Salud y Fármacos is an international non-profit organization that promotes access and the appropriate use of pharmaceuticals among the Spanish-speaking population.
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Una vez más, la situación del Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) se puede tildar de atascada.
Una comunicación de Suiza y México que cuestiona la necesidad de ampliar la exención de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas covid-19 a las terapias y pruebas diagnósticas está poniendo al descubierto las divergencias y complejidades de una de las cuestiones más polémicas a las que se enfrenta la organización.
Los lectores recordarán que la 12ª Conferencia Ministerial (MC12) fue aclamada como un gran éxito: “La OMC ha vuelto”, afirmaban, en esencia, los titulares de todo el mundo. Durante las primeras horas de la soleada mañana ginebrina del 17 de junio, cuando los delegados, somnolientos, daban por concluidos sus trabajos, anunciaron, entre otros acuerdos, un pacto sobre la exención condicional de los derechos de patente para las vacunas covid-19.
Aunque marcaba un verdadero hito en las negociaciones que habían comenzado en 2020, cuando India y Sudáfrica introdujeron un texto exigiendo dicha exención, el acuerdo, alcanzado tras intensas negociaciones, tenía un alcance más limitado que la propuesta original. Si bien la OMC podía presumir de éxito, en realidad el acuerdo no satisfacía a nadie: sus defensores, los activistas de la salud y la sociedad civil lo rechazaron por ser demasiado limitado, y las grandes empresas farmacéuticas innovadoras habías luchado a muerte para impedir cualquier acuerdo de exención.
El acuerdo de junio pedía explícitamente que la exención de las vacuna se ampliara a la “producción y distribución de productos terapéuticos y pruebas para diagnosticar la covid-19” en un plazo de seis meses a partir de su adopción, fijando como fecha límite para la aprobación del acuerdo el 19 de diciembre, el primer día laborable después del 17 de diciembre.
Cuando faltan menos de seis semanas, el tiempo apremia. Según Priti Patnaik, escritora especializada en salud global y autora de un libro reciente sobre el tema, “es difícil evaluar el grado de urgencia que existe en la OMC para alcanzar un consenso sobre esta cuestión”. “Varios países siguen indecisos y han solicitado más información. Ni siquiera está claro si los que lo propusieron darán el último paso para luchar por ello”.
En septiembre se celebraron conversaciones informales sobre la ampliación, pero no llevaron a nada.
Preocupación creciente
En una reunión celebrada la semana pasada en Ginebra, la presidenta del Consejo de los ADPIC, la embajadora de Sierra Leona Lansana Gberie, afirmó que a estas alturas, la ausencia de propuestas concretas basadas en el texto sobre el tema de la ampliación es “muy preocupante”, e instó a las delegaciones a explorar todas las opciones para avanzar.
La embajadora empezará a ponerse en contacto con los distintos miembros durante las próximas semanas para buscar áreas de posible convergencia. Sudáfrica, copatrocinadora de la propuesta inicial de exención, también informó que recientemente su delegación ha mantenido contactos bilaterales para intentar encontrar una salida al impasse.
El único documento presentado hasta ahora ha sido una comunicación remitida el 1 de noviembre por México y Suiza, que no constituye una posición negociadora formal. Sin embargo, plantea dudas sobre la capacidad del organismo comercial para cumplir su objetivo de alcanzar un acuerdo a mediados de diciembre.
En esencia, la comunicación de Suiza y México utiliza el mismo razonamiento que ya esgrimió Suiza cuando se opuso la exención de las vacunas covid-19 en el momento álgido de la pandemia: una exención no aceleraría, argumentaban Suiza y su industria farmacéutica, junto con otros países occidentales, la tasa de vacunación en el mundo, porque el principal problema radica, según la industria, en la fabricación y distribución de las vacunas que se acaban de desarrollar.
Hoy en día, escriben los dos países, se puede esgrimir el mismo argumento, aunque en este caso el problema no es de escasez, sino de excedente de terapias y diagnósticos disponibles: “No hay escasez de terapias. Al contrario, gran parte de la capacidad para producir productos innovadores permanece ociosa debido a la falta de demanda. […] Esto implica problemas de logística y distribución, que no están relacionados con la propiedad intelectual, pero que se deben abordar”.
Tres “campos”
Según fuentes diplomáticas cercanas a las negociaciones, los gobiernos están divididos en tres grupos:
Los que están a favor de ampliar la exención para incluir terapias y pruebas diagnósticas son: Sudáfrica, India, Kenia, Indonesia, Zimbabue, Pakistán, Egipto, Bolivia, Argentina, Venezuela y las asociaciones de estados de África, el Caribe y el Pacífico.
Entre los países que cuestionan la necesidad de una ampliación figuran Suiza, Singapur, Japón, Canadá, Corea del Sur, la Unión Europea y el Reino Unido.
Un tercer grupo, formado por Colombia, Costa Rica, Uruguay, México, China y Taipei Chino, está considerando una solución intermedia: una prórroga limitada para incluir una lista específica de productos terapéuticos y de pruebas diagnósticas. En la actualidad, más de 1.800 terapias para covid-19 se encuentran en distintas fases del proceso de I+D.
La carta conjunta suizo-mexicana señala que 138 acuerdos bilaterales de licencia voluntaria con 127 países han resultado en el establecimiento de 191 centros de producción de terapias covid-19 en todo el mundo. Basándose en esta información, la comunicación afirma que “no nos enfrentamos a una situación de falta de acceso o de falta de capacidad de fabricación de productos terapéuticos y pruebas diagnósticas para combatir la covid-19 que haya sido inducida por la protección de la propiedad intelectual. En consecuencia, no parece necesario realizar ajustes al sistema de PI”.
Sin embargo, hasta ahora, estos argumentos no han logrado convencer a los partidarios de una exención amplia como la propuesta que presentaron inicialmente India y Sudáfrica. “La Unión Europea, Suiza y el Reino Unido están inmersas en el cínico juego de hacer perder el tiempo en las negociaciones de la OMC sobre la ampliación de la exención [acuerdo ADPIC MC12] a las pruebas diagnósticas y las terapias”, afirmó Thiru Balasubramaniam, representante en Ginebra de Knowledge Ecology International.
Balasubramaniam también señaló que esta misma semana, el Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que “una de las lecciones más importantes de la pandemia es que la capacidad de fabricación de medicamentos, pruebas diagnósticas, vacunas y otras herramientas se concentra en muy pocos países”.
Para Balasubramaniam, “los miembros de la OMC que expresan dudas sobre las barreras que plantea la propiedad intelectual con respecto al acceso a terapias y pruebas diagnósticas covid-19 deberían prestar atención a los consejos de la Organización Mundial de la Salud, la principal autoridad en materia de salud global”.
El Consejo de los ADPIC volverá a reunirse, de manera informal, el 22 de noviembre. “No tenemos mucho tiempo”, reconoce el presidente. Está previsto celebrar otras reuniones el 6 de diciembre, con la posibilidad de convocar a los miembros a otra reunión el 15 de diciembre, cuatro días antes de la fecha límite.