una obligación, en el marco del respeto a los derechos humanos.

Lo que me lleva al segundo punto. Los derechos humanos deben estar en el centro de la respuesta a la pandemia. No se trata de complicar las cosas, ni son palabras vacías. Los derechos humanos hacen que los esfuerzos sean más eficaces. También son barandillas útiles en momentos de demandas contrapuestas que nos obligan a centrar la respuesta en las personas.

Puede que se pregunten: “¿pero de qué servirían los derechos humanos en medio de múltiples crisis?”.

Y, según mi experiencia como médico, ex funcionario de salud pública y ex Presidente, les responderé: mucho.

Los derechos humanos proporcionan un marco que puede guiarnos a la hora de tomar las decisiones más difíciles. Durante el covid-19, hemos visto países que han hecho esfuerzos importantes para colocar a científicos y expertos en los grupos de trabajo para hacer frente a la pandemia desde una perspectiva médica, sociocultural y de derechos humanos.

Estos países han mostrado más resistencia. Otros, que se dejaron llevar por los argumentos políticos y la desinformación, sufrieron más muertes.

Desde el comienzo de la pandemia, mi Oficina ha elaborado una serie de guías que asesoran a los gobiernos sobre cómo la respuesta al covid-19 puede y debe basarse en los derechos humanos, en la atención sanitaria, la vivienda y las medidas de emergencia, entre otros.

Las guías hacen hincapié en la recopilación y disponibilidad de datos anónimos y desglosados relacionados con la pandemia. La razón es sencilla. Los datos desglosados ayudarán a que la respuesta a la covid-19 aborde mejor los impactos específicos relacionados con el género, la edad, la discapacidad o el origen étnico, entre otros. También ayudará a eliminar las barreras, a adelantarse a la posible discriminación, a supervisar la distribución de los servicios de salud, incluyendo las vacunas, y a garantizar la igualdad de acceso al tratamiento.

También entendemos que hay desafíos para maximizar los recursos públicos para cumplir con las obligaciones de derechos humanos. Alinear las políticas con la mejor evidencia científica disponible ayuda a un Estado a hacerlo en tiempos de crisis económica.

Con esto en mente, mi Oficina lanzó la Iniciativa Surge en septiembre de 2019, con equipos compuestos por macroeconomistas y expertos en desarrollo sostenible y derechos humanos. A través de nuestras presencia en el terreno, esta iniciativa pretende ampliar nuestro apoyo a los países para la aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales. Vincula a los derechos humanos con la economía para frenar las desigualdades y contribuir a la consecución de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Me complace compartir con ustedes algunos ejemplos.

En Kenia, Moldavia, Maldivas y África Occidental, apoyamos a los países en la recopilación y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos desglosados para medir los avances y retrocesos en la salud y otros derechos económicos y sociales.

En Serbia, Paraguay, Perú y México, trabajamos con las partes interesadas en evaluar los impactos de la covid-19 en diferentes poblaciones vulnerables y en la formulación de recomendaciones que alineen las políticas económicas y sociales con los derechos humanos.

Durante las discusiones técnicas con instituciones financieras internacionales, gobiernos y otros grupos, en Líbano, Zambia y Ucrania, ayudamos a preparar recomendaciones sobre cómo los gobiernos pueden dedicar el máximo de recursos disponibles para garantizar los derechos económicos y sociales mientras se recuperan de la deuda y las crisis económicas.

Estimados colegas,

Como mencioné anteriormente, todo el mundo tiene derecho a participar en el progreso científico y en sus beneficios.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos lo deja claro. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por su parte, ha profundizado en la convergencia de los derechos humanos y la ciencia en su Comentario General 25. En otras palabras, la evidencia científica, y los avances médicos que pueden derivarse de ella, deben ser universalmente accesibles.

Pero mientras que el acceso a la información errónea es fácil y gratuito, a menudo no ocurre lo mismo con el conocimiento científico. Los costes de esta discrepancia para los derechos humanos y las vidas humanas son cada vez mayores.

El año pasado, mi Oficina hizo un llamado conjunto en favor de la ciencia abierta, junto con el CERN, la UNESCO y la OMS.

Hicimos un llamado a los Estados, a los organismos internacionales, a las instituciones y a los profesionales de la ciencia y la medicina para que se comprometan con diferentes formas de cooperación que garanticen el mayor intercambio posible de conocimientos científicos y el mayor acceso posible a los beneficios del conocimiento científico.

Felicito a los gobiernos que apoyaron esta dirección, ya sea en forma de estrategias de comunicación eficaces e inclusivas o de distribución de información, bienes y servicios relacionados con la salud, incluyendo las vacunas covid-19.

De hecho, el ritmo al que hemos adquirido conocimientos científicos en los últimos 18 meses ha sido extraordinario. Gracias a la ciencia, se han producido miles de millones de vacunas covid 19 a un ritmo que ha contribuido a salvar millones de vidas.

Sin embargo, siguen existiendo enormes lagunas y barreras a su producción y distribución para garantizar que las poblaciones prioritarias de todos los países tengan acceso a ellas. COVID-19 ha sido el último recordatorio de que, en nuestro mundo interconectado, nadie estará seguro hasta que todo el mundo esté seguro. Que en todos los países, todas las personas tengan el mismo derecho que tengo yo en Ginebra a los servicios de salud y medicamentos.

Pero en medio de la muy desigual e injusta distribución de las vacunas, los países desarrollados y en vías de desarrollo se encuentran en caminos divergentes hacia la recuperación.

Ello podría dar lugar a un aumento de las desigualdades que empujará aún más a millones de personas a la pobreza y el hambre, y que podría detonar un descontento generalizado y mayores conflictos.

Debemos hacer todo lo posible para evitarlo.

Insisto una vez más en que las vacunas covid-19 deben ser tratadas como bienes públicos globales. El beneficio privado no debe tener prioridad sobre la salud pública.

Para garantizar un mejor acceso, tanto a las vacunas como a los medicamentos esenciales, acojo con satisfacción las iniciativas que analizan cómo separar los costes de investigación y desarrollo del precio del producto final. Esto podría hacerse a través del fondo común de acceso a la tecnología covid-19 de la OMS, que permite a quienes desarrollan terapias, diagnósticos, vacunas y otros productos para la salud compartir su propiedad intelectual, sus datos y sus conocimientos.

Otra forma de facilitar que los fabricantes aumenten la producción y el suministro de vacunas y, por lo tanto, de ayudar a acabar con la desigualdad en materia de vacunas, sería mediante exenciones a los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, conocidos como ADPIC.

A este respecto, me complace saber que las recientes conversaciones entre los Estados miembros de la Organización Mundial del Comercio han avanzado hacia la convergencia sobre cómo abordar los ADPIC en la respuesta a covid-19.

Espero que estas conversaciones sigan avanzando durante la próxima 12ª Conferencia Ministerial de la OMC para llegar a una exención temporal de los ADPIC o a un acuerdo que aplique los derechos de propiedad intelectual de una manera que defienda y refuerce los derechos humanos. Esto incluye el derecho a la salud, a la alimentación y a la ciencia para todas las personas, especialmente para las que tienen menos recursos.

Queridos amigos,

Durante la reciente mesa redonda del Consejo de Derechos Humanos sobre covid-19 y las desigualdades, me alentó escuchar los llamados concertados a favor de una acción concreta que dé prioridad a los derechos de las personas a la salud y al derecho a la vida.

Como he dicho antes, debemos aprender las lecciones que nos ha enseñado el covid-19. Esa es la única manera de recuperarnos mejor.

Con los derechos humanos y la evidencia científica, aún podemos recuperar los logros de desarrollo que hemos perdido recientemente; podemos revertir la pandemia de desigualdades que covid-19 ha exacerbado; y podemos salir de esta crisis con un mundo equitativo, sostenible y resistente.

Gracias,